Carlos Luis Escoffié Duarte
Expediente 803/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 20 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 803/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 04/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Carlos Luis Escoffié Duarte
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, que en su punto resolutivo primero sobreseyó en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la resolución señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obre en autos la tarjeta de acuse de recibo dirigida a la autoridad responsable Diputado Federal José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, residente en la Ciudad de México. Lo anterior, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé. Ahora bien, en relación con las autoridades responsables debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es una sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo, y que por tanto, no afecta el interés que pudiera tener la autoridad en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno relativo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, anexándoles para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva solicitada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 803/2020-I-B, promovido por ***, contra los actos del Diputado Federal ***, integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el once de septiembre de dos mil veinte, vía electrónica mediante el uso de su FIREL, y turnado el diecisiete siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció ***, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al Diputado Federal ***, integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda, la que se registró con el número 803/2020-I-B; se solicitó su respectivo informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Incompetencia. Por auto de once de febrero de dos mil veintiuno, este Juzgado determinó carecer de competencia legal para conocer del juicio de amparo promovido por ***y se ordenó remitir el presente juicio de amparo al Juez de Distrito en turno especializado en materia administrativa con residencia en la Ciudad de México, para su conocimiento. Por acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo a la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, devolviendo los autos originales del juicio en que se actúa, al considerar que el órgano competente para conocer de la demanda de amparo lo es este órgano jurisdiccional, por lo que se continuó con la tramitación y conocimiento del presente asuntó, se puso a la vista el informe justificado de la autoridad señalada como responsable; se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, al analizar integralmente cada uno de los apartados del escrito de demanda y, sin tomar en consideración los calificativos y los conceptos de violación, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y ésta, conjuntamente, con las constancias procesales que se integraron al expediente durante su tramitación, se obtiene que la parte quejosa reclama del Diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, lo siguiente: El bloquear en la red social Twitter la cuenta del quejoso @kalycho, impidiéndole el acceso a la cuenta oficial del referido diputado @fernandesnorona; lo que le imposibilita obtener información sobre sus actividades, declaraciones, decisiones y demás cuestiones relativas a sus quehaceres como funcionario público, las que hace del conocimiento de la población a través de su citada cuenta oficial. TERCERO. Certeza de actos reclamados. Es cierto el acto reclamado consistente en el bloqueo de la cuenta de twitter del quejoso, pues así lo reconoció expresamente la autoridad responsable al rendir su informe con justificación. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, Sección Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, en relación con el acto reclamado consistente en el bloqueo de la cuenta @kalycho en la red social Twitter, de la cuenta de la autoridad denominada @fernandeznorona, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." Por otro lado, el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, consagra el principio de instancia de parte agraviada, que en esencia consiste en que sólo puede instarlo aquella persona a quien agravia directamente la ley o acto de autoridad, lo que implica que una persona está legitimada a promover el amparo cuando tenga un derecho que fue vulnerado por el acto autoritario; el cual dispone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Conviene señalar que, de lo establecido por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, queda de manifiesto que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamenta el artículo 5° de la Ley de Amparo, al disponer, en lo conducente, que la solicitud de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional o cualquier otro acto que se reclame. Ese principio de instancia de parte agraviada, requiere que el acto reclamado, para que la instancia resulte procedente, provoque un perjuicio jurídico en la esfera del gobernado, que lo legitima para accionar el medio de control constitucional; ya sea, con motivo del inicio de la vigencia de la norma general o bien, del primer acto concreto en que ésta se aplique. De todo lo hasta aquí señalado, se desprenden los dos supuestos que generan el interés jurídico: ? La existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado por una norma jurídica. ? El resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. Así, el interés jurídico para impugnar un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio de garantías. En ese sentido se pronunció el Máximo Tribunal del país, por conducto de su Primera Sala, en la jurisprudencia número 1a./J. 168/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, Enero de 2008, página 225, cuyo rubro a la letra dispone lo siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS." Una vez que se precisó lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y para tal efecto se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia número 1º.A.J/17, publicada en la página 35 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 60, Diciembre de 1992, Octava Época, cuyo rubro señala: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO." Atento a lo anterior, se advierte lo siguiente: a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; b) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; c) No es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por lo tanto, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación publicado el viernes ocho de marzo de dos mil diecinueve, de rubro "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". Ahora bien, en cuanto a que la afectación al mencionado interés jurídico debe comprobarse para que prospere la acción de amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 2a./J. 16/94, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 82, octubre de 1994, página 17, ha resuelto categóricamente que debe acreditarse en forma plena y no inferirse con base en presunciones, pues las afectaciones que constituyen un perjuicio deben ser reales, por ende, es obvio que para que puedan examinarse en el juicio de amparo es indispensable que sean susceptibles de apreciarse objetivamente. En el presente juicio, el quejoso reclama el bloqueo de la cuenta @kalycho en la red social Twitter, de la cuenta de la autoridad responsable @fernandeznorona. Así, del análisis integral de la demanda de amparo se observa que el accionante del amparo se ostenta como propietario o usuario de la referida cuenta @kalycho, por lo que argumenta que con el bloqueo que realizó la autoridad responsable de esa cuenta, le impide acceder a la información pública relacionada con el ejercicio de su encargo como Diputado Federal, que éste comparte en la red social twitter, lo que transgrede su derecho al acceso de la información pública tutelado en el artículo 6°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, para acreditar su interés jurídico la parte quejosa tenía la obligación de acreditar que es propietario u usuario de la cuenta bloqueada por la autoridad responsable. Ahora, toda vez que se trata de una cuenta de red social proporcionada por la empresa Twitter.inc, se impone destacar que, con fundamento en el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el suscrito juzgador Federal tiene como hecho notorio la página de internet https://help.twitter.com/es/managing-your-account/twitter-username-rules, lo anterior con la finalidad de conocer cómo identificar a los propietarios, usuarios o titulares de las cuentas de esa red social. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la I.3o.C.35 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, página 1373, que dispone lo siguiente: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos." Así, de la revisión que se hace a dicha página de internet se advierte que para obtener una cuenta de la red social twitter, medularmente se requieren los siguientes requisitos: Ingresar a la página http://twitter.com y buscar la casilla de registro. Proporcionar información como el nombre de la persona, la dirección de correo electrónico y/o un número telefónico. Realizar un proceso de verificación. Después, las personas físicas o morales deberán crear un nombre de usuario el cual, puede pertenecer a su nombre verdadero o algún otro que no supere quince caracteres. También se deberá crear una contraseña para poder ingresar a la cuenta. Además, se advierte que el requerimiento de los anteriores requisitos es exigido para otorgar seguridad a los propietarios de las cuentas y evitar que sean utilizadas por terceros o que su información sea divulgada sin su autorización. Lo anterior demuestra que únicamente el titular o propietario de la cuenta es el que puede tener acceso a la misma y, en consecuencia éste es el único que se ve afectado con el bloqueo que otro usuario realice en su cuenta y, por ende no le permita ver la información que publica. Por lo tanto, si el quejoso Carlos Luis Escoffié Duarte impugna el bloqueo que realizó la autoridad responsable de la cuenta de twitter @kalycho; es inconcuso que, se insiste, está obligado a acreditar que él es propietario, titular o usuario de dicha cuenta y, que por ende, tiene la contraseña para ingresar a esa cuenta y, que con motivo del acto reclamado no puede acceder a la información pública que comparte el Diputado Federal José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña. Para acreditar su interés jurídico en el presente juicio, la quejosa ofreció únicamente las siguientes pruebas: I). La instrumental de actuaciones y, II). La presuncional legal y humana. III). Inspección judicial, a fin de demostrar que el Diputado Federal utiliza la cuenta de Twitter @fernandeznorona, como cuenta oficial para informar a la población de sus decisiones, opiniones, declaraciones, labores, iniciativas y demás actividades relacionadas con el ejercicio de su función pública como legislador a nivel federal. Sin embargo, dichas probanzas son insuficientes para acreditar que el quejoso es propietario, titular o usuario de la cuenta de twitter @kalycho; máxime que el interés jurídico no puede acreditarse con presunciones, por lo que la prueba presuncional no es apta para acreditar el extremo en cuestión y, respecto de la instrumental de actuaciones, ésta consiste precisamente en el conjunto de actuaciones que obran en el expediente formado con motivo del juicio, pero, en el caso concreto, se insiste, el quejoso únicamente ofreció las dos referidas pruebas y, en autos no obran más pruebas de las partes. Resulta aplicable en lo conducente, la tesis número IV.2o.1 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Mayo de 1995, página 378, del rubro y contenido siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. NO PUEDE DEMOSTRARSE CON LA PRUEBA PRESUNCIONAL. Si bien es cierto que en el juicio de amparo, pueden ofrecerse toda clase de pruebas, quien lo promueve debe acreditar fehacientemente su interés jurídico, en atención a que el artículo 4o. de la Ley de Amparo, contempla el principio de instancia de parte y el artículo 76 de la misma ley, contiene el principio de particularidad que rige respecto de la sentencia que se dicte en el juicio, de ahí la necesidad de acreditar plenamente el interés jurídico, para que la autoridad esté en posibilidad de conceder la protección de la Justicia Federal, en forma particularizada, situación que no se podría satisfacer si el interés del promovente del amparo tan sólo fuese presuntivo." Ahora, si bien es cierto que la referida cuenta se puede visualizar únicamente a través de la aplicación electrónica twitter, también es verdad que la Ley de Amparo establece la procedencia de diversas pruebas para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo, como por ejemplo, en el caso concreto, la inspección judicial en dicha aplicación electrónica, en la que un Actuario Judicial diera fe del momento en el que el quejoso ingresara a la cuenta @kalycho y proporcionara la contraseña respectiva y, así constar que el quejoso es el titular, propietario o usuario de dicha cuenta. Por su parte, si bien es cierto, el quejoso ofreció la inspección judicial, desahogada el veintinueve de diciembre de dos mil veinte, en la que se obtuvo que al accederse a la red social de twitter a la cuenta @fernandeznorona, se observó que tiene una foto de perfil del Diputado Federal José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña y se ostenta como Político, luchador social, activista, lector, librero y libérrimo. Además que es utilizada para informar el público acerca de las actividades del Diputado Federal José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, así como de su vida personal. Lo cierto es que dicha prueba no es eficaz para acreditar su interés jurídico, pues, primero, no fue ofrecida para tal fin y segundo, de ella no se obtienen datos que acrediten que el quejoso es titular de la cuenta @kalycho. Corolario de lo anterior, el aquí quejoso carece de interés jurídico para impugnar el referido acto reclamado, toda vez que no acreditó fehacientemente que es propietario, titular o usuario de la cuenta de twitter @kalycho. Máxime que el interés jurídico necesario para promover el juicio de amparo contra actos de autoridad solamente lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, aun cuando éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata alguna lesión o afectación por el acto de autoridad, por grave que ésta pudiera parecer. Y como se estableció, ese interés jurídico para efectos del juicio de amparo debe acreditarse fehacientemente, sin que pueda inferirse con base en presunciones, por el carácter excepcional que tiene el juicio de garantías y los efectos que debe tener la sentencia que conceda el amparo, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad. Es aplicable la jurisprudencia número 1a./J. 1/2002 de la Novena Época, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, página 15, cuyo texto establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto". También resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 16/94 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, Núm. 82, Octubre de 1994, de la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra señala: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. En virtud de lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia en estudio y, por ende, se impone decretar sobreseimiento en el juicio de amparo, respecto del acto reclamado que se atribuye a la autoridad responsable Diputado Federal José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XII, y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. En virtud del sobreseimiento decretado, no es posible examinar los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, de conformidad con la jurisprudencia número II.3o. J/58 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 57, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 70, octubre de 1993, Octava Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establece el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 18 de la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 79, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***, contra los actos que atribuyó a ***, Diputado Federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Vistos estos autos, se ordena agregar el oficio firmado por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Atento a su contenido, se advierte que el referido Juzgado no aceptó la competencia que se declinó a su favor por acuerdo de once de febrero de dos mil veintiuno; razón por la cual, devuelve los presentes autos del juicio de amparo 803/2020-I-B. Al respecto, este órgano jurisdiccional, ante la competencia declinada, determina continuar con la tramitación y conocimiento del presente asunto. Háganse las anotaciones respectivas, acúsese recibo y comuníquese lo anterior a la autoridad oficiante vía interconexión. En consecuencia, se señala como nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, las once horas con un minuto del dieciséis de abril de dos mil veintiuno. De igual forma, respecto a los informes justificados que rindió José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, Diputado Federal, integrante de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con residencia en la Ciudad de México; y que se relacionaron en el propio auto de once de febrero último, mediante el cual se planteó la incompetencia en comento; toda vez que por tal circunstancia no se pusieron a la vista de las partes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déseles vista de dichos informes y anexos, y relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente a las partes y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Vistos estos autos, se ordena agregar el oficio firmado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Atento a su contenido, se advierte que el referido Juzgado no aceptó la competencia que se declinó a su favor por acuerdo de once de febrero de dos mil veintiuno. Razón por la cual, ordenó devolver a este Juzgado la demanda del juicio de amparo 803/2020-I-B, para los efectos que se estimen pertinentes. En consecuencia, acuérdese lo conducente hasta que se reciba vía postal el oficio que se provee, junto con el juicio original y los cuadernos incidentales que se enviaron. Notifíquese y cúmplase.
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