Carlos Manuel Salcido
Expediente 107/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 13 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 107/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 12/07/2021
Partes del expediente
- Carlos Manuel Salcido
- Comisionado Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, Con Residencia En Mexicali, Baja California.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Tijuana, Baja California, doce de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el arti´culo 202 de la Ley de Amparo, tienen las partes para recurrir auto de quince de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, sin que lo hubieren hecho; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo décimo octavo, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es depurable y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado artículo décimo octavo del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, quince de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se obtiene que a la fecha transcurrió el término de tres días concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado al fallo protector, sin que hayan hecho uso de ese derecho; por tanto, se procede a emitir el pronunciamiento a que se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo. Mediante sentencia dictada el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se determinó, conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Carlos Manuel Salcido, para el efecto de que la autoridad responsable Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario hoy Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, con residencia en Mexicali, realizara lo siguiente: La autoridad responsable Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario, con residencia en Mexicali, hoy Comisionado Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California -en su denominación actual y correcta-, deberá dejar insubsistente, el oficio SSEP/378/2012 de trece de febrero de dos mil doce, mediante el cual instruyó al Director de Centros de Reinserción Social y de Adolescentes, para que llevara a cabo el traslado del interno aquí quejoso Carlos Manuel Salcido, del Centro de Reinserción Social "El Hongo", con residencia en Tecate, Baja California, y dada la situación particular del quejoso -que ya fue trasladado-, delegue al Juez de ejecución competente para que sea éste quien determine si ha lugar o no a ordenar la devolución material del aquí quejoso al centro de reclusión de origen." Por auto de trece de octubre de dos mil veinte, se tuvo a la autoridad responsable Comisionado Estatal del Sistema Penitenciario del Estado de Baja California, interponiendo recurso en contra de la sentencia dictada en el presente juicio, posteriormente en veintitrés de abril de dos mil veintiuno el Tribunal de Alzada informó que desechó por extemporáneo el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable, y en doce de mayo del mismo año remitió los autos originales del presente juicio, quedando firme la sentencia dictada en autos, por lo cual en misma fecha se requirió al Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario hoy Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, con residencia en Mexicali, para que diera cumplimiento al fallo protector. En cumplimiento a dicho fallo, mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este Juzgado, el siete de junio de dos mil veintiuno, la responsable Comisionado Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, con residencia en Mexicali, remitió el oficio CESISPE/CJ/1458/2021 y anexos adjuntos al mismo, informando sobre el cumplimiento dado al fallo protector en lo que nos interesa lo siguiente: Dejó insubsistente el oficio SSEP/378/2012, de trece de febrero de dos mil doce, únicamente por lo que respecta al aquí quejoso Carlos Manuel Salcido. Mediante oficio CESISPE/CJ/1451/2021, de uno de junio del año en curso, remitió al Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, copia certificada de la solicitud de traslado del quejoso contenida en el oficio DIR/105/2012 y demás constancias relativas al traslado del quejoso del Centro de Reinserción Social Tijuana al Centro de Reinserción Social el Hongo I, a efecto de delegar al Juez de Ejecución competente la determinación si ha lugar o no a ordenar la devolución material de dicho quejoso al centro de reclusión de origen. Constancias con a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad a los artículos 129, 197 y 202 de Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. Con lo anterior, es claro que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector, pues el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, I) dejó insubsistente el oficio SSEP/378/2012, de trece de febrero de dos mil doce, únicamente por lo que respecta al aquí quejoso Carlos Manuel Salcido, y II) con posterioridad mediante oficio CECISPE/CJ/1451/2021 de uno de junio dos mil veintiuno, remitió al Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, copia certificada de diversas constancias relativas a la solicitud de traslado del aquí quejoso, a efecto de que este determine si ha lugar o no, ordenar la devolución material del mismo al centro de reclusión de origen. Por tanto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo; sin perjuicio de que las partes intenten el medio de impugnación previsto en el artículo 201 de la ley de la materia; comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes "SISE". Finalmente, toda vez que el quejoso Carlos Manuel Salcido, se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social "El Hongo", con residencia en Tecate, Baja California; y atendiendo a la situación de emergencia sanitaria decretada en el país, en virtud de la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia. Es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar, entre otras cosas, la integridad física de las partes; por lo que, con fundamento en el artículo 1, fracciones XX, XXV y XXXIII, del Acuerdo General 12/2020, articulo 2, fracciones X y XII, del Acuerdo General 13/2020, ambos Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los actuarios de este órgano jurisdiccional, para que notifique el presente auto personalmente al quejoso mediante la plataforma denominada "webex". Debiendo asentar en la constancia que para tal efecto elabore, que le dio lectura íntegra al presente proveído, y constate que el quejoso tiene pleno conocimiento de su contenido. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, cuatro de junio de dos mil veintiuno. Agréguense al presente expediente el oficio y anexos que remite la autoridad responsable, mediante lo cual informa el cumplimiento dado al fallo protector dictado en este asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio y constancias que remite, dese vista a las partes, por el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho término, con o sin manifestación de las partes, procédase a resolver sobre el cumplimiento dado al fallo protector. Finalmente, toda vez que el quejoso Carlos Manuel Salcido, se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social "El Hongo", con residencia en Tecate, Baja California; y atendiendo a la situación de emergencia sanitaria decretada en el país, en virtud de la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia. Es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar, entre otras cosas, la integridad física de las partes; por lo que, con fundamento en el artículo 1, fracciones XX, XXV y XXXIII, del Acuerdo General 12/2020, articulo 2, fracciones X y XII, del Acuerdo General 13/2020, ambos Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los actuarios de este órgano jurisdiccional, para que notifique el presente auto personalmente al quejoso mediante la plataforma denominada "webex". Notifíquese personalmente y al asesor jurídico del quejoso.
- Principal
Tijuana, Baja California, doce de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio proveniente del Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, asimismo informa que el proveído de veintiuno de abril de dos mil veintiuno en el que se desechó el recurso de revisión interpuesto en autos, ha quedado firme. En ese contexto, comuníquese lo anterior a las partes, acúsese el recibo correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de Juzgado respectivo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario hoy Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, con residencia en Mexicali, Baja California, para que, dentro del término de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, informe el cumplimiento dado al fallo protector en la resolución de veintiuno de septiembre de dos mil veinte; es decir, deberá: Dejar insubsistente, el oficio SSEP/378/2012 de trece de febrero de dos mil doce, mediante el cual instruyó al Director de Centros de Reinserción Social y de Adolescentes, para que llevara a cabo el traslado del interno aquí quejoso Carlos Manuel Salcido, del Centro de Reinserción Social "El Hongo", con residencia en Tecate, Baja California, y dada la situación particular del quejoso -que ya fue trasladado-, delegue al Juez competente para que sea éste quien resuelva respecto de la solicitud de traslado, del impetrante. Debiendo remitir copia certificada de las constancias que lo acrediten, o bien informe la imposibilidad jurídica que tenga para ello; apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 258 ambos de la Ley de Amparo; y, conforme al artículo 192 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, así como la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable requerida que el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 56/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo." Finalmente, toda vez que el quejoso Carlos Manuel Salcido, se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social "El Hongo", con residencia en Tecate, Baja California; y atendiendo a la situación de emergencia sanitaria decretada en el país, en virtud de la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia. Es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar, entre otras cosas, la integridad física de las partes; por lo que, con fundamento en el artículo 1, fracciones XX, XXV y XXXIII, del Acuerdo General 12/2020, articulo 2, fracciones X y XII, del Acuerdo General 13/2020, ambos Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los actuarios de este órgano jurisdiccional, para que notifique el presente auto personalmente al quejoso mediante la plataforma denominada "webex". Debiendo asentar en la constancia que para tal efecto elabore, que le dio lectura íntegra al presente proveído, y constate que el quejoso tiene pleno conocimiento de su contenido. Notifíquese; personalmente al quejoso y a su asesor jurídico.
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