Carlos Iii Valenzuela Diaz

Expediente 234/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 37 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
234/2019
Año
2019
Actuaciones
37
Última actuación
17/12/2019

Partes del expediente

  • Carlos Iii Valenzuela Diaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 37.

  1. Principal

    En atención al estado procesal que guardan los presentes autos y de acuerdo a la certificación secretarial de cuenta, se advierte que, en proveído de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, se ordenó el archivo del presente juicio por estar definitivamente concluido. Por tanto, al resultar innecesario seguir conservando el expediente 1387/2001, del índice del Juzgado VIGÉSIMO Cuarto de lo Civil de Cuantía Menor en la Ciudad de México, mismas que fueron remitidas por la autoridad antes mencionada, como justificación de su justificado; por tanto, remítase a dicha responsable el expediente en cita, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión en contra de la resolución de treinta de septiembre de dos mil diecinueve en la que se sobreseyó y negó el amparo y protección de la justicia federal a Carlos III Valenzuela Díaz, en el presente juicio de amparo; con fundamento en el artículo 2o., de la Ley de Amparo en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que en autos no se encuentren agregados los acuses de recibo de las autoridades responsables foráneas Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil de Cuantía Menor y Actuarios Primero y Segundo adscritos a dicho Juzgado, con residencia en la Ciudad de México, en el cual se haga constar que fueron debidamente notificadas de la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, en el que se sobreseyó y negó el amparo y protección de la justicia federal a Carlos III Valenzuela Díaz, en virtud de que resulta innecesario, pues carecen de legitimación para en un momento dado, interpongan el recurso de revisión, toda vez que la sentencia no les perjudica, pues el sobreseimiento y negativa del amparo decretado en el presente asunto sólo podría en su caso, agraviar a la parte quejosa, a la que ya le transcurrió el término para interponer el medio de impugnación correspondiente. Es aplicable la Jurisprudencia XX. J/74, visible en la página 84 del Tomo 83 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 1994, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, que dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra la sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguna a la citada autoridad recurrente.". Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. De acuerdo a la fracción II, del Apartado Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este asunto es susceptible de destrucción, dado que por resolución de treinta de septiembre de dos mil diecinueve en la que se sobreseyó y negó el amparo y protección de la justicia federal a Carlos III Valenzuela Díaz, en el presente juicio de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del Apartado Noveno, Capítulo Tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Por tanto, de conformidad con la fracción III, del Apartado Vigésimo Primero, Capítulo Quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, del citado Acuerdo General conjunto número 1/2009, toda vez que se concedió provisionalmente la medida cautelar, respecto de todos los actos reclamados, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, no así el duplicado, en virtud de que la fracción III del Apartado Vigésimo, del Acuerdo General reseñado, dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal el dieciséis de abril de dos mil diecinueve, por ello no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  3. Incidental

    Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales el escrito signado por el tercero interesado Héctor Manuel Ramos Peña, con el que solicita se informe al juez responsable que la parte quejosa no cumplió con el requisito de caución, y que por tanto tiene expedita su jurisdicción para la continuación del trámite ante dicho juzgado. Con fundamento en el artículo 136, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa efectivamente no otorgó dentro del término de cinco días la garantía que le fue fijada en la interlocutoria de tres de junio del año en curso, para que surtiera efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados; en consecuencia, comuníquese a las autoridades señaladas como responsables que se encuentran expeditas para ejecutar el acto reclamado. Es aplicable la Tesis I.3o.C.47 K (10a.) visible en la página 3040 del Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Décima Época, del siguiente rubro y texto: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR DE AMPARO TIENE EL DEBER EX OFFICIO DE INFORMAR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE LA MEDIDA CAUTELAR DEJÓ DE SURTIR EFECTOS Y, POR TANTO, QUE ESTÁ EN APTITUD DE EJECUTAR EL ACTO RECLAMADO. La autoridad de amparo (trátese de Juzgado de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito), como perito en derecho y rector del procedimiento, tiene el deber ex oficio de estar al pendiente del debido cumplimiento de los requisitos de efectividad establecidos en la Ley de Amparo, en relación con la suspensión para, en caso de que el quejoso incumpla el requisito de efectividad consistente en exhibir la garantía fijada, informar a la autoridad responsable, inmediatamente fenecido el plazo de gracia que estableció el legislador (cinco días), que está en aptitud de ejecutar el acto reclamado. Deber que se justifica, por lo que atañe al amparo judicial civil, en el respeto a la cosa juzgada; el derecho a ejecutar la sentencia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, integrante de la tutela judicial efectiva que tiene la parte vencedora y la protección a su efecto útil, para evitar que la justicia se torne ilusoria, pues sin interés del condenado para suspender la ejecución, ni garantía de los posibles daños y perjuicios que llegaren a producirse si no obtiene un fallo favorable, no existe una razón válida para el mantenimiento de esa situación de hecho. Una interpretación contraria desnaturalizaría el noble propósito que tuvo el legislador al establecer la medida cautelar en mención, puesto que por simple inacción de la autoridad responsable, que como parte del juicio también debe estar al pendiente del procedimiento, la suspensión surtiría sus efectos de facto, esto es, sin ningún requisito legal de por medio, lo que es jurídicamente insostenible.".

  4. Principal

    Visto el escrito firmado por Héctor Manuel Ramos Peña, mediante el cual se apersona con el carácter de tercero interesado, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, hace manifestaciones y solicita se autorice al licenciado Gehu Verdugo Cortez, para poder consultar y promover a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, realizar la consulta del expediente electrónico que se integre del presente juicio, así como también cualquier notificación, aun las de carácter personal se le hagan por ese medio; agréguese a los presentes autos para conocimiento de las partes y surta sus efectos legales. Se tiene por reconocida la personalidad con que se ostenta el promovente, por hechas las manifestaciones en los términos que indica y por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle San Fernando Número 947, Fraccionamiento Santa Teresa, de esta ciudad. Con fundamento en los artículos del 93 y 94 del Acuerdo General Conjunto número 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, así como en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se concede al autorizado legal Gehu Verdugo Cortez, con usuario "ILGEVECO", permiso para consultar y promover en el presente juicio por la vía electrónica, así como que se le realicen las notificaciones personales, por el mismo medio. Por otra parte, vistas las razones levantadas por la actuaria adscrita a este Juzgado Federal, de la que se advierte que no fue posible notificar personalmente a los terceros interesados Héctor Manuel Ramos Peña y a la moral SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en su carácter de Fiduciario Sustituto en el Fideicomiso Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), representada por "PENDULUM", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, el contenido de la resolución dictada en el presente juicio de amparo el pasado treinta de septiembre, por los motivos que expone; en consecuencia, notifíquesele a la moral tercero interesada, la resolución de mérito, éste proveído y los subsecuentes por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado, en conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Por último, notifique al tercero interesado Héctor Manuel Ramos Peña, el contenido de la resolución dictada en el presente juicio de amparo el pasado treinta de septiembre, vía electrónica,

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