Carlos Humberto Cetina Guzmán

Expediente 377/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
377/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
12/11/2020

Partes del expediente

  • Carlos Humberto Cetina Guzmán

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos, se aprecia que mediante proveído de cuatro de los corrientes, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se le notificó al quejoso personalmente el cinco del actual mes; sin que a la fecha hiciera manifestación alguna al respecto. En consecuencia, al haber transcurrido el plazo otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Mediante sentencia de treinta de septiembre de dos mil veinte, se concedió al quejoso CARLOS HUMBERTO CETINA GUZMÁN, el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Directora de Catastro del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con sede en esta capital, notificara al citado quejoso el oficio INSEJUPY/DCAT/TEC/581/2020, de fecha diez de agosto de dos mil veinte, con el que dio contestación a la solicitud 147212-2017. Dicha determinación causó ejecutoria el veintidós de octubre de la presente anualidad, por lo que se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Con la finalidad de cumplir con el fallo protector, por oficio INSEJUPY/DCAT/DJ/AR/715/2020, recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, el tres de noviembre actual, la Directora de Catastro del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con sede en esta capital, remitió las constancias relativas a la diligencia de notificación realizada en el domicilio que el quejoso señaló para tal efecto, de la diversa misiva INSEJUPY/DCAT/TEC/581/2020, con la que atendió su solicitud. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, se advierte que la autoridad responsable, se ajustó a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias que remitió, ya que atendió cabalmente el punto relativo al efecto amparador que le fue señalado como directriz bajo la que debía ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendió en forma correcta. Ante ello, resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata respetando de esa forma la autoridad responsable, el derecho fundamental violentado cumpliendo con lo que él mismo exige, con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente, y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, agréguese a estos autos el oficio de mérito signado por la Directora del Catastro del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con sede en esta capital, y anexo que acompañó al mismo, que remite en cumplimiento al requerimiento que se le hiciera en auto de veintidós de octubre último, a fin de dar cumplimiento a la sentencia ejecutoria pronunciada en este asunto. Al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa de lo anterior, por el término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que se les haga de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho corresponda, con el apercibimiento que de no hacerlo, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente, y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de treinta de septiembre de dos mil veinte; lo anterior, por cuanto dicho término transcurrió del cinco al veintiuno de octubre de dos mil veinte. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia en cuyo primer punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la autoridad responsable Directora de Catastro del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con sede en esta capital, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, respetando el derecho fundamental violado, cumpliendo con lo que el mismo exige, como lo dispone el artículo 77, fracción II, del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos, moneda nacional), conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo, y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de sus respectivos puestos y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Visto para resolver el juicio de amparo 377/2020-VI-A, promovido por CARLOS HUMBERTO CETINA GUZMÁN, contra el acto que reclama de la Directora de Catastro del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con sede en esta capital; y RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, y turnado a este Juzgado Segundo de Distrito el dos de marzo siguiente, compareció CARLOS HUMBERTO CETINA GUZMÁN, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama de la Directora de Catastro del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con sede en esta capital. SEGUNDO. Por auto de tres de marzo de dos mil veinte, se registró la demanda de que se trata con el número 377/2020-VI-A; se admitió a trámite la misma; se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, finalmente, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Medida preventiva frente al Coronavirus Covid 19. En fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el acuerdo 4/2020, en el que adoptó diversas medidas frente a la pandemia ocasionada por el Coronavirus Covid-19, entre ellas, la suspensión de funciones de los órganos jurisdiccionales, lo que también implicó que no corrieran plazos procesales; motivo por el cual no pudo verificarse la audiencia constitucional en la fecha que se estableció para ello. Medida que fue prorrogada por diversos Acuerdos Generales, siendo el último en este sentido el 18/2020, que reformó el similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, en relación con el periodo de vigencia, extendiendo la suspensión hasta el treinta y uno de julio de dos mil veinte. CUARTO. Reanudación del procedimiento. Por auto de cuatro de agosto de dos mil veinte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se determinó el levantamiento de la suspensión y la reanudación de los plazos y términos procesales, anteriormente decretada. Por tal motivo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia Constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en: La omisión de dar contestación a la solicitud 147212-2017 que realizó mediante escrito presentado el seis de octubre de dos mil diecisiete, en donde solicitó se proceda a la diligencia de verificación de medidas respecto del tablaje rústico denominado "San Carlos", ubicado a cinco kilómetros de la localidad de Tabí, Municipio de Sotuta, Exdepartamento de dicha localidad. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues no obstante que lo negó al rendir su informe justificado, realizó diversas manifestaciones que evidencian su existencia, lo que se corrobora de igual manera con las copias certificadas que acompañó al mismo. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 391, tomo XIV, correspondiente a julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Al no advertirse la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, y además, porque no existe algún precepto que obligue a ello y no le causa perjuicio al ahora amparista, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad QUINTO. Resultan fundados los conceptos de violación expresados por el quejoso, motivo por el cual deberá otorgársele el amparo y protección de la Justicia federal que solicita. Lo anterior es así, por las siguientes consideraciones. Para evidenciar lo anterior, se estima pertinente transcribir el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que dispone lo siguiente: "Artículo 8°.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Del análisis del precepto constitucional antes transcrito se desprende que los requisitos que el gobernado debe observar para que se le respete ese derecho, son los siguientes: a) Deberá formularlo por escrito. b) De manera pacífica y respetuosa. Mientras que a la autoridad a quien se le haya dirigido, se le imponen las siguientes obligaciones: 1. Le deberá recaer un acuerdo escrito. 2. Deberá hacerlo conocer en breve término al peticionario. Al respecto, cabe señalar que el derecho fundamental consagrado en el artículo 8º aludido, es el derecho de petición, el cual es entendido como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente de Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, a una petición que en su caso, le haya formulado éste. Por lo que la posibilidad de hacer uso de tal derecho, está supeditado a la existencia de la petición dirigida al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, que se vincula con la presencia de la petición formal. Ahora bien, del análisis del sumario, en especial de la documental ofrecida por el quejoso mediante escrito presentado el veintiséis de agosto del año en curso, se advierte que éste realizó una petición a la Directora de Catastro del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con sede en esta capital, el siete de octubre de dos mil diecinueve, según se desprende del sello de recibido que obra en la misma (foja 19). Por lo que al haber ejercido su derecho de petición en la forma que prevé la Constitución, la autoridad responsable estaba obligada a actuar en consecuencia; es decir, a dicha solicitud debió recaerle un acuerdo por escrito y hacérselo conocer en breve término a la parte quejosa, lo que no aconteció en la especie. En efecto, de las constancias que en apoyo a su informe justificado remitió la responsable, documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se advierte que mediante oficio INSEJUPY/DCAT/TEC/581/2020, de fecha diez de agosto de dos mil veinte, expedido por la Directora de Catastro del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Yucatán, la responsable dio contestación a la aludida solicitud 147212-2017 del aquí quejoso, misma misiva que quedó a disposición del interesado para ser recogida previa entrega del ticket relativo al acuse de recibo que fuera entregado al momento de la recepción de la solicitud. Sin embargo, de las referidas constancias no se advierte que la determinación con la que la autoridad responsable dio contestación a la solicitud del ahora impetrante del amparo, hubiera sido hecha de su conocimiento, siendo que la Constitución General en su artículo 8° señala expresa y claramente que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, quien tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Aunado a lo anterior, debe decirse que la falta de respuesta a esa petición, o como en el caso, la falta de conocimiento de la misma, genera la transgresión de otros derechos fundamentales, pues tal omisión imposibilita a la parte quejosa conocer los motivos y fundamentos legales en que se apoya la determinación alcanzada por la responsable, para confrontar con las normas aplicables y estar en posibilidad de defenderse adecuadamente, vulnerándose los requisitos del artículo 16 Constitucional, que señala que todo acto de autoridad debe constar por escrito y estar suficientemente fundado y motivado. Entendiéndose por fundamento que ha de expresarse, con precisión, el precepto aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, concretamente, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso de que se trate. Es por ello que, la falta de notificación del oficio INSEJUPY/DCAT/TEC/581/2020, de fecha diez de agosto de dos mil veinte a la petición formulada por el amparista, con el que se dio contestación a su solicitud, lesiona su derecho fundamental previsto en el artículo 8° Constitucional, en la medida que el silencio de la autoridad provoca el desconocimiento total del acto de autoridad evitando que el gobernado tome acciones legales en su contra a fin de proteger sus derechos y su patrimonio. En este orden de ideas y ante lo fundado del concepto de violación, lo procedente es conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable: Notifique a la parte quejosa el oficio INSEJUPY/DCAT/TEC/581/2020, de fecha diez de agosto de dos mil veinte, con el que se responsable dio contestación a la solicitud 147212-2017. SEXTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a CARLOS HUMBERTO CETINA GUZMÁN, en contra de los actos que reclama a la Directora de Catastro del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con sede en esta capital, con residencia en esta ciudad; para los efectos precisados en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano