Carlos Niño Arias
Expediente 265/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 17 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 265/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 19/07/2023
Partes del expediente
- Carlos Niño Arias
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en la que se negó el amparo solicitado por la parte quejosa, sin que lo hubiere hecho. Ejecutoria. Con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria; en consecuencia, dense los avisos de ley. Certificación. Que de conformidad con los artículos 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hizo constar que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que verificó el secretario de juzgado al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de conservable por haberse negado el amparo solicitado por la parte quejosa, por lo que una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo se ordena la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.Así lo acuerda y firma la licenciada Claudia Beatriz De Haro Arellano, secretaria del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, encargada del despacho por vacaciones concedidas a la titular, mediante oficio CCJ/ST/3756/2023 de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, ante Jazmín Itzel Mondragón Isais, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. Wendy (
- Principal
Cuenta. El veintiuno de junio de dos mil veintitrés, se da cuenta con la constancia actuarial que antecede. Conste.Tijuana, Baja California, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Imposibilidad actuarial. Vista la constancia de cuenta de la cual se advierte la imposibilidad que tuvo el fedatario judicial de notificar la sentencia dictada el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Notificar por lista. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo no se advierte diverso domicilio donde el tercero interesado pueda ser notificado; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena al actuario de este juzgado notificarle por lista que se fije en los estrados de este juzgado, la referida sentencia y el presente auto, así como los subsecuentes, aun los de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. Notifíquese; y por lista al tercero interesado ********************
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Imposibilidad actuarial. Vista la constancia de cuenta de la cual se advierte la imposibilidad que tuvo la fedataria judicial de notificar la sentencia dictada el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, al quejoso Carlos Niño Arias, toda vez que al constituirse en las instalaciones del Centro de Reinserción Social "El Hongo I", con sede en Tecate, Baja California, le informaron que el trece de diciembre de dos mil veintidós, éste fue puesto en libertad. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se ordena a la actuaria de este juzgado, notificar al quejoso en comento, por lista la sentencia dictada el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, así como el presente auto y los subsecuentes, aún los de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA LA SENTENCIA DE TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS A LA PARTE QUEJOSA CARLOS NIÑO ARIAS EN TÉRMINOS DEL ARTICLO 26, FRACCIÓN III, EN RLEACIÓN CON EL 29 AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, MISMA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: sición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al Órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma, para lo cual el Órgano jurisdiccional citará a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla y resolver en consecuencia." De la reproducción anterior, se desprende que las partes podrán solicitar al órgano jurisdiccional la revocación, sustitución o modificación de una medida cautelar, cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron su imposición. Para ello, tendrá verificativo una audiencia de revisión de medida cautelar, donde se llevará a cabo el debate entre las partes, a fin de que el solicitante exponga las consideraciones que a su juicio justifiquen el cambio de las condiciones que se tomaron en cuenta para decretar la medida cautelar, de manera que se logre la revocación, sustitución o modificación; y por otro lado, la contraparte, esgrimirá argumentos para evidenciar la permanencia de las condiciones iniciales que motivaron su imposición, así como la necesidad de que subsista la medida cautelar que se trate. De ello se obtiene que la revisión de la medida cautelar conlleva: a) La imposición previa de una medida cautelar. b) Su objeto es determinar la variación objetiva de las condiciones que motivaron su imposición. c) Su finalidad es la revocación, sustitución o modificación de la medida cautelar previamente decretada. Conforme a ello, la obligación del juez de control se circunscribe a analizar si las circunstancias que motivaron la imposición de la medida cautelar se modificaron en forma objetiva. Por su parte, los artículos 20, Apartado B, fracción IX constitucional y 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen que: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] B. De los derechos de toda persona imputada: [.] IX. [.] La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. [.]." "Artículo 165. [.] La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares." [Lo resaltado es nuestro De los citados dispositivos, se puede apreciar que en ningún caso la medida cautelar de prisión preventiva podrá exceder de dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado, y si cumplido dicho término no se ha dictado sentencia, se pondrá en inmediata libertad al imputado. Situación que no impide al juzgador analizar la posibilidad de imponer alguna otra medida cautelar al inculpado para asegurar su presencia en el proceso. Asimismo, cabe señalar que en el caso de que el juzgador estime procedente prolongar la prisión preventiva dentro del proceso del orden penal deberá analizar la: i) complejidad del caso; ii) la actividad procesal del interesado; y, iii) la conducta de la autoridad judicial y de otras que incidan en el proceso. Razonamientos que quedaron recogidos en la tesis 1a. XL/2017 (10a.),10 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "PRISIÓN PREVENTIVA. FACTORES A CONSIDERAR PARA EL ANÁLISIS DE LA RAZONABILIDAD PARA LA PROLONGACIÓN DEL PLAZO PREVISTO EN LA FRACCIÓN VIII, DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 20 CONSTITUCIONAL. En el juicio de amparo en revisión 27/2012, que dio lugar a la tesis 1a. CXXXVII/2012 (10a.) de rubro: "PRISIÓN PREVENTIVA. FORMA DE PONDERAR EL PLAZO RAZONABLE DE SU DURACIÓN.", esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordó la temática del plazo razonable para justificar la prolongación de la prisión preventiva. Sin embargo, con motivo de lo resuelto por el Tribunal Pleno en la contradicción de tesis 293/2011, toda vez que existe una interrelación material entre las normas constitucionales y las de los tratados internacionales ratificados por México que reconocen 10 Visible a página 450, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época Registro digital: 2014015. 19/05/23 16:23:25 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.31.0a CARLOS ZENON SANCHEZ GONZALEZ derechos humanos y dado que la jurisprudencia emitida por la Corte Americana de Derechos Humanos es vinculante para esta Suprema Corte, siempre y cuando sea más favorable para la persona, criterio que se refleja en la tesis P./J. 21/2014 (10a.), de rubro: "JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.", resulta necesario hacer algunas acotaciones y diferenciaciones al criterio resultante de tal amparo en revisión a la luz de los nuevos lineamientos interamericanos. Por lo tanto, cuando en el transcurso de un proceso penal una persona solicite su libertad al estimar que se ha actualizado un plazo irrazonable para ser juzgada y, por ende, no se justifica la prolongación de su prisión preventiva, con fundamento en los artículos 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el juzgador competente deberá de tomar en cuenta y valorar lo siguiente: a) el artículo 20, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el texto vigente antes de su modificación el 18 de junio de 2008, no establece un plazo perentorio para la prisión preventiva, sino que señala un rango de tiempo máximo del proceso penal cuyo cumplimiento dependerá de las circunstancias del caso y del respeto y protección del derecho de defensa del inculpado; y b) consecuentemente, para determinar si se ha transgredido un plazo razonable para que una persona sea juzgada y, con ello, sea viable o no prolongar la prisión preventiva, el juzgador tendrá que analizar la: i) complejidad del caso; ii) la actividad procesal del interesado; y, iii) la conducta de la autoridad judicial y de otras que incidan en el proceso. Aunado a lo anterior, para no pasar por alto la preocupación que refleja el Poder Constituyente al establecer en la fracción I del apartado A, del citado artículo 20 constitucional, ciertos requisitos para que se pueda interrumpir la prisión preventiva durante el proceso del orden penal, el juzgador tiene la facultad para analizar excepcional y sucesivamente los elementos recién citados de complejidad y actividad procesal; si es necesaria la prolongación de la prisión preventiva con el fin de que el inculpado no eluda la acción de la justicia y se desarrolle de manera eficiente la investigación y, en su caso, si se encuentra acreditada o hay indicios suficientes sobre la existencia de causas externas que trasciendan en el proceso, tales como el peligro o la viabilidad de presión a testigos o víctimas o la sujeción del inculpado a otro proceso penal. Para ello, el juez correspondiente deberá hacer un análisis holístico de las circunstancias jurídicas y fácticas que rodean al proceso, aludiendo a criterios de necesidad y proporcionalidad y pudiendo tomar en cuenta la naturaleza del delito que se imputa, pero sin que ese único factor y sólo por ese elemento se decida prolongar la prisión preventiva. Concepto de violación. Ahora bien, el quejoso esgrime que la resolución combatida transgrede sus derechos humanos, porque contrario a lo determinado por 19/05/23 16:23:25 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.31.0a CARLOS ZENON SANCHEZ GONZALEZ Juicio de amparo 265/2022-I 19 la autoridad responsable, el plazo de dos años de la medida cautelar de prisión preventiva previsto en la Constitución General de la República, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, transcurrió en exceso. Como se adelantó, el concepto de violación hecho valer por el quejoso es infundado por no asistirle la razón, ya que este tribunal constitucional considera correcto el actuar de la responsable sin que haya afectado los derechos humanos del quejoso. Dado que se considera correcto el análisis de la prolongación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa realizada por el Juez responsable, pues la justificó principalmente en el ejercicio de defensa del aquí quejoso, por ser causas imputables a éste los diferimientos de la audiencia intermedia de veinticinco de noviembre y primero de diciembre de dos mil veintiuno, por derivar de la incomparecencia de su defensor particular a las audiencias llevadas a cabo en las citadas fecha y a la negativa del impetrante del amparo de designar un defensor de oficio, lo que produjo que la audiencia intermedia tuviera verificativo hasta el diez de enero de dos veintidós. De ahí que, la prolongación del plazo de dos años de la referida medida cautelar obedeció al ejercicio del derecho de defensa del imputado, actualizándose así el supuesto excepcional que prevé el artículo 20, apartado B, fracción IX, segundo párrafo, de la Constitución Federal, así como el diverso dispositivo 165, segundo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, no pasa desapercibido para esta juzgadora que erróneamente el Juez de control tomó en consideración los acuerdos expedidos por el pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California, referentes a la suspensión las actuaciones judiciales y los plazos legales, así como a la reanudación de las actividades con motivo de la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), para la prolongación de la prisión preventiva, pues el artículo 20, apartado B, fracción IX, segundo párrafo, de la Constitución Federal, así como el diverso dispositivo 165, segundo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen como única excepción "que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado". Sin embargo, aun descontando los seis meses cuatro días que agregó la responsable, se obtiene que la medida cautelar se encontraba vigente al momento en el que se resolvió el incidente de revisión, sustitución o modificación de la medida cautelar, tal como se muestra en el siguiente recuadro: Plazo máximo de dos años Días que transcurrieron entre el primer diferimiento a aquel en que se celebró la audiencia intermedia Fecha de vencimiento de la prisión preventiva Fecha en que se resolvió la solicitud de revisión de la medida cautelar Del 29 de marzo de 2020 (fecha de aprehensión) al 29 de marzo de 2022 730 días Del 25 de noviembre de 2021 al 10 de enero de 2022 46 días 14 de mayo de 2022 06 de abril de 2022 Así, del recuadro que antecede, se advierte que a la fecha en que el Juez responsable se pronunció sobre la solicitud de revisión, sustitución o modificación de la medida cautelar, formulada por el defensor privado del imputado, no había transcurrido el plazo de dos años establecido en los artículos 20, apartado B, fracción IX, de la Constitución, así como en el diverso numeral 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California, debido a que dicho termino se prolongó a causa de los diferimientos de la audiencia intermedia atribuibles al defensor particular del aquí quejoso. Por lo tanto, la resolución emitida por la autoridad responsable no vulneró los derechos humanos del peticionario del amparo. Decisión. En ese contexto, devino legal la emisión del acto reclamado de seis de abril de dos mil veintidós, que decretó improcedente la solicitud de revisión, sustitución o modificación de medida cautelar atribuida al Juez de control responsable, toda vez que a la fecha de emisión de la resolución reclamada no había fenecido el plazo de dos años a que se refiere el artículo 20, Apartado B, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, al resultar infundado el concepto de violación, y al no existir motivo alguno para suplir la queja deficiente, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo conducente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Carlos Niño Arias, contra el acto que reclama de la autoridad responsable precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el diverso considerando sexto. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Magali María Díaz Villarreal, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, quien actúa con el Secretario Carlos Zenón Sánchez González, que firma y da fe, hasta el día de hoy treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en que así lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
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