Carlos Ildefonso Valenzuela Garcia

Expediente 341/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 25 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
341/2018
Año
2018
Actuaciones
25
Última actuación
14/11/2022

Partes del expediente

  • Carlos Ildefonso Valenzuela Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso ************, mediante el cual solicita la devolución del billete número N564691, en el cual garantizó la suspensión provisional de los actos reclamados que le fue concedida; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes. Ahora bien, dígasele al quejoso que no ha lugar acordar lo solicitado, toda vez que del "Libro Ocho de Juzgado: Control de Certificados de Depósito", se advierte que en fecha cinco de junio de dos mil diecinueve, le fue devuelto el billete número N564691, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), a *******************.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA TERCERO INTERESADA ELSA ALICIA LÓPEZ BELTRÁN, EL ACUERDO DICTADO EL DOCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación al proveído de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, respecto a la declaración que hizo este Juzgado en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida, por tanto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado el presente acuerdo sin necesidad de nuevo proveído, previa anotación en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como definitivamente concluido. Con apoyo en la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por resolución de treinta de octubre de dos mil dieciocho, se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en el presente juicio; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, de conformidad con la fracción III, del apartado Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del citado acuerdo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes judiciales, se precisa que el original del cuaderno de suspensión, es susceptible de depuración, dado que se concedió la medida cautelar provisional y definitiva, respecto de los actos reclamados, motivo por el cual, se deberá conservar copia de la demanda y de la citada medida; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirán tanto el juicio de amparo como el original del incidente de suspensión, mismos que se enviarán en forma separada, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; en la inteligencia de que, el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde con la fracción III, del apartado vigésimo, del Acuerdo General reseñado. Ahora bien, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda, y de la sentencia interlocutoria por la que se negó definitivamente la suspensión de los actos reclamados, que obran en el cuaderno original del incidente respectivo; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. Asimismo, de autos se advierte la existencia del billete número N 564691, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) que exhibió el quejoso Carlos Ildefonso Valenzuela García, para garantizar la suspensión provisiona, que fue concedida; por tanto, al no existir motivo alguno para hacer efectivo el importe que ampara dicho documento, devuélvase y entréguese al impetrante, previa razón que por su recibo se deje en autos, en la inteligencia que deberá comparecer ante este Órgano Jurisdiccional, debidamente identificado con credencial vigente, para la entrega de los documentos señalados, únicamente los días miércoles de cada semana, en horario de nueve a doce horas; en el entendido que tiene el término de dos años, y en caso de no hacerlo en ese plazo, la suma que ampara el mismo se hará efectiva a favor del Fisco Federal, atento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación Finalmente, de autos se advierte que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial, con residencia en Guasave, Sinaloa, remitió copia certificada de las constancias del expediente 23/2017, con las que se formó el tomo I; por tanto, y toda vez que el presente juicio de amparo se encuentra concluido, devuélvanse a la autoridad responsable citada el tomo I, que contienen las constancias de referencia.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO CARLOS ILDELFONSO VALENZUELA GARCIA, EL ACUERDO DICTADO EL DOCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación al proveído de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, respecto a la declaración que hizo este Juzgado en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida, por tanto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado el presente acuerdo sin necesidad de nuevo proveído, previa anotación en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como definitivamente concluido. Con apoyo en la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por resolución de treinta de octubre de dos mil dieciocho, se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en el presente juicio; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, de conformidad con la fracción III, del apartado Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del citado acuerdo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes judiciales, se precisa que el original del cuaderno de suspensión, es susceptible de depuración, dado que se concedió la medida cautelar provisional y definitiva, respecto de los actos reclamados, motivo por el cual, se deberá conservar copia de la demanda y de la citada medida; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirán tanto el juicio de amparo como el original del incidente de suspensión, mismos que se enviarán en forma separada, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; en la inteligencia de que, el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde con la fracción III, del apartado vigésimo, del Acuerdo General reseñado. Ahora bien, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda, y de la sentencia interlocutoria por la que se negó definitivamente la suspensión de los actos reclamados, que obran en el cuaderno original del incidente respectivo; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. Asimismo, de autos se advierte la existencia del billete número N 564691, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) que exhibió el quejoso Carlos Ildefonso Valenzuela García, para garantizar la suspensión provisiona, que fue concedida; por tanto, al no existir motivo alguno para hacer efectivo el importe que ampara dicho documento, devuélvase y entréguese al impetrante, previa razón que por su recibo se deje en autos, en la inteligencia que deberá comparecer ante este Órgano Jurisdiccional, debidamente identificado con credencial vigente, para la entrega de los documentos señalados, únicamente los días miércoles de cada semana, en horario de nueve a doce horas; en el entendido que tiene el término de dos años, y en caso de no hacerlo en ese plazo, la suma que ampara el mismo se hará efectiva a favor del Fisco Federal, atento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación Finalmente, de autos se advierte que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial, con residencia en Guasave, Sinaloa, remitió copia certificada de las constancias del expediente 23/2017, con las que se formó el tomo I; por tanto, y toda vez que el presente juicio de amparo se encuentra concluido, devuélvanse a la autoridad responsable citada el tomo I, que contienen las constancias de referencia.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo en proveído de nueve de enero del presente año, del oficio suscrito por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, con residencia en Guasave, Sinaloa, inherente al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Es necesario precisar que la sentencia constitucional fue emitida el treinta de octubre de dos mil dieciocho, en el sentido de sobreseer por una parte y por otra conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal al quejoso Carlos Ildefonso Valenzuela García; misma que causo ejecutoria el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, y se requirió al Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, con residencia en Guasave, Sinaloa, por el cumplimento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en el que se actúa. En ese sentido, debe decirse que la resolución emitida el treinta de octubre de dos mil dieciocho, se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, con residencia en Guasave, Sinaloa, deberá realizar lo siguiente: 1. Dejar insubsistente el proveído de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, únicamente en la parte relativa al concepto de la posible sanción pecuniaria que pudiera imponérsele, dentro del proceso penal número 23/2018, instaurado contra del hoy quejoso Carlos Ildefonso Valenzuela García, por considerarlo probable responsable en la comisión del delito de privación de la libertad personal, cometido en perjuicio de la libertad personal de Elsa Alicia López Beltrán; y, hecho lo anterior, 2. Se pronuncie nuevamente en la que se fije la cantidad por concepto de la posible sanción pecuniaria atendiendo al delito del que se trata, la sanción pecuniaria establecida para el mismo de manera fundada y motivada, ponderando en todo momento los requisitos a que se refieren los artículos 16 y 20, apartado "A", de la Carta Magna, para que el aquí quejoso haga uso del beneficio de libertad provisional bajo caución. Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Seguidamente, mediante oficio 3407/2018 recibido en la oficialía de partes de este juzgado el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin embargo no remitió las constancias que así lo acrediten, mismas de las que hace mención en el comunicado de referencia, por tanto, con esa misma fecha se le requirió a la citada autoridad para que remitiera las constancias que acrediten el cumplimiento de amparo. Asimismo, mediante oficio 3394/2018 recibido en la oficialía de partes de este juzgado el siete de enero de dos mil diecinueve, el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, en el cual comunicó: ".se deja insubsistente por las razones que se expresan en dicha resolución, en proveído de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, únicamente en la parte relativa al concepto de la posible sanción pecuniaria, cumplimiento los lineamientos marcados en sentencia, así como del nuevo auto que concede de nueva cuenta dicho beneficio al citado inculpado, por el delito de la privación de la libertad personal, cometido en contra de la libertad personal de Elsa Alicia López Beltrán." ". debiendo caucionar el acusado la cantidad de $5,107.50 (cinco mil ciento siete pesos 50/100 moneda nacional) para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que la Ley establece en razón del presente proceso, la cual es fijada tomando en cuenta, sus condiciones socioeconómicas..." Con lo anterior, se dio vista al quejoso Carlos Ildefonso Valenzuela García, para que en el término de tres días, manifestara los que su interés conviniera, siendo éste omiso en hacer manifestaciones al respecto. Ahora bien, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, con residencia en Guasave, Sinaloa, ".dejara insubsistente el proveído de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, únicamente en la parte relativa al concepto de la posible sanción pecuniaria que pudiera imponérsele, dentro del proceso penal número 23/2018, y, hecho lo anterior, se pronunciara nuevamente en la que se fije la cantidad por concepto de la posible sanción pecuniaria atendiendo al delito del que se trata, la sanción pecuniaria establecida para el mismo de manera fundada y motivada, ponderando en todo momento los requisitos a que se refieren los artículos 16 y 20, apartado "A", de la Carta Magna, para que el aquí quejoso haga uso del beneficio de libertad provisional bajo caución"., lo cual ya aconteció, toda vez que el once de diciembre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable dejó insubsistente dicho proveído y proveyó se fijó nueva garantía. Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionarios del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.

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