Carlos Rodrigo Rodriguez Santamaria

Expediente 1940/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1940/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
06/01/2022

Partes del expediente

  • Carlos Rodrigo Rodriguez Santamaria

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    ELECTR.Mérida, Yucatán, seis de enero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que a la parte a quien pudo causarle perjuicio la sentencia de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que CAUSA EJECUTORIA la referida sentencia que en sus puntos resolutivos, sobreseyó en el presente asunto; para todos los efectos legales que correspondan. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 1940/2021-IV-B, promovido por********************, en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, residente en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado el veinte de octubre siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán,********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que atribuye a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, residente en esta ciudad. SEGUNDO. En proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada con el número 1940/2021-IV-B; se dio la intervención legal a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó el emplazamiento a la parte tercera interesada y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento se verificó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, de la Constitución General de la República; 35 y 37, de la Ley de Amparo; 49 y 61 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como conforme a los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. SEGUNDO. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior, conforme a lo establecido en la jurisprudencia con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así, de la lectura íntegra del escrito de demanda, como de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se tiene que la parte quejosa reclama esencialmente, lo siguiente: La omisión de la autoridad responsable de resolver sobre la procedencia o improcedencia del incidente de competencia planteado por su contraparte en el expediente laboral de origen 996/2019. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, manifestó que sí es cierto el acto reclamado; asimismo, ello se corrobora con las constancias que remitió adjuntas a su informe de ley. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394,770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, concerniente a la cesación de efectos del acto reclamado, por lo que lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la invocada ley de la materia. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto de autoridad, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, de las constancias que anexó la Junta responsable a su informe justificado, a las cuales se les concede valor probatorio conforme a los ordinales 192 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se advierte que en relación con la omisión de resolver sobre la procedencia o improcedencia del incidente de competencia planteado por la contraparte en el expediente laboral de origen 996/2019, la Junta dictó un acuerdo el dieciséis de octubre del año en curso, en el que resolvió lo relativo a dicho incidente de competencia; auto que fue notificado a la parte quejosa el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, como se advierte de la constancia actuarial relativa. Por tanto, se actualiza a plenitud la causa de improcedencia invocada, ya que la parte justiciable presentó la demanda constitucional el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, y si bien el dieciséis de octubre del año en curso, la autoridad responsable resolvió lo relativo al incidente de competencia planteado por la contraparte, lo cierto es que notificó dicha determinación a la parte quejosa hasta el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno; por tanto, claramente cesaron los efectos del acto reclamado. Ante ello, resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la peticionaria del amparo en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77 fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley; lo cual impide a este Juzgador a realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer el quejoso. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." CUARTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por********************, en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese una reimpresión de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito enviado por Grisel Iveth Juárez Moguel autorizada en términos amplios de la parte quejosa presentado vía electrónica, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en torno a la vista otorgada con el informe justificado en proveído de veintidós de noviembre en curso. En atención a su contenido, se tienen por rendidos los alegatos de referencia formulados por parte de la promovente; por tanto, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, hágase relación de los mismos al celebrarse la audiencia constitucional en el presente asunto. Por otra parte, del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que aún no transcurre el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado remitido por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, el cual fue recibido y puesto a la vista de las partes en proveído de veintidós de noviembre del año en curso. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan como nueva fecha y hora las DIEZ HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en proveído de veintidós de septiembre del año en curso, se requirió al Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, para efectos de que remita a este Juzgado de Distrito, copias certificadas, completas y legibles, de las constancias relacionadas con el acto reclamado, en particular, las relativas al procedimiento completo de reversión de propiedad del predio en la calle cuatro poniente, número dos mil setecientos, ubicado en el puerto de Sisal, Municipio de Hunucmá, Yucatán. Sin embargo, no obra en autos el acuse postal correspondiente al oficio por medio del cual se requirió a dicha autoridad; por tanto, no es factible llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para este propio día, de ahí que se imponga su diferimiento. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Al respecto, se ordena requerir a la Administración de Correos del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, a efecto de que en el plazo de tres días comunique a este órgano jurisdiccional lo relativo a entrega de la pieza postal relativa al oficio 27262/2021 remitido a la citada autoridad responsable, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá una multa de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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