Carlos Leonel León Tzec

Expediente 288/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
288/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
03/04/2019

Partes del expediente

  • Carlos Leonel León Tzec

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de la Materia, en contra del acuerdo de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; lo anterior por cuanto dicho término de cinco días transcurrió del veintisiete de marzo al dos de abril de dos mil diecinueve. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que sin haberse decidido en lo principal, se dio por concluido y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: toda vez que en proveído de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, se efectuó una relatoría de las acciones impulsadas por el suscrito juzgador, a fin de que se cumpla con la sentencia ejecutoria relativa a este asunto, siendo que en el propio acuerdo se estimó, por los motivos ahí expuestos, que ante la contumacia demostrada para el cumplimiento de la citada ejecutoria por parte del Presidente Municipal, Síndico de Hacienda, y Tesorero del Ayuntamiento de ********************; EXISTÍA UN INCUMPLIMIENTO DE DICHAS AUTORIDADES VINCULADAS, AL INCURRIR EN UNA ACTITUD EVASIVA, propiciando el retardo en el cumplimiento de la referida ejecutoria. Por lo que con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, se remitieron al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMOCUARTO CIRCUITO, copias certificadas de la totalidad de las constancias del presente cuadernillo, a partir del auto de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se requirió cumplimiento a los actuales funcionarios municipales de ********************. Lo anterior, a fin de que la Superioridad resolviera lo conducente en relación a la inejecución de sentencia decretada en el citado proveído de veintiséis de febrero último, y tomando en consideración que el expediente original del juicio de amparo 680/2012-II-A ya se encontraba en el citado tribunal colegiado con motivo de la primitiva inejecución de sentencia decretada en autos y registrada por la Superioridad bajo el número ******************** de su índice. Ahora bien, reseñado lo anterior y con independencia de ello, es un hecho conocido por el suscrito que en los autos del toca ********************, relativo al juicio de amparo indirecto número ********************, del índice de este Juzgado Segundo de Distrito, promovido por ********************, por conducto de su apoderado ********************, se dictó una sentencia ejecutoria cuyo tema fundamental es similar al presente asunto, en la que, en lo que interesa, se determinó la siguiente: "...De lo narrado con anterioridad, se advierte de manera clara y patente que el tribunal responsable en la etapa de ejecución del laudo no ha dictado de manera eficaz y de manera pronta las providencias necesarias para vencer la contumacia del ayuntamiento condenando así como de las autoridad relacionadas con el cumplimiento, ya que no por la existencia una serie de actuaciones realizadas para cumplimentar el laudo en el juicio de origen, implica por consecuencia lógica, jurídica y necesaria que ha sido eficaz la ejecución del laudo. Ahora bien, para estimar que se han dictado las medidas convenientes con la finalidad de cumplir con el pago del laudo, implica evaluar los medios elegidos para dar cumplimiento y su idoneidad para ello, y no necesariamente que se intente en diversas ocasiones dar cumplimiento. Cabe señalar que de la resolución del cumplimiento sustituto ********************, resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que constituye un hecho notorio, se advierte que estableció que, para sostener que se han agotado los medios a su alcance, deben atenderse a los siguientes elementos normativos: LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DE YUCATÁN: "Artículo 157. El Tribunal sancionará la alteración del orden, y las faltas de respeto hacia el mismo en forma verbal o por escrito, sancionándolas, según la gravedad de la falta, con amonestación, expulsión del local del Tribunal o económicamente, a criterio del mismo, con una cantidad mínima de cien pesos, cuando se trate de trabajadores y de mil pesos cuando se trate de funcionarios. (.) Artículo 160. Las autoridades están obligadas a prestar auxilio al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, para hacer respetar y cumplir sus resoluciones, cuando fueren requeridas para tal fin. Artículo 160 bis. El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, para hacer cumplir sus determinaciones, podrán imponer las mismas sanciones a que hace referencia el artículo 157 de esta Ley. Artículo 160 ter. Las multas se harán efectivas por la Secretaría de Hacienda; para lo cual el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios girará el oficio correspondiente. La Secretaría aludida informará al Tribunal de haber hecho efectiva la multa, señalando los datos relativos que acrediten su cobro. Artículo 161. El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio procedan. Artículo 162. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola que, de no hacerlo, se emplearán los medios de apremio establecidos es esta propia Ley". REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE YUCATÁN: "Artículo 12. Además de las facultades establecidas en la Ley, y sin perjuicio de las mismas, el Presidente tendrá las siguientes: I. Representar legalmente al Tribunal; (.) IV. Tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de los acuerdos del Pleno; (.) VI. Ejecutar los laudos dictados por el Pleno; VII. Revisar los actos de los actuarios en la ejecución de los laudos que les corresponda ejecutar, a solicitud de cualquiera de las partes; (.) XVI. Gestionar ante la autoridad correspondiente los requerimientos del Tribunal (.)". LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN: "Artículo 14. Los magistrados y jueces contarán con las condiciones normativas y materiales para lograr el cumplimiento efectivo de sus resoluciones. Las sentencias ejecutoriadas de los tribunales del Estado deberán acatarse en sus propios términos y contarán con fuerza ejecutiva para lograr su cumplimiento. Artículo 15. El ejercicio de la función jurisdiccional del Poder Judicial del Estado se deposita en el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, los tribunales y juzgados de primera instancia y los juzgados de paz. Adicionalmente, para el cumplimiento de sus funciones no jurisdiccionales, el Poder Judicial contará con el Consejo de la Judicatura, el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia y el Centro Estatal de Solución de Controversias". Sin embargo, como tales disposiciones no hacen referencia a mecanismos específicos para lograr el cumplimiento de los laudos, también se indicó que debe analizarse la normativa aplicable de actos que se pueden solicitar, instar e incluso exigir. Entre las cuales se encuentran las siguientes: LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE YUCATÁN: "Artículo 1. Esta Ley es de observancia general para los Titulares y Trabajadores de las Dependencias de Administración Pública Centralizada, de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los municipios del Estado de Yucatán. (.) Artículo 45. Son obligaciones de los Titulares a que se refiere el artículo 1 de esta Ley: (.) IV. De acuerdo con la partida que en el presupuesto de egresos se haya fijado para tal efecto, cubrir la indemnización por separación injustificada cuando los trabajadores hayan optado por ella y pagar en una sola exhibición los salarios o sueldos caídos, prima vacacional, prima dominical, aguinaldos y quinquenios, en los términos del laudo definitivo (.)". CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN: "Artículo 30. Son facultades y atribuciones del Congreso del Estado: (.) VI. Aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado y las leyes de ingresos de los municipios, a más tardar, el día 15 de diciembre de cada año. Asimismo, deberá incluir en el Presupuesto de Egresos mencionado, las erogaciones plurianuales, aprobadas conforme a la Ley de la materia. Cuando inicie una administración gubernamental estatal en la fecha prevista en el artículo 48 de esta Constitución, el Congreso del Estado aprobará la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado a más tardar el 30 de diciembre del año en que se verifique dicho suceso. En caso de no aprobarse el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal correspondiente, continuará en vigor el autorizado para el año inmediato anterior, el cual se ejercerá mensualmente en una doceava parte del total, o de la disponibilidad de los recursos fiscales, con las actualizaciones que sean pertinentes, hasta en tanto se aprueba el del año fiscal respectivo. Determinar las bases, montos y plazos con que serán distribuidas las participaciones a los municipios, con arreglo a las Leyes respectivas. Atendiendo entre otros criterios, el esfuerzo recaudatorio; población y marginación; VII. Revisar y en su caso aprobar las cuentas públicas de los Poderes del Estado, municipios, entidades u organismos de la administración pública paraestatal, paramunicipal, organismos autónomos y, en general de los recursos públicos que se destinen o ejerzan por cualquier persona física o moral, pública o privada y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica. La revisión tendrá por objeto evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ajusta a los criterios señalados por el Presupuesto de Egresos y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los respectivos programas de conformidad a lo establecido en las leyes aplicables; VIII Bis. Autorizar al Poder Ejecutivo y a los ayuntamientos a contratar deuda pública y afectar como garantía, fuente de pago o de cualquier otra forma, los ingresos que les correspondan, en los términos establecidos en las leyes correspondientes; (.) Artículo 55. Son facultades y obligaciones del Gobernador del Estado: (.) IX. facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones; (.) Artículo 82. La ley que reglamenta el funcionamiento y organización de los ayuntamientos, contendrá los lineamientos siguientes: (.) III. Los presupuestos de egresos serán aprobados por cada Ayuntamiento con base en sus ingresos disponibles y de acuerdo a la programación de sus actividades gubernamentales y administrativas, de conformidad con las disposiciones aplicables. El Ayuntamiento deberá aprobar en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal que corresponda, las partidas necesarias para solventar las obligaciones adquiridas en ejercicios fiscales anteriores y pagaderas en dicho ejercicio, siempre que: a) Constituyan deuda pública del Municipio, o de las entidades paramunicipales garantizadas por el Ayuntamiento o el Poder Ejecutivo del Estado, conforme a lo autorizado por las leyes y los decretos correspondientes, o b) Deriven de contratos relativos a proyectos para la prestación de servicios aprobados por el Ayuntamiento conforme a la ley de la materia". LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN: "Artículo 38. Los Ayuntamientos tendrán las facultades y obligaciones siguientes: (.) III. De Hacienda: (.) b). Aprobar su presupuesto de egresos con base en los ingresos disponibles y de conformidad en su caso con el Programa Operativo Anual y el Plan Municipal de Desarrollo proyecto que para tal efecto deberá someter a su consideración el Presidente Municipal en la segunda quincena del mes de diciembre anterior al año en que deba regir dicho presupuesto con excepción del año en que tome posesión el Ayuntamiento, que será formulado y presentado en la primera quincena de enero; (.) Artículo 72. Son facultades y obligaciones del Tesorero Municipal : (.) b) Efectuar los pagos de acuerdo con el Plan de Egresos aprobado por el Ayuntamiento con excepción de los correspondientes a sueldos, no podrá hacer ningún pago sin la orden respectiva del Presidente del Ayuntamiento, girada en la forma establecida; (.)". Lo subrayado es para resaltar. Debido a lo anterior, si se considera que todas las autoridades están obligadas a prestar auxilio al Tribunal responsable, a efecto de que se cumplan sus resoluciones, mismo que dictará todas las medidas necesarias para la ejecución eficaz e inmediata de las mismas; y que los titulares de los ayuntamientos, deberán cubrir la indemnización por separación injustificada cuando los trabajadores hayan optado por ella, y pagarán en una sola exhibición los salarios o sueldos caídos, prima vacacional, prima dominical, aguinaldos y quinquenios, en los términos del laudo definitivo; entonces no puede concluirse que se ha dado cumplimiento al laudo, al poder instar a diversas autoridades para el cumplimiento puntual del mismo. En efecto, el Tribunal responsable debe dictar a las autoridades relacionadas con el cumplimiento del laudo los ajustes, modificaciones, ampliaciones, reestructuraciones y adecuaciones necesarias con cargo al presupuesto de egresos de los ejercicios fiscales correspondientes, instrumentar todos los mecanismos de transferencia o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, y en caso de no existir partida presupuestal para realizar el pago requerido, debe incluirse ese pago en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal siguiente. Así, aun ante la falta de recursos presupuestales en la partida destinada al cumplimiento de sentencias o pagos similares, las autoridades relacionadas con el cumplimiento del laudo están obligadas a adoptar todas las medidas que resulten necesarias para dotar de recursos a esa partida, como podría ser mediante las transferencias o adecuaciones presupuestales que resulten necesarias para ello, o su inclusión para el próximo ejercicio fiscal. Por tanto, debe requerirse a las autoridades que estén obligadas a realizar tales actos relacionados con la inclusión del pago en el presupuesto de egresos o que la deban incluir, en su caso, bajo el concepto correspondiente; con independencia de que incluso las autoridades correspondientes formen parte del mismo ayuntamiento condenado, pues si bien éste tiene el carácter de parte demandada en el juicio laboral, no debe soslayarse la obligación individual de sus titulares o funcionarios, como el presidente municipal, el síndico y los integrantes del cabildo, el tesorero o sus equivalentes, incluso diversos funcionarios dentro del mismo ayuntamiento. Lo anterior, en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo que dispone lo siguiente: "Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este Capítulo". Del numeral transcrito se desprende que todas las autoridades vinculadas con el cumplimiento de la sentencia de amparo, están obligadas a realizar todo tipo de actos necesario para el logro de ese objetivo. A este respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que se puede vincular a las autoridades responsables y si éstas o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a este para que ordene a aquella cumplir con dicha ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, e incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Asimismo, aun cuando los titulares de la autoridad demandada ya no estén en funciones (presidente y cabildo), pueden ser llamados como autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo. En ese orden, es de precisarse que se genera responsabilidad de los funcionarios municipales acorde lo dispuesto en los artículos 97, 98 y 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán, 3 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán y 2, fracción XXI, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán, en tanto que el procedimiento de responsabilidad administrativa de los servidores públicos de los Municipios de denunciará ante la contraloría de dicha municipalidad. En tal virtud, el Cabildo del Ayuntamiento de ********************, Yucatán, junto con el Congreso del Estado de Yucatán, Secretario de Hacienda del Estado de Yucatán, Secretario de Planeación y Presupuesto actualmente denominado Secretario de Administración y Finanzas de la citada entidad federativa, son autoridades que se encuentran vinculadas al cumplimiento de la sentencia de amparo, en virtud que el primero elabora su presupuesto y las demás lo analizan y en su caso aprueban. Sirve de apoyo, por analogía, la tesis 2ª. LVII/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 227, Tomo XXVII, Mayo de 2008, Materia Administrativa, Novena Época, registro 169707, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO IMPLIQUE LA EROGACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE UNA DELEGACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, EL JEFE DE GOBIERNO, AUN CUANDO NO SEA AUTORIDAD RESPONSABLE, DEBE REALIZAR LOS ACTOS QUE LE CORRESPONDEN CONSTITUCIONAL Y LEGALMENTE EN ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA. Conforme al artículo 112 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, las Delegaciones de la entidad cuentan con autonomía de gestión financiera e, inclusive, el Jefe Delegacional puede decidir la transferencia de recursos; sin embargo, ello no debe interpretarse al extremo de considerar que corresponde a éstos determinar libremente el destino de los recursos asignados, sino en el sentido de que en su aplicación gozan de autonomía para administrarlos, pero deben observar las disposiciones legales y reglamentarias, así como los acuerdos administrativos de carácter general de la administración pública central, además de que el ejercicio de esa facultad está condicionado a que no afecte los programas prioritarios, lo cual corresponde determinar a los órganos técnicos encargados de la administración financiera de los recursos de la entidad, que conocen el monto al que ascienden las partidas y demás elementos que permitan establecer el efecto de un ajuste presupuestario. En ese contexto, al reservar el artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso b), constitucional, al Jefe de Gobierno la facultad para presentar la iniciativa de presupuesto de egresos y, en términos del artículo 112 del Estatuto de Gobierno relativo, al ejercer dicha atribución, proponer a la Asamblea Legislativa las asignaciones presupuestales para que las Delegaciones cumplan con el ejercicio de las actividades a su cargo, cuando el acatamiento de una sentencia de amparo implique la erogación de recursos que corresponden a éstas, al indicado Jefe de Gobierno le asiste el carácter de autoridad vinculada a su cumplimiento, pues le corresponde proponer la programación de una partida para hacer frente a dichos fallos, así como realizar modificaciones presupuestarias para adecuarla a las necesidades sobrevenidas, lo cual ocurre necesaria e ineludiblemente al tratarse del cumplimiento de un mandato de amparo cuya ejecución es impostergable. Además, esa circunstancia no le resta al Jefe de Gobierno el carácter de autoridad vinculada al cumplimiento de las ejecutorias ni implica postergarlo un ejercicio, dado que es él quien, durante el ejercicio, puede modificar los programas relativos y realizar los ajustes presupuestarios, como se establece en el artículo 34 del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2008, sin que la eficacia de las ejecutorias de amparo permita inobservar las demás disposiciones aplicables. Lo anterior sin perjuicio de que aun en ausencia de presupuesto aprobado, finalmente las ejecutorias de amparo han de cumplimentarse afectando partidas presupuestales diversas". Conclusión. Por lo expuesto, al ser el acto reclamado, violatorio de los principios de prontitud y expeditez en la administración de justicia establecidos en el artículo 17 de nuestra Carta Magna, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo se impone conceder a la quejosa la protección constitucional, para el efecto de que el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, vincule al Congreso del Estado de Yucatán, al Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Yucatán y al Secretario de Planeación y Presupuesto actualmente denominado Secretario de Administración y Finanzas de la citada entidad federativa para que estas autoridades realicen las gestiones necesarias para la aprobación e inclusión de la cantidad objeto de la condena decretada en contra del Ayuntamiento de ********************, Yucatán en el juicio laboral ********************, a cuenta del presupuesto a destinar al citado Ayuntamiento en el próximo ejercicio fiscal, esto es dos mil diecinueve; y sean ellas mismas quienes instrumenten los mecanismos de transferencia a efecto de que se pague directamente a la quejosa ********************. Concesión que se hace extensiva a la autoridad ejecutora, Presidente adscrito al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán..." En mérito de lo anterior, a fin de establecer otra medida más, con el objeto de que el Tribunal responsable, esté en posibilidad de hacer cumplir el laudo, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, Magistrado Presidente y actuario de su adscripción, los tres con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, cumplan sin demora con la ejecutoria de mérito, para lo cual deberán adjuntar el documento o los documentos que así lo acrediten, o bien, informen a este juzgado las gestiones que hayan realizado para dar cumplimiento a la misma, o en su caso, el impedimento que tienen para hacerlo. Para ello, el Magistrado Presidente, siguiendo los lineamientos precisados en la ejecutoria antes reseñada, vincule al Congreso del Estado de Yucatán, al Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Yucatán y al Secretario de Planeación y Presupuesto actualmente denominado Secretario de Administración y Finanzas de esta propia entidad, para que auxilien tanto al Tribunal como al Ayuntamiento del Municipio de ********************, a fin de que éste último ente, obtenga mediante los mecanismos eficaces que estimen pertinentes, los recurso necesarios para cubrir las prestaciones establecidas en el laudo pronunciado en el juicio natural. Sin que lo anterior soslaye la circunstancia que tales instituciones gubernamentales pudieran alegar estar material y jurídicamente imposibilitadas para ello conforme a las normas que regulan los principios de la autonomía municipal y de que las partidas presupuestales son inembargables, así como que el presupuesto de egresos e ingresos se encuentran ya aprobados. Pues lo cierto es que lo que se pretende es que, sin dejar de observar las leyes que regulan los referidos principios, cumplan con lo que ordena la Constitución Política del Estado de Yucatán, en sus artículos 30 fracción VIII bis y 55 fracción IX, es decir, proporcionen el auxilio necesario al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán para el ejercicio expedito de sus funciones. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, a ocho de marzo de dos mil diecinueve. Vista la constancia levantada el seis de marzo último, por el actuario adscrito a este juzgado, de la que se advierte que, por las razones que expone no le fue posible notificar a la promovente ********************, el contenido del auto de fecha uno de marzo último, en el domicilio que obra en autos para tal efecto, en virtud de que le fue informado que en ese domicilio no la conocen. Al efecto, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III inciso a), del artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordena hacerle la notificación del auto de fecha uno de marzo último, la del presente acuerdo, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto proporcione a este Juzgado un nuevo domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones. NOTIFÍQUESE.

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