Carlos Suarez Ortiz

Expediente 479/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
479/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
27/06/2023

Partes del expediente

  • Carlos Suarez Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA I..."Ciudad del Carmen, Campeche, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, interpusiera recurso de revisión contra el auto de nueve de junio de dos mil veintitrés, transcurrió del trece al veintiséis de junio del dos mil veintitrés, con exclusión de los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de junio del año en curso, por ser inhábiles (sábados y domingos) en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que dentro de dicho plazo interpusieran el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de nueve de junio de dos mil veintitrés, que sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 20, fracción I y 3 del referido Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual forma, hágase constar la valoración documental en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del citado Acuerdo General. Notifíquese por lista a las partes. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Aletza Vanessa Riofrio Martínez, secretaria de juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    MESA I "... Ciudad del Carmen, Campeche, nueve de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, el oficio *** del Juez del Tribunal Laboral de Asuntos Individuales en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante el cual, remite los informes previo y justificado en el sentido de que no es cierto el acto reclamado por la parte quejosa. Como justificación de su informe remite copia certificada de la carpeta auxiliar relativa al conflicto individual de seguridad social *** y sus anexos, asimismo, manifiesta que la totalidad de los autos del expediente, se encuentran visibles en su formato digital. Ahora bien, toda vez que la autoridad rinde de forma conjunta el informe previo y justificado, con copia certificada de la presente promoción, dese cuenta en el cuaderno incidental. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado y por exhibidas las constancias que adjuntó a su oficio de cuenta. Ahora bien, dado el volumen de las constancias enviadas y para permitir el buen manejo del expediente, fórmense el anexo I. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, ***, en su carácter de apoderado legal de ***, mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, promovió demanda de amparo contra actos del Tribunal Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, a quien le reclama la falta de emplazamiento de la codemandada ***, dentro del conflicto individual de seguridad social ***. Ahora bien, la autoridad responsable Juez del Tribunal Laboral de Asuntos Individuales en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, en su informe justificado manifestó que no es cierto el acto reclamado por la parte quejosa, ya que mediante diligencia de cinco de junio de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la notificación y emplazamiento de la codemandada *** en el conflicto individual de seguridad social ***. Para corroborar su dicho, la autoridad responsable remitió copia certificada de la carpeta auxiliar relativa al conflicto individual de seguridad social *** y sus anexos, de los que se advierte que la codemandada ***, fue emplazada al conflicto individual de seguridad social ****, el cinco de junio de dos mil veintitrés. Documental a la que se le confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tiene la naturaleza de documento público en razón de que fue expedida por servidor público en ejercicio de sus funciones, cuenta con signos exteriores que les da esa calidad, como son el nombre, cargo y firma del servidor público que las expidió, así como el sello del Tribunal Laboral de Asuntos Individuales en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. Bajo ese contexto, en razón de que mediante diligencia de cinco de junio de dos mil veintitrés, realizada dentro del conflicto individual de seguridad social ***, el Actuario Judicial adscrito al órgano jurisdiccional de la autoridad responsable realizó el emplazamiento correspondiente a la codemandada ***, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal (foja 99 de anexo). Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma José Elías Pacheco Martínez, juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, ante Aletza Vanessa Riofrio Martínez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Incidental

    MESA I "... Por lo antes expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. SE DECLARA SIN MATERIA este incidente de suspensión, por los motivos señalados en el considerando cuarto de esta resolución. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo acordó y firma José Elías Pacheco Martínez, juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, ante Aletza Vanessa Riofrio Martínez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    MESA I "... Ciudad del Carmen, Campeche, dos de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por ***, mediante el cual, de acuerdo a la certificación secretarial que antecede, da cumplimiento al requerimiento decretado en proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. PERSONALIDAD DEL PROMOVENTE. En términos del artículo 11, párrafo primero, de la Ley de Amparo, cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. Ahora bien, el artículo 692, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, establece que las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado. Y, tratándose de apoderado de persona física, la personalidad se acreditará con poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante el Tribunal. En el caso que nos ocupa, el promovente, en cumplimiento al requerimiento realizado en veinticuatro de mayo del año en curso, adjuntó a la demanda de amparo el acuerdo treinta de septiembre de dos mil veintidós, emitido en el conflicto de seguridad social 663/2022, por el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, de la que se advierte que se reconoció la personalidad al licenciado ***, como apoderado legal del quejoso ***. En consecuencia, con fundamento en el artículo 11, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se le reconoce al promovente el carácter de apoderado legal con el que se ostenta. ADMISIÓN. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal, 1, fracción I, 2, 3, 6, 10, 20, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo, promovida por ***, en su carácter de apoderado legal de ***, contra actos del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en los artículos 115 y 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir por escrito dentro plazo de quince días contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio en el que se le pide dicho informe. Informe justificado en el que con fundamento en el artículo 117, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados y acompañará, en su caso, copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo. Se apercibe a la autoridad responsable que de no rendir sus informes justificados dentro del plazo concedido en los términos indicados, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a la cantidad de ***, que resulta de multiplicar por cien el valor diario de dicha unidad de medida, esto es, *** determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de dos mil veintitrés, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en ese medio de difusión el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con fundamento en el artículo 115, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Con fundamento en el artículo 128, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, así como en términos del considerando décimo segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, fórmese por cuerda separada el incidente de suspensión. TERCERA INTERESADA. La quejosa señala que no existe tercero interesado, ahora bien, del análisis integró de la demanda se advierte que en el conflicto de seguridad social ***, la demandada es ***; sin embargo, toda vez que la parte quejosa se duele de la falta emplazamiento a dicha demandada, no ha lugar a tenerla con el carácter de tercera interesada, puesto que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero interesado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 67/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXIX, Mayo de 2009, página 265, Novena Época, que dice: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003). Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender." PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como prueba de la parte quejosa, la que ofrece en su escrito inicial de demanda, consistente en el acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintidós, dictado dentro del Conflicto Individual de Seguridad Social *** del índice del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. Probanza que se desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional y en ese acto se tengan por recibida, aunque no exista gestión expresa del interesado. Notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; por lista a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma José Elías Pacheco Martínez, juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, ante Aletza Vanessa Riofrio Martínez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

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