Carlos Rene Silva Martinez
Expediente 530/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 12 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 530/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 16/08/2023
Partes del expediente
- Carlos Rene Silva Martinez
- Juez de Distrito Especializado En el Sistema Penal Acusatorio, Adscrito Al Centro de Justicia Penal Federal En el Estado de Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de sentencia de veinticinco de julio de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria. Sin que pase inadvertido que aún no se cuenta con el acuse del oficio 14537 de veinticinco de julio de dos mil veintitrés, mediante el cual se ordenó notificar de la referida sentencia a la autoridad Fiscal General de la República, con sede en la Ciudad de México, mismo que se remitió vía ordinaria, dado que no se encuentra legitimada para recurrir el fallo dictado en este juicio de amparo. Certificación. Por otra parte, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace constar que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción I del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse decretado el sobreseimiento respecto de todos los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años, a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el antepenúltimo párrafo del citado precepto; realícese la anotación administrativa conducente. Cuaderno incidental. Se precisa que el incidente de suspensión aperturado en un solo cuaderno, es susceptible de destrucción, al ubicarse en el supuesto del artículo 20, fracción III, del citado acuerdo, puesto que fue negada la suspensión definitiva. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Certificación de relación de constancias. Acto seguido, el secretario certifica que se dio lectura a las constancias que obran en el presente expediente. De igual manera, el secretario certifica que las promociones y determinaciones judiciales relativas a este expediente físico concuerdan con las correspondientes al electrónico, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo. Asimismo, en este acto el Secretario certifica que mediante proveído de uno de junio del año en curso, se tuvo por inexistentes a las autoridades: "Titular de la Sede Tijuana de la Fiscal General de la República en el Estado de Baja California", y "Titular de la Sede Tijuana de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República en el Estado de Baja California"; dado que la parte quejosa no corrigió su denominación, ni tampoco acreditó su existencia, por lo que se ordenó suspender toda comunicación con las mismas. Acuerdo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el expediente, para los efectos legales conducentes. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, septiembre de 2018, Tomo II, página 1345, Décima Época, registro 2017786, de rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA CUMPLIR EL REQUISITO FORMAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ QUE 'ABIERTA LA AUDIENCIA SE PROCEDERÁ A LA RELACIÓN DE CONSTANCIAS', BASTA QUE EN AQUÉLLA SE CERTIFIQUE QUE SE DIO LECTURA A LAS CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE. El artículo 124, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece, en lo conducente, que "abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias". Si se parte de dicha referencia normativa, no puede afirmarse que se configure una transgresión a las formalidades esenciales del procedimiento en el juicio de amparo indirecto, cuando al celebrarse ese acto procesal únicamente se precise que se da lectura a las constancias del expediente y que se tienen por reproducidas, sin que queden plasmadas por escrito en esa diligencia, pues ello constituye un requerimiento extremo no previsto en los artículos 107, párrafo primero, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 124 indicado pues, por el contrario, si se atiende a los principios que emanan de los artículos 17, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Federal, 2, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se concluye que en la resolución de los asuntos jurisdiccionales, las autoridades deben privilegiar, por encima de los aspectos formales, la resolución de fondo, toda vez que esta prevención evitará que en un juicio o procedimiento seguido en forma de juicio se impongan obstáculos entre la acción de las autoridades y las pretensiones de los justiciables, o bien, límites a las funciones de las autoridades en la decisión de fondo del conflicto; lo que deriva en que basta que en la audiencia constitucional se certifique que se dio lectura a las constancias del expediente para entender que fueron relacionadas dentro de esa actuación procesal. Además, lo trascendente es que los actos desarrollados en la primera fase del acto mencionado (invocación de constancias, pruebas, alegatos y la intervención de las partes) se vean asentados en forma congruente en el fallo que ponga fin al acto unitario (audiencia constitucional y sentencia)." Por otro lado, vista la certificación anterior, se observa que mediante auto de uno de junio del año en curso, se tuvo por inexistentes a la autoridades responsables denominadas como: "Titular de la Sede Tijuana de la Fiscal General de la República en el Estado de Baja California", y "Titular de la Sede Tijuana de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República en el Estado de Baja California"; en consecuencia, no se hará pronunciamiento alguno respecto a las citadas autoridades en la presente resolución. Pruebas. A continuación, se abre el periodo probatorio y el secretario hace constar que las partes no ofrecieron medios de convicción, en consecuencia, no existen pruebas pendientes por desahogar y el expediente está debidamente integrado. Acuerdo. Al no tener pruebas que acordar ni pendientes de desahogo, se da por concluida la etapa probatoria. Alegatos. Se pasa a la etapa de alegatos; se hace constar que ninguna de las partes los formuló, ni el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito presentó pedimento. Acuerdo. Se tiene por precluído el derecho de las partes en formularlos, por lo que se da por concluida la etapa de alegatos de esta audiencia. Cierre de la audiencia. Con lo expuesto, se tienen por cumplidas las etapas precedentes de la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar el fallo que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 530/2023-VI; y, R E S U L T A N D O S Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de mayo de dos mil veintitrés, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ******************** solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades señaladas en la demanda y por los actos reclamados. Segundo. Trámite del juicio. El quince de mayo de dos mil veintitrés, la demanda se admitió a trámite bajo el número de expediente 530/2022-VI y se solicitó su respectivo informe justificado a las autoridades responsables. Luego, seguidos los trámites de ley, se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; al reclamarse abstención de una autoridad que ejerce funciones en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, al realizarse una lectura integral de la demanda, se advierte que el quejoso solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de los actos y autoridades -con excepción de las que fueron declaradas inexistentes- que enseguida se precisan: Autoridades responsables en su denominación correcta Actos reclamados Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Control, ciudad. La orden de aprehensión, inherente a la carpeta de investigación FED/BC/0001858/2022 y la causa penal 731/2022, girada en contra del quejoso. Fiscal General de la República, Ciudad de México. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados en el presente asunto, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. En ese sentido, las autoridades responsables en su denominación correcta rindieron sus informes justificados en los términos siguientes: Autoridades responsables Sentido del informe Fojas Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Control, ciudad. Niega 42 Fiscal General de la República, Ciudad de México. Niega 55 y 56 De esta manera, se advierte que las autoridades responsables al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa haya aportado prueba idónea para desvirtuar tales negativas. Ello implica, necesariamente, que no sea cierto que hayan actuado en la forma en que se le reprocha, es decir, en el sentido de haber ordenado o ejecutado alguna orden de aprehensión emitida en contra de la parte quejosa. En ese sentido, si el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, establece la obligación del impetrante de probar los hechos constitutivos de su acción; por tanto, es innegable que la carga de la prueba tendente a acreditar la existencia de los actos reclamados a las autoridades en cita corresponde al solicitante del amparo. En consecuencia, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo en torno a dichas autoridades, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Así como la tesis VI.2o.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Segundo Circuito, que literalmente dispone: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por propio derecho, en contra de los actos y autoridades precisadas en los considerandos segundo y tercero de la presente sentencia. Notifíquese.
- Incidental
Certificación. Se hace constar que en auto dictado el uno de junio de dos mil veintitrés, en el cuaderno de amparo del que deriva este incidente, se tuvo por inexistente a las autoridades denominadas por el quejoso como: Titular de la Sede Tijuana de la Fiscal General de la República en el Estado de Baja California; y, Titular de la Sede Tijuana de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República en el Estado de Baja California, ambas con sede en esta ciudad, por lo que se da cuenta a la juez de lo que antecede. Acuerdo. Vista la certificación que antecede y acorde a lo dictado en proveído de uno de junio de dos mil veintitrés en el cuaderno principal, respecto a las autoridades denominadas por el quejoso como: Titular de la Sede Tijuana de la Fiscal General de la República en el Estado de Baja California; y, Titular de la Sede Tijuana de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República en el Estado de Baja California, ambas con sede en esta ciudad; con fundamento en lo dispuesto en el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se tienen por inexistentes a las autoridades antes mencionadas, por lo que se ordena suspender toda comunicación con las mismas. Lectura de constancias. A continuación, el secretario da lectura de las constancias existentes en el presente asunto entre las que se encuentran: a) Escrito inicial de demanda, y b) Informes previos rendidos por las autoridades responsables. Pruebas. Seguidamente, se abre el periodo probatorio, haciendo constar que ninguna de las partes ofrecieron pruebas. Acuerdo. Atento a lo anterior, sin pruebas pendientes que desahogar, se cierra el periodo probatorio. Alegatos. Se pasa a la etapa de alegatos; se hace constar que solo el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito presentó pedimento, sin que las demás partes hicieran uso de ese derecho. Acuerdo. A lo que la juez acuerda que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de referencia, y por precluido ese derecho por lo que respecta a las restantes partes procesales, por tanto se da por concluida la presente etapa. Cierre de audiencia. Al encontrarse integrado el expediente, se procede a dictar resolución en los siguientes términos: Resolución. Vistos, para resolver en definitiva los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 530/2023-Vl promovido por Carlos René Silva Martínez, contra los actos y autoridades precisadas; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el trece de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional el quince de mayo de dos mil veintitrés, Carlos René Silva Martínez, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal, así como la suspensión provisional y en su momento la definitiva de los actos reclamados. Segundo. Trámite. Por razón de turno tocó conocer del juicio del que deriva el presente incidente de suspensión a este órgano de control constitucional, se acordó la apertura del presente incidente, ordenándose formar por cuerda separada, y el quince de mayo de dos mil veintitrés, se proveyó respecto de la suspensión provisional de los actos reclamados, se solicitó a las autoridades responsables sus informes previos, y se citó a las partes para la celebración de la audiencia incidental, la cual previos diferimientos se llevó al tenor del acta que antecede, por lo que una vez agotados los trámites de instancia, corresponde dictar la resolución que en derecho corresponda; y, Considerando: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 125, 128 y 140 de la Ley de Amparo; así como el Acuerdo General 31/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación de este Juzgado. Segundo. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados la orden de aprehensión girada en su contra, así como su ejecución. Tercero. Negativa de la suspensión. Las autoridades responsables en su denominación correcta, rindieron sus informes previos de la manera siguiente: Autoridades responsables Sentido del informe Foja Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en funciones de Juez de Control. Niega 38 Fiscalía General de la República, con sede en la Ciudad de México. Niega 48 y 49 Toda vez que las autoridades responsables negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa haya aportado prueba tendente a desvirtuar dicha negativa; procede negar la suspensión definitiva solicitada por lo que hace a las autoridades señaladas como responsables, al no existir materia sobre la cual decretarla, sin prueba alguna de la parte quejosa que desvirtúe dicha negativa. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.J/19 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 133, julio de 1995, tomo II, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto y fundado, se; Resuelve: Único. Se niega a Carlos René Silva Martínez, la suspensión definitiva por las autoridades y en los términos del considerando tercero de esta resolución. Notifíquese.
- Incidental
Tijuana, Baja California, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Informe previo: Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el informe previo rendido por la autoridad responsable y con fundamento en el artículo 140, párrafo primero, de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Domicilio y delegado. Con fundamento en el artículo 9 y 28 fracción I, de la Ley de Amparo, téngase a la responsable señalando domicilio para oír y recibir notificaciones; asimismo, designando como delegado al que nombra en su informe. Notificación por correo electrónico. Por otra parte, como lo señala la responsable, se autoriza como medio de notificación el correo electrónico que proporcionó en el telegrama de cuenta: guardia.dgcja@fgr.org.mx. Por tanto, se ordena que las notificaciones que deban practicarse a la citada responsable, le sea remitida mediante la vía de correo electrónico institucional, sin perjuicio de que su práctica se realice conforme a las disposiciones de la Ley de Amparo. Notifíquese.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 4,651 expedientes
- Carlos Oswaldo Montaño Velazquez895/2019
- Carlos Pineda Gomez166/2021
- Carlos Pineda Gomez409/2021
- Carlos Popoca Ocampo64/2018
- Carlos Quiterio Garcia246/2019
- Carlos Rene Martinez Pineda863/2019
- Carlos Robles Negrete587/2022
- CARLOS RODRIGUEZ REYES y Otros.108/2018
- Carlos Rogelio Cisneros Aguilar675/2020
- Carlos Sanchez Hernandez1027/2019
- Carlos Sanchez Ramirez1018/2022
- Carlos Segundo Pacheco547/2019