Carlos Omar Acosta Lizcano

Expediente 87/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
87/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
09/08/2021

Partes del expediente

  • Carlos Omar Acosta Lizcano

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de seis de mayo de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa el plazo de noventa días naturales a efecto de que compareciera a este juzgado federal a recoger los documentos exhibidos en el presente sumario Constitucional, esto, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en la inteligencia que en caso de no comparecer en el término fijado dichos documentos serían destruidos con el presente expediente. En consecuencia, toda vez que ha fenecido el plazo otorgado mediante el proveído de referencia, sin que la parte quejosa acudiera a este órgano jurisdiccional para los fines citados con antelación, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido acuerdo, esto es, los documentos exhibidos serán destruidos con el presente expediente. Finalmente, en atención a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas; quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Norma Elizabeth López Rodríguez, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, encargada del despacho, por encontrarse en su periodo vacacional el Titular del Juzgado, en términos del artículo 141 de la Ley de Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de julio de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CR./CJD./003/2730/2021, quien actúa ante el licenciado David Jorge Siu Huerta, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe.DJSH/evr

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, seis de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, se advierte que existen documentos originales exhibidos por el quejoso en la demanda de amparo, en tales condiciones se ordena notificarle por lista, para que acuda a este Juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días naturales, a recoger dichas constancias, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, las referidas documentales serán destruidas con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En el entendido de que a efecto de que se le haga entrega de las constancias existentes en el expediente, deberán generar la cita correspondiente en el Portal Judicial de la Federación, en el micro sitio "Servicios Jurisdiccionales", donde se localiza el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles para acudir a este juzgado federal, y al efecto se otorgará un código QR, que le permitirá ingresar a este órgano jurisdiccional -en un horario de las trece horas con treinta minutos a las diecisiete horas, de lunes a viernes-, en la inteligencia de que el límite máximo de la duración de la cita es de veinticinco minutos; por lo que, se le exhorta a presentarse puntualmente en el horario elegido; asimismo, deberá cumplir con las medidas sanitarias establecidas en el acuerdo en mención, ya que en caso de incumplimiento se podrá restringir el acceso o, en su caso, se procederá a su expulsión del recinto, de conformidad con el artículo 7 del ordenamiento multicitado. Notifíquese por lista al quejoso, conforme lo ordenado en auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 2, fracciones I y II, y 20 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el apartado II, punto 16 de la circular SECNO/10/2021 de trece de febrero de dos mil veintiuno, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se reanudan los plazos y términos que en el presente asunto estuvieron suspendidos en el periodo del uno al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, con motivo de dicha contingencia. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de veintidós de febrero del año en curso, que desechó la demanda promovida por Carlos Omar Acosta Lizcano, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese en el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el Artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al Artículo 21 inciso d), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó desechar la demanda de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido, de acuerdo al artículo 8.1.2.2. del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Demanda de amparo. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos que reclama del Superintendente de la Unidad de Negociación Golfo Centro Zona de Distribución Valles, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, que considera violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 13, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 87/2021. Digitalización. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento. Ahora bien, para proveer lo conducente, resulta necesario imponerse de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la constitución federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. En esta tesitura, del análisis de la demanda de amparo y anexos, se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "III.-AUTORIDADES RESPONSABLES. - COMO AUTORIDAD ORDENADORA: A.- AL SUPER INTERDENTE DE LA UNIDAD DE NEGOCACION GOLFO CENTRO ZONA DE DISTRIBUCIÓN VALLES [.] COMO EJECUTORAS: B.- AL C ENCARGADO DE DISTRIBUICIÓN Y QUIEN FUE QUIEN ME HIZO LA REVISIÓN EL C. RODOLFO NAVA PONCE. IV.- ACTO RECLAMADO: A).- DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA RECLAMO.- La orden que emito con fecha 12 de febrero del presente año con número de folio DUOOO-AR OO39127/2021 EN LA CUAL ORDENA LA REVISION al sistema de medición y la instalación eléctrica a través del C. RODOLFO NAVA PONCE Y POR ENDE EL CORTE DE MI SUMINISTRO ELECTRICO del domicilio que me encuentro ubicado en calle rio misisipi 201 y por ende las multas y consecuencias que esto me llegare a generar. B.- DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO EJECUTORA RECLAMO.- el cumplimiento ordenado de la autoridad ordenadora." Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5º, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, éstos últimos interpretados en sentido contrario, los que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.] Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables." Del contenido de los preceptos transcritos se advierte que es indispensable que los actos reclamados, para efectos del juicio de amparo, se atribuyan a una autoridad, teniendo tal carácter las que, por disposición legal se encuentran en un plano de supra a subordinación en relación con el gobernado, y que al emitir un acto de forma unilateral, es decir, sin la voluntad del particular, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica de éste. En ese contexto, este órgano jurisdiccional advierte que en el presente caso la quejosa señaló como autoridades responsables al Superintendente de la Unidad de Negociación Golfo Centro Zona de Distribución Valles, con residencia en esta ciudad y Encargado de Distribución; personas morales que no pueden ser consideradas como autoridades para efectos del juicio de amparo. Lo anterior, tal y como lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, al resolver la contradicción de tesis 250/2017, en la que sostuvo, en lo medular, lo siguiente: "Esta Segunda Sala considera que la vía procedente es la ordinaria mercantil, por tratarse de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan del contrato de suministro de energía eléctrica a la quejosa, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, tal como lo señaló esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4729/2014. La conclusión alcanzada en el párrafo anterior se puede corroborar de la lectura de los artículos 75, fracciones V y XXV y 1049 del Código de Comercio, los cuales establecen lo siguiente: `Art. 75. La ley reputa actos de comercio: (.) V. Las empresas de abastecimientos y suministros; (.) XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código.´ `Art. 1,049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4°, 75 y 76, se deriven de los actos comerciales.´ Así, de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en dichas porciones normativas, debe entenderse que el suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil y no ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior, ya que la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, deriva de actos de una relación de coordinación entre la empresa -Comisión Federal de Electricidad- y el usuario del servicio, en virtud de un contrato de suministro de energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier relación contractual. Por lo tanto, la Comisión Federal de Electricidad, no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. En virtud de lo anteriormente expuesto, se concluye que en contra de los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, resulta procedente la vía mercantil, al constituir dicho contrato un acto de comercio." En ese sentido, actualmente subsiste el criterio de que el servicio de suministro energía eléctrica que presta la Comisión Federal de Electricidad es un acto de comercio, que se ubica en el ámbito del derecho mercantil, ya que la contratación de dicho servicio participa de dicha naturaleza jurídica. En consecuencia, si el acto reclamado se relaciona con la prestación de dicho servicio de suministro de energía eléctrica, proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad, a partir de la relación comercial entre la parte promovente con dicha empresa productiva del estado, dicho acto no puede considerarse proveniente de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues con independencia de la naturaleza jurídica de dicha entidad, lo cierto es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los actos relacionados o que deriven de la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica -como el señalado como reclamado- deben considerarse de naturaleza mercantil. En ese orden de ideas, cuando la Comisión Federal de Electricidad emite actos o incurre en omisiones, con motivo de la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica, no actúa en una relación jurídica de supra a subordinación, es decir, no actúa con imperio, imponiendo su voluntad en forma directa y unilateral, creando, modificando o extinguiendo por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica de los particulares; en consecuencia, no puede ser considerada como autoridad para efectos del juicio de amparo. Atento a lo anterior, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ***, en contra del acto que reclama al Super Intendente de la Unidad de Negociación Golfo Centro Zona de Distribución Valles, con residencia en esta ciudad y Encargado de Distribución ; ello con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del trámite el resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por el derecho de prontitud en la impartición de justicia, previsto en el artículo 17 constitucional; lo que incluso le permite acudir oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos. Por otra parte, resulta pertinente señalar que si bien es cierto este órgano jurisdiccional ha admitido demandas de amparo en contra del corte del suministro de energía eléctrica, ello obedeció a que en tales casos, se encontraban involucrados derechos humanos tales como la educación y la salud, sin que en el presente caso se desprenda la violación en contra del quejoso a alguno de esos derechos; sino que, por el contrario el quejoso manifiesta, únicamente, que tiene el temor de que, por el acto reclamado, se le puedan imponer sanciones administrativas o penales. En ese orden de ideas, no se actualiza la excepción al hecho de que con motivo del corte en el suministro de energía eléctrica, la autoridad señalada como responsable sí puede ser considerada como tal -al emitir actos con los cuales vulnera derechos humanos-. Autorizados. Se autoriza, en términos de lo dispuesto en la última parte del artículo 12 de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a ***, toda vez que así lo solicitó expresamente el promovente. Domicilio. Ahora, tomando en consideración que el quejoso, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal; con fundamento en los artículos 26 fracción III, adminiculado con el numeral 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizarle las notificaciones, incluso las de carácter personal, a través de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 3,298 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano