Carlos Ricardo Pool Tamayo
Expediente 1425/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1425/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Carlos Ricardo Pool Tamayo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con diecinueve minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, estando en audiencia pública el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa, autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Abierta la audiencia de ley, la Secretaria hace constar la inasistencia de las partes. Acto continuo, hace una relación de todas y cada una de las constancias que se encuentran integradas al juicio de amparo en que se actúa, y da cuenta con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, mismos que se pusieron a la vista con conocimiento de las partes. Seguidamente, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial y por rendidos en tiempo y forma los aludidos informes justificados de las responsables. ABIERTO EL PERÍODO DE PRUEBAS, la Secretaria da cuenta al Juez con las pruebas documentales, presuncional e instrumental de actuaciones ofrecidas por la parte quejosa en su escrito de demanda; asimismo, con las constancias remitidas por las autoridades responsables junto con sus informes justificados. A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, mismas que quedan desahogadas por su propia y especial naturaleza. Con lo anterior, se declara CERRADO EL PERÍODO DE PRUEBAS. ABIERTO EL PERÍODO DE ALEGATOS, se da cuenta con las manifestaciones efectuadas por la parte quejosa en su escrito con número de registro 16986; asimismo, la Secretaria hace constar que las demás partes no hicieron uso de ese derecho. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por formulados los alegatos de la parte quejosa, los cuales podrán ser tomados en consideración al resolverse el presente asunto. Con lo anterior, SE DECLARA CERRADO EL PERIODO DE ALEGATOS. Seguidamente, no habiendo diligencias por desahogar, ni pedimento de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, el Juez declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. VISTO, para resolver el juicio de amparo 1425/2023-V-B, promovido por ********************, en contra de los actos que reclama de la encargada del Despacho de la Delegación Estatal en Yucatán del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad y Director de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el doce de septiembre de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el día trece de septiembre siguiente, compareció ********************, a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclamó de la encargada del Despacho de la Delegación Estatal en Yucatán del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad y Director de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional con sede en la Ciudad de México. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió la demanda, la que quedó registrada con el número 1425/2023-V-B; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables sus correspondientes informes justificados; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de la litis constitucional. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como de las constancias remitidas por las autoridades responsables con sus informes justificados, se tiene que la parte quejosa reclama: De la encargada del despacho de la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional en Yucatán, con residencia en esta ciudad: La omisión de resolver, en el ámbito de sus atribuciones, la solicitud ********************, relativa a la inscripción de la adopción del dominio pleno de la parcela ********************, del Ejido de ********************, del municipio de ********************, del Estado de Yucatán; así como la expedición y puesta a disposición del título correspondiente. Del Director de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con residencia en la Ciudad de México: La omisión de realizar la calificación registral y liberación de clave de la adopción de dominio pleno de la parcela ********************, del Ejido de ********************, del municipio de ********************, del Estado de Yucatán. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al Director General de Registro y Control de Documentos del Registro Agrario Nacional pues así lo manifestó expresamente en su representación el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional; sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa con prueba en contrario. Máxime de lo anterior, en virtud de las documentales que exhibió la responsable junto con su informe de ley, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia de amparo, se advierte que por oficio RAN/DGRCD/DNR/9885/2023, la Directora de Normatividad Registral adscrita a la Dirección General de Registro y Control Documental, informó que la solicitud con número ******************** relacionada con la adopción de dominio pleno de la parcela 178 Z-01 P0/3 ubicada en el ejido ********************, del municipio de ********************, Yucatán; se encuentra con clave liberada y debidamente inscrita, afirmando que le corresponde a la delegación estatal de Yucatán las gestiones necesarias para la conclusión del respectivo trámite. En consecuencia, al ser inexistente ese acto reclamado, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV de la citada Ley de Amparo, y la Tesis de Jurisprudencia número 284, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer respecto de esta autoridad en el presente juicio con apoyo en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo; lo cual impide a este Juzgador a realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable encargada del despacho de la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional en Yucatán, con sede en esta ciudad, no obstante lo hubiese negado al rendir su correspondiente informe justificado; toda vez que realiza manifestaciones que evidencian la certeza del acto. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV-julio, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo y texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." QUINTO. Inexistencia de causas de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, por lo que procede efectuar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Resultan fundados los esgrimidos por la parte quejosa, motivo por el cual deberá concedérsele la protección de la justicia federal que solicita. En la especie, la parte quejosa reclama de la encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, la omisión de resolver, en el ámbito de sus atribuciones, la solicitud ********************, relativa a la inscripción de la parcela ********************, del ejido de ********************, municipio de ********************, del Estado de Yucatán; así como la expedición y puesta a disposición del título correspondiente. Todo ello a fin de que se culmine el procedimiento de inscripción de adopción de dominio pleno de la parcela ya mencionada; contraviniendo en su perjuicio básicamente el derecho fundamental contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El derecho fundamental consagrado en el artículo 8º aludido, es el derecho de petición, el cual es entendido como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente de Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, a una petición que en su caso, le haya formulado éste; por lo que la posibilidad de hacer uso de tal derecho, está supeditado a la existencia de la petición dirigida al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad; es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, que se vincula con la presencia de la petición formal. Sin embargo, el artículo 1°, tercer párrafo, de la Constitución prevé la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia posible a favor de las personas, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en consecuencia, los principios de prontitud, eficacia y expeditez que contempla el segundo párrafo del artículo 17 de nuestra Carta Magna, resulta atribuible tanto a las autoridades que ejerzan actos materialmente jurisdiccionales, como a los realizados en procedimientos administrativos no contenciosos seguidos ante las dependencias del Poder Ejecutivo, tal y como acontece en el presente caso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que a la letra dice: "SUBGARANTÍAS DE PRONTITUD, EFICACIA Y EXPEDITEZ CONTENIDAS EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO SON PRIVATIVAS DEL ÁMBITO JUDICIAL, SINO QUE SU DIMENSIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA COMPRENDE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER NO CONTENCIOSO SEGUIDOS ANTE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO. El artículo 1o., tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia posible a favor de la persona, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En tales condiciones, debe estimarse que la observancia de las subgarantías de prontitud, eficacia y expeditez contenidas en el segundo párrafo del artículo 17 de la Carta Magna, no sólo resulta atribuible a las autoridades que ejerzan actos materialmente jurisdiccionales, sino que debe expandirse a todas las manifestaciones del poder público, como son los procedimientos administrativos no contenciosos seguidos ante las dependencias del Poder Ejecutivo. Ello es así, pues la eficacia de la autoridad administrativa presupone no sólo una sujeción irrestricta a los procedimientos señalados en la ley y los reglamentos, sino también que su proceder no puede ser ajeno a la tutela del derecho de acceso a la jurisdicción en las vertientes señaladas, lo que, además, implica en un correcto ejercicio de la función pública, la adopción de medidas, actuaciones y decisiones eficaces, ágiles y respetuosas de los derechos de los administrados, razones por las que las citadas subgarantías de prontitud, eficacia y expeditez no pueden ser privativas del ámbito judicial, sino que comprenden la producción de los actos administrativos." Así como, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la ciudad de México y jurisdicción en toda la República, bajo el rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA JUSTICIA. LA PROTECCIÓN DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL DEBE EXTENDERSE A LOS MECANISMOS ADMINISTRATIVOS DE TUTELA NO JURISDICCIONAL QUE TENGAN POR OBJETO ATENDER UNA SOLICITUD, AUN CUANDO ÉSTA NO INVOLUCRE UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES. En los sistemas jurídicos tradicionales el concepto "justicia" se ha asimilado al conjunto de instituciones, procedimientos y operadores que intervienen en la dinámica de la resolución de desacuerdos legales dentro del aparato jurídico formal. De acuerdo con esta concepción formalista, las únicas autoridades que se encontrarían obligadas a la observancia del derecho fundamental de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos serían las que realizan funciones materialmente jurisdiccionales. No obstante, esta visión restringe la aplicación del principio de progresividad de los derechos humanos establecido en el artículo 1o., párrafo tercero, de la propia Norma Suprema, pues el acceso efectivo a la solución de desacuerdos constituye un derecho dúctil que tiende a garantizar la concreción de las condiciones sociales, culturales, políticas, económicas y jurídicas que posibiliten el reconocimiento y el ejercicio efectivo de derechos de los gobernados dentro de las organizaciones jurídicas formales o alternativas. Por tanto, en congruencia con el principio aludido, la protección del derecho fundamental citado debe extenderse a los mecanismos administrativos de tutela no jurisdiccional que tengan por objeto atender una solicitud, aun cuando ésta no involucre una controversia entre partes." Consecuentemente, no puede estimarse que se violente directamente el derecho fundamental consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando su pretensión es que la autoridad concluya el procedimiento registral correspondiente, sino en todo caso, el derecho transgredido en su perjuicio, es el contenido en el artículo 17 constitucional; corrección que se hace con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo; por lo que se reitera, atendiendo la causa de pedir, debe concedérsele el amparo y protección de la justicia federal, por las razones que a continuación se expresan. Lo anterior resulta fundado; y para llegar a tal conclusión es menester transcribir el artículo 17 Constitucional, que establece lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Igualmente debe considerarse que la reserva de la ley en virtud de la cual el citado precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional sino que, con esta reglamentación, debe perseguir la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas o etapas previas no previstas en el texto constitucional. Por su parte, de los artículos 51, 52 y 81 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, se desprende que el procedimiento registral inicia con la solicitud de trámite que se presente en las Delegaciones o Centros de Atención y que, con el número de entrada progresivo, fecha y hora, tendrá efectos probatorios para establecer el orden de prelación. Asimismo se establece que los registradores, con base en la función de calificación, examinarán bajo su responsabilidad, cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, a fin de garantizar el principio de legalidad, debiendo cerciorarse de que no se ha presentado con anterioridad documento alguno que contenga actos susceptibles de inscripción, que se opongan al que se solicita. De igual manera señalan que la calificación puede ser positiva o negativa y deberá producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate; siendo positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada, y negativa cuando resuelva denegar el servicio registral. De igual forma disponen que el Registro expedirá, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley, certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común, así como los títulos de propiedad de origen parcelario, de solar urbano, y el de colonias agrícolas o ganaderas que, conforme a las disposiciones aplicables, hayan adoptado el dominio pleno. En este orden de ideas, si de las constancias que obran en autos, se advierte que de la fecha de presentación ante la Oficialía de Partes de la Delegación en la Entidad del Registro Agrario Nacional, de la correspondiente solicitud (cuatro de noviembre de dos mil veintiuno), a la en que se promovió la demanda (doce de septiembre de dos mil veintitrés), ya habían transcurrido más de cinco meses, esto es, más de sesenta días naturales. Ello significa que ha excedido el término a que alude el numeral 52 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. Por lo que es incuestionable que la nombrada autoridad responsable conculca con tal proceder en perjuicio de la parte quejosa, los derechos consagrados en el artículo 17 constitucional, pues incumplieron con la función registral que les está encomendada, dentro del plazo de sesenta días naturales que prevé el aludido precepto legal. Por consiguiente, toda vez que de autos se advierte que a la solicitud del quejoso recayó una calificación registral positiva. Se concede la protección constitucional instada, para el efecto de que la responsable encargada del Despacho de la Delegación Estatal de Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, dentro del ámbito de sus facultades, realice las gestiones necesarias a fin de que de inmediato se concluya el procedimiento relativo, y en breve término, sea puesto a disposición el documento respectivo al promovente, de no existir impedimento legal alguno justificado; caso en el cual, de actualizarse este último supuesto, bastará con que se determine por parte de la responsable dicho impedimento para tener por cumplida la sentencia de amparo, ya que la denegación de justicia, materia de la litis se habrá dejado sin efectos y resarcido a la parte quejosa en el goce del derecho violado, al resolverse en forma definitiva el procedimiento administrativo de referencia, el cual en ningún momento dentro de los argumentos vertidos en esta ejecutoria se ha sostenido que se pronuncie en algún sentido. SÉPTIMO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. NOVENO. Equivalencia de las constancias que integran el expediente electrónico a copias certificadas. Hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, en contra del acto que reclama del Director de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México; por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, en contra del acto que reclamó de la encargada del Despacho de la Delegación Estatal en Yucatán del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando sexto de esta resolución. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos, el informe justificado rendido el Director de lo Contencioso del Registro Agrario Nacional, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en representación de la Directora General de Registro y Control Documental, con sede en la Ciudad de México, sin que sea el caso ponerlo a la vista de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo toda vez que por acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, se proveyó lo conducente. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, el informe justificado rendido por el Director General de Asuntos Jurídicos Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en representación de la Directora General de Registro y Control Documental, con sede en la Ciudad de México; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo; dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Asimismo, ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones relacionadas con el presente asunto, de la citada autoridad responsable; así como sus delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, los señalados en su correspondiente informe. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que mediante Circular 28/2023, de diecinueve de octubre del año en curso, se informó que en sesión extraordinaria de esa data, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, declaró inhábiles los días del dieciséis al veinticuatro de octubre en curso, con motivo de las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos; así como a los avisos de suspensión de labores, emitidos por el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y el Coordinador de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, en el que por causas de fuerza mayor, con motivo del paro de labores se suspendieron los términos judiciales y se declararon inhábiles los días del veinticinco al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés. Ahora bien, toda vez que la audiencia constitucional de este asunto se encontraba programada para el día veintiséis de octubre en curso, no fue posible su celebración; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes
- Carlos Renán Osorio Escalante678/2018
- Carlos Renán Osorio Escalante615/2018
- Carlos Ricardo Baas Contreras1512/2023
- Carlos Ricardo Baas Contreras1616/2023
- Carlos Ricardo López Guillen1061/2018
- Carlos Ricardo Perea Vazquez2076/2022
- Carlos Roberto Baeza Ponce de León680/2019
- Carlos Roberto Ek Dzul220/2018
- Carlos Rodrigo Rodriguez Santamaria1940/2021
- Carlos Rodrigo Rodriguez Santamaria1068/2020
- Carlos Rodrigo Rodriguez Santamarina2216/2022
- Carlos Rodrigo Rodriguez Santamarina2217/2022