Carlos Jesús Ortíz Moreno

Expediente 155/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
155/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
30/12/2019

Partes del expediente

  • Carlos Jesús Ortíz Moreno
  • Tribunal de Control y Juicio Oral Penal. Tijuana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguense a sus autos los oficios de cuenta remitidos por el Suministrador de Servicios Básicos del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Zona Comercial Tijuana de la División Baja California de Comisión Federal de Electricidad y el Apoderado Legal de Teléfonos del Noroeste Sociedad Anónima de Capital Variable, ambos con sede en esta ciudad, por medio de los cuales informan que no encontraron antecedente de domicilio alguno respecto de Marcelino Anaya Zamora (aquí tercero interesado). En consecuencia, de lo anterior se toma conocimiento y una vez que la totalidad de las autoridades requeridas en auto de veinte de diciembre de dos mil diecinueve, informen lo solicitado, se acordará lo conducente. Por otra parte, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el informe justificado rendido por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Investigadora Especializada en Robos Zona Mariano Matamoros, con sede en esta ciudad, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días hábiles para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Con fundamento en el precepto 119, del citado ordenamiento legal, se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza, la prueba documental que adjuntó al informe la autoridad responsable. Finalmente, fórmese el tomo I de pruebas por separado, con la finalidad de llevar mejor manejo de este expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la constancia actuarial, signada por el Actuario adscrito, en la que asienta la imposibilidad que tuvo para entregar el oficio 4435/2019, dirigido al "Secretario de Seguridad Pública"; en virtud de que la denominación correcta es Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del H. Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones procesales, mediante oficio con trascripción del presente acuerdo, así como con copia certificada del diverso comunicado 4435/2019, se ordena notificar el auto de veinte de diciembre de dos mil diecinueve, a la referida autoridad con la denominación correcta precisada en el párrafo que antecede. Por otra parte, ténganse por recibidos los oficios de cuenta signados por el Recaudador de Rentas del Estado y el Apoderado Legal de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, ambos con sede en esta ciudad, por medio de los cuales informan que no encontraron antecedente de domicilio alguno respecto de Marcelino Anaya Zamora (aquí tercero interesado). En consecuencia, de lo anterior se toma conocimiento y una vez que la totalidad de las autoridades requeridas en auto de veinte de diciembre de dos mil diecinueve, informen lo solicitado, se acordará lo conducente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta remitido por el Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual se le tiene dando cumplimiento a lo solicitado en proveído dictado el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, informando que la licenciada Esmeralda Vargas Cardona, Agente del Ministerio Público, se encuentra adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Robos Zona Mariano Matamoros, la cual se ubicado en calle Catalina González, sin número, ruta Mariano Matamoros, en esta ciudad. Atento a lo anterior y, dado que dicha agente no tiene el carácter de autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, le asiste el carácter de parte tercero interesada. En consecuencia, emplácesele por medio de oficio, haciéndole saber que se fijaron las diez horas con cuarenta minutos del nueve de enero de dos mil veinte, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo y del auto admisorio. Asimismo, toda vez que Marcelino Anaya Zamora tiene la calidad de ofendido dentro de la causa penal 3637/2019, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le asiste el carácter de parte tercero interesado; sin embargo, toda vez que el domicilio que proporcionó el Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es impreciso, por virtud de que solo manifestó que se ubica en carretera vieja a Tecate, sin número. En ese sentido y en obvio de mayores dilaciones procesales, lo procedente es agotar medios de localización sobre el domicilio que pudiera registrar el tercero interesado citado, con el fin de emplazarlo al presente juicio, por ello, gírese oficio a las siguientes dependencias: 1. Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, Baja California; 2. Instituto Nacional Electoral (INE), con residencia en Mexicali, Baja California; 3. Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California; 4. Instituto Mexicano del Seguro Social, en esta ciudad; 5. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en esta ciudad; 6. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Mexicali, Baja California; 7. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Gobierno y Municipio del Estado de Baja California (ISSSTECALI), en esta ciudad; 8. Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente, Baja California "2", en esta ciudad; 9. Tesorería Municipal, en esta ciudad; 10. Recaudador de Rentas del Gobierno del Estado de Baja California, en esta ciudad; 11. Registro Público de la Propiedad y de Comercio, en esta ciudad; De igual forma, se requiere a las siguientes prestadoras de servicios telefónicos: 1. Teléfonos del Noroeste, en esta ciudad; 2. Radio Móvil Dipsa, sociedad anónima de capital variable, en la Ciudad de México. 3. Pegaso PCS, sociedad anónima de capital variable (Movistar), en la Ciudad de México. Asimismo, se requiere a las siguientes proveedoras de servicios públicos: 1. Compañía de Gas de Tijuana (Z Gas), en esta ciudad; 2. Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, en esta ciudad; y, 3. Suministrador de Servicios Básicos (CFE), en esta ciudad; Para que dentro del término de cinco días, computados legalmente, informen a este Juzgado si en sus archivos existe registro a nombre de Marcelino Anaya Zamora, y en caso afirmativo, facilite su domicilio para estar en posibilidad de emplazarlo al presente juicio de amparo. De igual forma, se requiere al Secretario de Seguridad Pública, con residencia en esta ciudad, para que en auxilio de las labores de este Juzgado se sirva ordenar a elementos bajo su mando, la búsqueda de dicha persona y remita las constancias relativas o bien, manifieste el impedimento legal que tenga para ello. Con el apercibimiento, a las dependencias, prestadoras de servicios, instituciones bancarias y organizaciones, que de no cumplir, dentro del término señalado, con fundamento en los artículos 237, fracción I, en relación con el artículo 259 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos ($84.49), valor diario de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma, el licenciado Juan Domingo Valadez Rivera, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, encargado del despacho por vacaciones de la Titular, conforme al oficio número CR./CJD./002/7219/2019, signado por el Secretario de la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada Claudia Lilia Álvarez González, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, a dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable, el cual contiene evidencia criptográfica; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga, del cual se hará nueva relación en la audiencia constitucional respectiva. Se tiene a la responsable ofreciendo como prueba un disco versátil digital (DVD), relativo a la audiencia celebrada en el procedimiento penal de origen; probanza que adquiere el carácter de documental pública lato sensu, teniéndose por desahogada sin necesidad de una audiencia especial, misma que será tomada en consideración en su oportunidad; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, lo que se relacionará al momento de celebrarse la audiencia constitucional, sin que sea el caso celebrar una audiencia especial para la reproducción del contenido del referido disco compacto, dado que dicho medio de convicción tiene la naturaleza de una documental pública. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 703, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." En consecuencia, resguárdese en la Secretaría de este Juzgado, el disco versátil digital que agregó la autoridad responsable en su informe justificado, a fin de evitar el daño de éstos por el manejo del expediente, quedando a disposición de las partes para su consulta; en el entendido de que, si es su deseo imponerse de éstos, su reproducción se realizará en las instalaciones de este Juzgado de Distrito. En diverso tenor, de las referidas probanzas y anexos que remitió el Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, se advierte que el agente del Ministerio Público que participó en dicha audiencia fue la licenciada Esmeralda Vargas Cardona; asimismo, se advierte le reviste el carácter de ofendido a Marcelino Zamora Anaya, a fin de llamarlos al presente juicio como terceros interesados, requiérase a la autoridad judicial mencionada en primer término, para que a la brevedad posible, informe a este Juzgado lo siguiente: La adscripción actual de la agente del Ministerio Público Esmeralda Vargas Cardona que intervino en dicha audiencia. En seguimiento a lo anterior, debe decirse que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 inciso c) fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32 punto 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en estricto acatamiento a los principios de equidad e igualdad procesal, se advierte que existe ofendido en el hecho que la ley señala como delito de robo calificado a casa habitación, se requiere a la autoridad judicial citada en párrafos anteriores, para que remita el domicilio del ofendido de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis 1a. LXXXI/2017(10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 65 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, Libro 44, Julio de 2017, Tomo 1, con registro electrónico 2014698, cuyo rubro y texto dicen: "VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO, AUN Y CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO AFECTE SU DERECHO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 5, FRACCIÓN III, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA). Esta Primera Sala ha sostenido que el derecho de las víctimas a participar y ser escuchadas en el juicio de amparo (incluso en su carácter de terceros) no debe limitarse a los aspectos relativos a la reparación del daño. De acuerdo con la interpretación sostenida por este alto tribunal, el derecho fundamental de acceso a la justicia y a la verdad exige que la víctima u ofendido del delito sea llamada y escuchada en relación con otros aspectos del proceso penal, como sería la acreditación del delito, la atribución de responsabilidad y la individualización de las sanciones. De acuerdo con lo anterior, esta Sala estima que el artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo abrogada, al señalar que tendrá el carácter de tercero perjudicado el ofendido o las personas que tengan derecho a la reparación del daño "siempre que los actos reclamados afecten dicha reparación o responsabilidad", resulta infraincluyente tratándose de la víctima u ofendido del delito, pues claramente excluye la posibilidad de reconocerle el carácter de parte dentro del juicio y, por tanto, de que sea debidamente escuchada y que esté en aptitud de hacer valer sus intereses, en aquellos casos en los que no se vea afectado, directa o indirectamente, el derecho a una justa indemnización. En ese sentido, a fin de no hacer nugatorios o restringir desproporcionadamente los derechos de las víctimas, el artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, no debe leerse de manera literal o textual, sino de conformidad con el principio de acceso a la justicia, de tal manera que se permita su participación dentro del juicio de amparo con el carácter de tercero perjudicado, aun y cuando el acto reclamado no afecte o incida en la reparación del daño. En otras palabras, el operador jurídico debe tomar en consideración que la porción normativa que señala "siempre que éstas afecten dicha reparación o responsabilidad", aunque pudiera ser constitucional en otros supuestos (por ejemplo, en el caso de aquellas personas que sin tener el carácter de víctimas u ofendidos del delito tengan derecho a la reparación del daño), no resulta aplicable tratándose de la víctima u ofendido del delito." Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, que equivalen a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada en diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, ello, conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Una vez que se reciba dicha respuesta, provéase lo que en derecho corresponda respecto al emplazamiento de los mismos. Notifíquese

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 3,498 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano