Carlos Misael Medina Marrero

Expediente 413/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
413/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
26/10/2021

Partes del expediente

  • Carlos Misael Medina Marrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra la resolución de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en este asunto, sin que lo hiciera; por tanto, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En otro orden, tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de once de agosto de dos mil veintiuno, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 86, 104 y 105 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, acorde a lo dispuesto por el artículo 2 de esta legislación, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Ahora, en el presente asunto se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, para el siguiente efecto: [.] -Dicte las medidas necesarias a fin de que se efectúe el emplazamiento a la parte demandada en el juicio laboral de origen. [.] Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificada de este proveído, cumpla con la sentencia de amparo, y lo informe a este juzgado, con las constancias relativas, debidamente certificadas. Apercibido que de no hacerlo así, dentro del término que se le señala: a) Con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, equivalentes a ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional ($8,962.00); y b) Se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación. Notifíquese por lista electrónica a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***. Doy fe.

  3. Principal

    SentenciaCiudad Juárez, Chihuahua; once de agosto de dos mil veintiuno. VISTOS para resolver el juicio de amparo 413/2021-VII, promovido por *******, por conducto de su apoderado, contra actos de la autoridad responsable, Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; y otra autoridad responsable; R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el dos de junio de dos mil veintiuno, turnado a este juzgado ese mismo día, *******, por conducto de su apoderado, promovió demanda de amparo en contra de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y el actuario adscrito a dicha junta laboral, de quienes reclamó lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- lo configura la omisión por parte de las autoridades señaladas como responsables, de llevar acabo la notificación y/o emplazamiento a juicio de la demandada interpuesta en contra de la C ******* en lo personal y como propietaria del negocio denominado *******, omitiendo actuar con apego a lo establecido por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, pues con fecha 06 de marzo del 2020, inicie acción en representación del quejoso demandando a dicha negociación y persona física el pago de prestaciones laborales, lo anterior, en virtud de despido injustificado del que fue objeto mi representada, sin que a la fecha del presente escrito se haya realizado el emplazamiento a juicio y/o notificación a los demandados, lo que desde luego le repara un perjuicio a mi representado, siendo omisas las autoridades señaladas como responsables en realizar las gestiones necesarias para el emplazamiento a juicio, violando con su actuar el artículo 17 de la constitución política mexicana, pues se le está negando el acceso a la justicia de manera pronta y expedida." SEGUNDO. Derechos que se estimó vulnerados. La quejosa señaló como derechos vulnerados, el previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de tres de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, , 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de un análisis integral de la demanda de amparo, del informe justificado rendido por la autoridad responsable y pruebas que obran en el juicio de amparo, se precisa que el quejoso reclamó de las autoridades responsables lo siguiente: El retardo en la impartición de justicia dentro del juicio laboral *******, porque la autoridad laboral no ha proveído las medidas necesarias para emplazar a la demandada en dicho juicio, en contravención al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior en términos de la Jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado por la parte quejosa, no obstante que las autoridades responsables, Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y el actuario adscrito a dicha junta laboral, al rendir informe justificado fueron omisos en precisar si es cierto o no el acto reclamado; sin embargo, se realizó manifestaciones que evidencia la existencia del acto reclamado. Además, de las constancias con que acompañó su informe, consistentes en diversas actuaciones dictadas en el juicio natural, se desprende: 1. La existencia del juicio laboral juicio laboral *******. 2. Que desde el seis de marzo de dos mil veinte, se admitió la demanda laboral, donde se designó como demandado a ******* y/o *******, en lo personal y como propietaria del citado negocio. 3. Sin embargo, se desprende que, a la fecha, aun no se ha emplazado a dicha parte demandada. Las constancias remitidas por la Junta responsable, adjuntas a su informe con justificación, poseen valor probatorio pleno, de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública y en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse la procedencia del juicio de amparo, ya que constituye una cuestión de orden público, cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. No obstante que las partes no formularon causales de improcedencia y no se advierte de oficio actualizada ninguna, se procede a resolver la inconstitucionalidad planteada en la demanda de amparo. QUINTO. Innecesario transcribir los conceptos de violación. Resulta innecesario transcribir los conceptos de violación que se hacen valer, pues la falta de transcripción ningún perjuicio ocasiona a la parte quejosa, dado que se estudiarán las cuestiones de legalidad o inconstitucionalidad efectivamente planteadas y se resolverá con base en los principios de exhaustividad y congruencia tutelados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior conforme a la Jurisprudencia por contradicción 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 830, del tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 164618, de rubro:"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Análisis constitucionalidad del acto reclamado. El concepto de violación planteado es fundado y suficiente para otorgar la protección constitucional solicitada. En este asunto opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que el accionante del amparo, es el trabajador en el juicio de origen del que se deduce el acto combatido. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 158/2018 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 359, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2010624, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO LABORAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO OPERE EN BENEFICIO DEL TRABAJADOR, NO VULNERA EL DERECHO HUMANO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. La parte quejosa reclama a las autoridades responsables la dilación procesal para emplazar al demandado en el expediente laboral *******, no obstante que desde el seis de marzo de dos mil veinte, se admitió la demanda laboral, retardando con ello la impartición de justicia, en contravención al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resulta fundado dicho concepto de violación, por lo siguiente. El artículo 17 Constitucional establece que: "Artículo 17. (.). Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del texto trascrito, se desprende que la garantía de administración de justicia que consagra el artículo 17 Constitucional, contiene varios principios de derecho subjetivo a cuya observancia están obligadas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, a saber: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario, y además, garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Es decir, dicha garantía de administración de justicia está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, por tanto, es claro que todas aquellas autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los principios que la integran, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales, como sucede en el caso que interesa. Lo anterior lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 192/2007 plasmada en la página 209 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, Octubre de 2007, novena época, registro 171257, del tenor siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Asimismo, el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, retoma el contenido del segundo párrafo del artículo 17 Constitucional, al establecer que todo proceso en dicha materia "será público, gratuito, inmediato", y se precisa que las Juntas se encuentran obligadas a "tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso". De esta manera, es fácil advertir que el legislador estableció como obligación a cargo de las autoridades del trabajo, la de estar expeditas para impartir justicia de manera pronta, es decir, dentro de los términos, plazos y condiciones que fijen las leyes, principio que rige su actividad, y que en el caso particular no se ha respetado. Así pues, los preceptos constitucional y legal antes mencionados, relativos a procurar el derecho humano de seguridad jurídica, conllevan el hecho de que las Juntas, en el caso particular, la Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, no puede ni debe retardar indefinidamente su función de administrar justicia, atento a que, por el contrario, es una de sus obligaciones el impartirla en forma rápida y expedita, lo cual implica que deben procurar resolver los asuntos a su cargo y realizar las notificaciones que se les encomienden, en los términos que establece la legislación laboral. En el mismo orden de ideas, la Ley Federal del Trabajo, en los preceptos que interesan prevé: "Artículo 748. Las notificaciones deberán hacerse en horas hábiles con una anticipación de veinticuatro horas, por lo menos, del día y hora en que deba efectuarse la diligencia, salvo disposición en contrario de la Ley." "Artículo 750. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario." De la interpretación armónica de lo transcrito, se desprende que las notificaciones deberán hacerse en horas hábiles con una anticipación de veinticuatro horas, por lo menos, del día y hora en que deba efectuarse la diligencia, salvo disposición en contrario de la Ley; y que las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, excepto cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario. Ahora bien, del contenido de las constancias que remitieron las autoridades responsables, se advierte los antecedentes siguientes: 1. Demanda laboral interpuesta por el apoderado legal de *******, aquí quejoso, en contra del demandado ******* y/o *******, en lo personal y como propietaria del citado negocio. 2. Dicha demanda fue admitida el seis de marzo de dos mil veinte, registrándose con el juicio laboral *******; se fijó fecha y hora para la audiencia de conciliación y demanda y excepciones, siendo el treinta de marzo de dos mil veinte; además se ordenó emplazar a la parte demandada. 3. En cumplimiento a lo anterior, el doce de marzo de dos mil veinte, el actuario se constituyó al domicilio del demandado a fin de emplazarlo al juicio de origen; sin embargo, indicó que no podía emplazar, porque en el domicilio se encontraba cerrado y nadie atendió a su llamado. 4. En auto de seis de abril de dos mil veinte, se hizo la indicación que con motivo de la suspensión de las labores de la junta, con motivo de la pandemia, se reprogramó la audiencia de conciliación demanda y excepciones, fijándose el diecisiete de junio de dos mil veinte; y se ordenó emplazar al demandado. (No obra constancia del emplazamiento) Sin embargo, no se atendió la razón actuarial contenida en el punto tres. 5. El catorce de julio de dos mil veinte, se reanudaron las labores de la junta con motivo de la suspensión de las labores, nuevamente se reprogramó la audiencia de conciliación demanda y excepciones, fijándose para su desahogo el diez de septiembre de dos mil veinte. Asimismo, se ordenó emplazar a la demandada, sin embargo, erróneamente se asentó otra demandada y domicilio, como se aprecia: ". TURNESE LOS AUTOS al C. Actuario a efecto de que se sirva emplazar a las demandas *******, en el domicilio ubicado en ******* Y *******, en el domicilio ubicado en *******, EN ESTA CIUDAD. Debiendo correr traslado con copia cotejada del auto de radicación, escrito inicial de demanda y copia original del presente acuerdo." No obstante, tampoco se atendió la razón actuarial especificada en el punto tres. 6. Por auto de veintiocho de agosto de dos mil veinte, y en atención al escrito del apoderado del aquí quejoso, se volvió a reprogramar la audiencia de conciliación y demanda y excepciones, ahora se fijó el uno de octubre de dos mil veinte, para su desahogo; se ordenó emplazar al demandado. (No obra constancia del emplazamiento) Tampoco se tomó en cuenta la razón actuarial mencionada. 7. En proveído de veintidós de septiembre de dos mil veinte, se ordenó regularizar el procedimiento, porque no se contaba con el término necesario para emplazar al demandado; y nuevamente se señaló el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, para el desahogo de la audiencia de conciliación y demanda y excepciones; y se ordenó emplazar al demandado. (No obra constancia del emplazamiento y la notificación del actor) No se tomó en cuenta la razón actuarial mencionada. 8. En la fecha señalada para la referida audiencia, se hizo constar que no encontraban presentes las partes, y dada la incomparecencia se difirió la audiencia de mérito, señalándose para su desahogo el once de mayo de dos mil veintiuno; y se ordenó emplazar al demandado. 9. En cumplimiento a lo anterior, el veintidós de abril de dos mil veintiuno, el actuario se constituyó al domicilio del demandado a fin de emplazarlo al juicio de origen; sin embargo, indicó no se emplazó porque en el domicilio se encontraba cerrado y nadie atendió a su llamado. 10. En la fecha señalada para la referida audiencia (once de mayo de dos mil veintiuno), se hizo constar que no encontraban presentes las partes, y dada la incomparecencia se difirió la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, señalándose para su desahogo el tres de agosto de dos mil veintiuno; y se ordenó emplazar al demandado. (No obra constancia del emplazamiento ni la notificación del actor) Tampoco, se tomó en cuenta la razón actuarial mencionada. Ahora bien, del contenido de los citados antecedentes del acto reclamado, se aprecia que no obra emplazamiento de la parte demandada en el juicio de origen, aun cuando se admitió la demanda laboral el seis de marzo de dos mil veinte. Tampoco se observa que la responsable haya tomado las medidas pertinentes para lograr su emplazamiento, pues desde el doce de marzo de dos mil veinte, tuvo conocimiento de la razón actuarial, donde se plasmó impedimento para emplazar al demandado, sin que haya tomado las medidas necesarias para emplazar a la parte demandada, aunado a que transcurrió en exceso el plazo para que se realice la diligencia encomendada o bien, para que manifestara la imposibilidad que tuviera para ello, en los términos establecidos en el artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo. En ese sentido, es evidente que la autoridad responsable ha sido omisa en proveer las medidas conducentes a fin de que se logre el emplazamiento de la parte demandada en cita, en virtud de que no existe alguna constancia de la que se ponga de manifiesto que esa autoridad haya vigilado el desarrollo del juicio laboral con el objeto de que logre la citada actuación, por lo que dicha dilación resulta ser violatoria, en perjuicio de la parte quejosa, del derecho humano consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.33/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Libro 64, Marzo de 2019, página 1643, con número de registro electrónico 2019400, estableció como un estándar para determinar si existe dilación excesiva, el plazo de 45 días naturales a partir de la fecha en la que concluyó el diverso en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, en atención a que tal periodo es el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley burocrática, tolera para que el juicio permanezca inmóvil; que es la siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En ese sentido, resulta que desde el seis de marzo de dos mil veinte, (fecha de admisión de la demanda laboral) hasta la presentación de la demanda de amparo, existe un periodo de cuarenta y cinco días, en exceso, en el cual no se realizó actuación alguna, dado que al veintiocho de junio de dos mil veintiuno, fecha en que se rindió el informe justificado, la responsable aún no ha dictado las medidas correspondientes para emplazar a la parte demandada en el juicio de origen, lo que provoca una dilación en el procedimiento y, en esa medida, tal actuar vulnera de manera directa la seguridad jurídica consagrada en el artículo 17 Constitucional en perjuicio del solicitante de amparo, pues excede el estándar de referencia. Así las cosas, resulta esencialmente fundado el concepto de violación vertido por la parte quejosa, ya que del informe justificado de la autoridad responsable se advierte que no se apegó a lo dispuesto por el artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, al existir la omisión señalada, en perjuicio del quejoso, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para que, la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, realice lo siguiente: Dicte las medidas necesarias a fin de que se efectúe el emplazamiento a la parte demandada en el juicio laboral de origen. Cabe precisar que la concesión no tiene el efecto de analizar actuaciones posteriores, ya que la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación ha señalado que los alcances de la protección constitucional se deben delimitar en consideración al acto reclamado y de acuerdo a la etapa procesal en la que se encuentra el juicio natural, en razón de los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en la Ley de Amparo. Lo anterior, con apoyo en la tesis 2a.CV/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Diciembre de 2013, Libro 1, Tomo I, Materia(s): Común, Decima Época, página 732, registro 2005150, de título: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, fracción II y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a *******, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución.NOTIFÍQUESE.Lo resolvió y firma la licenciada *******, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante el secretario *******, que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de julio de dos mil veintiuno. Visto lo que informa el Secretario y en atención a que de autos se advierte, que el uno de los actuales, se notificó a las partes el proveído con el cual se les dio vista con el contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; por lo que resulta evidente, que aún no han transcurrido los ocho días hábiles que tienen para imponerse de su contenido, en términos de lo dispuesto en el artículo 117, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y se señalan las NUEVE HORAS DEL ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su desahogo, con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe en mención y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen pertinentes para desvirtuarlo. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia número P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

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