Carlos Jafet Mendoza Angulo
Expediente 1879/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1879/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 17/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Carlos Jafet Mendoza Angulo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Mérida, Yucatán; diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese el oficio recibido vía electrónica, en uso de la FIREL, proveniente del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que comunica que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por el quejoso contra la sentencia dictada en autos, el que quedó registrado con el número de toca 441/2022. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, tres de noviembre de dos mil veintidós. Vistos estos autos y la cuenta que antecede, se agrega copia del escrito firmado por el quejoso Carlos Jafeth Mendoza Angulo; mediante el cual, interpone recurso de revisión contra la sentencia de diecisiete de octubre de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con una copia simple de dicho escrito de agravios. Una vez hecho lo anterior, debidamente integrados los presentes autos, envíese el escrito de expresión de agravios, junto con este expediente, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que dicha superioridad estime procedente acordar. En mérito de lo anterior, fórmese el correspondiente cuaderno de antecedentes, con copia certificada de las constancias conducentes, y además engrósese, copia simple del escrito de expresión de agravios. Notifíquese, personalmente a la agente ministerial de la adscripción; y cúmplase.
- Principal
En la ciudad de Mérida, Yucatán, a las diez horas con cinco minutos del diecisiete de octubre de dos mil veintidós, estando en audiencia pública el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del licenciado Diego Jezreel Nieto Bianchi, Secretario con quien actúa y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional, sin la asistencia de las partes ni de sus representantes legítimos. Acto seguido, se da cuenta al Juez con la demanda de amparo y con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como su aclaración, los cuales obran agregados con conocimiento a las partes. A lo que el Juez acuerda: se tiene por hecha la relación secretarial que antecede y por rendidos en tiempo y forma los indicados informes justificados, así como su aclaración. Abierto el periodo de pruebas, el Secretario da cuenta con las copias certificadas remitidas por las responsables como apoyo a sus informes justificados (fojas 26 a 29, 3******************** a 34, 62 a 72 y 75 a 84) y las exhibidas por la parte quejosa (fojas 45 a 54). A lo anterior, el Juez acuerda: con fundamento en el artículo ****************************************9 de la Ley de Amparo, en atención a su propia naturaleza, se tienen por desahogadas las referidas probanzas; para todos los efectos legales a que haya lugar, por lo que se declara cerrado el periodo de pruebas. A continuación, abierta la fase de alegatos, el Secretario hace constar que no fueron formulados por las partes. Así, al no haber diligencias pendientes por desahogar, el Juez declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución: Visto, para resolver el juicio de amparo ********************879/2022-IX-A, promovido por ********************, y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el cinco de agosto de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado el ocho de agosto siguiente a este órgano jurisdiccional, compareció ******************** a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Directora y de la Registradora, ambas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de nueve de agosto de este año, por una parte, se desechó la demanda de amparo respecto a la omisión de dar respuesta a un escrito presentado por el Notario Público Siete del Estado y, por la otra, se admitió a trámite en lo tocante a diverso acto reclamado, la que se registró con el número ********************879/2022-IX-A; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; y, entre otras cosas, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le competía. De igual forma, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, ********************03, fracción I, ********************07, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/20********************3 y 3/20********************5, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda; ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, tiene aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden, de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran este sumario, se advierte que la parte quejosa reclama: - La omisión de inscribir y registrar la escritura pública número trescientos treinta y ocho de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, otorgada ante la fe del titular de la Notaría Pública Número Siete del Estado, relativa a la compraventa que celebró con Alfonso Herrera Ramírez, respecto del predio número ciento diez, de la calle veintiuno, colonia México, de esta ciudad de Mérida, Yucatán. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos que se reclaman de la Directora y de la Registradora, ambas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con sede en esta ciudad, pues no obstante que de sus informes justificados (promociones 20083, foja 25 y 20084, foja 30) y sus aclaraciones (promociones 2********************590, fojas 6******************** y 62 y 2********************59********************, fojas 73 y 74), se advierta lo contrario, a continuación realizan manifestaciones que desvirtúan dicha afirmación. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, julio de ********************994, visible a página 39********************, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Lo que se corrobora con las constancias remitidas por dichas responsables como apoyo a sus informes justificados (fojas 26 a 29, 3******************** a 34, 62 a 72 y 75 a 84); documentales que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos ********************29, ********************97 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. En efecto, de las indicadas documentales, se aprecia que el seis de abril de dos mil veintidós la Registradora Pública de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con sede en esta ciudad, realizó una calificación registral preliminar, en respuesta a la solicitud ******************** del trámite relativo a la inscripción de la escritura pública número trescientos treinta y ocho de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, en la que ordenó suspender ese trámite, con motivo de que no se acreditó el pago por concepto de impuesto sobre adquisición de inmuebles. En dicha determinación se señaló lo siguiente: "EN RESPUESTA A SU SOLICITUD ******************** DEL TRAMITE ******************** DEL AÑO 2022 PRESENTADA EN ESTA DEPENDENCIA CON FECHA 29/03/2022, ME PERMITO INFORMARLE: QUE LA OPERACION DE COMPRAVENTA, DEL PREDIO CALLE 2******************** NÚMERO ****************************************0 UBICACIÓN: ********************, CIUDAD Y MUNICIPIO: ******************** CLASE DEL PREDIO: URBANO, FOLIO ELECTRÓNICO DEL PREDIO: 5********************4896, OTORGADA EN EL ACTA ******************** DE FECHA 2********************/********************2/2020, ANTE EL ABOGADO JORGE H. AGUILAR DE LA NOTARÍA NÚMERO SIETE UBICADA EN ********************, SE ENCUENTRA SUSPENDIDA EN VIRTUD DE LOS SIGUIENTES MOTIVOS: ESTA SUSPENDIDO EL TRAMITE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 43 FRACCION II DE LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD JURIDICA PATRIMONIAL DE YUCATAN Y 43 FRACCION IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD JURIDICA PATRIMONIAL DE YUCATAN. NO SE ACREDITO EL PAGO POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES; SE OMITIÓ ACUMULAR AL TÍTULO EL RECIBO DE PAGO CORRESPONDIENTE. FUNDAMENTO: ARTICULOS: 43 FRACCION I, INCISOS B), D), H), I). DE LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD JURIDICA PATRIMONIAL DE YÚCATÁN; 54, 55, 56, 57, 6********************, 62 Y 63 DE LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MERIDA. QUEDA SUSPENDIDO A PARTIR DEL MIÉRCOLES SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS SIENDO LAS 9 HORAS 46 MINUTOS Y 5******************** SEGUNDOS." (foja 63). En ese sentido, contrario a lo indicado por la parte quejosa, las responsables no fueron omisas, de forma arbitraria, en inscribir y registrar el contrato de compraventa antes señalado, sino que se encontraban imposibilitadas jurídicamente para hacerlo por los motivos que expusieron. De esa forma, al atender el referido trámite registral con anterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo (cinco de agosto de este año), aunque haya sido en sentido contrario a la pretensión de la parte quejosa, es evidente que la omisión atribuida a las responsables resulta inexistente. Al respecto, cabe acotar que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de no ser así la sentencia se ocuparía de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Así, ante la inexistencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa hubiere aportado prueba en contrario, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; ello, en una nueva reflexión sobre el trato de este tipo de asuntos, en los que es evidente que no se está aún en el supuesto legal respectivo para subsanar la omisión que se reclama. Cobran aplicación al caso particular por analogía, la jurisprudencia número ********************0, consultable en la página ********************2, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación ********************9********************7-2000, registro 9********************7,544, así como el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que este Juzgador comparte, consultable en la página 254, Octava Época, Tomo XIII-Enero del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2********************3793, que en su orden indican: "AMPARO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja"; y "JUICIO DE AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." Sin que obste a lo anterior que no se haya dado vista a la parte quejosa con las manifestaciones esgrimidas por las autoridades responsables al rendir sus informes justificados y sus correspondientes aclaraciones, como lo dispone el último párrafo del artículo ****************************************7 de la Ley de Amparo, al tratarse de un acto materialmente administrativo, pues al margen de que el peticionario del amparo no alegó falta de fundamentación y motivación del acto reclamado, en dichos informes no se complementaron tales aspectos. Además, en el presente caso no procedió dar vista a la parte quejosa para que ampliara su demanda respecto a la anotación registral de suspensión de inscripción de seis de abril de dos mil veintidós, porque en su contra es improcedente el juicio de amparo si no se agota previamente el principio de definitividad a que hace alusión el artículo 6********************, fracción XX, de la legislación de la materia, pues no se actualiza algún motivo de excepción como sería la carencia total de fundamentación o alguna violación directa a la Constitución Federal. Así, la parte quejosa debió interponer contra dicha determinación, de forma optativa, el recurso administrativo de revisión, establecido en el artículo 23******************** de la Ley que Crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán y, de forma obligatoria, el juicio de nulidad, como lo disponen los artículos ******************** de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, así como 2 y 4, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, en concordancia con lo dispuesto por el ordinal ********************98 de la Ley que Crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. Porque la suspensión del auto impugnado en el juicio administrativo, prevista en los artículos 23, 24, 25 y 26 de la referida Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, exige los mismos requisitos que la Ley de Amparo en sus artículos ********************28, ********************29, ********************32 y ********************35, para conceder la suspensión del acto reclamado; los cuales son: ********************) que la solicite el promovente del juicio y 2) que no se cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, ya que en el caso particular no tiene porqué garantizarse el interés fiscal, dada la esencia del acto que se combate, habida cuenta que no se trata de contribuciones, requisitos que son en todo caso los que también establecen los preceptos citados de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad en su razonamiento, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicado en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación. Tomo IV, Segunda Parte-********************, Julio-Diciembre de ********************989, visible a página 446, del rubro y texto siguientes: "REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE JALISCO, COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PARA DIRIMIR LAS CONTROVERSIAS SOBRE LAS INSCRIPCIONES O LA NEGATIVA DE EFECTUAR ANOTACIONES EN EL. Como se observa de los artículos ********************o. y 22, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ********************o., 56, 57, 58 y 64, fracción III, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, 2935 del Código Civil y 2o. del Reglamento del Registro Público de la Propiedad, todos para el Estado de Jalisco, contra la negativa del registrador a anotar un aviso preventivo, en la que se incluye su devolución, y contra la incorporación definitiva de una escritura pública que contenga un acto traslativo de dominio de un inmueble, procede el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, ya que tales actos son emitidos por una autoridad dependiente del Ejecutivo y, por tanto, son materialmente administrativos, y porque ni el Código Civil ni el Reglamento del Registro Público de la Propiedad establecen recurso administrativo alguno para esos casos. Además, el aludido medio de defensa prevé la suspensión de los actos, sin exigir mayores requisitos que los que establece la Ley Reglamentaria del Amparo para conceder la suspensión definitiva; por ende, el juicio de amparo es improcedente contra los referidos actos, según lo dispuesto por el artículo 73, fracción XV, de la ley que lo reglamenta." Más aún, el sentido del presente fallo no contraviene lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J. ********************49/2006 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN.", pues en el presente caso no se está ante la transgresión al derecho de petición establecido en el artículo 8° constitucional, pues, la inscripción y registro pretendidos por la parte quejosa se realizan en el marco de un procedimiento registral seguido ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. De ahí que resulte jurídicamente inadmisible que se pueda resolver en diverso sentido ya que no se reclama de manera autónoma una omisión de dar respuesta a una petición, sino por el contrario, la omisión de resolver un procedimiento registral. Además la calificación preliminar emitida por las responsables no actualiza una cesación de efectos del acto reclamado (omisión de inscribir), sino una inexistencia del mismo, precisamente, con motivo de su emisión dentro del procedimiento registral correspondiente. Sustenta la anterior consideración, la jurisprudencia ********************a./J. 7/20********************5 (********************0a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro ********************7, Abril de 20********************5, Tomo I, visible a página 480, del rubro y texto siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos ********************4 y ********************7 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos ********************4 y ********************7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos ********************4 y ********************7 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo ********************o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." Dicho sobreseimiento impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer el quejoso en su demanda de amparo. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." CUARTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ********************8 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio ********************/20**************************************** sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Expedición de copias. Por último, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 2********************7 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se : RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables, por la razón expuesta en la consideración tercera de esta sentencia. SEGUNDO. Al causar ejecutoria, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la consideración cuarta de esta sentencia. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración quinta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán; diez de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: agréguese el escrito del quejoso Carlos Jafeth Mendoza Angulo, por medio del cual realiza diversas manifestaciones relativas al acto reclamado y solicita se requiera de nueva cuenta a las responsables para efecto de que remitan copia del recibo oficial R-209320. En primer término, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen como alegatos sus manifestaciones, las cuales podrán tomarse en cuenta al momento de resolver este asunto; sin perjuicio de hacer relación de éstas en la audiencia constitucional. Por otro lado, en lo tocante a la documental que solicita sea requerida a las responsables, no ha lugar a acordar favorablemente su petición, pues dicho recibo fue ofrecido como medio probatorio de su parte, por lo que ya obra agregado en autos en original, ya que se trata de una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CDFI), el cual contiene sello electrónico de validez oficial (porque cuenta con cadena original del complemento de certificación digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria). Notifíquese y cúmplase.
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