Carlos Ignacio Soto Noriega
Expediente 938/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 938/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Carlos Ignacio Soto Noriega
Actuaciones
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la constancia de correo electrónico, enviado por Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, a través del cual remite la boleta de turno con número de registro 20230873031901453 de la que se advierte que la demanda de amparo promovida por Carlos ***********+ fue turnada al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en aquella ciudad.
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DICTADO POR ESTE JUZGADO DE VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE A LA LETRA DICE: Los Mochis, Sinaloa, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ****************, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán. Fórmese expediente tanto impreso como electrónico, regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 938/2023-3B. Ahora, toda vez que la competencia legal es de orden público, no puede quedar sujeta a la voluntad de las partes, en consecuencia, se procede a estudiar si en el caso se surte aquélla a favor de este Juzgado Federal, para conocer de la presente demanda de amparo. En ese contexto, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 37 y 107 de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, atento a las siguientes consideraciones. En principio, es dable destacar que la parte quejosa señala como autoridad responsable a la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, residente en Culiacán; asimismo, del contenido integral de la demanda de amparo, se observa que reclama lo siguiente: "IV.- NORMA GENERAL ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. - Se reclama de la autoridad responsable, la omisión de emitir la resolución que en Derecho corresponda, con relación a los escritos presentados por las demandadas en el juicio de origen *************, S. DE R.L. DE C.V., ******************, S. DE R.L. DE C.V., *************, S. DE R.L. DE C.V., aquí terceras interesadas, los días 15 y 19 de junio de 2023, consistente en tres INCIDENTES DE NULIDAD DE ACTUACIONES, con respecto de las actuaciones de fecha 31 de agosto del 2022, 01 de septiembre del 2022 y otras". De igual forma, en el capítulo de antecedentes, el quejoso narra que el cuatro der enero de dos mil veintiuno promovió el juicio laboral ante la Junta Especial número 35 de la Federal de Conciliación y Arbitraje contra las personas morales de referencia y/o quien resulte responsable de la fuente de trabajo, empresa que se dedica al elaboración, distribución y venta de ******, con nombre identificativo al público "*********", de quien reclamó el pago de la indemnización constitucional y prestaciones secundarias radicándose por la autoridad responsable bajo el expediente número **/****. Que se llevó a cabo la audiencia de conciliación demanda y excepciones y que el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés se desahogó la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas; así como que en esa data se turnó el juicio al periodo de alegatos, notificándose personalmente al aquí quejoso y por boletín y/o estrados a las partes demandadas. También que el quince de junio de esta anualidad se presentó un escrito por el licenciado ************** como apoderado legal de la demandada en el juicio laboral de origen ************************, a través del cual promovió incidente de nulidad de actuaciones; de igual forma, el diecinueve de junio de la misma anualidad el mismo licenciado en su carácter de apoderado legal de las diversas demandadas en dicho juicio de origen ***********************, aquí terceras interesadas, planteó dos incidentes de nulidad de actuaciones; y que sin embargo, hasta la fecha, la junta responsable, no ha resuelto tales incidentes de nulidad de actuaciones. Ello, pese a que ya trascurrió en exceso el término legal que tiene la autoridad laboral para resolver esos incidentes que es por lo que acude a esta instancia constitucional . De lo plasmado y del resto de la demanda se advierte que el reclamo de la parte quejosa se vincula con la omisión de la responsable respecto a resolver los incidentes de nulidad de actuaciones planteados por las partes demandadas en el juicio laboral de origen, aquí terceras interesadas, dentro del plazo legal. En esas condiciones, la competencia para conocer del juicio de amparo en cuestión, por razón territorial, debe fincarse a favor del Juez de Distrito del lugar en donde se despliega el proceso laboral del actor, aquí quejoso; y a quien, por lo tanto, deberán remitirse los autos a fin de que se avoque a su resolución, que lo es el Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, residente en Culiacán, Sinaloa, en turno. Cierto, para determinar la competencia territorial, es necesario recurrir a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece textualmente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". El dispositivo trascrito establece tres criterios generales para determinar la competencia del juez al que corresponde, territorialmente, conocer del juicio de amparo de que se trate, a saber: a) atendiendo a si éste debe tener ejecución; b) considerando si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro; y c) tomando en cuenta si el acto reclamado no requiere ejecución material. En el caso, como se advirtió, el reclamo del quejoso se relaciona con la omisión o dilación en resolver las incidencias que se plantearon en el juicio de origen, que se tramita en la Junta Especial Número 35 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en Culiacán, Sinaloa, misma omisión que tiene ejecución material, puesto que su resolución --de los referidos incidentes de nulidad-- forma parte de las formalidades esenciales del procedimiento, integrantes el derecho de audiencia previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal, dado que con ello se paraliza el procedimiento laboral, en detrimento del derecho de justicia pronta a que se refiere el artículo 17 de la mencionada Norma Fundamental, al incidir de manera negativa en los derechos subjetivos del justiciable. De ahí que, como se dijo, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo que se atiende es el del lugar de la Junta laboral que deba emitir las resoluciones interlocutorias, cuenta habida de que no se señala alguna autoridad responsable con residencia en el ámbito de competencia territorial de este Juzgado de Distrito. Tiene aplicación analógicamente, la Jurisprudencia 2a./J. 32/2023 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación de registro digital 2026910, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DE UNA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN LA QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE LA JUNTA LABORAL DE DICTAR EL LAUDO EN EL JUICIO RESPECTIVO. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RESIDE LA AUTORIDAD QUE DEBA EMITIR ESA RESOLUCIÓN. Hechos: En los asuntos de los que conocieron los órganos colegiados contendientes, se pronunciaron sobre la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión de las Juntas laborales de dictar el laudo, a efecto de dilucidar si conlleva o no una ejecución material para determinar qué Juzgado de Distrito es competente por territorio (el órgano ante el que se presentó la demanda o el que tenga residencia en el lugar de la Junta laboral que debió emitir el laudo respectivo), para conocer de la demanda en la que se reclama ese tipo de acto, arribando a conclusiones opuestas. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión del dictado del laudo sí tiene ejecución material, por lo que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo indirecto en que se reclame ese acto será aquel que tenga residencia en el lugar de la Junta laboral que deba emitir el laudo respectivo. Justificación: En concordancia con la línea argumentativa sostenida por la Segunda Sala del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 327/2021, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 17/2022 (11a.), de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO.", es dable sostener que la emisión de la resolución que dirima las cuestiones debatidas en un juicio -de forma semejante al emplazamiento-, es un derecho que forma parte del elenco de las prerrogativas mínimas que debe garantizarse a toda persona, conocidas como formalidades esenciales del procedimiento y las cuales integran el derecho de audiencia previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal. A partir de tal premisa y atendiendo a que la Segunda Sala ha considerado que la omisión de pronunciar el laudo constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una afectación en la esfera jurídica del particular, pues con ello se difiere la resolución del juicio, en detrimento del derecho de justicia pronta a que se refiere el artículo 17 de la mencionada Norma Fundamental, ello permite concluir que el acto consistente en la omisión de emitir el laudo trae aparejada una ejecución material, toda vez que sus efectos inciden de manera negativa en los derechos subjetivos de las personas que no cesarán hasta en tanto no se dicte la resolución respectiva que dirima el conflicto. Por tanto, se concluye que cuando en la demanda de amparo se reclame la omisión del dictado del laudo, el órgano competente será el Juzgado de Distrito cuya residencia se encuentre en el lugar de la autoridad que deba emitir el laudo respectivo que resuelva el conflicto laboral, de conformidad con la hipótesis contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo''. Así como, también por analogía, la diversa Jurisprudencia 1a./J. 24/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 1873, registro digital 2023548, del siguiente tenor: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario". En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que fue reformado por el diverso Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, el suscrito Juzgador de Distrito declara que carece de competencia legal para resolver este juicio de amparo por razón del territorio. Consecuentemente, se ordena remitir los autos al Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, residente en Culiacán, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común correspondiente, con fundamento en el artículo 38 de la Ley de Amparo. Se tiene como autorizado del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ************. Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio del impetrante de amparo, para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ************* número ******, colonia ********* de esta ciudad. Asimismo, en cuanto a lo peticionado por la parte quejosa, en el sentido de que se autorice al usuario "LARALABORAL" para la consulta del expediente electrónico; dígasele que con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al citado usuario , por tener su firma Fiel registrada en el sistema respectivo. En atención a lo dispuesto en los artículos 6° Constitucional, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 23 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo establecido en el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dígase a las partes que las determinaciones que se dicten en el presente asunto están a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información establecido en los señalados ordenamientos. En tal virtud, infórmese a las partes que están en posibilidad de oponerse a que se publiquen sus nombres y datos personales, acorde a lo dispuesto por el ordinal 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en congruencia con el diverso numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la citada Ley. Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Por último, fórmese el correspondiente cuaderno de antecedentes, con copia certificada de las constancias conducentes.
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