Carlos Rivera González

Expediente 407/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
407/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
27/11/2019

Partes del expediente

  • Carlos Rivera González

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se provee: Con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO el acuerdo de seis de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente sumario. En virtud de lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 214 de la Ley de Amparo; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Cabe destacar que el presente expediente NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracción I del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, seis de noviembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, mediante el cual, rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo; asimismo, allega copia certificada de las constancias que integran el expediente laboral 304/2019/M-2, formado con motivo de la demanda presentada por la parte actora *** aquí quejoso el uno de agosto de la presente anualidad; documentales que se tienen desahogas por su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como delegados de la autoridad responsable de mérito; a las personas que menciona en términos del artículo 9, de la Ley de Amparo y como domicilio procesal el que señala. Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos, en específico de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que el acto que reclama el quejoso *** es: La omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, de acordar la promoción presentada por la parte actora el uno de agosto de dos mil diecinueve. .... Como se advierte, los controvertidos constitucionales devienen improcedentes cuando el acto de autoridad que se considera lesivo de los derechos fundamentales del quejoso, cesó en sus efectos; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Sobre dicho tópico la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En ese sentido, el citado tribunal constitucional refirió que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, expone la referida Sala del Máximo Tribunal de este país, que la improcedencia que se invoca se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija; por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, concluye la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. ...De lo expuesto, adquieren relevancia las condiciones que pueden ocurrir para determinar si se está ante una cesación de los efectos del acto de autoridad refutado de inconstitucional, es decir, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la figura en estudio se actualiza al ocurrir cualquiera de los siguientes supuestos: a) Cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y ello da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o bien, b) Cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En el particular, se actualiza el supuesto descrito en el inciso b) que antecede, puesto que de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable, se advierte el acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, dictado en los autos del expediente laboral 304/2019/M-2, mismo que recae al escrito presentado por la parte actora (aquí quejosa) el uno de agosto de la presente anualidad; constancias a las que se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Así, es evidente que la responsable emitió una determinación que constituyó una situación jurídica que destruyó la omisión que originó la promoción de la demanda de amparo, en la que se reclamó la afectación de los derechos fundamentales del requirente de amparo, habida cuenta que con tal actuación tuvo como consecuencia la destrucción del acto omisivo tildado de inconstitucional en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del citado particular. En estas condiciones, la relatada cesación de efectos implica que la presidenta del tribunal responsable ha dejado de afectar la esfera jurídica del peticionario de amparo, siendo patente lo innecesario que resultaría examinar su legalidad o ilegalidad; aunado a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del justiciable que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. A mayor abundamiento, cabe precisar que si hubiere resultado fundada la pretensión de la parte quejosa, se haría nugatorio lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que no habría que reestablecer ni que reintegrarle al demandante de amparo, ya que fue restituido en el pleno goce del derecho humano violado. Sentado lo anterior, es inconcuso establecer que no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Consecuentemente, al haberse actualizado de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley en comento, deviene incontrovertible que este juicio de amparo debe sobreseerse fuera de audiencia con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. ....No obstante lo anterior, a fin de robustecer el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con apoyo en el diverso precepto legal 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta y del anexo respectivo notifíquese personalmente el presente proveído al quejoso Carlos Rivera González. En virtud de lo asentado en párrafos precedentes, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para celebrarse a las diez horas con diez minutos del siete de noviembre de dos mil diecinueve. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. ...

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, once de octubre de dos mil diecinueve. Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *** contra el acto que reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, que considera violatorio en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 8° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 407/2019-IV. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, toda vez que de momento no se advierten causales de improcedencia que conduzcan al desechamiento del presente asunto, así como tampoco de incompetencia que impidan a este tribunal conocer de la presente demanda de amparo; en esas circunstancias, con fundamento en los artículos 1, párrafo primero, 2, 107, 108, 112, 115 y 116 de la Ley de Amparo, se admite. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión respectivo, toda vez que no se solicita expresamente, y tampoco este órgano jurisdiccional advierte que se actualice alguno de los supuestos previstos en los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo, por los que tenga que decretarse de oficio y de plano la medida cautelar correspondiente. Se cita por analogía la tesis I.7o.A.12 K del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro 194751, visible en la página 848, Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. PARA SU ADMISIÓN NO SE REQUIERE QUE EL QUEJOSO SEÑALE EL CAPÍTULO RELATIVO A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO." Por tanto, con apoyo en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir en el plazo de quince días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído y con la oportunidad a que se contrae el primer párrafo del tercero de los numerales invocados, en la inteligencia que de no rendirlo, en la sentencia que se dicte en este asunto, se tomará en cuenta dicha omisión, para los efectos del numeral 117 de la referida legislación, esto es, se presumirá la certeza del acto reclamado; para lo anterior, remítase copia simple de la demanda de amparo. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que deberá acompañar a su informe justificado, las constancias completas y legibles que tomó en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional; en la inteligencia que de no rendir dicho informe o no remitir las constancias relativas, se le impondrá una multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; ello conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo además del artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la tesis número XXIV.2o.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, consultable en la página 2548, Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2013419, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE APERCIBIR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL SOLICITARLO SOBRE LAS CONSECUENCIAS QUE GENERA SU FALTA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 115 Y 117 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN." Hágase saber a las partes que si cesan los efectos del acto reclamado u ocurren causas notorias de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato, según lo dispone el artículo 64 de la Ley de Amparo, apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; ello conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo además del artículo 251 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, cítese a las partes para la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo a las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. En otro contexto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5, fracción IV y 26, fracción III, de la Ley de Amparo, dese la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, corriéndole traslado con la copia del escrito de demanda de amparo y notificándole mediante lista de acuerdos las resoluciones que se emitan en el presente asunto. Resulta aplicable la jurisprudencia número VI. 3o. J/2, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 673, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 230793, de rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES AL MINISTERIO PÚBLICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DEBEN HACERSE POR LISTA. En los términos del artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo de la competencia de los juzgados de Distrito, se harán al Ministerio Público por medio de lista que se fijará en lugar visible en el juzgado; por tanto, si de las constancias del juicio se observa que la notificación del auto admisorio se realizó por medio de lista al representante social, tal notificación debe considerarse ajustada a derecho. Consecuentemente, resulta infundada la argumentación que se hace consistir en que la referida notificación debió hacerse por oficio o en forma personal, dado que no hay ninguna disposición en la Ley de Amparo que así lo establezca." Asimismo, es aplicable la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 334, Tomo II, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 230205, de rubro: "MINISTERIO PÚBLICO. NOTIFICACIONES AL ADSCRITO A LOS JUZGADOS DE DISTRITO. SURTEN EFECTOS POR LISTA." Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Jardín Hidalgo número 113, casi esquina con Pedro Antonio Santos, de la Zona Centro esta ciudad. Asimismo, se tiene como autorizado del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Maximiano Castillo Balleza, en virtud de que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito y únicamente para imponerse de los autos a Carlos Alejandro Bustos Ruiz por no contar con dicho requisito. No pasa inadvertido para este juzgado federal que el quejoso en su escrito inicial de demanda manifiesta exhibir como prueba de su parte la documental consistente en el escrito de petición que hizo a la autoridad responsable, sin ésta haya sido anexada. Asimismo, en el capítulo relativo al acto reclamado refiere que su escrito de petición (demanda) lo recibió la responsable el once de enero de dos mil dieciocho, mientras que en el apartado de antecedentes, en el punto uno, indica que su escrito de demanda lo presentó el uno de agosto de dos mil diecinueve; sin embargo, dicha contradicción no provoca requerir la aclaración del escrito de demanda debido a la naturaleza del acto reclamado (omisión de acordar demanda laboral). Es aplicable lo anterior, la jurisprudencia PC.III.L. J/24L, emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la página 928, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2015842, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO INDIRECTO. CASO DE EXCEPCIÓN A LA REGLA GENERAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE PROVEER RESPECTO DE LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA LABORAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), estableció que, por regla general, es notoriamente improcedente el juicio de amparo indirecto promovido por una de las partes en el juicio natural, contra la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, por tratarse de una violación intraprocesal que no afecta materialmente derechos sustantivos, al no constituir actos de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, en esa misma tesis, señaló una excepción a esa regla general, específicamente cuando el Juez advierta de la demanda, que se está ante la "paralización total del procedimiento". Luego, en atención a los efectos que produce la omisión de proveer sobre la admisión de una demanda laboral en un plazo razonable, es decir, cuando ha transcurrido un lapso mayor al doble de las 24 horas hábiles que prevé el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo (más de 48 horas, comprendidas de las 7:00 a las 19:00 horas de los días hábiles, acorde a los arábigos 714 a 716 de la ley citada), contado a partir de que el escrito se recibió en la Oficialía de Partes de la Junta, o bien, de la primera hora hábil del día siguiente a su recepción en la Oficialía de Partes o Unidad Receptora Común, se concluye que si no existe constancia de lo primero, se actualiza la paralización del procedimiento, con el consecuente perjuicio de imposible reparación, al afectar materialmente el derecho sustantivo de acceso a la justicia del promovente y, por ende, contra ese acto omisivo, procede el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 107, fracción V, invocado." Por otro lado, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, sin necesidad de solicitud por escrito y acuerdo que recaiga al mismo; lo anterior siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Tiene de apoyo lo anterior, en la tesis aislada número I.13o.T.15 K (10a.), emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado En Materia de Trabajo Del Primer Circuito, en la página 1560, Libro 9, de Agosto de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, con número de registro 2007298, que a la letra dice: "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL).La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, expídanse a costa de las partes, las copias de las constancias que integren el presente juicio y de las remitidas por las autoridades responsables en apoyo a su informe justificado, sin necesidad de promoción y acuerdo que le recaiga; lo anterior, siempre y cuando las constancias solicitadas no contengan datos sensibles, reservados o confidenciales en términos de la Ley de Transparencia. Por otro lado, saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de sus facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, le hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por los actuarios adscritos a este juzgado federal, sólo en caso de que no les sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Finalmente, se ordena notificar a la autoridad responsable únicamente aquellas determinaciones que resulten trascendentes dentro del presente sumario constitucional, conforme a lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 1253, Libro XVI, de Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese.

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