Carlos Ricardo López Guillen
Expediente 1061/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 18 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1061/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 01/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Carlos Ricardo López Guillen
- Director de la Policía Municipal de Mérida
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Mérida, Yucatán, uno de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo de once de enero del año en curso, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que el referido proveído, en el cual se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, en razón de que dicho asunto encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó tanto la suspensión provisional como definitiva, lo anterior acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Por otra parte, toda vez que no existe motivo legal alguno para que continúen en la secretaría de este Juzgado, los anexos que la Juez responsable, remitió con su informe justificado; por tanto, devuélvanse los mismos a dicha autoridad, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por la Juez Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, que remite en cumplimiento al requerimiento que se le hizo mediante proveído de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho. Ahora bien, de las constancias que remitió la Juez Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, consistentes en sendos legajos de copias certificadas de los expedientes 482/2018 y 540/2018, relativos a los procedimientos especiales de divorcio incausado, el primero promovido por el quejoso CARLOS RICARDO LOPEZ GUILLEN en contra de la tercero interesada LETICIA ELIZABETH CAHUICH BARRAGAN y el segundo promovido por la nombrada LETICIA ELIZABETH CAHUICH BARRAGAN, en contra del referido CARLOS RICARDO LOPEZ GUILLEN; mismas que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del precepto 2o. de la Ley de la materia, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 77, este último, interpretado a contrario sensu (sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo, en mérito de las razones que se exponen a continuación: En efecto, los mencionados artículos señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." En el presente asunto, desde el auto admisorio se dejó establecido que la parte quejosa reclamaba lo siguiente: Las medidas de protección dictadas en el expedientillo 08/2018 del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial. Ahora bien, se afirma que en la especie se surte la citada causa de improcedencia, toda vez que, aun cuando se estimaran vulnerados los derechos fundamentales del aquí quejoso con motivo del acuerdo reclamado, no se le podría restituir en el goce de los mismos. Se considera lo anterior de esa manera, ya que como se señaló precedentemente, la parte quejosa se duele de las referidas medidas de protección decretadas en su contra. Sin embargo, tomando en consideración que de las constancias que remitió la Juez Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, se advierte que la tercero interesada LETICIA ELIZABETH CAHUICH BARRAGAN, promovió un Procedimiento Especial de Divorcio Incausado en contra del aquí quejoso CARLOS RICARDO LOPEZ GUILLEN, al que se le asignó el número de expediente 540/2018, y en el que mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, entre otras cosas, se decretaron nuevas medidas de protección y se otorgó la custodia provisional de los menores S.R.L.C y S.E.L.C., en favor de la nombrada LETICIA ELIZABETH CAHUICH BARRAGAN. En este contexto, de concederse la protección constitucional solicitada, no se podrían concretar los efectos del fallo protector que en su momento se le concediera, pues ya existen otras medidas de protección y de custodia provisional decretadas en un juicio, las cuales no podrían ser materia del presente asunto. Por ello, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente asunto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 77, interpretado en sentido contrario, y 63, fracción V, de la propia ley. Resulta aplicable al caso en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número 2ª./J. 7/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo V, febrero de 1997, página 281, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. SE PRESENTA EN EL AMPARO CUANDO ES IMPOSIBLE RESTITUIR AL QUEJOSO EN EL GOCE DE SU GARANTIA CONSTITUCIONAL VIOLADA. Cuando se reclame un acto de autoridad que se funde en dos ordenamientos distintos, cualquiera de los cuales puede sustentarlo por sí solo, y únicamente se impugne uno de ellos, el juicio de garantías es improcedente de conformidad con lo ordenado por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por el artículo 80 del mismo ordenamiento, toda vez que aun en el caso de que se declarara la inconstitucionalidad del ordenamiento impugnado, no sería posible restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada porque el acto reclamado seguiría subsistiendo sustentado por el diverso ordenamiento que no se combatió". En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diez minutos del siete de febrero de dos mil diecinueve, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Finalmente, por lo que hace a los anexos remitidos, consistentes en sendos legajos de copias certificadas de los citados expedientes 482/2018 y 540/2018, déjense al cuidado y buen resguardo de la Secretaría de este Juzgado, como anexos uno y dos, pero formando parte a la vez de estos autos, a fin de que las partes puedan imponerse de su contenido en caso de que así lo deseen. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por la Juez Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, que remite en cumplimiento al requerimiento que se le hizo mediante proveído de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho. Ahora bien, de las constancias que remitió la Juez Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, consistentes en sendos legajos de copias certificadas de los expedientes 482/2018 y 540/2018, relativos a los procedimientos especiales de divorcio incausado, el primero promovido por el quejoso CARLOS RICARDO LOPEZ GUILLEN en contra de la tercero interesada LETICIA ELIZABETH CAHUICH BARRAGAN y el segundo promovido por la nombrada LETICIA ELIZABETH CAHUICH BARRAGAN, en contra del referido CARLOS RICARDO LOPEZ GUILLEN; mismas que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del precepto 2o. de la Ley de la materia, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 77, este último, interpretado a contrario sensu (sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo, en mérito de las razones que se exponen a continuación: En efecto, los mencionados artículos señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." En el presente asunto, desde el auto admisorio se dejó establecido que la parte quejosa reclamaba lo siguiente: Las medidas de protección dictadas en el expedientillo 08/2018 del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial. Ahora bien, se afirma que en la especie se surte la citada causa de improcedencia, toda vez que, aun cuando se estimaran vulnerados los derechos fundamentales del aquí quejoso con motivo del acuerdo reclamado, no se le podría restituir en el goce de los mismos. Se considera lo anterior de esa manera, ya que como se señaló precedentemente, la parte quejosa se duele de las referidas medidas de protección decretadas en su contra. Sin embargo, tomando en consideración que de las constancias que remitió la Juez Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, se advierte que la tercero interesada LETICIA ELIZABETH CAHUICH BARRAGAN, promovió un Procedimiento Especial de Divorcio Incausado en contra del aquí quejoso CARLOS RICARDO LOPEZ GUILLEN, al que se le asignó el número de expediente 540/2018, y en el que mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, entre otras cosas, se decretaron nuevas medidas de protección y se otorgó la custodia provisional de los menores S.R.L.C y S.E.L.C., en favor de la nombrada LETICIA ELIZABETH CAHUICH BARRAGAN. En este contexto, de concederse la protección constitucional solicitada, no se podrían concretar los efectos del fallo protector que en su momento se le concediera, pues ya existen otras medidas de protección y de custodia provisional decretadas en un juicio, las cuales no podrían ser materia del presente asunto. Por ello, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente asunto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 77, interpretado en sentido contrario, y 63, fracción V, de la propia ley. Resulta aplicable al caso en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número 2ª./J. 7/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo V, febrero de 1997, página 281, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. SE PRESENTA EN EL AMPARO CUANDO ES IMPOSIBLE RESTITUIR AL QUEJOSO EN EL GOCE DE SU GARANTIA CONSTITUCIONAL VIOLADA. Cuando se reclame un acto de autoridad que se funde en dos ordenamientos distintos, cualquiera de los cuales puede sustentarlo por sí solo, y únicamente se impugne uno de ellos, el juicio de garantías es improcedente de conformidad con lo ordenado por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por el artículo 80 del mismo ordenamiento, toda vez que aun en el caso de que se declarara la inconstitucionalidad del ordenamiento impugnado, no sería posible restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada porque el acto reclamado seguiría subsistiendo sustentado por el diverso ordenamiento que no se combatió". En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diez minutos del siete de febrero de dos mil diecinueve, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Finalmente, por lo que hace a los anexos remitidos, consistentes en sendos legajos de copias certificadas de los citados expedientes 482/2018 y 540/2018, déjense al cuidado y buen resguardo de la Secretaría de este Juzgado, como anexos uno y dos, pero formando parte a la vez de estos autos, a fin de que las partes puedan imponerse de su contenido en caso de que así lo deseen. Notifíquese personalmente y cúmplase. SE NOTIFICA AL QUEJOSO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: toda vez que aún no obra en autos constancia alguna de que se haya notificado al Juzgado Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, el requerimiento que se le hizo por auto de veintiuno de los corrientes, a fin de resolver en este asunto lo que en derecho proceda; lo anterior, toda vez que resulta un hecho notorio que dicha autoridad se encuentra disfrutando de su segundo periodo vacacional del año en curso, mismo que inició el veinte de diciembre de dos mil dieciocho y concluye el cuatro de enero de dos mil diecinueve. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy, y se señala como nueva hora y fecha para su celebración, las nueve horas con diez minutos del siete de febrero de dos mil diecinueve. Notifíquese y cúmplase.
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