Carlos Jahaziel Aquino Garcia

Expediente 704/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 20 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
704/2020
Año
2020
Actuaciones
20
Última actuación
18/06/2021

Partes del expediente

  • Carlos Jahaziel Aquino Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra el auto dictado el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno; en consecuencia, se declara que dicho acuerdo ha causado estado; comuníquese lo anterior a las autoridades correspondientes; háganse las anotaciones relativas en el libro de Gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo quinto, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído fuera de audiencia el juicio de amparo, es susceptible de destrucción en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo trigésimo quinto del Acuerdo General mencionado. Con fundamento en el artículo octavo, fracción I, del Acuerdo General mencionado, el presente juicio de amparo, se considera expediente de trámite; por tanto, una vez que trascurran más de tres años, contados a partir de esta fecha, transfiérase el expediente original, al depósito documental del Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo establece el numeral 9, del citado Acuerdo General; lo anterior, a partir veintitrés de junio de dos mil veinticuatro. Respecto al original del incidente de suspensión es susceptible de depuración; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis de la fracción I, inciso a), del artículo décimo octavo del mismo acuerdo; por lo que se señala como fecha probable para tal efecto el veintitrés de junio de dos mil veinticuatro, debiéndose conservar únicamente las resoluciones en que se concedió la suspensión provisional y definitiva. Por lo que corresponde al duplicado del citado incidente, se establece que éste es susceptible de destrucción de conformidad con lo dispuesto en el numeral vigésimo, fracción II, inciso a), del acuerdo antes referido, por lo que se señala como fecha para tal efecto el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Glósese copia del presente acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, uno de junio de dos mil veintiuno. Vista la constancia actuarial que antecede, se advierte la imposibilidad que tuvo la fedataria judicial para notificar a la tercero interesada María del Carmen Torres, por las razones que en la misma expone. Asimismo, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el dieciséis de marzo del año en curso, se notificó personalmente a la parte tercero interesada María del Carmen Torres, por medio de exhorto, el proveído dictado el tres de febrero del año que transcurre, en el que se le requirió para señalara domicilio procesal en esta ciudad, apercibida que de hacer caso omiso, las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal, se practicarían por lista. En consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de referencia y se ordena notificar a la tercero interesa el auto de veintiocho de mayo del año en curso y las subsecuentes actuaciones, aún las de carácter personal por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio para tales efectos. Notifíquese y por lista a la tercero interesada María del Carmen Torres. Tijuana, Baja California, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término de veinte días que se otorgó al quejoso en proveído de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, para que acreditara haber realizado las gestiones tendentes a la publicación de los edictos ordenados, con la finalidad de emplazar a juicio a la tercera interesada María del Carmen León Chiavelli. Atento a lo anterior, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción II, en relación con el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó." "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: . III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: . b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." [Énfasis añadido] Dispositivos de cuya interpretación armónica se obtiene que la causa de sobreseimiento de mérito cobra vigor, cuando la parte quejosa no acredita haber entregado los edictos para su publicación dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición. Así, previo a agotar los trámites correspondientes a los medios de localización del domicilio de la tercero interesada María del Carmen León Chiavelli, en acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó su emplazamiento por medio de edictos, otorgándole a la parte quejosa un término de veinte días hábiles para recogerlos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo establecido, se decretaría el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Posteriormente, después de haber sido notificada la parte quejosa por medio de lista el veintinueve de marzo siguiente, no acudió a recoger los edictos para su publicación, sin que a la fecha haya acreditado haber realizado las gestiones tendientes para la publicación de los edictos ordenados, o su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, o bien, que de los elementos que constan en los autos que integran el presente juicio de amparo, existan indicios que demuestren que la parte agraviada, no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante; por lo tanto, se evidencia que la parte quejosa no cumplió con dicho requerimiento. Por tal motivo, y dado que el párrafo segundo, inciso b), de la fracción III, del artículo 27, de la Ley de Amparo, impone a la parte quejosa la obligación de acreditar haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, para realizar el emplazamiento de la tercera interesada; pues, dicho emplazamiento permite tener constituida la relación jurídica procesal y ello está condicionado a que la parte quejosa realice el pago de los edictos respectivos, o en su caso, se tuviera por acreditada su imposibilidad para solventar dicho gasto, pues, de estimarse lo contrario, el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda la tercero interesada en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto de validez del proceso cuyo incumplimiento, atribuible a la parte quejosa por la falta de pago de los edictos, impide pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a la gobernada cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Por tanto, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la falta de publicación de los edictos, a costa del promovente del amparo, para lograr el emplazamiento a la tercero interesada María del Carmen León Chiavelli, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela el numeral en comento, ya que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del aquí quejoso, pues con la falta de emplazamiento de la referida tercero, se impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Conforme a lo anterior, se estima que al respecto queda garantizada la impartición de justicia de manera pronta y expedita como lo ordena el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además, que la falta de trámite y resolución del juicio de amparo quede al arbitrio del promovente del amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia número XVII.1o.C.T. J/14 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 1859, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2013740, que a la letra dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE SOBRESEER EN ÉSTE ANTE LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR QUE LOS PUBLICÓ, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRUEBE O NO QUE REQUIRIÓ SU ENTREGA AL ÓRGANO QUE LOS DECRETÓ [INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN II Y 27, FRACCIÓN III, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA]. No basta tomar en cuenta la literalidad del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que se sobreseerá en el juicio cuando el quejoso no acredite que entregó los edictos para su publicación, a fin de emplazar al tercero interesado, cuyo domicilio se desconoce, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó, redacción de la que se deduce que se condiciona la actualización de la causa de sobreseimiento, a que el quejoso comparezca ante el órgano de amparo a solicitar la entrega de dichos edictos; sino que debe atenderse al numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de dicha ley reglamentaria, que regula el mismo supuesto y que de forma puntual señala que si el impetrante de amparo no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si el quejoso requirió o no su entrega al órgano de amparo. Por tanto, de una interpretación conforme de los citados preceptos, si el quejoso omite acreditar los extremos señalados en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, procede sobreseer en el juicio, aun cuando no se demuestre que dicho inconforme compareció al tribunal constitucional a requerir su entrega. Esta interpretación resulta acorde con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano del debido proceso, así como con el diverso numeral 17 de tal Ordenamiento Supremo, que salvaguarda el derecho a que se administre justicia pronta y expedita, en los términos que establecen las leyes; preceptos constitucionales conforme a los cuales no puede quedar supeditada a la intención de las partes que se dicte sentencia en el juicio de amparo, la cual jurídicamente es imposible emitirse si no se constituye válidamente la relación jurídico procesal en el juicio, con el emplazamiento del tercero interesado. Ello, porque la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley; de ahí que no puede sobreponerse el interés del quejoso al interés público de la sociedad." Asimismo, tiene aplicación por identidad de razón la jurisprudencia 1a./J. 4/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 729, Materia Constitucional, Común, Tomo I, Libro 5, Abril 2014, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. LA MODULACIÓN AL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE IMPONE AL QUEJOSO LA CARGA PROCESAL DE CUBRIR EL COSTO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS, ES CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA." Además, el sobreseimiento deriva del incumplimiento de la obligación del quejoso, de realizar el pago y publicación de los edictos dentro del plazo concedido en acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, o su falta de acreditación sobre la imposibilidad para solventarlos, lo que provoca el retardo en la impartición de justicia, prohibido por el artículos 17, del Pacto Federal. En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia de la acción constitucional referida, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción II, en relación a la fracción III, inciso b), párrafo segundo, del numeral 27, ambos de la Ley de Amparo. Sin que la presente determinación vulnere el derecho fundamental del quejoso al derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se encuentra íntimamente relacionado con el 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José"; en ese sentido, resulta inconcuso que el sobreseimiento en los términos señalados no puede constituir cosa juzgada y, por ende, no impide la promoción de una nueva demanda de amparo contra el propio acto reclamado. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia en materia penal XI.P. J/1, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, publicada en la página 1325, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, Tomo XXX, Octubre de 2009, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO POR OMISIÓN DEL QUEJOSO DE RECOGER, PUBLICAR O EXHIBIR EDICTOS CON EL FIN DE EMPLAZAR AL TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS EN MATERIA PENAL. NO CONSTITUYE COSA JUZGADA Y, POR ENDE, SU DICTADO NO IMPIDE LA PROMOCIÓN DE UNA NUEVA DEMANDA DE AMPARO CONTRA EL PROPIO ACTO RECLAMADO." Asimismo, cobra aplicación por las consideraciones jurídicas que contiene la jurisprudencia en materia constitucional 1a./J. 8/2020 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 589 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, Libro 74n Enero de 2020, Tomo I, con el rubro: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. DIFERENCIAS ENTRE EL DERECHO A RECURRIR UN FALLO ANTE UNA INSTANCIA SUPERIOR Y EL DE ACCEDER A UN RECURSO ADECUADO Y EFECTIVO." Por lo tanto, quedan sin efecto las providencias decretadas; comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables y hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término de veinte días que se otorgó al quejoso en proveído de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, para que acreditara haber realizado las gestiones tendentes a la publicación de los edictos ordenados, con la finalidad de emplazar a juicio a la tercera interesada María del Carmen León Chiavelli. Atento a lo anterior, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción II, en relación con el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó." "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: . III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: . b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." [Énfasis añadido] Dispositivos de cuya interpretación armónica se obtiene que la causa de sobreseimiento de mérito cobra vigor, cuando la parte quejosa no acredita haber entregado los edictos para su publicación dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición. Así, previo a agotar los trámites correspondientes a los medios de localización del domicilio de la tercero interesada María del Carmen León Chiavelli, en acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó su emplazamiento por medio de edictos, otorgándole a la parte quejosa un término de veinte días hábiles para recogerlos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo establecido, se decretaría el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Posteriormente, después de haber sido notificada la parte quejosa por medio de lista el veintinueve de marzo siguiente, no acudió a recoger los edictos para su publicación, sin que a la fecha haya acreditado haber realizado las gestiones tendientes para la publicación de los edictos ordenados, o su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, o bien, que de los elementos que constan en los autos que integran el presente juicio de amparo, existan indicios que demuestren que la parte agraviada, no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante; por lo tanto, se evidencia que la parte quejosa no cumplió con dicho requerimiento. Por tal motivo, y dado que el párrafo segundo, inciso b), de la fracción III, del artículo 27, de la Ley de Amparo, impone a la parte quejosa la obligación de acreditar haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, para realizar el emplazamiento de la tercera interesada; pues, dicho emplazamiento permite tener constituida la relación jurídica procesal y ello está condicionado a que la parte quejosa realice el pago de los edictos respectivos, o en su caso, se tuviera por acreditada su imposibilidad para solventar dicho gasto, pues, de estimarse lo contrario, el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda la tercero interesada en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto de validez del proceso cuyo incumplimiento, atribuible a la parte quejosa por la falta de pago de los edictos, impide pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a la gobernada cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Por tanto, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la falta de publicación de los edictos, a costa del promovente del amparo, para lograr el emplazamiento a la tercero interesada María del Carmen León Chiavelli, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela el numeral en comento, ya que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del aquí quejoso, pues con la falta de emplazamiento de la referida tercero, se impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Conforme a lo anterior, se estima que al respecto queda garantizada la impartición de justicia de manera pronta y expedita como lo ordena el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además, que la falta de trámite y resolución del juicio de amparo quede al arbitrio del promovente del amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia número XVII.1o.C.T. J/14 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 1859, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2013740, que a la letra dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE SOBRESEER EN ÉSTE ANTE LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR QUE LOS PUBLICÓ, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRUEBE O NO QUE REQUIRIÓ SU ENTREGA AL ÓRGANO QUE LOS DECRETÓ [INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN II Y 27, FRACCIÓN III, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA]. No basta tomar en cuenta la literalidad del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que se sobreseerá en el juicio cuando el quejoso no acredite que entregó los edictos para su publicación, a fin de emplazar al tercero interesado, cuyo domicilio se desconoce, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó, redacción de la que se deduce que se condiciona la actualización de la causa de sobreseimiento, a que el quejoso comparezca ante el órgano de amparo a solicitar la entrega de dichos edictos; sino que debe atenderse al numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de dicha ley reglamentaria, que regula el mismo supuesto y que de forma puntual señala que si el impetrante de amparo no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si el quejoso requirió o no su entrega al órgano de amparo. Por tanto, de una interpretación conforme de los citados preceptos, si el quejoso omite acreditar los extremos señalados en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, procede sobreseer en el juicio, aun cuando no se demuestre que dicho inconforme compareció al tribunal constitucional a requerir su entrega. Esta interpretación resulta acorde con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano del debido proceso, así como con el diverso numeral 17 de tal Ordenamiento Supremo, que salvaguarda el derecho a que se administre justicia pronta y expedita, en los términos que establecen las leyes; preceptos constitucionales conforme a los cuales no puede quedar supeditada a la intención de las partes que se dicte sentencia en el juicio de amparo, la cual jurídicamente es imposible emitirse si no se constituye válidamente la relación jurídico procesal en el juicio, con el emplazamiento del tercero interesado. Ello, porque la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley; de ahí que no puede sobreponerse el interés del quejoso al interés público de la sociedad." Asimismo, tiene aplicación por identidad de razón la jurisprudencia 1a./J. 4/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 729, Materia Constitucional, Común, Tomo I, Libro 5, Abril 2014, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. LA MODULACIÓN AL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE IMPONE AL QUEJOSO LA CARGA PROCESAL DE CUBRIR EL COSTO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS, ES CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA." Además, el sobreseimiento deriva del incumplimiento de la obligación del quejoso, de realizar el pago y publicación de los edictos dentro del plazo concedido en acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, o su falta de acreditación sobre la imposibilidad para solventarlos, lo que provoca el retardo en la impartición de justicia, prohibido por el artículos 17, del Pacto Federal. En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia de la acción constitucional referida, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción II, en relación a la fracción III, inciso b), párrafo segundo, del numeral 27, ambos de la Ley de Amparo. Sin que la presente determinación vulnere el derecho fundamental del quejoso al derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se encuentra íntimamente relacionado con el 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José"; en ese sentido, resulta inconcuso que el sobreseimiento en los términos señalados no puede constituir cosa juzgada y, por ende, no impide la promoción de una nueva demanda de amparo contra el propio acto reclamado. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia en materia penal XI.P. J/1, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, publicada en la página 1325, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, Tomo XXX, Octubre de 2009, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO POR OMISIÓN DEL QUEJOSO DE RECOGER, PUBLICAR O EXHIBIR EDICTOS CON EL FIN DE EMPLAZAR AL TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS EN MATERIA PENAL. NO CONSTITUYE COSA JUZGADA Y, POR ENDE, SU DICTADO NO IMPIDE LA PROMOCIÓN DE UNA NUEVA DEMANDA DE AMPARO CONTRA EL PROPIO ACTO RECLAMADO." Asimismo, cobra aplicación por las consideraciones jurídicas que contiene la jurisprudencia en materia constitucional 1a./J. 8/2020 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 589 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, Libro 74n Enero de 2020, Tomo I, con el rubro: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. DIFERENCIAS ENTRE EL DERECHO A RECURRIR UN FALLO ANTE UNA INSTANCIA SUPERIOR Y EL DE ACCEDER A UN RECURSO ADECUADO Y EFECTIVO." Por lo tanto, quedan sin efecto las providencias decretadas; comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables y hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el oficio que remite el Recaudador de Rentas del Estado, con domicilio en esta ciudad; atento su contenido, se le tiene dando cumplimiento a lo solicitado por este órgano jurisdiccional en proveído de diecinueve del mes y año que transcurre, y al efecto informa que no cuenta con antecedentes domiciliarios de la tercera interesada María del Carmen León Chiavelli. En otro sentido, toda vez que de la certificación secretarial se advierte que a la fecha, no se emplazado a la tercera interesada María del Carmen León Chiavelli, a su vez que este órgano jurisdiccional agotó todos los medios necesarios para la localización de la misma, previo requerimiento efectuado a dependencias en proveído de cinco de noviembre de dos mil veinte, tal y como lo establece el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo primero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En consecuencia, de conformidad con el artículo citado con anterioridad, se ordena su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, en relación con el numeral 315 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que los edictos quedan a su disposición en la secretaría de este tribunal; en el entendido que en caso de no acreditar haberlos entregado para su publicación dentro del plazo de veinte días, legalmente computado, se decretará el sobreseimiento en el presente juicio de conformidad con la fracción II del numeral 63 de la ley de la materia. Asimismo, con fundamento en el normativo 315 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, indíquese al quejoso que los edictos deberán contener una relación sucinta de la demanda de amparo que originó este asunto, publicaciones que se harán tres veces, de siete en siete días (debiendo mediar seis días hábiles entre cada una), en el Diario Oficial de la Federación, en el periódico "Excélsior" o bien, en cualquier diario de mayor circulación en el país; además deberá fijarse en la puerta de este órgano jurisdiccional una copia íntegra de los edictos respectivos por todo el tiempo del emplazamiento. Por lo que hecha la primera publicación del edicto en un diario de circulación nacional, la segunda habrá de realizarse al séptimo día hábil de aquélla y la tercera al séptimo día hábil de la segunda publicación; esto es, deberán transcurrir seis días hábiles entre el primer día de su publicación y la subsecuente fecha en que se realice la segunda, y el mismo plazo entre la segunda y tercera publicación, para que precisamente éstas se cumplan en el séptimo día de la publicación anterior. En apoyo a lo expuesto, por el criterio que contiene, se cita la jurisprudencia 1ª./J. 19/2008, sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, página: 220, registro 169846, con el siguiente contenido: "NOTIFICACIÓN POR EDICTOS. ENTRE CADA PUBLICACIÓN DEBEN MEDIAR DOS DÍAS HÁBILES, CONFORME AL ARTÍCULO 122, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. Conforme a dicho precepto legal, tratándose de personas inciertas o de aquellas cuyo domicilio se ignore, procede la notificación por edictos, los cuales deben publicarse por tres veces "de tres en tres días" en el Boletín Judicial y en el periódico local que indique el Juez. Ahora bien, la expresión "de tres en tres días" debe interpretarse en el sentido de que entre cada una de las publicaciones deben mediar dos días hábiles, para que la siguiente publicación se realice al tercer día hábil siguiente. Ello es así, porque dicha expresión únicamente señala cuándo deben realizarse las publicaciones, sin precisar los días que han de mediar entre ellas. Sin embargo, ese dato puede determinarse a partir del mandato consistente en que la publicación deberá realizarse "de tres en tres días", ya que si se afirmara que deben mediar tres días hábiles, la publicación se realizaría al cuarto día, en contravención a la regla prevista en el precepto citado. Además, si la intención del legislador hubiese sido que entre las publicaciones mediaran tres días hábiles, así lo habría determinado expresamente, como lo hizo en el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en el que sí menciona los días hábiles que deben transcurrir entre las publicaciones." Por las mismas razones la tesis XVII.2o.30 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la página mil setecientos veintitrés, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 184655, de rubro y texto: "EDICTOS, EMPLAZAMIENTO POR. DEBEN MEDIAR ENTRE CADA PUBLICACIÓN SEIS DÍAS HÁBILES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El emplazamiento por medio de edictos se lleva a cabo cuando se desconozca en qué lugar se encuentra una persona por notificar, mediante las publicaciones que el Juez ordena, que de conformidad con lo que dispone el artículo 123, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado deberán realizarse por tres veces consecutivas, de siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado, así como en un diario que se edite en el lugar del juicio. Ahora bien, como el emplazamiento es una actuación procesal que debe practicarse en días hábiles, tal como lo prevé el artículo 69 del ordenamiento legal antes invocado, las publicaciones de los edictos sólo deben efectuarse en esos días y deben mediar entre ellas seis días hábiles, para que precisamente la siguiente se efectúe en el séptimo, también hábil; en consecuencia, si entre cada publicación no existen esos días, el emplazamiento por edictos resulta ilegal y violatorio de garantías." Además, se ordena fijar en la puerta de este Juzgado una copia íntegra del presente proveído por todo el tiempo del emplazamiento; asimismo, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las diez horas con cincuenta minutos del cinco de abril del presente año, en el presente juicio, debiéndose fijar una nueva fecha para la audiencia constitucional una vez que transcurra el término del emplazamiento a la tercero interesada en comento, respecto de lo cual, deberá realizarse la anotación correspondiente en la agenda que para tal efecto se lleve en este Juzgado, lo anterior para los efectos legales correspondientes. Requiérase a la parte quejosa, a fin de que comparezca ante este Juzgado Federal a recibir los edictos ordenados en líneas que anteceden para su publicación correspondiente, o en su caso manifieste la imposibilidad para hacerlo. Finalmente, infórmese a la parte quejosa que deberá acreditar haber hecho los trámites correspondientes dentro de los veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, consistentes en lo siguiente: 1) Recoger los edictos ante este órgano jurisdiccional. 2) Entregarlos para su publicación; y, 3) Acreditar ante este órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos). Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término ordenado, se sobreseerá en el presente juicio. Es aplicable la jurisprudencia de rubro, texto y datos de localización que a continuación se citan. Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 27/2015 (10a.), Página: 27). Haciéndole saber al tercero interesado que tendrá un plazo de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la última publicación de los edictos aquí ordenados, para comparecer a este juicio de amparo a hacer valer sus derechos y a señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y si transcurrido dicho plazo no comparecen, las subsecuentes notificaciones se les harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, residente en esta ciudad, en términos del artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles en relación con el arábigo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

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