Carlota Torres Flores o Karlota Torres Flores

Expediente 854/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
854/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
07/11/2018

Partes del expediente

  • Carlota Torres Flores o Karlota Torres Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: CARLOTA TORRES FLORES O KARLOTA TORRES FLORES. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de diecisiete de octubre del presente año, que DESECHÓ DE PLANO la demanda de amparo promovida por Edgar Jesús López Guevara, en cuanto defensor particular de la quejosa Carlota Torres Flores o Karlota Torres Flores, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; en consecuencia, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado; y, en términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, asiéntese en la carátula los datos precisados con antelación. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente al promovente.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA CARLOTA TORRES FLORES O KARLOTA TORRES FLORES...Visto el escrito de Edgar Jesús López Guevara, en cuanto defensor particular de la quejosa Carlota Torres Flores o Karlota Torres Flores, por el cual cumple con la prevención formulada el ocho de octubre de dos mil dieciocho (fojas 13 a 17), expresando bajo protesta de decir verdad que por un error involuntario estableció que existía una orden de aprehensión en contra de la citada quejosa, indicando que tal orden no constituye un acto reclamado. Ahora, vista nuevamente la demanda de amparo promovida por el citado quejoso, no ha lugar a registrarla en el libro de gobierno ni en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, dado que ello se hizo con anterioridad bajo el número VI-854/2018. ? Análisis de procedencia de la demanda de amparo. Al respecto, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis de la misma. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos 'manifiesto' e 'indudable' a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e 'indudable' significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito , cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA'. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos 'manifiesto', significa claro, evidente y el 'indudable', a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". ? Análisis integral e interpretación de la demanda de amparo. En esa tesitura, de conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, conviene precisar que la parte quejosa, en el apartado relativo a los actos reclamados, en la parte conducente, refiere lo siguiente (se transcribe texto): "ACTO RECLAMADO: De la autoridad Responsable le Reclamo la Negativa de la Admisión de Medios de Prueba de mi representada, es decir, Negar el acceso a la Prueba como un Derecho Fundamental de mi representada, decisión emitida en Audiencia de Preparación a Juicio Oral celebrada en fecha 13 de septiembre del año presente 2018, dentro de la causa penal 194/2018, radicada ante el Tribunal en cita". (sic). Asimismo, del capítulo de antecedentes del acto reclamado se tiene que la parte quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente (se transcribe texto): "ANTECEDENTES PRIMERO.- Con fecha 16 de junio del año 2017 la C. Marcelina Torres Flores presento Formal Denuncia en mi contra, por el supuesto Delito de Despojo en su agravio, ante el agente del ministerio público, Lic. Víctor Luna Beltrán, registrada con el Numero Único de Caso 1002201723607, numero de carpeta 16661/UATP/LZC/2017 y bajo la causa 194/2017, turnada en el juzgado de oralidad, con sede en la Ciudad de Lázaro CARDENAS Michoacán. en la ciudad de Lázaro cárdenas Michoacán. SEGUNDO.- Con fecha veintidós de febrero del año dos mil dieciocho, se vinculó a proceso por el hecho que la ley señala como delito de despojo, a la C. CARLOTA TORRES FLORES, con un plazo de cierre de investigación, por cuatro meses, concluyendo el día veintidós de junio del presente año dos mil dieciocho. TERCERO.- El agente del ministerio público el C. JULIO CESAR MORALRES CORIA, presento acusación en mí el día once de julio del presente año, ante el El H. Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal y Oral del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas Michoacán, en donde presenta una clasificación del delito ante el que nos encontramos, hace un relato de los hechos atribuidos al acusado, clasificación jurídica, la relación de las modalidades del delito que se concurriere, el tipo de autoría, la expresión de los preceptos legales aplicables, así como la presentación de las pruebas que pretende desahogar en la audiencia de juicio, como lo son las testimoniales a cargo de los CC. MARCELINA TORRES FLORES, ENRIQUE HURTADO CABALLERO, MARIA DE JESUS CARDENAS MACIAS, AVIA ARIZMENDI DE LOYA, OMAR RICARDO MAGAÑA MARTÍNEZ, así como las periciales a cargo de los especialistas en la materia como el perito adscrito a la fiscalía regional de la sierra costa de la Lázaro Cárdenas, Michoacán, el perito ADBEJABED BERBER CAMPOS, de igual manera la perito LOURDES IVETTE IRA BARRAGAN, así como MONICA MARTINEZ MARTÍNEZ, y diversas pruebas ilustrativas y/o demostrativas, como lo son fotografías o imágenes que se deprendan por parte de los peritos, y pruebas documentales, consistentes en una acta destacada numero novecientos uno, pasada ante la fe del notario público número sesenta y tres, copias de la sentencia sobre diligencias de jurisdicción voluntaria para acreditar hechos con número de expediente 104272016 del juzgado segundo civil de primera Instancia del distrito judicial de Lázaro Cárdenas Michoacán, declaración de impuestos sobre adquisición de inmueble, un avaluó catastral urbano y el comprobante de tesorería municipal; el monto de la relación del daño. CUARTO.- Mediante escrito presentado el día diez de agosto del año dos mil dieciocho, ante el agente del ministerio público CESAR LUIS SUAREZ GARCIA, quien así mismo fue el que recibió dicho ofrecimiento de pruebas, y en donde ofrecemos como medios de prueba los siguientes testimonial a cargo del C. JOSE ANTONIO GOMEZ GERCIA, así mismo testimonial a cargo de MARIA FERNANDA SANCHEZ HERNANDEZ, Y MIGUEL BALBUENA ROMAN, así como también, la comparecencia del C. MIGUEL TORRES ROSAS, como testigo del contrato que pretendía acreditar que me rentaron dicho bien inmueble, y por ultimo una documental en donde se especifica que la C. MARCELITA TORRES FLORES me había rentado dicho bien Inmueble." (sic). De lo anterior, se colige que la pretensión de la parte quejosa es que se tenga como acto reclamado la negativa a admitirle diversos medios de prueba en la causa penal 194/2017, del Juez de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal, con sede en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Fijación de los actos reclamados que se sostiene en razón de que el suscrito debe apreciar lo que quiso decir la promovente en su demanda y no únicamente lo que en apariencia dijo. Es aplicable el criterio sustentado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. VI/2004, aplicada por identidad jurídica visible en la página 225, tomo XIX, abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Es importante destacar la siguiente tesis, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 199, tomo VIII, noviembre de 1991, Semanario Judicial de la Federación, octava época, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, EXAMEN DE LA. EL JUZGADOR DEBE ATENDER PREFERENTEMENTE A LO QUE SE QUISO DECIR EN ELLA. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, la administración de justicia será impartida por los tribunales expeditos al efecto, en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo resoluciones de manera pronta, completa y expedita. Armónicamente con esta garantía constitucional, el artículo 79 de la Ley de Amparo establece, entre otras hipótesis, que la Suprema Corte de Justicia de la nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los jueces de Distrito, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, podrán examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. De esta manera, puede concluirse que con el propósito de otorgar una recta administración de justicia, el juzgador al examinar una demanda de amparo, sea uniinstancial o biinstancial, deberá atender preferentemente a lo que se quiso decir en ella, armonizando los datos que conforman la demanda, atendiendo desde luego a los requisitos que se prevén en los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo." Ahora, es conveniente precisar que del estudio integral de la demanda analizada como un todo, se tiene que la parte quejosa reclama lo siguiente: ? La determinación de trece de septiembre de dos mil dieciocho, del Juez de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal, con sede en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el que negó la admisión de medios de prueba ofrecidos por Carlota Torres Flores o Karlota Torres Flores, dentro de los autos de la causa penal número 194/2017. En el caso, respecto al acto reclamado antes citado se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, como se expondrá a continuación. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" Conforme al precepto transcrito el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Cabe ponderar que dicha disposición legal consagra el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por virtud del cual es obligación del gobernado interponer en contra de las resoluciones judiciales que estima lesivas de sus derechos, los recursos establecidos en las leyes ordinarias, antes de acudir a un medio de defensa extraordinario como es el juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número I.6o.C. J/37 cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.- La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En efecto, por lo que corresponde al acto que se reclama en el presente juicio relativo a la determinación de trece de septiembre de dos mil dieciocho, del Juez de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal, con sede en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el que negó la admisión de medios de prueba ofrecidos por Carlota Torres Flores o Karlota Torres Flores, dentro de los autos de la causa penal número 194/2017, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo -como ya se dijo- establece que el juicio de amparo es improcedente, contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas. Como ha quedado precisado, la parte quejosa refiere en sus conceptos de violación que el acto reclamado se emitió en fase oral de la etapa intermedia, en la audiencia de preparación a juicio oral celebrada el trece de septiembre de dos mil dieciocho dentro de la causa penal 194/2017, donde la autoridad responsable determinó negar la admisión de diversos medios de prueba. Tenemos que el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece en su Título XII, diversos recursos, siendo la revocación y apelación. Así, tenemos que el artículo 465 del citado ordenamiento dispone:  "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda". Por su parte el numeral 467 establece lo siguiente:  "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: I. Las que nieguen el anticipo de prueba; II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen; III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión; IV. La negativa de orden de cateo; V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan; VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o XI. Las que excluyan algún medio de prueba". (Lo resaltado es de este juzgado) Numeral 467 en cita, del que se obtiene que ante la exclusión o inadmisión de medios de prueba, procede el recurso de apelación. Ahora bien, el acto que, bajo protesta de decir verdad, reclama la parte quejosa, consiste en la determinación de trece de septiembre de dos mil dieciocho, del Juez de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal, con sede en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el que negó la admisión de medios de prueba ofrecidos por Carlota Torres Flores o Karlota Torres Flores, dentro de los autos de la causa penal número 194/2017; acto que es impugnable mediante el recurso de apelación, al tenor de lo establecido por el artículo 467, fracción XI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que constituye un recurso formal y material cuyo efecto inmediato, en términos del artículo 472 del código mencionado, es suspender la remisión del auto de apertura a juicio al tribunal de enjuiciamiento. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, publicada el cinco de octubre de dos mil dieciocho, que dice: "EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA. AL NO ENCONTRARSE EN ALGUNA HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 467, FRACCIÓN XI, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. En términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones respecto de las cuales proceda algún recurso o medio de defensa legal en virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Ahora bien, contra la resolución del Juez de Control emitida en la etapa intermedia que excluya algún medio de prueba, el artículo 467, fracción XI, del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé un control jurisdiccional que constituye un recurso formal y material, cuyo efecto inmediato, en términos del artículo 472 del código mencionado, es suspender la remisión del auto de apertura a juicio al tribunal de enjuiciamiento; de ahí que al no encontrarse en el supuesto de excepción contenido en la fracción XX del artículo 61 indicado, el quejoso debe agotar ese medio ordinario de impugnación, previo a la promoción del juicio de amparo, para cumplir con el principio de definitividad que rige su procedencia". En esa tesitura, si el acto reclamado antes descrito tenía reparación mediante el recurso de apelación y éste no se agotó antes de acudir al juicio de amparo debe estimarse que la parte promovente del amparo incumplió con el principio de definitividad rector del proceso constitucional, el cual consiste en la obligación de la parte quejosa de intentar los medios de defensa que la ley le permite para combatir las resoluciones que le causan perjuicio. Así las cosas, antes de acudir al amparo la parte quejosa tenía que agotar el recurso de apelación previsto en el artículo 467 del Código Nacional Procedimientos Penales, conforme el cual puede lograr que se modifique, revoque o anule el auto reclamado. Es decir, si el auto emitido por la autoridad responsable es legalmente apelable, pero la parte promovente no agotó el medio de defensa previsto en la ley, esa circunstancia, por sí misma, evidencia la violación a uno de los principios rectores del juicio de amparo: la definitividad, por lo que procede desechar la demanda de amparo que se provee. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en la página 678, Tomo VI, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro y texto: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Así como la jurisprudencia número I.6o.C. J/37 cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Además, no es óbice a lo anterior que la parte quejosa, en su demanda de amparo precisara que si bien es cierto que existe un medio de impugnación para el caso en estudio, como lo es el recurso de apelación, empero, considera que el acto que reclama es de imposible reparación. Sin embargo, contrario a tal manifestación debe decirse que de acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. Así, el acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Ello, de conformidad con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 8, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". En suma, al existir medio de defensa ordinario que debía interponerse en forma previa a acudir al juicio de amparo respecto del acto reclamado, es que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, en relación con el diverso numeral 113, todos de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Edgar Jesús López Guevara, en cuanto defensor particular de la quejosa Carlota Torres Flores o Karlota Torres Flores, por actualizarse, de modo manifiesto e indudable, las causas de improcedencia examinadas. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, de rubro: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA". Así como la jurisprudencia J/23 , del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de título: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1º constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.) , sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, de rubro: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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