Carlos Leonardo Yama Hernandez
Expediente 2462/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2462/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 21/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Carlos Leonardo Yama Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de ocho de abril del actual año, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho proveído se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se le notificó a la parte quejosa el once del presente mes, sin que a la fecha desahogara la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que le fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En sentencia dictada el nueve de marzo de dos mil veintidós, se concedió al quejoso Carlos Leonardo Yamá Hernández el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: - Dejara insubsistente el auto de fecha veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, en la parte conducente al diferimiento de la audiencia, y emitiera otro, en el que siguiendo los lineamientos de la sentencia ejecutoria, ciñéndose estrictamente a los plazos legales, señalare una nueva data para la celebración de la correspondiente audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral 1091/2019, de su índice, sin que pudiera ya excederse de tales términos. Dicha determinación causó ejecutoria el veintinueve de marzo pasado, por lo que se requirió su cumplimiento a dicha responsable. Con la finalidad de cumplir con el fallo protector, mediante oficio 546/2022, de seis de abril del año actual, la Presidente de la Junta responsable, remitió copia certificada del acuerdo de seis del presente mes, del que se advierte, dejó sin efecto la hora y fecha señalada en la audiencia de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, esto es, el seis de mayo próximo; y en su lugar señaló las ocho horas con quince minutos del veintiocho de abril en curso. Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, fracción II, se advierte que la autoridad responsable, en acatamiento a la sentencia firme, procedió a fijar fecha para la celebración de la referida audiencia trifásica de conformidad con los términos que le marca la ley obrera aplicable, acreditándolo fehacientemente con la documental respectiva. De ahí que se considere que respetó el derecho fundamental violado cumplimiento con lo que él mismo exige. En consecuencia, se declara que LA SENTENCIA PROTECTORA HA QUEDADO CUMPLIDA. Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la precisión de que este expediente físico impreso coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Por último, hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de abril de dos mil veintidós. Agréguense a estos autos el oficio de cuenta signado por la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña; que remite en cumplimiento a la sentencia ejecutoriada pronunciada en este asunto. Al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista de lo anterior a la parte quejosa, por el término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que se les haga de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación del Secretario que antecede, de la que se advierte que la notificación de la sentencia dictada el nueve de marzo de dos mil veintidós, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer y segundo puntos resolutivos se sobreseyó en el juicio, y en el tercero, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, que cumpla con la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violentado, como lo dispone el artículo 77, fracción I, del propio ordenamiento legal, lo que deberán informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, con apoyo en el numeral 258 de la ley de la materia, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, conforme al párrafo sexto, del Apartado B, del Artículo 26 de la Constitución Federal, que equivale a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, 00/100 moneda nacional), y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
- Principal
Vistos para resolver el juicio de amparo 2462/2021-VII-B, promovido por Carlos Leonardo Yamá Hernández, contra los actos que reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, así como de otra autoridad; y ANTECEDENTES PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, y turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció el nombrado quejoso a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y actuario de su adscripción. SEGUNDO. Por auto de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, se registró la demanda de amparo con el número 2462/2021-VII-B y se admitió a trámite; se ordenó dar a la representación social Federal de la adscripción la intervención que le compete; solicitar a las autoridades responsables su informe justificado; asimismo, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y CONSIDERACIONES PRIMERA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados los hizo consistir la parte quejosa en: 1. De la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado: El acuerdo dictado en la audiencia celebrada el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, en la que señaló las diez horas del seis de mayo de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral de origen 1091/2019 de su índice. 2. Del actuario de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado: La omisión de llevar acabo la diligencia de emplazamiento a la parte demandada Administración Tultitlán, Sociedad Anónima de Capital Variable, Adolfo Ceballos Ponce, Esteban Ceballos Safar, Andrés Ceballos Safar, y Cedro Inmobiliaria, Sociedad Anónima de Capital Variable, en los autos del juicio laboral 1091/2019. TERCERA. No es cierto el acto reclamado por la parte quejosa al actuario de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, consistente en la omisión de emplazar a los demandados Adolfo Ceballos Ponce y Cedro Inmobiliaria, Sociedad Anónima de Capital Variable, en los autos del juicio laboral 1091/2019. Lo anterior, a pesar de que haya manifestado que era cierto, pues como a continuación se verá, dicho acto resulta ser inexistente. En efecto, de las constancias de autos se evidencia que al momento de la presentación de la demanda de amparo (veinte de diciembre de dos mil veintiuno) no existía el acto reclamado en el presente juicio de derechos fundamentales, consistente en la omisión de la autoridad responsable de emplazar a juicio a los nombrados demandados. Ello es así, porque de las copias certificadas que remitió como apoyo a su informe justificado, la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se pone de manifiesto que el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno -esto es, antes de la presentación del escrito de demanda de amparo-, comparecieron a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones Cedro Inmobiliaria, Sociedad Anónima de Capital Variable, y Adolfo Ceballos Ponce. La primera, previamente notificada y el segundo, de forma espontánea, siendo emplazado en ese acto con las formalidades de ley. Por tanto, es obvio que respecto del acto reclamado que se analiza se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, que literalmente dice: "Articulo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional..." Pues resulta que a la fecha de la presentación de la demanda, no existía el acto de omisión que ahora le reclama. Cobran aplicación al caso particular por analogía, la jurisprudencia número 10, consultable en la página 12, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,544, así como el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que este Juzgador comparte, consultable en la página 254, Octava Época, Tomo XIII-Enero del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 213793, que en su orden indican: "AMPARO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja"; y "JUICIO DE AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del motivo de sobreseimiento que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." CUARTA. Son ciertos los demás actos reclamados a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y actuario de su adscripción, pues así lo reconocieron al rendir su informe justificado, la primera por conducto de su Presidente. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, Sección Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTA. En relación con el acto reclamado al actuario de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, consistente en la omisión de emplazar a los demandados Administración Tultitlán, Sociedad Anónima de Capital Variable, Esteban Ceballos Safar y Andrés Ceballos Safar, en autos del juicio laboral 1091/2019; previo a analizar el fondo de la litis, se debe verificar la procedencia del juicio constitucional, cuyo estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, visible a página 543, cuyo texto indica: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente" En el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo; lo que trae como consecuencia el sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, de las constancias que anexó la Junta responsable a su informe de ley, a las que se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso 2º de la propia ley. Se advierte que el veintiuno de enero del presente año, el actuario responsable procedió a dar cumplimiento a lo ordenado por dicha Junta, en audiencia verificada el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, en autos del juicio natural 1091/2019, esto es, llevó a cabo la diligencia de notificación encomendada, la cual, por las razones ahí asentadas, resultó infructuosa. Lo cual evidencia la cesación de efectos de dicho acto de queja, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Por tanto, es claro que el motivo de improcedencia surgió durante la sustanciación del presente juicio constitucional, pues la demanda de amparo se recibió en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, mientras que la diligencia de notificación se llevó a cabo el veintiuno de enero de dos mil veintidós. Ante ello, resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, respetando de esa forma las autoridades responsables el derecho fundamental violentado cumpliendo con lo que el mismo exige, con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley, sin que sea necesario realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTA. El análisis de la procedencia del juicio constitucional es de orden público y su estudio es previo y preferente, lo aleguen o no las partes acorde a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el página 95 del Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora bien, al no actualizarse alguna otra causal de improcedencia respecto de los actos reclamados, a la Junta responsable, se procede a realizar el estudio de fondo de la cuestión planteada, para lo cual se tienen aquí por reproducidos los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, como si a la letra se insertara, dado que no existe precepto alguno de la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción. Apoya lo antes considerado, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, publicada en el Tomo XXXI, Mayo de 2010, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, la cual aparece bajo el siguiente rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMA. Son fundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, en cuanto al diverso acto reclamado a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, consistente en el acuerdo dictado en la audiencia celebrada el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, en la que señaló las diez horas del seis de mayo de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral de origen 1091/2019, de su índice. Al caso, el quejoso alega que la autoridad responsable viola sus derechos fundamentales, toda vez que no se le está administrando justicia en los plazos y términos establecidos en la ley, dejándolo en estado de indefensión al impedir su derecho de acceso a la justicia. Pues bien, asiste razón al impetrante del amparo, dado que la Junta responsable debió señalar como fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro de los quince días hábiles siguientes como dispone el artículo 878 de la ley de la materia, o en su caso, dentro de un plazo razonable, tomando en cuenta sus cargas de trabajo, y al no hacerlo así, viola en su perjuicio el derecho fundamental tutelado en el artículo 17 constitucional, dado que la Junta responsable no cumple con su función de administrar justicia de manera pronta, completa e imparcial, con apego a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. En efecto, el artículo 17 de nuestra Carta Magna, establece como derecho fundamental que la administración de justicia se imparta por los tribunales designados en los lapsos que establezcan las leyes, emitiendo las determinaciones de manera pronta, completa y expedita. En relación con el tema que nos ocupa, de los artículos 685, 771, 873, 874 y 878, de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que el procedimiento laboral será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte, obligando a las autoridades, a tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez al tramitarlo. Asimismo, el numeral 771 reitera el criterio predominante en la materia laboral, en el sentido de que corresponde a la Junta o a sus miembros, proveer para que la justicia sea rápida y expedita y que los juicios no queden inactivos; que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. En el mismo acuerdo ordenará que se notifique personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, ordenando se notifique a las partes, entregando al demandado copia cotejada de la demanda, y del acuerdo admisorio, con el apercibimiento al demandado de tenerlo por inconforme con todo arreglo, por contestada la demanda en sentido afirmativo, en términos de lo dispuesto por el artículo 873 de la Ley Laboral. En relación con lo anterior, el artículo 874 de la Ley Federal del Trabajo, dispone que la falta de notificación de alguno o de todos los demandados, obliga a la Junta a señalar de oficio nuevo día y hora para la celebración de la audiencia, salvo que las partes concurran a la misma o cuando el actor se desista de las acciones intentadas en contra de los demandados que no hayan sido notificados. Las partes que comparecieren a la audiencia, quedarán notificadas de la nueva fecha para su celebración, a las que fueron notificadas y no concurrieron, se les notificará por boletín o en estrados de la Junta; y las que no fueren notificadas se les hará personalmente. En el caso, consta en autos que se vulnera el artículo 873 de la ley obrera, pues la actuación de la Junta responsable está provocando demora en el desarrollo del juicio natural, ya que, consta en los antecedentes de los actos reclamados, que la parte quejosa, promovió demanda laboral contra Administración Tultitlán, Sociedad Anónima de Capital Variable, Adolfo Ceballos Ponce, Esteban Ceballos Safar, Andrés Ceballos Safar, y Cedro Inmobiliaria, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el cual la Junta responsable, en su última audiencia de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, difirió y señaló como fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el procedimiento laboral 1091/2019, las diez horas del seis de mayo de dos mil veintidós, esto es, poco más de cinco meses de distancia para que se verificara la misma. Por lo que, se destaca, que la Junta responsable, no ha respetado el contenido de ese numeral, relativo al lapso en que debía verificarse la audiencia de ley, esto es, a la fijación de la fecha para su desahogo, pues ésta debe llevarse a cabo dentro de los quince días siguientes a que se reciba la demanda; pues se insiste, se desprende de la citada audiencia de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, se fijaron las diez horas del seis de mayo de dos mil veintidós, para su celebración, es decir, fuera del referido plazo. En ese sentido, es inconcuso que la responsable no está administrando justicia pronta a la parte quejosa, ya que no desarrolla la substanciación del juicio laboral dentro de los términos establecidos en los arábigos 873 de la Ley Federal del Trabajo, soslayando con ello el diverso contenido en el artículo 17 constitucional. Esto es, la vertiente analizada de la violación al referido artículo constitucional se patentiza con el retardo de la autoridad en prolongar más allá de los términos y plazos legales previstos para la tramitación y resolución del juicio o procedimiento respectivos, con lo que se afecta todo el procedimiento, en razón de que éste se configura por una serie de actos y etapas concatenadas o unidas entre sí, que se van desarrollando una tras otra en forma lógica y sistematizada para la consecución de un resultado -la emisión del laudo-. De modo que cuando el retraso o la omisión se concreten respecto de actos o etapas previas y específicas, trasciende a todo el procedimiento, porque desde una perspectiva integral, es inminente que una vez salga de sus cauces legales, ya no podrá desarrollarse dentro de los plazos y términos originalmente previstos, pues dada la necesaria conexión de los actos procesales, el que éstos se efectúen tardíamente o no se realicen, desfasa el ámbito temporal en que los subsecuentes actos deben desplegarse y, por tanto, los tiempos en que la controversia debe quedar resuelta. En ese tenor, el Presidente de la Junta señalada como responsable y sus auxiliares, en términos del citado ordinal 771, se encuentran obligados a vigilar que el personal a su cargo cumpla con las atribuciones que le son encomendadas en los plazos dispuestos en la ley, por lo que deberán vigilar diligentemente que en los juicios laborales se cumpla con lo anterior, so pena de incurrir en una falta especial. De ahí que, como lo refirió la parte quejosa con el retardo del procedimiento laboral por parte de la junta responsable, se contravienen sus derechos como parte trabajadora. En tales condiciones, al ser ilegal el acto reclamado procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso Carlos Leonardo Yamá Hernández, para el efecto de que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: - Deje insubsistente el auto de fecha veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, en la parte conducente al diferimiento de la audiencia, y emita otro, en el que siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria, ciñéndose estrictamente a los plazos legales, señale una nueva data para la celebración de la correspondiente audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral 1091/2019, de su índice, sin que pueda ya excederse de tales términos. Por lo que hace a los alcances por los que se otorga la protección constitucional, estos deben delimitarse en función del acto que aquí se reclamó y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro de la propia secuela procesal, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias; de ahí que la presente concesión únicamente opera por lo que hace a la fijación de la fecha para la audiencia en su etapa de demanda y excepciones. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a.CV/2013(10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN LIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respecto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." OCTAVA. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. NOVENA. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. DÉCIMA. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Carlos Leonardo Yamá Hernández, contra los actos que reclamó del actuario adscrito a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; derivado de los razonamientos plasmados en la consideración tercera de esta sentencia. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Carlos Leonardo Yamá Hernández, contra el acto consistente en la omisión de llevar a cabo la diligencia de emplazamiento a los demandados Administración Tultitlán, Sociedad Anónima de Capital Variable, Esteban Ceballos Safar y Andrés Ceballos Safar, al juicio laboral 1091/2019, atribuida al actuario adscrito a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por los motivos precisados en el quinto considerando de este fallo. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Carlos Leonardo Yamá Hernández, en contra del acto que reclamó de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; por los motivos y para el efecto precisado en la séptima consideración de esta resolución. CUARTO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración octava de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. QUINTO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración novena de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. SEXTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese una reimpresión firmada electrónicamente de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.
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