Carlos Valdés Brito
Expediente 517/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 37 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 517/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 37
- Última actuación
- 11/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carlos Valdés Brito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 37.
- Principal
SENTENCIA VISTOS, para resolver, el juicio de amparo indirecto 517/2020, promovido por Carlos Valdés Brito, por alegada violación de los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán y secretaria de acuerdos su adscripción; al respecto, este órgano jurisdiccional ha decidido: 1. SOBRESEER EN EL JUICIO. 2. NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN. Lo anterior, al tenor de las siguientes, CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama del juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán y secretaria de acuerdos su adscripción: La orden de desalojo o desocupación del inmueble ubicado en calle Nicolás Bravo, número sesenta y cinco, esquina con calle dieciséis de septiembre, colonia Mariano Matamoros, ordenada en el juicio ordinario civil 402/2018. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 54, fracción III, de la de la de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente en la fecha de presentación de la demanda, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclaman actos cuya ejecución debe tener verificativo en Zitácuaro, Michoacán, donde este órgano ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. El juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zitácuaro y la secretaria de acuerdos de su adscripción, al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio ordinario civil 402/2018, remitidas por el juez responsable, a las que dicha secretaria se adhirió, las cuales adquieren valor probatorio pleno, al haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con los dispositivos 129, 130, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. De conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1° y 5°, fracción II, interpretados a contrario sensu, del mismo ordenamiento legal. Así pues, el numeral 61, fracción XXIII, de la ley de la materia establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Federal. Por su parte, los referidos artículos 1° y 5° fracción II, establecen que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, entre otros, por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto el Alto Tribunal funcionando en Pleno y en Salas, ha emitido diversos criterios, para dilucidar el concepto de autoridad responsable, entre ellos, "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO" y "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". De donde se desprende que toda autoridad tiene el carácter de responsable cuando con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; revistiéndole dicho carácter al particular que encuadre en esos supuestos y que sus funciones estén determinadas por una norma general. Siendo las notas distintivas de los actos de autoridad las siguientes: Existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. La relación tenga su nacimiento en una ley que dote al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulte irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana esa potestad. El ente emita actos unilaterales, en virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. Para emitir los actos, no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Entonces, por regla general, el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, entendiéndose por ésta la que abarque conjuntamente los cuatro incisos descritos. Dicho lo anterior, se advierte que la amparista se duele de la orden de desalojo o desocupación del cual dice ser propietario ubicado en calle Nicolás Bravo, número sesenta y cinco, esquina con calle dieciséis de septiembre, colonia Mariano Matamoros, ordenada en el juicio ordinario civil 402/2018. De la hipótesis normativa y el caso concreto se advierte que, no se colma el supuesto para ser considerada autoridad la secretaria. Esto es así, ya que si bien es cierto que un secretario es el que cuenta con fe pública y debe firmar cualquier acuerdo que emita el titular de dicho órgano, ésta actuación le es impuesta por su cargo; por tanto, no significa que sean determinaciones propias o traten de imponer actos emitidos por los mismos, sino que únicamente da fe de las determinaciones que dicte o provea su superior jerárquico, lo que le da seguridad jurídica a las partes que intervienen en un juicio. En efecto, no son actos propios de autoridad que afecten la esfera jurídica del quejoso, sino cuestiones técnicas que no implican necesaria y obligatoriamente actos de imperio. Sirve de sustento la jurisprudencia 1a./J. 99/2008, que a la letra dice. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de registro digital 226319, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con que se comparte criterio, la cual es de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CONTRA ACTOS DE SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO CIVIL, CUANDO AUTORIZAN RESOLUCIONES Y AUTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Los actos reclamados a un secretario de acuerdos del ramo civil consistentes en la autorización de una resolución y el auto de ejecución, no son propiamente actos de autoridad que afecten la esfera jurídica del quejoso, sino cuestiones técnicas que no implican necesaria y obligatoriamente actos de imperio, pues de conformidad con lo establecido en los artículos 79, 80, fracciones IV y XII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, solo dan certeza al procedimiento y seguridad jurídica a las partes de que los autos, determinaciones y resoluciones dictadas por el titular del Juzgado en efecto, fueron dictadas por él y no por algún otro funcionario, sin que ello traiga aparejada transgresión alguna a los derechos de los litigantes, consecuentemente el juicio de garantías promovido para atacar tales determinaciones es improcedente de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 5o. fracción II y 74 fracción III, todos de la Ley de Amparo". En consecuencia, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de la materia, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, respecto del acto reclamado y autoridad estudiados en este considerado. QUINTO. Estudio de fondo. El quejoso esencialmente aduce violación a su derecho de audiencia, tutelado por el artículo 14 constitucional, virtud a que en el juicio ordinario civil 402/2018, se ordenó el desalojo de un inmueble del cual se ostenta propietario, sin haber sido oído y vencido en juicio. Dicho motivo de disenso es infundado. En primer término, debe precisarse que el artículo 14 constitucional, dispone que cualquier acto privativo tiene que seguirse mediante un procedimiento jurisdiccional ante los tribunales previamente constituidos para ello, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, que son los requisitos necesarios para garantizar la defensa adecuada del afectado antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y, 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Si esos requisitos no se respetan no se estaría cumpliendo con la garantía de audiencia, que es precisamente evitar la indefensión del afectado. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traduce en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". Ahora bien, existen casos en los que, por las circunstancias en las cuales se da la transmisión de un bien, se entiende que la garantía de audiencia a favor del propietario se cumple al momento en que se oye a quien le fue transmitido. Ello sucede cuando se da la figura de la causahabiencia procesal, la cual se actualiza en todas las transmisiones de derechos o de bienes, en las que intervienen; a) El causante, persona que transmite el bien; y, b) El causahabiente, persona a quien se le transmite el bien. Esta relación de causahabiencia se da cuando se transmite un bien o un derecho y la persona que lo recibe soporta sus cargas. Así pues, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 83/2006-PS, estableció que la figura de la causahabiencia y la responsabilidad de las cargas que implica la adquisición de ciertos bienes y derechos también pueden darse dentro de juicio. En estos casos, se da la "causahabiencia procesal", cuyo efecto consiste, en que el causahabiente está sujeto a las resultas del juicio seguido contra su causante, pues de alguna manera, si el resultado del juicio es negativo, se entiende que el riesgo de que lo fuera era una carga que el adquirente se obligó a soportar desde el momento en que adquirió el bien, sabiendo que el resultado del juicio podía ser negativo, por lo que no puede gozar de mayores derechos ni eximirse de la obligación contraída por su causante. Esto es así, pues la resolución del juicio persigue un derecho real que atañe al bien y no a la persona que constituye la acción, de forma tal que el comprador tendría que responder con el bien adquirido, aunque él no hubiera constituido el motivo de restitución, y así, el vencedor podría demandar al nuevo propietario del bien adjudicado con la intención de hacer efectiva su restitución. Lo cual acontece cuando el causahabiente tenía conocimiento de esa situación o el contrato que la origina es celebrado con posterioridad a la iniciación del juicio del que derivan los derechos de propiedad del inmueble. Por analogía, apoya las anteriores consideraciones la tesis XVII.1o.C.T.54 C, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, con que se comparte criterio y a la letra dice: "CAUSAHABIENCIA. SE ACTUALIZA SI EL CONTRATO RELATIVO ES POSTERIOR A LA FECHA DE INICIACIÓN DEL JUICIO SEGUIDO EN CONTRA DE LA ARRENDADORA, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL ARRENDATARIO HUBIERA TENIDO CONOCIMIENTO O NO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 68/2006-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 85/2006, publicada en la página 128 del Tomo XXV de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de enero de 2007, cuyo rubro es: "CAUSAHABIENCIA. PARA EFECTOS PROCESALES, SU ACTUALIZACIÓN REQUIERE QUE SE ACREDITE QUE EL ADQUIRENTE DEL INMUEBLE TUVO CONOCIMIENTO DE LA CONTROVERSIA JUDICIAL A QUE ESTÁ SUJETO DICHO BIEN.", determinó que, desde el punto de vista procesal, para que una persona tenga el carácter de causahabiente, esto es, que se considere el sucesor de los derechos de una persona de quien ha adquirido una propiedad, es indispensable que mediante inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad o algún otro medio de prueba idóneo y fehaciente, se acredite que el adquirente tuvo conocimiento de que el bien de que se trata está sujeto a una controversia judicial y, por ende, que contrajo un derecho litigioso. Sin embargo, como bien lo señala el texto de la misma y la ejecutoria de la cual emanó, se obtiene que el tema a que se refiere es la "adquisición" de bienes inmuebles, empero, cuando los derechos cuestionados derivan de un contrato de arrendamiento celebrado con posterioridad a la iniciación del juicio seguido en contra de la arrendadora, no resulta necesario, para que la causahabiencia se actualice, que se acredite que el arrendatario quejoso hubiera tenido conocimiento de que el bien inmueble, cuyo uso y goce recibió, estaba sujeto a una controversia judicial, pues esa figura jurídica se da por el simple hecho de que el contrato se hubiere celebrado con posterioridad a la iniciación del procedimiento del que emanan los actos reclamados". Por tanto, el adquirente de un bien raíz, no puede como causahabiente, estimarse tercero extraño a las consecuencias del juicio. Entonces, dicha figura garantiza el cumplimiento de la sentencia que resuelve la controversia sobre un inmueble, cuando involucren actos que transmiten la propiedad del inmueble con el fin de soslayar su cumplimiento, pero la persona que adquiere está sujeto a lo que en el juicio se decida. Precisamente por ello, la institución de la causahabiencia procesal excluye las figuras de tercero extraño a juicio y tercerista, porque en esos casos se considera que por las circunstancias en las cuales se adquiere el bien o el derecho, el causahabiente tiene audiencia a través de su causante, de tal forma que no puede comparecer a juicio alegando que se le priva de sus bienes sin que se le haya oído y vencido previamente, porque al adquirir el bien tenía conocimiento de la existencia de la carga. Dicho lo anterior, conviene precisar el caso concreto. De las constancias aportadas por el quejoso y la autoridad responsable, que cuentan con valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 129, 130, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende lo siguiente: I. Juicios y medios de defensa. I.I. El veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, Raúl Tello Luis, presentó demanda en la vía ordinaria civil "sobre acción personal de desocupación de inmueble por la extinción que dio causa a la posesión privada", en contra de Luz Ivonne Mendoza Guzmán. I.II. La demanda fue registrada y tramitada con el número 402/2018, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán. I.III. El dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, se dictó sentencia definitiva, en la que se determinó procedente la acción y se condenó a Luz Ivonne Mendoza Guzmán, a desocupar y entregar el inmueble ubicado en el número sesenta y cinco de la calle Nicolás Bravo Sur, esquina con calle dieciséis de septiembre, colonia Mariano Matamoros, de Zitácuaro, Michoacán. I.IV. Inconforme con dicha determinación, Luz Ivonne Mendoza Guzmán, interpuso recurso de apelación, que fue radicado con el número de toca I-198/2019 y resuelto el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, por la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que declaró infundados los agravios y confirmó la sentencia. I.V. En contra de dicha resolución, Mendoza Guzmán, presentó demanda de amparo directo, la que fue registrada con el número 571/2019, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, quien en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, concedió a la quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: a) Deje insubsistente la resolución reclamada. b) En su lugar emita otra en la que considere que la restitución del referido bien inmueble representa un aspecto directamente vinculado con la habitación de los menores, lo que se comprende dentro de los alimentos. I.VI. En cumplimiento al fallo protector, la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, emitió una nueva resolución el once de diciembre de dos mil diecinueve, en la que determinó revocar la sentencia definitiva apelada, al tenor de lo siguiente: "Se declara infundada la acción de restitución de inmueble hecha valer en la vía intentada por Raúl Tello Luis, frente a Luz Ivonne Mendoza Guzmán, a quien se absuelve de todas y cada una de las prestaciones que le fueron reclamadas, para todos los efectos a que haya lugar, dejándose a salvo los derechos del actor para que si lo estima pertinente, los deduzca en la vía y términos que procedan". I.V. El treinta de enero de dos mil veinte, el juez responsable requirió a Raúl Tello Luis, a efecto de que en el plazo de tres días hiciera entrega del inmueble objeto del juicio a Luz Ivonne Mendoza Guzmán. II. Contrato. II.I. El catorce de febrero de dos mil veinte, Raúl Tello Luis, su calidad de "cedente" y Carlos Valdés Brito, en cuanto "cesionario", celebraron un instrumento que denominaron "Contrato de Cesión de Derechos de Propiedad y Usufructo", respecto del inmueble ubicado en el número sesenta y cinco de la calle Nicolás Bravo Sur, esquina con calle dieciséis de septiembre, colonia Mariano Matamoros, de Zitácuaro, Michoacán. II.II. Dicho documento fue ratificado en todas y cada una de sus por Raúl Tello Luis y Carlos Valdés Brito, el diecisiete de marzo de dos mil veinte, ante la fe del notario público número 108, con ejercicio y residencia en Zitácuaro, Michoacán. En ese acto, el cesionario se hizo sabedor que el inmueble tiene un crédito hipotecario vigente con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por lo que liberó al cedente "de cualquier responsabilidad", comprometiéndose éste último a escriturar dicho inmueble en favor de cesionario, cuando se encuentre totalmente liquidado el crédito. Así, cronológicamente, se advierte que el quejoso obtiene derechos sobre el inmueble en controversia, el diecisiete de marzo de dos mil veinte, data en que adquiere fecha cierta el contrato que celebró con Raúl Tello Luis, pues fue hasta entonces que lo ratificaron ante fedatario público; esto es, posteriormente al once de diciembre de dos mil diecinueve, en que la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, determinó revocar la sentencia definitiva apelada de dieciséis de mayo del mismo año y declarar infundada la acción de restitución de inmueble intentada por Tello Luis y al treinta de enero de dos mil veinte, en que el juez a quo requirió a Raúl Tello Luis, a efecto de que en el plazo de tres días hiciera entrega del inmueble objeto del juicio a Luz Ivonne Mendoza Guzmán Máxime que, en la ratificación del contrato el quejoso liberó al "cedente" "de cualquier responsabilidad", por ende, debe tenerse sabedor de adquirir cualquier obligación respecto del inmueble en controversia. Sin que pase inadvertido que el contrato en que el quejoso funda su derecho de propiedad, no se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Ello evidentemente sitúa al quejoso como causahabiente de quien fuera inicialmente demandado en el juicio de origen por ser la persona que le vendió el inmueble, de modo que fue oído y vencido en el juicio de origen por conducto de su causante, quien sí compareció al procedimiento a deducir sus derechos, tan es así que él mismo intentó restituir en su favor, el inmueble en debate. Lo que es así pues, si bien, el quejoso exhibe un derecho subjetivo de propiedad el título en que lo funda no es suficiente para otorgar la protección federal por derecho de audiencia, en atención que por haber adquirido la propiedad del inmueble con posterioridad a que causó ejecutoria la sentencia que obliga a su "cedente" a entregar el inmueble en controversia, no le puede ser oponible frente a la parte vencedora quien detentaba derechos sobre el inmueble, con anterioridad al suyo, pues de estimarse lo contrario, se contravendría el derecho de seguridad jurídica. Lo anterior, encuentra fundamento en la jurisprudencia 1a./J. 69/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "EFICACIA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE FECHA CIERTA POSTERIOR AL REGISTRO HIPOTECARIO PARA LA CONCESIÓN DEL AMPARO. El contrato de compraventa de fecha cierta posterior al registro de la hipoteca y que carezca de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, no resulta apto para conceder la protección federal al quejoso que pretende ser llamado al juicio hipotecario. Pues al ser de fecha cierta posterior al registro de la hipoteca y ante la falta de inscripción de la traslación de dominio, ocasiona que el derecho subjetivo que ostenta el quejoso no pueda ser oponible al actor hipotecario, y en consecuencia lo procedente es la negativa del amparo. Lo anterior, de ningún modo implica limitar el derecho de tutela judicial conforme está reconocido en el artículo 17 constitucional a favor del quejoso, en virtud de que éste ostenta un derecho subjetivo de propiedad con el contrato de compraventa de fecha cierta, en el sentido de que la tutela judicial no se limita, en estos casos, al llamamiento al juicio hipotecario en cuestión, pues invariablemente quedan a salvo los derechos del quejoso de accionar en la vía jurisdiccional adecuada en contra de quien considere pertinente a fin de realizar la defensa a su derecho de propiedad". En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Carlos Valdés Brito, contra el acto reclamado a la secretaria de acuerdos del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, por las razones expuestas en el considerando cuarto. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Carlos Valdés Brito, contra el acto reclamado al juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, por los motivos precisados en el considerando quinto.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Despacho diligenciado. Agréguese a los autos el oficio del Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Zitácuaro, Michoacán, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 273/2021 (orden 621/2021) enviado a fin de emplazar a la tercera interesada Luz Ivonne Mendoza Guzmán. 1.1. No se acusa recibo. Sin que haya lugar a enviar acuse de recibo de la comunicación oficial, dado que esa constancia no es solicitada. 1.2. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se observa que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días con el que cuenta la tercera interesada Luz Ivonne Mendoza Guzmán, para imponerse de los autos, dado que fue emplazada el veinticinco de octubre pasado. 1.3. Diferimiento. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y, en su lugar, se fijan las nueve horas con cuarenta y siete minutos del once de noviembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Estado de autos. Visto el estado de autos, del que se observa que en esta fecha fue recibido el despacho 273/2021 (orden 621/2021) enviado al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zitácuaro, Michoacán, a fin de emplazar a la tercera interesada Luz Ivonne Mendoza Guzmán. 1.1. Diferimiento. Por tanto, a fin de dar oportunidad a que dicho despacho sea diligenciado y devuelto, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y, en su lugar, se fijan las nueve horas con siete minutos del ocho de noviembre de dos mil veintiuno, para su verificativo.
- Principal
Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad Covid-19, se provee lo siguiente: Se recibe oficio. Intégrese el comunicado de la Comisión Federal de Electricidad, mediante el cual informa que en la base de datos de esa dependencia no encontró registro de domicilio a nombre de la tercera interesada Luz Ivonne Mendoza Guzmán, de lo que se toma conocimiento. Estado de autos. Ahora bien, del estado que guardan los autos, se desprende que en proveídos de siete y once de junio y dos de julio, todos del año en curso, se tuvo a la Subadministradora Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Michoacán "1", al vocal del Registro Federal de Electores y jefe de Departamento de Anotaciones y Trámites Procesales del Registro Público de la Propiedad en el Estado, respectivamente, informando el domicilio registrado en sus bases de datos de la tercera interesada, que son: Calle Cerrada de Begonia, número 7, colonia El Moral, Zitácuaro, Michoacán. Enrique Diaz de León, número 261, colonia Villaseñor, Guadalajara, Jalisco, Código Postal 44600. 2.1. Se gira despacho. En esas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, gírese atento despacho vía electrónica, al juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, para que por su conducto ordene a quien corresponda se constituya en el domicilio ubicado en calle Cerrada de Begonia, número 7, colonia El Moral, Zitácuaro, Michoacán, y emplace a juicio a la tercera interesada Luz Ivonne Mendoza Guzmán. 2.2. Se gira exhorto. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto vía SISE, al juez de Distrito en Materias Administrativas, Civil y del Trabajo, en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en turno, para que por su conducto ordene a quien corresponda se constituya en el domicilio ubicado en calle Enrique Diaz de León, número 261, colonia Villaseñor, Guadalajara, Jalisco, Código Postal 44600 y emplace a juicio a la citada tercera interesada Luz Ivonne Mendoza Guzmán. Asimismo, les corran traslado a los terceros interesados con copia de la demanda de amparo, auto de admisión y del presente proveído y los requieran para que: a) Si lo estiman necesario, comparezcan al juicio a hacer valer sus derechos (ofrecer pruebas y formular alegatos); y, b) En el acto de la diligencia o en el plazo de tres días, computado legalmente, señalen domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, apercibidos que, de no hacerlo, se le practicarán por lista las siguientes, inclusive las de carácter personal, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. -Se solicita a los jueces auxiliar y exhortado, para que hagan del conocimiento de los referidos terceros interesados, que, en este juicio mediante auto de trece de los corrientes, se señalaron las trece horas con veinte minutos del trece de septiembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional. Con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza a los jueces auxiliar y exhortado, para que, de estimarlo necesario, habiliten días y horas inhábiles a efecto de que el actuario lleve a cabo la diligencia encomendada y se solicita de la manera más atenta, al órgano jurisdiccional, devuelva la comunicación a la brevedad por la misma vía. 3. Se informa nuevo titular de este órgano jurisdiccional. Hágase del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, funge como titular de este órgano jurisdiccional el licenciado Sergio Santamaría Chamú, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/616/2021, de siete de julio del año en curso, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
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