Carlos Guerrero Altamirano
Expediente 746/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 746/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Carlos Guerrero Altamirano
Actuaciones
- Principal
pral 746/2020 mesa 3° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de junio de dos mil veintiuno. 1. Se agrega oficio. Agréguese el oficio firmado por la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en este municipio, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria de diecinueve de mayo de este año dictada en el conflicto competencial 10/2021, de su estadística; acúsese de recibo. 2. Es competente diverso Juzgado. Ahora, toda vez que la superioridad determinó que a) sí existe conflicto competencial y que b) el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en Salina Cruz, es legalmente competente para conocer y resolver de la demanda de amparo promovida por el quejoso, contra actos de este órgano jurisdiccional y de otras autoridades; lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa, para los fines legales respectivos. 2.1. Precisión. Por otra parte, se precisa que en auto de quince de diciembre de dos mil veinte se recibió electrónicamente el oficio del secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, mediante el cual, informó que en auto de siete de diciembre de dos mil veinte dictado en el juicio de amparo 454/2020, no aceptó la competencia declinada por este juzgado; sin que con posterioridad, en su caso, se recibiera la demanda original, motivo por cual en este asunto no existe documento original que se remita; lo anterior, para los efectos legales conducentes. 3. Archivo del expediente. Por lo anterior, como no existen documentos originales relacionados con ese asunto, como tampoco asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso j), 24 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este cuaderno de antecedentes como definitivamente concluido. 4. Destino. Con fundamento en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, así como el punto 8.1.2., 10, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es destruible, por lo cual, transcurridos tres años a partir de la fecha en que se ordenó el archivo como asunto concluido, procédase a su destrucción dentro de los treinta días siguientes, y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es destruible. 5. Instrucción (certificación). Asimismo, se le instruye para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 6. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; por estrados a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
pral.746/2020 mesa 3 $ San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Acusa recibo. Agréguese el oficio firmado por la actuaria judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en este municipio, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que se le remitió el cuaderno de antecedentes de este expediente, con motivo del conflicto competencial planteado; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Asimismo, informa que dicho tribunal admitió a trámite dicho conflicto competencial y lo radicó con el toca ********************. Además, comunica que a partir del dieciséis de enero actual, dicho órgano jurisdiccional se encuentra integrado por los magistrados ******************** (presidente), ******************** y ******************** (secretario en funciones de magistrado de circuito). Notifíquese.
- Principal
pral.746/2020 mesa 3 $ San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de diciembre de dos mil veinte. Se agrega oficio. Agréguese el oficio firmado electrónicamente por el secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, mediante el cual remite el auto de siete de diciembre de dos mil veinte dictado en el juicio de amparo 454/2020, de su índice, del que se advierte que dicho órgano jurisdiccional no aceptó la competencia declinada a su favor, por las consideraciones que expone en ese auto. Acúsese recibo vía interconexión. Conflicto de competencial. Analizadas las razones que sustenta el titular del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, para no aceptar la competencia declinada a su favor, debe decirse que este Juzgado insiste en declinar competencia al citado Juzgado Federal, por las consideraciones que enseguida se exponen. Del estado de autos se advierte que el quejoso ***, en su escrito de demanda, señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: La orden de aprehensión y/o presentación, que atribuye a las siguientes autoridades responsables: Juez Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. Juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca. Juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; y, 10. Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca. Así como al: 11. Delegado en Oaxaca de la Fiscalía General de la República. Agencia Federal Investigación. Ahora bien, los artículos 38 y 39 de la Ley de Amparo establecen: Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Artículo 39. Cuando se trate de amparos contra actos de autoridades que actúen en auxilio de la justicia federal, no podrá conocer el juez de distrito que deba avocarse al conocimiento del asunto en que se haya originado el acto reclamado. En este caso, conocerá otro del mismo distrito y especialización, en su caso, y si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito a que pertenezca. De la lectura integral de los artículos anteriormente transcritos, se conoce la regla especial de competencia que prevé la Ley de Amparo, en el sentido que si un juez de Distrito es señalado como autoridad responsable debe declinar competencia para conocer del mismo, por actualizarse el presupuesto procesal de que no puede ser juez y parte. Ciertamente, el artículo señalado prevé una regla especial de competencia en el juicio de amparo cuando el acto reclamado se atribuye a un juez de Distrito, pues la competencia para conocerlo, se surte a favor de otro juez del mismo Distrito y especialización y, si no lo hubiera, del más cercano dentro de la jurisdicción del Circuito al que pertenezca; de esta manera, debe aplicarse dicha la regla especial, pues con ello se privilegia el factor de cercanía del juez de Distrito que debe conocer del juicio respecto de la autoridad judicial federal señalada como responsable. Dicha conclusión encuentra fundamento en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 6/2020 que cita la autoridad oficiante, en la cual el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó: Que atendiendo al juicio de amparo, la distribución de competencias por razones objetivas, tradicionalmente se ha dividido en los elementos esenciales siguientes: Por territorio, que se prevé en el artículo 94 constitucional, al facultar al Consejo de la Judicatura Federal el establecimiento del número y división en circuitos, así como la actuación territorial de los órganos jurisdiccionales. Por materia, también se desprende del señalado artículo 94, que remite a lo previsto en la Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los Acuerdos Generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, tanto para amparo directo como indirecto. Por grado, respecto a la promoción del juicio de amparo ante los Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Unitarios o Juzgados de Distrito y, excepcionalmente, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que la competencia por grado se relaciona a las funciones de los órganos y su jerarquía; ante ello, regularmente el grado se ha entendido en función del nivel o posición que guarda cada órgano jurisdiccional jerárquicamente; sin embargo, conlleva una vertiente propia de las funciones que desempeña cada uno de esos órganos o instancias, esto es, el contenido de las facultades con las que cuentan y las atribuciones que les otorgan las normas que los rigen. Que el grado en un sentido amplio no se limita únicamente a la distribución de competencias por virtud de jerarquía de la instancia; sino también a la organización propia de cada órgano jurisdiccional que componen esas instancias y, es precisamente en la distribución donde se generan las facultades específicas y las funciones con las que cuenta cada uno de los órganos señalados. Que, por ello, desde una perspectiva horizontal, se contempla al grado como la composición de facultades que tiene cada órgano jurisdiccional en una determinada instancia; y verticalmente, el grado se relaciona con la organización de esas instancias en niveles o jerarquías que en el Poder Judicial de la Federación se distribuye en los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios y Tribunales Colegiados de Circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que en relación al juicio de amparo indirecto (con la salvedad de la competencia auxiliar), los Juzgados de Distrito y los Tribunales Unitarios de Circuitos son los órganos competentes atendiendo a una cuestión de grado (jerarquía vertical), para conocer en primera instancia y que, por ello, es necesario que dentro de esa instancia cada órgano cuente con facultades suficientes para desenvolverse en la actividad procesal sujeta a su jurisdicción. Que si horizontalmente el grado se analiza a partir de su aptitud para conocer de las controversias que le sean sometidas; desde esa perspectiva, es válido referirse como competencia funcional. Que atendiendo específicamente a que en el juicio de amparo indirecto, la competencia está acotada a las propias reglas procesales y funcionales establecidas en la ley de materia, no solo debe estar a los elementos de territorio, materia o grado en un sentido limitado a la jerarquía, sino al propio funcionamiento del órgano conforme a las facultades que la ley le confiere (funcional). Que de ser el mismo órgano quien deba rendir informe justificado en su carácter de responsable y, a su vez, analizarlo para determinar si su actuación fue en apego a la ley o no, es incuestionable que hay una incompatibilidad con sus funciones como autoridad jurisdiccional encargada de la impartición de justicia, lo que revela una condición de incompetencia. Por ello, conforme con la finalidad del juicio, a partir de los artículos 36 y 38 de la Ley de Amparo, que establecen las reglas de competencia para el conocimiento de los juicios de amparo indirecto -en primera instancia- por parte de los juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios, se tiene que será competente para conocer contra los actos de un juez de distrito o tribunal unitario, OTRO del mismo distrito y especialización y, si no lo hubiere, el más próximo; haciendo especial énfasis que en debe ser un órgano ajeno al que se le atribuye el acto. Concluyó, que en aquellos casos en los que se constate que el órgano jurisdiccional al que le es turnado un juicio de amparo indirecto también tiene el carácter de autoridad responsable, no cuenta con facultades para resolver en la instancia, por lo que, en principio, se debe declarar incompetente; pues se actualiza una causa de incompetencia funcional, con independencia de que no se trate del mismo titular. Y que, por ello, se actualiza un supuesto de incompetencia, lo cual técnicamente resulta ser la vía más acertada, no obstante pueda plantearse como impedimento, pues el resultado será el mismo, es decir, que el órgano jurisdiccional, actuando a través de su titular, no puede resolver en el asunto que le es sometido a su conocimiento. Esas consideraciones, se estiman aplicables al caso concreto, pues, contrario a lo que expone el juez de distrito, a quien se considera competente, este juzgado sostiene que el artículo 38 de la Ley de Amparo determina de manera clara la imposibilidad de los jueces de Distrito para conocer de un juicio que le es turnado y en el que, a su vez, también son señalados como autoridad responsable, pues precisa que deberá plantear la incompetencia a otro del mismo distrito y especialización y, si no lo hubiere, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito a que pertenezca. Por ello, si, en el caso, el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, es el único órgano jurisdiccional que no está señalado como autoridad responsable dentro del Décimo Tercer Circuito, es a éste al que legalmente compete conocer del asunto. Máxime que de aceptar el supuesto que propone (impedimento), se llegaría al extremo de solicitar el impedimento por parte de todos los jueces que se señalaron como autoridades responsables; regla que, se estima, no se encuentra establecida en la Ley de Amparo. Por lo que, en razón de que este Juzgado fue el que previno sobre el conocimiento de este asunto, con fundamento en el artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena remitir el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la incompetencia planteada, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común que le presta servicio, para que resuelva lo procedente con relación al conflicto competencial, aquí planteado. Precisión. Cabe precisar que los actos reclamados consisten en una orden de aprehensión y su ejecución material, que no se traducen en un acto de los que alude el artículo 48 de la Ley de Amparo, conforme al cual en los casos de notoria incompetencia del juez de Distrito ante quien se presente la demanda, se limitará a proveer sobre la suspensión del acto reclamado cuando se trate de actos de los mencionados en el artículo 15 de la propia legislación, remitiendo, sin proveer sobre la admisión de la demanda, los autos al juez de Distrito que considere competente; sino, en el diverso supuesto, (esto es, que no se trate de los actos a que alude el artículo 15 de la Ley de Amparo), que dispone que recibida la demanda, el juez de Distrito, sin proveer sobre su admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, la remitirá con sus anexos al juez de Distrito que corresponda. De ahí que si el acto reclamado no se trata de ninguno de los actos a que se refiere el artículo 15 de la invocada ley, no debe proveerse sobre la suspensión del acto reclamado, pues no se está en el supuesto de que el mandamiento de captura constituya un ataque a su libertad personal fuera de procedimiento judicial, como lo establece el multicitado normativo 15 de la ley de materia. Se hace del conocimiento. Hágase del conocimiento de esta determinación del juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca. Se ordena notificar auto. Como lo solicita la autoridad oficiante, notifíquese por estrados a la parte quejosa el acuerdo de siete de diciembre de dos mil veinte, dictado en el juicio 454/2020 de su estadística. Cuaderno de antecedes. Fórmese cuaderno de antecedentes, a partir de este auto, no así con anteriores actuaciones, en virtud de que éstas pueden ser consultadas en el expediente electrónico. Notifíquese por estrados a la parte quejosa.
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