Carlos Moises Pérez Carrasco

Expediente 785/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 18 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
785/2017
Año
2017
Actuaciones
18
Última actuación
12/03/2018

Partes del expediente

  • Carlos Moises Pérez Carrasco
  • Carlos Moises Pérez Carrasco y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, en el cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y sí obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Finalmente, teniendo en cuenta que en el presente expediente existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa; con fundamento en lo dispuesto en el párrafo tercero del punto DÉCIMO PRIMERO del acuerdo General citado en supra líneas, notifíquese personalmente este proveído, para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos dicha notificación, acuda la parte quejosa a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos originales exhibidos en el presente expediente, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, dará lugar a la destrucción del mismo, cuando se realice la del cuaderno en que se actúa Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **. Doy fe.

  2. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de febrero de dos mil dieciocho. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 785/2017-II, promovido por **, por propio derecho y como apoderado legal de ***, contra actos del Fiscal General del Estado de Chihuahua y otras autoridades. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, turnado a este órgano jurisdiccional el once de septiembre siguiente, **, por propio derecho y como apoderado legal de *** demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del 1) Agente del Ministerio Público en Funciones de Coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación y Persecución del Delitos de Robo de la Fiscalía de Distrito en la Zona Norte, en su denominación correcta, 2) Fiscal General del Estado de Chihuahua, 3) Coordinador General de Agentes del Ministerio Público Adscritos a la Fiscalía de Distrito en el Estado, Zona Norte, 4) Jefe del Departamento de Ganadería con residencia en Chihuahua, Chihuahua y 5) Coordinador Regional de la Policía Estatal única División Investigación en el Estado de Chihuahua, de quienes reclamó: A) El acuerdo de fecha 17 de agosto de 2017, emitido por el Agente del Ministerio Publico en funciones de coordinadora de la unidad especializada de investigación de delitos de robo Zona Norte, **, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, dentro de la carpeta de investigación número 37-2017-0027849, que se tramita en Ciudad Juárez, Chihuahua. B) La ejecución del acuerdo de fecha 17 de agosto de 2017, emitido por el Agente del Ministerio Público en funciones de coordinadora de la unidad especializada de investigación de delitos de robo Zona Norte, **, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, dentro de la carpeta de investigación número 37-2017-0027849, que se tramita en Ciudad Juárez, Chihuahua. C) Todo lo actuado dentro de la carpeta de investigación número 37-2017-0027849, que tramita el Agente del Ministerio Público dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la Unidad Especializada de Investigación de Delitos de Robo, Zona Norte. Y de las autoridades señaladas como responsables ejecutoras, se reclama a saber (sic) el cumplimiento del acto reclamado. [...] SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó violadas. La parte quejosa considera que con la emisión de los actos reclamados se violaron en su perjuicio los artículos 1, 4, 8, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. El doce de septiembre de dos mil diecisiete, se radicó la demanda como amparo indirecto 785/2017-II, y se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Por último, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, Constitucionales, 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de actos que son susceptibles de ejecutarse por autoridades con sede dentro del territorio en el que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizado en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: I. De la 1) Agente del Ministerio Público en Funciones de Coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación y Persecución del Delitos de Robo de la Fiscalía de Distrito en la Zona Norte, en su denominación correcta, 2) Fiscal General del Estado de Chihuahua, 3) Coordinador General de Agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía de Distrito en el Estado, Zona Norte: Las actuaciones realizadas en la carpeta de investigación número 37-2017-0027849, que tramita el Agente del Ministerio Público Especializado en Investigación de Delitos de Robo, Zona Norte, en particular, el acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, en el que se ordenó el levantamiento de la orden de aseguramiento decretada respecto de diversas cabezas de ganado. II. Del 4) Jefe del Departamento de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Chihuahua y del 5) Coordinador Regional de la Policía Estatal Única División Investigación en el Estado de Chihuahua: La ejecución del acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes y de los cuales se procederá a su análisis. Se cita, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, de Abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir sus informes con justificación, el 2) Fiscal General del Estado de Chihuahua y el 5) Coordinador Regional de la Policía Estatal Única División Investigación en el Estado de Chihuahua, negaron la existencia de los actos que se les atribuyeron, consistentes en el acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, emitido dentro de la carpeta de investigación 37-2017-0027849, que levantó el aseguramiento decretado respecto de diversas cabezas de ganado, así como la ejecución del referido acuerdo, respectivamente. Frente a tales negativas, la impetrante del amparo no exhibió prueba para desvirtuar tal circunstancia; en esa medida, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo respecto de los actos y autoridades que quedaron especificadas en este considerando, de conformidad con lo que establece el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, del tenor siguiente: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [...] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [...] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado de manera conjunta, el 1) Agente del Ministerio Público en Funciones de Coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación y Persecución del Delitos de Robo de la Fiscalía de Distrito en la Zona Norte, en su denominación correcta y el 3) Coordinador General de Agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía de Distrito en el Estado, Zona Norte, aceptaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos, lo que se encuentra corroborado con las copias certificadas de la carpeta de investigación 37-2017-0027849, documentales a las que se les reconoce pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedidas por autoridades en ejercicio de sus funciones y de cuyo contenido se advierte la existencia de los actos que les fueron atribuidos en la demanda; de ahí que debe tenerse por cierta la existencia del acto reclamado. De la misma manera, al rendir su informe con justificación el 4) Jefe del Departamento de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Chihuahua aceptó la existencia de los actos de ejecución que le fueron atribuidos; por ende, se tiene por cierta su existencia. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si existe se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Improcedencia del juicio respecto de los actos reclamados por el quejoso, ** En la especie, el presente asunto deviene improcedente respecto del quejoso, **, dado que no justificó contar con un derecho jurídicamente tutelado, que fuera lesionado por el actuar de las autoridades responsables, es decir, no demostró que gozara de interés jurídico para promover el juicio de control constitucional. Para evidenciar este aserto, es menester citar el contenido de los artículos 61, fracción XII, y 5o., fracción I, de la Ley de Amparo que, respectivamente, estatuyen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [...]" 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [...] De la interpretación conjunta de los preceptos transcritos se deduce que la acción constitucional de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que quien acuda en ejercicio de la acción de amparo, debe cumplir las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Tanto el interés jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Desde esta perspectiva, al referirse la Ley de Amparo a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho humano del que sea titular la parte quejosa en lo individual, es decir, tenga interés jurídico. Sobre este aspecto, es oportuno precisar que la figura del interés jurídico se encuentra íntimamente relacionada con el principio de instancia de parte agraviada, conforme al cual, el acto que se reclama debe causar un perjuicio a la persona que se estime afectada. Así, no toda afectación puede ser considerada suficiente para acreditar el interés jurídico, pues sólo tiene legitimación para promover el juicio de amparo el titular del derecho afectado y no terceras personas, aun cuando éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata alguna lesión o afectación por el acto de autoridad, por grave que aquélla pudiera parecer. Lo anterior se concibe de esa manera, ya que el interés jurídico para los efectos del juicio de amparo se identifica con el derecho humano, que es el derivado de la norma objetiva que se concreta en alguna persona determinada otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible frente al resto de los gobernados e, incluso, de la propia autoridad. Como la tutela del derecho sólo comprende bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones a ese derecho deben ser igualmente susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, de modo que la naturaleza intrínseca del acto reclamado es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera jurídica del particular, sin que pueda existir entonces agravio cuando las afectaciones que una persona pueda sufrir no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados, ante lo cual es estrictamente necesario acreditar verse afectado por el acto que se tilda de inconstitucional. Ilustra lo anterior, analógicamente al nuevo sistema constitucional, la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo II, de julio a diciembre de 1988, página 224, del siguiente tenor: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO QUÉ LO CONSTITUYE. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. De manera reiterada la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el interés jurídico, para efectos del juicio de amparo, debe acreditarse fehacientemente, sin que pueda inferirse con base en presunciones, por su naturaleza excepcional y los efectos que debe tener la sentencia que conceda el amparo, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad, según se desprende de las jurisprudencias 16/97 y 21/98, emitidas por la Segunda Sala, así como la tesis XXV/89 de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros y textos, respectivamente, señalan: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso. INTERÉS JURÍDICO. DEBE ACREDITARSE PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Al establecer los artículos 4o, 76 y 80 de la ley de Amparo, respectivamente, el principio de instancia de parte agraviada, el de particularidad de la sentencia de amparo que prohíbe hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el caso concreto, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existe la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que, en principio, no les causen ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos de la Ley de Amparo. A partir de esas bases, se concluye que la afectación al interés jurídico como condición para la procedencia del amparo tiene como sustento la titularidad de un derecho humano que puede ser de carácter subjetivo, o bien de carácter objetivo o erga omnes. Así, este último lo tiene cualquier eventual afectado que resienta un daño concreto por su situación frente al orden jurídico, cuando se vea afectado por el hecho de que las autoridades no se conduzcan dentro del margen de la ley, y pueda ser remediado a través de una medida individualizada por parte de las autoridades. Cabe señalar que esta hipótesis debe distinguirse claramente de aquella situación en que simplemente se aduzca la pérdida del beneficio o ventaja, ya sea fáctica o material, y no derive de una actuación irregular de la autoridad, pues tal supuesto equivale a un interés simple, que no faculta al particular para exigir una determinada prestación, de manera que no es susceptible de tutela judicial. Por ende, la comprobación del referido interés tiene que vincularse directamente con el bien jurídico que se aduce afectado, esto es, con el carácter con que acude el quejoso al juicio, por lo que debe acreditar fehacientemente ser el titular del derecho que se estima vulnerado, ya que de no ser de esa forma la acción constitucional resulta improcedente. En la especie, Carlos Moisés Pérez Carrasco formuló la demanda de amparo, por propio derecho, y con tal carácter, reclamó el acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, emitido dentro de la carpeta de investigación 37-2017-0027849, que tramita el Agente del Ministerio Público Especializado en Investigación de Delitos de Robo, Zona Norte, en la que se ordenó el levantamiento de la orden de aseguramiento decretada respecto de diversas cabezas de ganado y su correspondiente ejecución; sin embargo, de las pruebas que exhibió, así como de las documentales que remitió la autoridad responsable se advierte que a dicha persona únicamente le reviste el carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Rosita Carrasco, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, para que realizara la venta de un máximo de ciento veintiséis cabezas de ganado en representación de su poderdante, pero no se le transmitió la titularidad de los derechos de propiedad correspondientes a esa persona moral. Es esta tesitura, Carlos Moisés Pérez Carrasco no cuenta con el interés jurídico necesario para impugnar, por derecho propio, las actuaciones emitidas en la citada carpeta de investigación, ya que su intervención se limita a representar los intereses jurídicos de la mencionada persona moral, quien adujo ser la parte ofendida en la comisión de hechos constitutivos del delito de robo que es materia de la investigación relativa y, por ende, no goza de un derecho jurídicamente tutelado que, eventualmente, pudiera haber sido vulnerado por las autoridades responsables respecto de las actuaciones realizadas en la mencionada carpeta de investigación. Apoya estas consideraciones, en lo conducente, la tesis II.1o.125 K, aprobada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, de Abril de 1994, materia común, página 397, del siguiente tenor: MANDATARIO. AL DEMANDAR POR SU PROPIO DERECHO ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. SI NO LO HACE A NOMBRE DEL MANDANTE. De conformidad con lo establecido en el artículo 2412 del Código Civil del Estado de México, el mandatario, salvo convenio expreso, puede desempeñar el encargo tratando en su propio nombre o en el del mandante. Ahora bien, si al promover la demanda de amparo, lo hace por su propio derecho y no en favor de su representado, como el fallo no afecta su interés jurídico, ni le causa un agravio personal y directo, es improcedente el juicio y debe sobreseerse de acuerdo con lo previsto en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo. Asimismo, es aplicable por analogía, la tesis aislada de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXIII, materia común, página 3770, del siguiente rubro y texto: PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. Una correcta interpretación de la fracción VI del artículo 63 de la Ley de Amparo, lleva a la conclusión de que éste debe ser solicitado precisamente por la persona que estima se le causa molestia por la privación de algún derecho, posesión o propiedad, porque el interés jurídico de que habla dicha fracción, no puede referirse a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados, y aunque la lesión de tales derechos, es natural que traiga repercusiones mediatas o inmediatas en el patrimonio de otras personas, no son éstas quienes tienen el interés jurídico para promover amparo. No obsta para arribar a la anterior conclusión que en el acuerdo reclamado, las autoridades responsables hayan determinado dar vista al Agente del Ministerio Público de la entidad, con las conductas desplegadas por el quejoso, **, toda vez que resulta evidente que carece de interés jurídico para impugnar tal determinación, que en su caso implicaría que se recaben y desahoguen diversos medios de prueba para determinar si existe o no la comisión de hechos que se ubiquen en alguna descripción típica, dado que ello constituye la continuación de una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos, y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los indiciados el derecho de oponerse a la integración de la carpeta de investigación, aun cuando sean considerados probables responsables, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Por ende, tal determinación no causa un perjuicio actual al ahora quejoso, máxime que sus efectos no son de imposible reparación, ya que pueden desvirtuarlos o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine que procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica, pero la sola vista al representante social no afecta la esfera jurídica del quejoso, que haga procedente el juicio de amparo. Es apoyo de lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 87/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, de Enero de 2009, materia penal, página 71, del siguiente tenor: AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL INDICIADO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA POR LA QUE REVOCA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PROPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA CAUSA A ÉSTE PARA QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN DIVERSOS MEDIOS DE PRUEBA. Conforme al artículo 73, fracción V, en relación con el numeral 4o., ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando el quejoso carece de interés jurídico. Ahora bien, si se toma en cuenta que la comprobación de dicho interés requiere demostrar que el acto reclamado lesiona la esfera jurídica del gobernado, resulta evidente que el indiciado carece de interés jurídico y, por tanto, es improcedente el juicio de amparo indirecto que promueva contra la determinación del Procurador General de Justicia por la que revoca el no ejercicio de la acción penal propuesto por el agente del Ministerio Público y ordena la devolución de la causa a la representación social para que se recaben y desahoguen diversos medios de prueba, en tanto que ello constituye la continuación de una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos, y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una averiguación previa, aun cuando sean considerados probables responsables, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Al respecto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la revisión, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la averiguación previa es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al Ministerio Público. Además, la determinación de revocar el no ejercicio de la acción penal no causa un perjuicio actual a los indiciados, pues sus efectos no son de imposible reparación, ya que pueden desvirtuarlos o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine que procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo cuerpo normativo, se impone sobreseer en el presente juicio, respecto de los actos reclamados por **. Improcedencia respecto de los actos reclamados que se consumaron de modo irreparable Con relación a los diversos actos reclamados por la persona moral, Rosita Carrasco, sociedad de producción rural de responsabilidad limitada, consistente en las actuaciones realizadas en la carpeta de investigación número 37-2017-0027849, que tramita el Agente del Ministerio Público Especializado en Investigación de Delitos de Robo, Zona Norte, específicamente, el acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, en el que se ordenó el levantamiento de la orden de aseguramiento decretada respecto de diversas cabezas de ganado y su correspondiente ejecución, el juicio de amparo resulta improcedente, dado que esos actos se consumaron de un modo irreparable. Para evidenciar este aserto, es menester precisar que los artículos 61, fracción XVI y 77, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo estatuyen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; [...] 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. [...] Del primero de los preceptos transcritos se advierte que el juicio de control constitucional es improcedente contra actos que se hayan consumado de un modo irreparable. Conforme al Diccionario de la lengua española, vigésima segunda edición, un "hecho consumado" lo constituye la acción que se ha llevado a cabo (que ha concluido), adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla. Así, la interpretación gramatical del precepto transcrito permite colegir que los "actos consumados" son aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, actos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Por su parte, el vocablo "irreparable" constituye el adjetivo que se aplica para denominar aquello "que no se puede reparar"; es decir, que no es susceptible de enmendar, corregir o remediar. La interpretación armónica de los citados preceptos (61, fracción XVI, y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo) permite concluir que por actos consumados de modo irreparable debe entenderse aquellos que han producido todos sus efectos, de manera tal que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho humano que se estima transgredido, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo dado que para el caso en que se otorgara la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate. Así se sostiene, dado que para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable; y, b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de amparo en términos de la fracción XVI del artículo 61 de la ley de la materia. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así, tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, pero esto ocurre sólo cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento (actos consumados de modo reparable). Sin embargo, tratándose de los actos consumados de modo irreparable resulta improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Sobre esas bases, cabe concluir que la naturaleza de los actos consumados, para efectos del juicio de amparo, debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar nuevamente del derecho que alega tener tutelado y que aduce le fue transgredido, igual que antes de las violaciones que afirma se le cometieron. En el caso, el cinco de agosto de dos mil diecisiete, la ahora quejosa formuló querella en contra de quien resultara responsable de la comisión de hechos constitutivos del delito de robo. Lo anterior dio origen a la integración de la carpeta de investigación 37-2017-0027849. Una vez desahogadas diversas diligencias, mediante oficio de cinco de agosto de dos mil diecisiete, con fundamento en lo establecidos en los artículos 131 y 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otros, la Coordinadora de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos de Robo expidió oficio al Jefe del Departamento de Ganadería del Estado de Chihuahua, en el que le solicitó: [...] Por medio del presente y en relación a los hechos denunciados por el C. **, por ROBO DE GANADO, le solicito de la manera más atenta, se sirva girar las instrucciones necesarias al personal a su digno cargo, a fin de que sea suspendida precautoriamente la exportación del ganado del lote a nombre de **, toda vez que se presume como robado. Lo cual se le solicita en carácter de URGENTE en virtud de que el ganado se encuentra en trámite de exportación, lo anterior hasta en tanto esta Fiscalía haga la investigación correspondiente. [...] Por su parte, el acto que por esta vía reclamó consistió en el acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, dictado en la carpeta de investigación 37-2017-0027849, mediante el cual la Coordinadora de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos de Robo, con la autorización del Coordinador General de Agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía de Distrito en el Estado, Zona Norte, ordenaron el levantamiento de la orden de aseguramiento decretada, cuyos puntos resolutivos son: [...] Primero. Se ordena dejar sin efectos el oficio número UIDRB-917/2017 dirigido al C. **, Jefe del Departamento de Ganadería del Estado de Chihuahua y en el cual se ordenó se suspendiera precautoriamente la exportación de ganado del lote a nombre de Alberto Javier García Schmitt. Segundo. En cumplimiento a lo establecido en los numerales 245, 246 y 247 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se ordena la devolución de los 78 semovientes asegurados del día siete de agosto del año en curso, a la C. Erika Renata Meléndez González, por considerarse acreditada a su favor la propiedad de dicho ganado. [...] Asimismo, obra en autos el oficio UIDRB-921/2017, de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, que la Coordinadora de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos de Robo dirigió al Jefe del Departamento de Ganadería del Estado de Chihuahua, para informarle que se levantaba la suspensión del trámite de exportación del ganado a nombre de **, el cual se entregó en la misma data. Finalmente, en comparecencia de diecisiete de agosto del mismo año, la Coordinadora de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos de Robo responsable ejecutó la liberación de setenta y ocho cabezas de ganado (becerros); asimismo, entregó la documentación para su respectiva disposición a **, a quien le otorgó la responsabilidad de dichos semovientes, así como los originales de la documentación de dicho ganado, para efectos de realizar los trámites de exportación correspondiente. En esta tesitura, si el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, se ejecutó el levantamiento de la orden de aseguramiento y se entregó el ganado asegurado a **, a quien se entregó la documentación necesaria para continuar con los trámites de exportación correspondiente y, por último, que se libró el oficio al Jefe del Departamento de Ganadería del Estado de Chihuahua, para informarle que se levantaba la suspensión del trámite de exportación del ganado a nombre de Alberto Javier García Schmitt, el cual se entregó en la misma data; entonces, a juicio de quien resuelve, el acto reclamado se consumó de un modo irreparable. Para evidenciar tal aseveración es importante tener presente que de conformidad con lo que estatuye el artículo 77 de la Ley de Amparo, tratándose de actos de carácter positivo, el efecto de la sentencia en que se otorga el amparo y protección de la Justicia Federal, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de derechos humanos, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él deriven; en cambio, cuando es de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el contenido del derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija; de esa forma, resulta evidente el juicio de amparo persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano que se alegó transgredido Por tanto, para los efectos del juicio de amparo, el acto aquí reclamado se encuentra consumado de modo irreparable, dado que no existe posibilidad material que permita restituir al quejoso en el derecho que estima transgredido, pues al dejar sin efectos la orden de aseguramiento de semovientes (becerros), ya produjo todos sus efectos, al haberse entregado la documentación respectiva a quien la responsable consideró como su titular e informar de su levantamiento a la autoridad que directamente los tenía en depósito, a quien también se le informó que de la misma manera se levantaba la suspensión del trámite de exportación de que eran objeto los respectivos animales. En estas circunstancias, no es posible restituir al quejoso en el goce de los derechos que se estimaron transgredidos, pues materialmente no se pueden retrotraer las cosas al estado que guardaban antes de la emisión del acto reclamado, dada la naturaleza particular de que los objetos asegurados, que en la especie se trata de seres vivos (becerros), que se encuentran individualmente determinados y, por esa característica, son únicos entre los de especie, por lo que al haberse dispuesto de ellos, aun de otorgarse el amparo para que aquél subsistiera, no podrían ser sustituidos por otros semovientes, para efectos del aseguramiento; máxime que se encuentran destinados a su comercialización, como se advierte de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa; de ahí que, para los efectos del presente juicio de amparo debe considerar consumada irreparablemente la resolución reclamada. Ante estas particularidades, no es materialmente factible restituir a la quejosa en el derecho que aduce transgredido y, eventualmente, obligar a la autoridad responsable a que deje sin efectos los actos que se hubieran ejecutado con posterioridad a la entrega de esos semovientes, porque se trata de bienes fungibles, que fueron marcados (herrados) individualmente, por lo que una vez que se ha dispuesto de ellos, ya no pueden ser objeto de restitución a través del juicio de amparo, precisamente por su individualidad, sino, en su caso, mediante una vía diversa, por otros bienes de las mismas o de similares características, pero no mediante el juicio de amparo, pues de ser así, se prejuzgaría sobre el fondo de la investigación que realiza el Representante Social y de la titularidad de aquellos objetos, lo que no es dable analizar en el presente juicio de amparo; de ahí la improcedencia del juicio de control constitucional. Consecuentemente, al haber quedado consumado de un modo irreparable el acto reclamado, se actualizó la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación de los numerales 61, fracción XVI, y 77, fracciones I y II, de la ley de la materia y, por tanto, se impone sobreseer en el juicio. Atento el sentido que rige el presente fallo, existe un impedimento legal para abordar el estudio del fondo de la cuestión planteada por la impetrante de amparo. Es aplicable a esta consideración, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo 70, de octubre de 1993, página 57, que estatuye: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Este sobreseimiento se debe hacer extensivo a los actos de ejecución atribuidos a las diversas autoridades señaladas como ejecutoras, pues los actos que se les atribuyen derivan de la ejecución de la orden reclamada, pero tales actos no se les reclaman por vicios propios. Apoya esta consideración, la jurisprudencia 516, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte SCJN, materia común, página 339, del siguiente contenido: SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75 y 78 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 785/2017-II, promovido por **, por propio derecho y como apoderado legal de **. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado **, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por el quejoso, ******* y anexos que lo acompañan; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas las documentales que exhibe y tómense en consideración al momento de resolver, en definitiva, el presente juicio. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.phgd*agb

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito signado por el apoderado de la parte quejosa y atento a su contenido, se le tiene ofreciendo las pruebas documentales que adjunta, mismas que tienen admitidas y desahogadas, ya que así lo permite su propia y especial naturaleza, en términos del numeral 119 de la Ley de Amparo. En otro contexto, atento al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que hasta el momento el Jefe del Departamento Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Chihuahua, ha sido omiso en rendir el informe que le fue solicitado mediante oficio 31980, de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Por tanto, con fundamento en los artículos 62, 64 y 75 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a la citada autoridad, a fin de que dentro del término legal de tres días, contado a partir del día siguiente al de la notificación de este acuerdo, informe a este Juzgado Federal si le fue comunicada la fecha en que se realizó la exportación del ganado que inicialmente se encontraba a nombre de *******, materia de la orden de aseguramiento dictada en la carpeta de investigación *******, que se levantó mediante resolución de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, dictada por la referida Coordinadora de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos de Robo adscrita a la Fiscalía de Distrito en el Estado, Zona Norte, con autorización del Coordinador General de Agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía de Distrito en el Estado, Zona Norte; asimismo, deberá informar la autoridad que ejecutó la exportación correspondiente y remitir copia certificada de la documentación en la que sustente su dicho; en caso contrario, deberá comunicar la imposibilidad legal que tenga para proporcionar la información requerida. Bajo el apercibimiento, que de no desahogar el requerimiento formulado en este proveído, dentro del plazo que para ello so otorga, con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a treinta unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, con el propósito de que se desahogue tal requerimiento, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, se difiere la audiencia constitucional y para su desahogo se señalan las NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de noviembre de dos mil diecisiete, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante el Secretario que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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