Carlos Pérez Sánchez
Expediente 17/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 17/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Carlos Pérez Sánchez
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de marzo de dos mil veintidós. Firmeza Vista la certificación de cuenta, se desprende que el auto donde se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Archivo Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y dado que no existe tramite pendiente archívese en el presente juicio como asunto totalmente concluido...
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, once de febrero de dos mil veintidós. Vista la comparecencia que antecede, se advierte que Marcos Morales Hervert aceptó y protestó el cargo conferido en proveído de dos de febrero del año en curso, manifestó que se impuso de los autos y señaló domicilio para oír y recibir notificaciones. En tales condiciones se tiene satisfecha la designación de asesoría legal ordenada por ese órgano y se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el citado defensor.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, dos de febrero de dos mil veintidós. Se recibe oficio. Por recibido el oficio de cuenta, enviado vía correo electrónico por el Coordinador General de la Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí, por el cual, en cumplimiento al proveído de diecinueve de enero del año en curso, designa asesores a favor del quejoso ***. Requerimiento a defensores. En ese orden de ideas, mediante oficio que al efecto se libre, requiérase a los profesionistas designados,***, con domicilio para oír y recibir notificaciones en las oficinas de la Dirección de la Defensoría Pública ubicadas en calle 16 de Septiembre, número 1009, colonia obrera, zona Centro, en esta ciudad. Asimismo, a Arturo Guadalupe Jiménez Camacho e Iván Pedraza Ochoa, con domicilio para oír y recibir notificaciones en las oficinas de la Coordinación General de la Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí, ubicadas en boulevard Antonio Rocha Cordero, número 507, fraccionamiento Simón Díaz (Prolongación Calzada de Guadalupe esquina Periférico Sur) en la ciudad de San Luis Potosí. Para que mediante promoción digital firmada electrónicamente, dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, acepten y protesten el cargo conferido manifiesten que se impusieron de los autos en la forma que consideren (física y/o electrónica). Cabe precisar que, al ordenar que se realice la aceptación en comento de manera electrónica, se consideró el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, por lo que de ser posible y tomando en consideración las herramientas tecnológicas necesarias, la tramitación de este juicio será en medida de lo posible, mediante el esquema de "juicio en línea"; protegiendo así el derecho a la salud del profesionista en comento así como de los servidores públicos que laboran en este Órgano de Control Constitucional; sin perjuicio de que, conforme se vaya actualizando la epidemia del COVID-19 se tomen más medidas, para seguir cuidando de la salud de los involucrados en el presente juicio, incluyendo el uso de las videoconferencias como método alternativo para el desahogo de audiencias. No es inadvertido, que el promovente señala un domicilio en la ciudad de San Luis Potosí, a efecto de recibir notificaciones, así como un usuario para la consulta del expediente electrónico; empero, una vez que el asesor jurídico acepte y proteste el cargo, será éste el que proporcione los datos atinentes. Notifíquese y por oficio a los defensores públicos.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Demanda no urgente. Es de precisarse que el veintitrés de septiembre del dos mil diecinueve, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la modificación al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma el que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, vigente a partir de esa fecha, en el cual se reformó el artículo 48, para dejar establecido que a partir de esa data las órdenes de traslado ya no tendrían el carácter de urgentes. Demanda de amparo. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ..., contra actos que reclama del Director General del CERESO número 1, La Pila, con domicilio ampliamente conocido en San Luis Potosí y de otras autoridades, que considera violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 18, 20, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 17/2022. Digitalización. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento: Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, página 890, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Esencialmente, la Jurisprudencia en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama del Director General de CERESO número 1 de "La Pila", con domicilio ampliamente conocido en San Luis Potosí capital y otras autoridades: "El traslado del CERESO número uno "La Pila " al Centro Penitenciario Estatal de Ciudad Valles, San Luis Potosí" En este orden de ideas, con relación a tales actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que el aquí inconforme, antes de acudir en demanda de amparo, está obligado a agotar el medio ordinario de defensa previsto en la ley que rige el procedimiento, a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto que reclama. Al respecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Como puede advertirse, la señalada causa de improcedencia descansa en el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, pues siendo el amparo un juicio extraordinario, resulta obvio que a él sólo pueda acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa legal previsto en la ley ordinaria, y que sea el idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, pues en esto estriba precisamente el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual debió agotarse previamente por el accionante del amparo. En ese orden de ideas, del precepto legal trascrito, para que se actualice tal causal de improcedencia, se desprenden las siguientes hipótesis: Que se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Que la ley ordinaria que rige el acto reclamado conceda contra el mismo algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa se prevea dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y Que por virtud de dicho medio, la resolución pueda ser modificada, revocada o nulificada. Cabe decir que para los efectos del juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es aquél que está establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. De manera tal que para que opere el principio de definitividad que rige al juicio de derechos fundamentales, es necesario que exista un recurso ordinario señalado en la ley mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad. Al respecto, este juzgador estima conveniente traer a colación la Contradicción de Tesis 57/2018, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se estableció lo relativo a los mecanismos de defensa respecto a las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad. El Máximo Tribunal definió que una interpretación sistemática en la parte conducente de los artículos 3°, fracciones XVII y XXV; 9, fracciones I, II, III, VI y VII; 10, fracciones II, IV y V; y 30 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite concluir que una condición de internamiento es cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo y artículos para el deporte y la recreación. " Artículo 3. Glosario - - - Para los efectos de esta Ley, según corresponda, debe entenderse por: [.] XVII. Persona privada de su libertad: A la persona procesada o sentenciada que se encuentre en un Centro Penitenciario; [.] XXV. Suministros: A todos aquellos bienes que deben ofrecer los Centros Penitenciarios, gratuitamente, entre ellos, el agua corriente y potable, alimentos, medicinas, anticonceptivos ordinarios y de emergencia; ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo y artículos para el deporte y la recreación; [.]." " Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario - - -Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. - - - Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: - - -I. Recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias fundadas en prejuicios por razón de género, origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidades, condición social, posición económica, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o identidad de género, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana; - - -II. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y sexo en por lo menos unidades médicas que brinden asistencia médica de primer nivel, en términos de la Ley General de Salud, en el Centro Penitenciario, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al Centro Penitenciario o que la persona sea remitida a un Centro de Salud Público en los términos que establezca la ley; - - - III. Recibir alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, adecuada para la protección de su salud; - - - [.] - - -VI. Recibir un suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal; - - -VII. Recibir un suministro de artículos de aseo diario necesarios; [.]." "Artículo 10. Derechos de las mujeres privadas de su libertad en un Centro Penitenciario --- Además de los derechos establecidos en el artículo anterior, las mujeres privadas de la libertad tendrán derecho a: [.] III. Contar con las instalaciones adecuadas y los artículos necesarios para una estancia digna y segura, siendo prioritarios los artículos para satisfacer las necesidades de higiene propias de su género; IV. Recibir a su ingreso al Centro Penitenciario, la valoración médica que deberá comprender un examen exhaustivo a fin de determinar sus necesidades básicas y específicas de atención de salud; V. Recibir la atención médica, la cual deberá brindarse en hospitales o lugares específicos establecidos en el Centro Penitenciario para tal efecto, en los términos establecidos en la presente Ley; [.] ." "Artículo 30. Condiciones de internamiento --- Las condiciones de internamiento deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. --- Las personas privadas de la libertad podrán ejercer los derechos y hacer valer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que estuvieren pendientes al momento de su ingreso o aquellos que se generen con posterioridad, salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas." Señaló que la Ley Nacional de Ejecución Penal establece en el título cuarto denominado "Del Procedimiento de Ejecución" en la parte correspondiente a su capítulo III relativo al "Procedimiento Administrativo", un mecanismo de control mediante el cual una persona privada de su libertad, sea en su carácter de procesada o sentenciada, tiene el derecho de reclamar a la autoridad penitenciaria hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Que ese mecanismo debe regirse por los principios de dignidad, igualdad, legalidad, debido proceso, transparencia, confidencialidad, publicidad, proporcionalidad y reinserción social. Que el mismo, faculta a la persona privada de su libertad a formular peticiones denominadas administrativas, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, por lo que el mismo inicia con la presentación de una petición ante la autoridad correspondiente. Que las peticiones administrativas pueden ser presentadas por el interno, sus familiares o defensores, entre otros; que tienen por objeto que la autoridad penitenciaria declare si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura del interno, o bien, si existió afectación a los derechos de terceras personas, y en caso de existir, lograr la subsanación de dicha afectación. Que igualmente, dicho mecanismo de control establece dos modalidades, a saber, las peticiones no urgentes y las urgentes, cuyo trámite dependerá del carácter apremiante de la petición realizada. Precisó que las peticiones administrativas no urgentes se formularán por escrito, sin formalidad alguna, ante el Director del Centro en donde se encuentren recluida la persona; que los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población; que el desistimiento del interno no implica la pérdida de su derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Señaló que en el escrito de petición se podrá aportar información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión; que cuando el interno lo solicite, la autoridad administrativa del centro lo auxiliará para que formule el escrito correspondiente. Por otra parte, estableció que las peticiones administrativas no urgentes deberán sustanciarse de la forma siguiente: a) Recibida la petición, la autoridad penitenciaria dentro de las veinticuatro horas siguientes, la admitirá por escrito e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Tal determinación debe notificarse de forma personal al promovente. b) En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla; de no hacerlo, la autoridad citará al promovente para que de manera personal y verbal aclare su petición. Hecho esto, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se desechará la petición formulada. c) Si la petición se admite, el Director del Centro tendrá la obligación de allegarse, para mejor proveer, por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo de cinco días. A fin de atender de manera óptima la petición, la autoridad deberá considerar la información aportada por el peticionario, siempre que ésta sea procedente. La obligación del director de allegarse de información deberá acompañarse de acciones tendentes a no retrasar la respuesta a la petición. d) Si existe más de una petición con un mismo objeto, sea parcial o total, éstas serán acumulables y se resolverán en un solo acto conjunto. La parte de la petición que no fue objeto de acumulación, continuará substanciándose por separado. e) Si la petición no se resuelve en el plazo previsto en la ley, los peticionarios podrán acudir ante el juez correspondiente a demandar la omisión. El juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. f) En caso de ser procedente la acción, requerirá a la autoridad para que responda la petición. También dará cuenta al superior jerárquico inmediato de ésta. g) Si la persona que formuló la petición fue el interno, la autoridad penitenciara le hará saber que tiene derecho a la interposición del recurso ante el juez de control o ejecución según corresponda. La autoridad penitenciaria debe dejar constancia por escrito que le hizo saber al interno de ese derecho. h) La impugnación ante el juez se realizará dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la resolución respectiva, pero si los actos son continuos o permanentes, la controversia ante el juez podrá plantearse en cualquier momento. Ésta se sustanciará conforme a un sistema adversarial y oral. Se regirá por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad. En la misma el interno siempre deberá contar con un defensor que lo represente y asista en las audiencias correspondientes. La autoridad administrativa -como parte- podrá intervenir por conducto del titular de la dirección del centro o la persona que designe. El promovente podrá cuando lo estime, desistir de la acción, siempre que ello no implique la renuncia a un derecho fundamental. i) Del mismo modo, dicha controversia establece la posibilidad de que el interno interponga recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite que emita el juez, a fin de que éste examine de nueva cuenta su determinación y dicte la resolución que corresponda. j) Asimismo, contra la resolución final emitida por el juez de control o de ejecución en dicha controversia, procederá el recurso de apelación, el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se impugne. De este recurso conocerá la alzada y su objetivo será que se revise la legalidad de la determinación impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Por otra parte, que cuando las peticiones recaigan sobre casos urgentes, que por su carácter apremiante deban ser atendidas de inmediato, pues de lo contrario quedarían sin materia, el trámite de la petición se substanciará de la siguiente forma: 1. El promovente de la petición acudirá directamente ante el juez para plantearle su petición. 2. Hasta en tanto se resuelva la petición en definitiva, el juez de oficio y de inmediato si se trata de un acto positivo suspenderá el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere. De ser procedente la petición presentada el juez reparará la afectación. 3. Del mismo modo, tal petición establece la posibilidad de que el interno interponga recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite que emita el juez, a fin de que éste examine de nueva cuenta su determinación y dicte la resolución que corresponda. 4. Contra la resolución emitida por el juez, procederá el recurso de apelación, el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se impugne. De este recurso conocerá la alzada y su objetivo será que se revise la legalidad de la determinación impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. 5. Si el juez determina que por la naturaleza de la promoción, ésta no constituye un caso urgente, redirigirá la petición al centro de reinserción correspondiente para su tramitación y la petición se seguirá conforme a lo establecido en párrafos que anteceden. El juez deberá recabar registro de la entrega al centro de reinserción. De lo expuesto, es dable decir que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de que se trata, determinó que cuando una persona privada de su libertad reclame actos, hechos u omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, entendidas estas como "cualquier medio o acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo, y artículos para el deporte y la recreación"; antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Lo anterior, porque ese mecanismo contiene dentro de su procedimiento la posibilidad de formular peticiones administrativas que cumplen con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual los internos están facultados para reclamar sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento. Además, el citado mecanismo de control ofrece una asistencia continua y personalizada al interno, pues en ciertos supuestos podrá acudir de manera directa a la autoridad penitenciaria a explicarle la misma, la razón de ésta y podrá presentar las pruebas que estime conducentes para apoyarla. De hecho, la autoridad penitenciaria, con la finalidad de proteger los derechos del interno, deberá allegarse oficiosamente de las pruebas necesarias para responder de manera óptima la petición. También dicho mecanismo ofrece la posibilidad de que la omisión reclamada sea reparada por la autoridad penitenciaria y que el interno impugne la respuesta, si estima que ésta es contraria a sus intereses, ante el juez de ejecución o control, según corresponda; igualmente, establece que contra dicha resolución, es decir, la del juez, la persona privada de su libertad o la parte promovente, puede interponer recurso de apelación ante la alzada, en caso de que considere que la decisión adoptada por el juez vulnera sus derechos, medio de impugnación que tiene por objeto modificar, revocar o confirmar la determinación impugnada. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia por lo que hace a los actos reclamados anteriormente descritos, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues en contra del acto reclamado, procede un mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, sin que éste se haya hecho valer antes de la presentación de la demanda de amparo, mediante el cual podría modificarse, revocarse o nulificarse aquél. Domicilio Notificación de la parte quejosa en el centro penitenciario. Toda vez que el quejoso refiere estar interno el ubicado en el Centro Estatal Penitenciario de Ciudad Valles, San Luis Potosí, dado que se encuentra recluido en dicho lugar, por lo que se ordena realizar la notificación de este proveído y demás acuerdos que se dicten en este sumario en el aludido centro carcelario. Ahora como lo solicita el promovente, requiérase a la Coordinadora de la Defensoría Pública del Estado en San Luis Potosí, con sede en la ciudad capital, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo y de no existir impedimento legal para ello, designe a un asesor jurídico que pueda fungir como defensor del aludido quejoso en la tramitación del presente juicio constitucional; para lo cual se remite copia de demanda; una vez que este órgano de control constitucional tenga conocimiento del abogado designado para ello, se acordará lo atinente a la aceptación y protesta de dicha encomienda. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo solicitado dentro del término concedido, o no manifestar el impedimento legal que se tenga para ello, se impondrá a la citada autoridad una multa por la cantidad de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con apoyo en el artículo 259 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2019 sustentada por la Primera Sala, publicada en la Décima Época en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Libro 69, Agosto de 2019, página 1301, con número de registro 2020495, que establece: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO.- El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves Reproducción electrónica. Por otro lado, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, sin necesidad de solicitud por escrito y acuerdo que recaiga al mismo; lo anterior siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Expedición de copias. En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integren el presente juicio y de las remitidas por las autoridades responsables en apoyo a su informe justificado, sin necesidad de promoción y acuerdo que le recaiga; lo anterior, siempre y cuando las constancias solicitadas no contengan datos sensibles, reservados o confidenciales en términos de la Ley de Transparencia. Para ello bastará: I) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del juzgado responsable de su expediente; (II) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado más cercano al edificio en el que se encuentra este juzgado federal; y, (III) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito.1 En el entendido de que a efecto de que se haga la entrega de la copias que lleguen a solicitar las partes, éstas deberán generar la cita correspondiente en el Portal Judicial de la Federación, en el micro sitio "Servicios Jurisdiccionales", donde se localiza el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles para acudir a este juzgado federal y al efecto se otorgara un código QR, que le permitirá ingresar a este órgano jurisdiccional -en un horario de las doce horas con treinta minutos a las dieciocho horas con treinta minutos, de lunes a viernes-, en la inteligencia de que el límite máximo de la duración de la cita es de veinticinco minutos; por lo que, se le exhorta a presentarse puntualmente en el horario elegido; asimismo, deberá cumplir con las medidas sanitarias establecidas ya que en caso de incumplimiento se podrá restringir el acceso o, en su caso, se procederá a su expulsión del recinto. Protección de datos personales. Conforme a los artículos 23, 70 fracción XXXVI, y 73 fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27, 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto se clasifica como de información no reservada. Sin embargo, en términos del artículo 111 de la Ley General en comento, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Órgano de Control Constitucional se testarán las partes o secciones que en su momento tuviesen información reservada o confidencial. Habilitación al actuario. Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por los actuarios adscritos a este juzgado federal, sólo en caso de que no les sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Exhortación para utilizar el "juicio en línea". En otro aspecto, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de las personas y la propagación del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que en la medida de lo posible accedan a las herramientas tecnológicas necesarias para efecto de continuar con la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Cabe precisar que en el caso de que la anterior exhortación no sea atendida por la totalidad de las partes, no será posible que el presente asunto se trámite mediante el esquema denominado "juicio en línea", en tanto que para que ello sea posible, resulta necesario que todas y cada una de las partes cuenten con acceso a medios electrónicos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión.
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