Carlos Sandoval Suárez
Expediente 509/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 509/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 27/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carlos Sandoval Suárez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. Por otro lado, como resulta innecesario que en autos obren las documentales que remitió la autoridad responsable, se ordena enviárselas, con la atenta solicitud del acuse de recibo dentro del plazo de tres días, ya que de no hacerlo se tendrá como recibido a entera satisfacción. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron los primeros, ni la segunda al no haberse aperturado el incidente de suspensión respectivo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: CARLOS SANDOVAL SUÁREZ. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. Por otro lado, como resulta innecesario que en autos obren las documentales que remitió la autoridad responsable, se ordena enviárselas, con la atenta solicitud del acuse de recibo dentro del plazo de tres días, ya que de no hacerlo se tendrá como recibido a entera satisfacción. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron los primeros, ni la segunda al no haberse aperturado el incidente de suspensión respectivo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de treinta de enero del año en curso, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidente; mismo que fue notificado a las partes el treinta y uno siguiente y seis de febrero pasado (fojas 98, 100, 101 y 104). En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Al respecto, debe decirse que por sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete (fojas 31 a 42), por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en apoyo de este Juzgado de Distrito, se concedió la protección constitucional al quejoso Carlos Sandoval Suárez, en los términos que se reproducen: "[.] que la junta responsable: - Desahogue la prueba consistente en el informe que solicite al Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, así como aquellas pendientes de desahogar; las cuales debe verificar en los plazos legales respectivos. - Realice los actos necesarios hasta culminar la etapa de desahogo de pruebas". Esto es, en la sentencia se determinó que ante la circunstancia de que la Junta responsable omitió observar el principio de celeridad, transgredió en perjuicio del quejoso el derecho de justicia pronta previsto en el numeral 17 constitucional, al haberse abstenido de realizar las gestiones necesarias para lograr el perfeccionamiento del medio de convicción -requerimiento de información al Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte-, en los plazos legales previstos en la Ley Federal del Trabajo dentro del juicio laboral 977/2015, hasta culminar la etapa de desahogo de pruebas. Sentencia que causó ejecutoria el tres de octubre del año inmediato anterior y en el propio auto se requirió su cumplimiento (fojas 58-59). Mediante proveídos de veinte de octubre; diecisiete de noviembre; ocho de diciembre, todos de la anualidad próxima pasada; tres y veintinueve de enero de dos mil dieciocho (fojas 65, 73, 80, 87 y 91), se solicitó nuevamente a la responsable la obediencia al fallo protector. Ahora bien, en acatamiento a la sentencia de amparo, la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidente, remitió los oficios 2354, 2819, 3024, 3042 y 45 (fojas 62, 68, 76, 83 y 93), a los que acompañó copia certificada de las constancias siguientes: Misiva 2353 (foja 63), de nueve de octubre de dos mil diecisiete, por la cual requiere información a la institución Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, sucursal 0877. Acuerdo de treinta y uno de octubre del año citado (foja 69), en el que ordenó remitir oficio recordatorio con apercibimiento de multa a la citada institución bancaria. Misiva 2818, con la cual solicita lo anterior a dicha institución (foja 71). Auto de veintitrés de noviembre del año próximo pasado (foja 77), en el que, ante el incumplimiento a lo precedente por parte de la referida institución, hizo efectivo el apercibimiento y ordenó dar vista a la parte actora. Ocurso de once de enero de la presente anualidad, signado por el apoderado del trabajador -actor-, por el cual se desistió del medio de convicción indicado (foja 94). Proveído de quince siguiente, en el que de conformidad con el escrito citado en el párrafo anterior, lo tuvo por desistido; por lo que, a su vez, la secretaria adscrita a la junta responsable certificó que no existían pruebas pendientes por desahogar y se otorgó plazo -tres días- con apercibimiento a las partes para que formularan alegatos (foja 95). Del examen de las documentales reseñadas con antelación, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, hacen patente que la junta responsable cumplió con el fallo protector, pues después de diversos requerimientos a la institución Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, sucursal 0877, para que proporcionara la información solicitada, y ante el incumplimiento de ésta de suministrarla, ordenó dar vista con ello a la parte actora, quien se desistió de tal medio de convicción; por cuyo motivo el quince de enero de dos mil dieciocho, la secretaria adscrita a la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, certificó que en el expediente 977/2015, no existían pruebas pendientes por desahogar; de lo que se infiere que realizó los actos necesarios para verificar el informe solicitado a la citada institución bancaria, así como aquellos conducentes que permitieron la conclusión de la etapa relativa al desahogo de pruebas. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por lo contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento en razón de que la responsable acató lo establecido en la sentencia constitucional, conforme a lo que ya se dijo, pues realizó los actos necesarios para el verificativo del informe solicitado a la institución bancaria ofrecido por el actor en el expediente 977/2015; además, culminó la etapa de desahogo de pruebas, tan es así que la secretaria adscrita a la junta responsable levantó certificación referente a que no existían pruebas pendientes por desahogar; en otras palabras, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo. Asimismo, tampoco existe exceso en el cumplimiento, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, pues su actuar fue realizar los actos necesarios para el desahogo de un informe ofrecido por la parte actora dentro del juicio laboral 977/2015, así como aquellos conducentes hasta finalizar esa etapa en el juicio laboral de origen. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, a la valoración de éste, así como la devolución de las constancias de donde emana el acto reclamado que remitió la responsable en apoyo al informe justificado, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: CARLOS SANDOVAL SUÁREZ. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de treinta de enero del año en curso, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidente; mismo que fue notificado a las partes el treinta y uno siguiente y seis de febrero pasado (fojas 98, 100, 101 y 104). En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. Al respecto, debe decirse que por sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete (fojas 31 a 42), por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en apoyo de este Juzgado de Distrito, se concedió la protección constitucional al quejoso Carlos Sandoval Suárez, en los términos que se reproducen: "[.] que la junta responsable: - Desahogue la prueba consistente en el informe que solicite al Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, así como aquellas pendientes de desahogar; las cuales debe verificar en los plazos legales respectivos. - Realice los actos necesarios hasta culminar la etapa de desahogo de pruebas". Esto es, en la sentencia se determinó que ante la circunstancia de que la Junta responsable omitió observar el principio de celeridad, transgredió en perjuicio del quejoso el derecho de justicia pronta previsto en el numeral 17 constitucional, al haberse abstenido de realizar las gestiones necesarias para lograr el perfeccionamiento del medio de convicción -requerimiento de información al Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte-, en los plazos legales previstos en la Ley Federal del Trabajo dentro del juicio laboral 977/2015, hasta culminar la etapa de desahogo de pruebas. Sentencia que causó ejecutoria el tres de octubre del año inmediato anterior y en el propio auto se requirió su cumplimiento (fojas 58-59). Mediante proveídos de veinte de octubre; diecisiete de noviembre; ocho de diciembre, todos de la anualidad próxima pasada; tres y veintinueve de enero de dos mil dieciocho (fojas 65, 73, 80, 87 y 91), se solicitó nuevamente a la responsable la obediencia al fallo protector. Ahora bien, en acatamiento a la sentencia de amparo, la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidente, remitió los oficios 2354, 2819, 3024, 3042 y 45 (fojas 62, 68, 76, 83 y 93), a los que acompañó copia certificada de las constancias siguientes: Misiva 2353 (foja 63), de nueve de octubre de dos mil diecisiete, por la cual requiere información a la institución Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, sucursal 0877. Acuerdo de treinta y uno de octubre del año citado (foja 69), en el que ordenó remitir oficio recordatorio con apercibimiento de multa a la citada institución bancaria. Misiva 2818, con la cual solicita lo anterior a dicha institución (foja 71). Auto de veintitrés de noviembre del año próximo pasado (foja 77), en el que, ante el incumplimiento a lo precedente por parte de la referida institución, hizo efectivo el apercibimiento y ordenó dar vista a la parte actora. Ocurso de once de enero de la presente anualidad, signado por el apoderado del trabajador -actor-, por el cual se desistió del medio de convicción indicado (foja 94). Proveído de quince siguiente, en el que de conformidad con el escrito citado en el párrafo anterior, lo tuvo por desistido; por lo que, a su vez, la secretaria adscrita a la junta responsable certificó que no existían pruebas pendientes por desahogar y se otorgó plazo -tres días- con apercibimiento a las partes para que formularan alegatos (foja 95). Del examen de las documentales reseñadas con antelación, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, hacen patente que la junta responsable cumplió con el fallo protector, pues después de diversos requerimientos a la institución Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, sucursal 0877, para que proporcionara la información solicitada, y ante el incumplimiento de ésta de suministrarla, ordenó dar vista con ello a la parte actora, quien se desistió de tal medio de convicción; por cuyo motivo el quince de enero de dos mil dieciocho, la secretaria adscrita a la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, certificó que en el expediente 977/2015, no existían pruebas pendientes por desahogar; de lo que se infiere que realizó los actos necesarios para verificar el informe solicitado a la citada institución bancaria, así como aquellos conducentes que permitieron la conclusión de la etapa relativa al desahogo de pruebas. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por lo contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento en razón de que la responsable acató lo establecido en la sentencia constitucional, conforme a lo que ya se dijo, pues realizó los actos necesarios para el verificativo del informe solicitado a la institución bancaria ofrecido por el actor en el expediente 977/2015; además, culminó la etapa de desahogo de pruebas, tan es así que la secretaria adscrita a la junta responsable levantó certificación referente a que no existían pruebas pendientes por desahogar; en otras palabras, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo. Asimismo, tampoco existe exceso en el cumplimiento, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, pues su actuar fue realizar los actos necesarios para el desahogo de un informe ofrecido por la parte actora dentro del juicio laboral 977/2015, así como aquellos conducentes hasta finalizar esa etapa en el juicio laboral de origen. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, a la valoración de éste, así como la devolución de las constancias de donde emana el acto reclamado que remitió la responsable en apoyo al informe justificado, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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