Carlos Omar Rodríguez Espiricueta y Otros.

Expediente 95/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 17 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
95/2017
Año
2017
Actuaciones
17
Última actuación
22/06/2017

Partes del expediente

  • Carlos Omar Rodríguez Espiricueta y Otros.
  • Carlos Omar Rodríguez Espiricueta
  • Lorenzo Marín Acosta y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de junio de dos mil diecisiete. Vista la constancia levantada por el Actuario Judicial adscrito, en el sentido de que no fue posible localizar al representante común de la parte quejosa, ***, en el Centro Federal de Readaptación Social Número 9 Norte, por las razones que expone. Atento a lo anterior, y dado que aquel no señalo diverso domicilio para oír y recibir notificaciones, se ordena que la notificación del proveído de fecha veinte de junio del presente año, así como las subsecuentes que deriven de este juicio, aún las de carácter personal, se hagan por medio de lista que se publique en los estrados de este Juzgado, con fundamento en lo establecido por el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ****, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***. Doy fe.lhz

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Finalmente, toda vez que en proveído de siete de junio de dos mil diecisiete, se reservó acordar el desistimiento de uno de los quejosos; dígase al promovente que se esté a lo acordado en líneas previas, en las que se determinó que la sentencia de sobreseimiento causó ejecutoria, en esta data. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *************. Doy fe.

  3. Principal

    VISTA LA RAZÓN DE LA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL REPRESENTANTE DEL QUEJOSO, EL PROVEÍDO DE VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Finalmente, toda vez que en proveído de siete de junio de dos mil diecisiete, se reservó acordar el desistimiento de uno de los quejosos; dígase al promovente que se esté a lo acordado en líneas previas, en las que se determinó que la sentencia de sobreseimiento causó ejecutoria, en esta data. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *************. Doy fe.

  4. Principal

    VISTA LA RAZÓN DE LA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DICTADA EL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE A LA LETRA DICE: SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua, veintinueve de mayo de dos mil diecisiete. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo *******. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El siete de febrero de dos mil diecisiete, se recibió en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, y turnada el mismo día a este juzgado, la demanda promovida por *******, *******, ******* y *******. Los quejosos demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 9 Norte, Director Técnico del Centro Federal de Readaptación Social Número 9 Norte, Titular del Área Médica del Centro Federal de Readaptación Social Número 9 Norte y Coordinador General de los Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, a quienes les reclamaron, la omisión de brindarles atención médica, así como la asignación de un cortaúñas para su uso personal. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 4, y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de ocho de febrero de dos mil diecisiete, la demanda de amparo se registró con el número 95/2017-II y se admitió trámite; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En proveído de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, se tuvo como autoridad inexistente para los efectos del presente juicio de amparo al Encargado de la Cocina del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que los peticionarios del amparo reclaman de las autoridades responsables, por las que se tramitó el presente juicio, los siguientes actos: La omisión de proporcionarles la atención médica necesaria a sus padecimientos de salud. El préstamo de un cortaúñas cada quince días, sucio y en mal estado de higiene para el aseo de sus uñas, en vez de uno para uso personal. La omisión de otorgarles una dieta alimenticia correcta, que los quejosos consideran deriva de que no cuentan con un nutriólogo. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de dos mil cuatro, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Este juzgador no soslaya que, en la demanda de amparo, los quejosos también reclamaron diversos actos que atribuyeron exclusivamente al Encargado de la Cocina del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte; sin embargo, dado que en proveído de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, se tuvo como autoridad inexistente para los efectos del presente juicio de amparo, no serán materia de análisis en la presente sentencia. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, al rendir conjuntamente su informe justificado, negaron categóricamente los actos que les atribuyó el accionante del amparo, consistentes en las omisiones de proporcionarles la atención médica necesaria a los padecimientos de salud que indicaron, así como el relativo al inadecuado otorgamiento de cortaúñas. Por su parte, los quejosos no exhibieron prueba alguna que demuestre que hayan elevado alguna solicitud en el sentido anotado a las autoridades responsables, ni obra constancia de que estén directamente bajo su custodia; por lo que deben tenerse por inexistentes las omisiones que les atribuyeron. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la tesis jurisprudencial número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. En otro contexto, el Director, Titular del Consejo Técnico Interdisciplinario y Titular del Área Médica, todas ellas del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, con sede en esta localidad, fueron omisos en referirse al diverso acto que se les atribuyó, consistente en la omisión de otorgarles una dieta alimenticia correcta, que los quejosos consideran deriva de que no cuentan con un nutriólogo; sin embargo, no es el caso de tener por presuntivamente cierto ese acto reclamado, toda vez que las responsables remitieron copia certificada de la Nota Informática *******, de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, dirigida a la Encargada de la Dirección Jurídica del Centro de Readaptación Social Número Nueve Norte, en la que el Director de Administración de ese Centro Penitenciario le hace saber lo siguiente: -.- En atención a la información solicitada acerca de los procesos de elaboración de los alimentos, "ración: desayuno, comida y cena", proporcionados a las personas privadas de su libertad, personal administrativo y custodios en este Centro Federal, se informa que estos están apegados a los programas y controles de sanidad, higiene, salud y calidad, establecidos y respaldados en la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, "Prácticas de Higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios". Lo que garantiza que desde la recepción de insumos, preparación y entrega del servicio se garantice un alimento inocuo y con las características organolépticas propias de cada uno. -.- Contra lo afirmado por las autoridades responsables, la parte quejosa no vertió manifestación alguna, ni ofreció probanza para desvirtuar lo aducido por la Responsable, no obstante que se le dio vista personalmente el cuatro de mayo del año en curso; por tanto, la documental exhibida tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2° y es suficiente para desvirtuar la presunción de certeza que derivó de la omisión de pronunciarse respecto del acto reclamado que se indica y que, por ende, deba tenerse por inexistente la omisión respectiva, pues el solo dicho de los quejosos no es suficiente para tener por cierto el acto reclamado. Apoya esta consideración, la tesis IX.1o.83 K, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, de Septiembre de 2004, materia común, página 1714, del siguiente tenor: ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables. En las relacionadas condiciones, al no encontrarse acreditada que las autoridades responsables de referencia incurrieron en las omisiones que se les atribuyó, se impone sobreseer en este juicio de amparo respecto de ellas, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: -.- IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] CUARTO. Existencia del acto reclamado. Al rendir sus informes con justificación, el Director, Titular del Consejo Técnico Interdisciplinario y Titular del Área Médica, todas ellas del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, con sede en esta localidad, negaron la existencia de la omisión de proporcionar atención médica a la parte quejosa; sin embargo, esa negativa se encuentra desvirtuada con las valoraciones médicas que acompañaron a su informe con justificación, al ser de fecha posterior a la presentación de la demanda; de ahí que deben tenerse por existentes para los efectos del presente juicio de amparo. Por su parte, al rendir su informe justificado, las citadas autoridades no se pronunciaron en torno fueron al préstamo de un cortaúñas cada quince días, sucio y en mal estado de higiene para el aseo de sus uñas, en vez de uno para uso personal, no obstante que se trataba de uno de los actos reclamados. Por tanto, de conformidad con el artículo 117, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se presume cierta tal omisión. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. I. Improcedencia respecto de la omisión de brindar atención médica. En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone que procede el sobreseimiento del juicio de control constitucional, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos a que se refiere este supuesto consiste en que el acto de autoridad reclamado deja de producir sus consecuencias y, por tanto, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, ya sea que la propia autoridad responsable lo revoque, o bien, que haya transcurrido el tiempo durante el cual debió producir sus efectos legales, y por ello, ha dejado de lesionar los derechos del agraviado. En el particular, de las copias certificadas que el Director, Consejo Técnico Interdisciplinario y Titular del Área Médica, todas ellas del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, con sede en esta localidad, remitieron adjuntas a su informa con justificación, así como las que envió a solicitud de este Juzgado, se advierten diversas notas médicas expedidas a los quejosos, de los que se advierte lo siguiente: 1. ******* fue atendido y diagnosticado por diversos médicos, incluso el de especialidad odontológica, los días doce de febrero, cuatro y veinticuatro de marzo, así como doce de abril, todos de dos mil diecisiete. 2.******* fue atendido y diagnosticado el doce de abril de dos mil diecisiete, respecto de los padecimientos que le fueron reconocidos por el médico tratante. 3. El trece de abril de dos mil diecisiete, ******* fue diagnosticado respecto de los padecimientos que le detectó el médico tratante. 4. ******* también fue atendido médicamente y diagnosticado el trece de abril de dos mil diecisiete, respecto de la etiología que le fue detectada por el especialista médico. A las documentales remitidas en copia certificada se les reconoce valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2; la cual resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a dudas, que cesó en sus efectos la omisión de atender médicamente a los quejosos que fue atribuida a las autoridades penitenciarias responsables, todo lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, pues obran constancias de que las autoridades penitenciaria ya brindaron atención médicas a los ahora quejosos, cuya omisión se les atribuyó; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia de mérito, pues el actuar de las responsables implica la restitución de los derechos que se estimaron transgredidos en este juicio. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a folio 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. No es inadvertido para quien resuelve que los impetrantes señalaron que, desde su perspectiva, la atención médica que se le ha brindado no es la adecuada y, por los profesionistas y en el lugar correcto -desde su punto de vista-, porque esa simple manifestación no se encuentra corroborada con algún medio de prueba que evidencie su eventual certeza; y por ende, no desvirtúa el contenido de las documentales que remitió la responsable al rendir su informe justificado y a solicitud de este Juzgado. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley en cita, respecto de la omisión de brindar atención médica a los impetrantes del amparo. II. Improcedencia respecto del préstamo de un cortaúñas. Respecto del segundo acto reclamado consistente en el préstamo de un cortaúñas cada quince días, sucio y en mal estado de higiene para el aseo de sus uñas, en vez de uno para uso personal, se actualiza la causa de improcedencia contemplada en la fracción XX, del numeral 61 de la Ley de Amparo, cuenta habida que el acto reclamado no tiene el carácter de definitivo, puesto que, en su contra, aún procedía un medio ordinario de defensa por virtud del cual podía ser revocado o modificado. Para evidenciar el anterior aserto, conviene señalar que la Ley de Amparo regula en su artículo 107, fracciones III y IV, la forma en que opera el principio de definitividad, como presupuesto de procedencia del juicio constitucional, tratándose del juicio de amparo indirecto, el cual, en su parte conducente, estatuye: 107. El amparo indirecto procede: -.- III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; -.- Así, el principio de definitividad es un requisito para la procedencia del juicio de amparo en términos de las normas antes referidas, la propia ley de la materia establece como sanción por el incumplimiento de dicho principio la improcedencia del juicio. Se afirma lo anterior, habida cuenta que el artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XX, a este respecto, establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: -.- XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; -.- La anterior transcripción confirma la regla general que se deriva del principio de definitividad, según la cual, para que proceda el juicio de amparo, debe de tratarse de "actos definitivos" en la acepción que la propia legislación da de dichos actos, por lo que resulta lógico que la inobservancia del principio traiga como consecuencia, por regla general, la improcedencia de la acción constitucional intentada. En efecto, la aludida porción normativa establece como causal de improcedencia la derivada del hecho de que existan medios de defensa o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, que no se agotaron previamente a la promoción del juicio de amparo, en dicho supuesto el acto reclamado carece de definitividad y no es, por consiguiente, reclamable en amparo. En la especie, el acto reclamado consistente en el préstamo de un cortaúñas cada quince días, sucio y en mal estado de higiene para el aseo de sus uñas, en vez de uno para uso personal, el cual atribuyeron al Director, Titular del Consejo Técnico Interdisciplinario y Titular del Área Médica, todas ellas del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, con sede en esta localidad. Por su especial naturaleza, tal omisión tiene el carácter de definitivo, puesto que, en su contra, aún procedía un medio ordinario de defensa por virtud del cual podía ser restituida la parte quejosa en el derecho que estiman transgredido, pues existe un recurso a su alcance con el que pueden obtener la modificación o revocación del acto impugnado. Al respecto, es necesario señalar que el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo segundo, establece que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Por tal motivo, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual tiene por objeto establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y regular los medios para lograr la reinserción social. De tal manera, que en su artículo 72 establece que las bases de la organización del sistema penitenciario para lograr la reinserción social son: el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, las cuales son elementos esenciales del Plan de Actividades diseñado para las personas privadas de su libertad en los Centros Penitenciarios. Asimismo, el numeral 9 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé que las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas; entre otras, el derecho de efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes. En este sentido, la fracción I, del numeral 15 de la ley en cita, establece que la autoridad penitenciaria, deberá de garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas que se encuentren sujetas al régimen de custodia y vigilancia en un centro penitenciario; mientras que el diverso 25 instituye la competencia del Juez de Ejecución, para lo cual deberá garantizar a las personas privadas de la libertad, en el ejercicio de sus atribuciones, el goce de los derechos y garantías fundamentales que le reconoce la Constitución, los Tratados Internacionales, demás disposiciones legales y dicha Ley. A su vez, el Título Cuarto, en su capítulo tercero, contempla el procedimiento administrativo, y en sus numerales 107, 109, 110 y 114, enuncia que las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esa ley podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento; asimismo, que las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en aquella, a fin de que la autoridad penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación; para lo cual las peticiones se formularan por escrito, sin formalidad alguna, ante el director del reclusorio, quien está obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Además, la legislación de ejecución establece que si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución; sin embargo, si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento; de la misma manera, si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente también podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas, y en caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. Igualmente, el artículo 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé que cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición, quien podrá, de oficio, suspender de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva; y tratándose de omisiones, determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria; no obstante, cuando reciba promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Lo anterior es así, pues acorde a lo que textualmente dicen el diverso 116 de la ley en cita, los jueces de ejecución, entre otros, conocerán de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; el plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo. En esta tesitura, si el acto reclamado lo constituye el préstamo de un cortaúñas cada quince días, sucio y en mal estado de higiene para el aseo de sus uñas, en vez de uno para uso personal, previamente a promover el juicio de amparo, los quejosos deben realizar su petición o queja por escrito, ante el Director del Centro de reclusión en que actualmente se encuentran, en términos del artículo 110 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y en caso de que la petición fue resuelta en sentido contrario a sus intereses de los peticionarios, los promoventes deberán formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución, tal como establece el numeral 114 del mismo ordenamiento. Luego, la parte quejosa debió formular la solicitud que ahora presentan, por escrito ante el Director del Centro de Reclusión y posteriormente, en caso de serle adversa, acudir ante el Juez de Ejecución Penal, pues a través de este medio de defensa era susceptible de obtener la modificación o revocación de la negativa que reclaman, los que necesariamente deberán ser agotados antes de acudir al juicio de amparo, pues no se puede válidamente abandonar la defensa ordinaria ni promover el juicio de amparo sino hasta que se agote la jurisdicción local combatiéndola a través del recurso administrativo aludido, lo que omitieron realizar los impetrantes del amparo, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo así lo dispone; de ahí la improcedencia del presente juicio. Resulta aplicable, analógicamente, la jurisprudencia I.6o.C. J-37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 902 del tomo XV, de mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del siguiente tenor: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Así las cosas, queda claro que el acto reclamado por los quejosos no reviste el carácter de definitivo; consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo preceptuado en el diverso 63, fracción V, del mismo cuerpo normativo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio respecto del mismo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo *******, promovido por *******, *******, ******* y *******. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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