Carlos Pineda Gomez
Expediente 166/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 166/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 09/07/2021
Partes del expediente
- Carlos Pineda Gomez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Cuenta. El nueve de julio de dos mil veintiuno, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, nueve de julio de dos mil veintiuno. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo; sin que lo hubieren hecho. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Archivo. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse sobreseído respecto de todos los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Cuaderno incidental original. Por su parte, se establece que el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción ya que se ubica en la hipótesis del artículo 21, inciso c), ya que se negó la suspensión provisional y la definitiva; por tanto, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, procedase a su destrucción. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al ubicarse en el supuesto previsto en el inciso a), fracción II del artículo 20 del Acuerdo antes referido; por lo que se ordena dejar por separado del cuaderno principal y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
NOTIFÍQUESE
- Principal
Cuenta. El doce de abril de dos mil veintiuno, se da cuenta con la certificación secretarial y con el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, doce de abril de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra programada para el día de hoy; asimismo, que aún no empieza a transcurrir el plazo de ocho días otorgado a la parte quejosa con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, dado que fue notificado el once de abril de dos mil veintiuno. Diferimiento. En consecuencia, para dar margen a que transcurra la vista del informe justificado, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las doce horas con treinta minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la misma. Notificación innecesaria a la autoridad. En atención a lo ordenado en el auto de admisión, así como a la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a la autoridad responsable a efecto de notificarle la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese.
- Principal
Cuenta. El cinco de abril de dos mil veintiuno, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con los oficios registrados con los números 3353 y 3354. Conste.Tijuana, Baja California, cinco de abril de dos mil veintiuno. Designación de defensores públicos. Agréguense a los autos para que obren como correspondan, los oficios que remite la Coordinadora Penal Zona Costa Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, mediante los cuales en cumplimiento a los diversos requerimientos de nueve y veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, designa a los licenciados Marianna Lizbeth García y Jesús Mendoza Medina, a fin de que brinden el servicio de defensa al quejoso Carlos Pineda Gómez. Atento a lo anterior, se tiene como defensores públicos del quejoso a los licenciados Marianna Lizbeth García y Jesús Mendoza Medina; por lo que, con fundamento en los artículos 1 y 14 constitucionales, y en términos de los arábigos 2, fracción I, de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, resulta procedente dar vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo; para para que vigilen la representación legal de los intereses del quejoso, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que las mismas deban ser examinadas de oficio por el juzgador de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. Lo anterior, acorde a los lineamientos previstos en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, instituido en el Estado Mexicano a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio jurisprudencial Tesis 1a./J.43/2019 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registrada bajo el número 2020495, publicada el veintitrés de agosto pasado, de rubro y texto siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato e servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc. -, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Autorizados. Asimismo, téngase como autorizados para oír y recibir notificaciones de los defensores públicos señalados, a las personas que se precisan en los oficios de cuenta. Domicilio. Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de los citados defensores públicos el indicado en los oficios que se atienden. Notifíquese y personalmente al quejoso y a sus defensores públicos.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
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