Carlos Gerardo Paz García
Expediente 979/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 979/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 16/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Carlos Gerardo Paz García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
PRAL.979/2021.MESA-8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. 1. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, que sobreseyó en el juicio de amparo; sin que lo hubiese hecho. 2. Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 3. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de la autoridad responsable y la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita pues, al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 4. Efecto de las providencias decretadas. Por lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que se dejan sin efecto las providencias decretadas a favor de la parte quejosa en proveído de diez de septiembre de dos mil veintiuno. 5. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 6. Archivo de expediente. Toda vez que no existe asunto pendiente por diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 7. Destino y archivo reciente. Tomando en consideración que en proveído inicial se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del acuerdo citado, por similitud jurídica, se estima que este expediente es depurable. En atención a lo dispuesto en el artículo 18 del multicitado acuerdo, este expediente será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes. 8. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el libro de gobierno respectivo y en la carátula del expediente. 9. Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, 1º para que verifique que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (depurable) y, como se precisó en el auto inicial, 2º que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.979/2021.MESA-8 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca siendo las diez horas con veintiocho minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, hora y fecha señalada para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo, como se ordenó en proveído de catorce de octubre del año en curso, estando presente el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia, sin asistencia de las partes de manera física o a través de algún medio electrónico. Acto seguido, se declara abierta la audiencia, la secretaria hace relación de las constancias que existen en el expediente, entre las que se encuentran: 1) diligencia de demanda por comparecencia, 2) diligencia de ratificación de demanda, 3) auto admisorio e 4) informes de suspensión de 4.1) plano y 4.2) justificados rendidos por las autoridades responsables. Además, CERTIFICA: que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, como se les previno en auto admisorio. A lo anterior se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos conducentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente en el momento procesal oportuno. Etapa probatoria. Acto continuo, abierta la fase probatoria, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que únicamente las responsables juez Calificador del Primer Turno del Juzgado Calificador Especializado para la Atentación de Hechos de Tránsito, Vialidad y Movilidad del municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por si y en representación del juez Calificador en turno de la Subdirección de Tránsito y Movilidad del municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, ofrecieron los medios de convicción siguientes: Documentales consistentes en. a) Informe policial homologado. b) Certificado médico. c) Audiencia administrativa del quejoso Carlos Gerardo Paz García. -Documentales (03) de nueve de septiembre de dos mil veintiuno. d) Boleta de libertad de diez de septiembre de dos mil veintiuno. e) Solicitud de liberación y oficio de pre-liberación de unidad de motor a favor del quejoso Carlos Gerardo Paz García. Al respecto, se acuerda: tomando en consideración que los citados medios de prueba fueron admitidos y desahogados durante la sustanciación de este juicio, en razón de su especial naturaleza, serán ponderados al momento de dictarse la sentencia correspondiente. No existiendo más pruebas que desahogar ni escrito de las partes que acordar, se cierra esta etapa. Enseguida, se abre el periodo de alegatos, en el que la secretaria hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho por escrito o a través de algún medio electrónico; con lo anterior, se da por concluida esta etapa, se declaran vistos los autos, y se dicta la resolución correspondiente. VISTOS, para dictar sentencia en el juicio de amparo 979/2021; y, RESULTANDOS: PRIMERO. Demanda de amparo. a) Mediante diligencia de demanda por comparecencia de diez de septiembre de dos mil veintiuno, Karina Lourdes Galán García solicitó el amparo y protección constitucional en favor de Carlos Gerardo Paz García contra actos del 1) juez calificador en turno de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana y 2) juez calificador en turno de la Subdirección de Tránsito y Movilidad, ambos del Municipio de Oaxaca de Juárez; que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. b) Prevención. En auto de esa propia data (diez de septiembre de dos mil veintiuno), se previno al quejoso y se otorgó la suspensión de oficio, en los términos y condiciones ahí precisadas. c) Informes suspensión de oficio decretada de plano. En auto de veintiocho de septiembre del año en curso se tuvo al juez Calificador actuante encargado del Segundo Turno del Juzgado Especializado para la atención de Hechos de Tránsito, Vialidad y Movilidad adscrito a la alcaldía municipal con sede en la dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana del municipio de Oaxaca de Juárez, rindiendo el informe relativo a la suspensión de suspensión de oficio, decretada de plano en este juicio de amparo respecto de las autoridades señaladas como a) juez calificador en turno de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad, Protección Ciudadana del municipio de Oaxaca de Juárez y b) juez calificador en turno de la subdirección de Tránsito y Movilidad del municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. SEGUNDO. Ratificación de demanda. Mediante proveído de trece de septiembre de dos mil veintiuno se tuvo por ratificada la demanda de amparo por el directo agraviado Carlos Gerardo Paz García, admitiéndose a trámite; se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDOS: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta; además de que se trata de un asunto de naturaleza administrativa, y la residencia de las autoridades responsables tiene lugar dentro la demarcación territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En el caso, de la lectura integral efectuada a la demanda, así como de totalidad de constancias que integran este asunto, se advierte que el quejoso Carlos Gerardo Paz García solicita el amparo y protección constitucional contra: 1) La detención ilegal sin previo procedimiento judicial y la 2) retención de la camioneta en la que circulaba. Que atribuye a las autoridades responsables: 1) Juez calificador en turno de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana y 2) juez calificador en turno de la Subdirección de Tránsito y Movilidad, ambos del Municipio de Oaxaca de Juárez. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación), Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia parcial de los actos reclamados. Las autoridades responsables juez Calificador del Primer Turno del Juzgado Calificador Especializado para la Atentación de Hechos de Tránsito, Vialidad y Movilidad del municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por sí y en representación del juez Calificador en turno de la Subdirección de Tránsito y Movilidad del municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al rendir su informe justificado, convinieron parcialmente en la existencia del acto reclamado; no obstante, su existencia se tiene plenamente demostrada en el juicio, pues así se aprecia de las constancias que remitieron como prueba. Actuaciones con valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 195, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2°, al tratarse de un documento público que hace prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad, de donde aquéllos proceden. En esas condiciones, son ciertos los actos reclamados por la parte quejosa a las autoridades responsables. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, ya que de ser así, se obstaculizaría el examen del acto reclamado a la luz de los conceptos de violación propuestos. Se actualizan las causales de improcedencia previstas en las fracciones XXI y XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados consistentes en 1) la detención ilegal sin previo procedimiento judicial y la 2) retención de la camioneta en la que circulaba, respectivamente, como se verá a continuación; con la precisión de que el estudio se realizará por separado. 4.1 Acto reclamado consistente en la detención ilegal sin previo procedimiento judicial del quejoso Carlos Gerardo Paz García. Respecto del acto reclamado consistente en la detención ilegal sin previo procedimiento judicial del quejoso Carlos Gerardo Paz García, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que con posterioridad a la presentación de la demanda, mediante oficio sin número presentado ante este Juzgado el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, el juez Calificador actuante encargado del Segundo Turno del Juzgado Especializado para la atención de Hechos de Tránsito, Vialidad y Movilidad adscrito a la alcaldía municipal con sede en la dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana del municipio de Oaxaca de Juárez, informó que, en cumplimiento a la suspensión de oficio decretada de plano en favor del quejoso Carlos Gerardo Paz García, el diez de septiembre de dos mil veintiuno decretó su inmediata libertad. Al respecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del contenido literal del precepto transcrito, se advierte que el juicio de amparo indirecto será improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que dicha causal de improcedencia se actualizará cuando, además de que la autoridad responsable deje insubsistentes los actos reclamados, con ello también sean destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, de una manera tal, que no exista huella de la invasión de la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Así lo dispuso la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por reiteración 2a./J.59/99, con número de registro 193758, visible en la página treinta y ocho, tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Conforme a la citada jurisprudencia, el juicio de amparo será improcedente cuando se hubiese dejado insubsistente el acto o actos reclamados, y las violaciones también hayan quedado insubsistentes, como si el amparo se hubiese concedido. Improcedencia que, en el caso, se actualiza, toda vez que de la demanda de amparo y de las constancias remitidas por las autoridades responsables juez Calificador del Primer Turno del Juzgado Calificador Especializado para la Atentación de Hechos de Tránsito, Vialidad y Movilidad del municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por sí y en representación del juez Calificador en turno de la Subdirección de Tránsito y Movilidad del municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, con su informe justificado, a las que se les otorgó valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2°, se advierte lo siguiente: a) Con fecha nueve de septiembre de dos mil veintiuno el quejoso Carlos Gerardo Paz García fue puesto a disposición del Juzgado Calificador del Primer Turno de la Subdirección de Tránsito del Municipio de Oaxaca de Juárez, en razón de que conducía una unidad de motor en estado de ebriedad. b) El diez de septiembre de dos mil veintiuno, a la una con diez minutos de esa fecha, se celebró la "audiencia administrativa" del quejoso Carlos Gerardo Paz García, en la que se le comunicó que le había sido impuesto un arresto administrativo por veinticuatro horas que podía ser conmutado, si así era su deseo, por el pago de una multa. c) A las dieciocho horas con treinta y cuatro minutos del diez de septiembre de dos ml veintiuno, el quejoso Carlos Gerardo Paz García obtuvo su libertad, en atención a la boleta girada por el juez calificador actuante encargado del Segundo Turno adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana del Municipio de Oaxaca de Juárez. Lo anterior, conlleva a establecer que, en la especie, cesaron los efectos de ese acto reclamado, al haber desaparecido totalmente las consecuencias generadas por el arresto administrativo que se tilda de inconstitucional. Es así, pues al haber quedado en libertad el aquí quejoso, torna improcedente la acción constitucional al carecer de materia para analizar el acto motivo de reclamo, pues a ningún fin práctico conduciría ocuparse de su examen cuando sus efectos ya no están vigentes en su esfera jurídica, ni lo estarán, precisamente, por haberse materializado la pretensión final del justiciable en hacer cesar su detención y recobrar la libertad deambulatoria temporalmente restringida a consecuencia del arresto administrativo impuesto por haberle determinado que presentaba un grado de intoxicación de tercer periodo de ebriedad al momento de su detención. Sin que, además, se advierta que tal detención reclamada haya dejado huella en la esfera jurídica del quejoso, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, al haber desparecido en definitiva las consecuencias del acto que violaba sus derechos humanos. Lo que entraña la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, acorde con el artículo 77 de la ley de la materia, como es el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación por los motivos expuestos. En tales condiciones, como se anticipó, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues se destruyeron los efectos del acto reclamado de forma total e incondicional, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso. Por tanto, dada la actualización de la causa de improcedencia invocada, procede sobreseer en el juicio, respecto del acto reclamado consistente en la detención ilegal sin previo procedimiento judicial del quejoso Carlos Gerardo Paz García, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. 4.2 Acto reclamado consistente en retención de la camioneta en la que circulaba el quejoso Carlos Gerardo Paz García. Respecto del diverso acto reclamado consistente en la retención de la camioneta en la que circulaba el quejoso Carlos Gerardo Paz García, se estima actualizada la diversa causa de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61 en relación con el 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, mismos que establecen lo siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)." "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." Conforme al artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que los actos reclamados produzcan una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso, ya sea de manera directa (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Es decir, la legitimación para acudir al juicio de amparo necesariamente debe estar vinculada con el particular objetivo del medio de control constitucional, que consiste en la protección de los derechos humanos y su consiguiente restitución; en esta medida, la legitimación debe atender los principios que rigen al juicio de amparo, particularmente los de instancia de parte y agravio personal y directo. Ahora, la importancia del principio de agravio personal y directo radica desde su propia concepción, al entenderse como el daño o perjuicio, una ofensa o violación a los derechos sustantivos fundamentales que la Constitución Federal tutela. Por tal motivo, cuando no se actualiza esta circunstancia entonces la acción intentada se torna improcedente. Razones que permiten sostener que la legitimación para instar la acción de amparo está reservada únicamente para quien resienta un agravio, con motivo de un acto de autoridad, en uno de sus derechos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, legitimándolo para solicitar la restitución en el goce del derecho violado. En consecuencia, la noción de perjuicio para efectos del juicio de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley misma, faculta a su titular para acudir demandando el cese de esa trasgresión y su consiguiente reparación. En el caso específico, las constancias que obran en autos son ineficaces para acreditar el interés jurídico que le asiste al quejoso en este juicio de amparo, en relación con su pretensión de que le sea devuelta la unidad de motor en la que se transportaba cuando se ejecutó el arresto que reclama en este juicio. En efecto, el referido quejoso señaló como acto reclamado en su demanda de amparo, la retención de la camioneta en la que circulaba, sin que aportara mayores datos o características de dicha unidad de motor que permitieran su identificación, pues los únicos datos con los que cuenta este órgano jurisdiccional en relación con el medio de transporte en cuestión, se advierten de las constancias que remitieron las autoridades responsables como justificación a su informe. Lo que evidencia que el quejoso carece de interés jurídico para reclamar, a través del juicio de amparo, la afectación a su derecho de posesión respecto del bien mencionado, pues no existen pruebas que acrediten la legal propiedad o posesión de la unidad de motor en la que se transportaba al momento de su detención. No se soslaya el hecho que la parte quejosa manifestara que le fue retenido el vehículo en que, dice, circulaba al momento de su detención; pues tal manifestación no es suficiente para acreditar su interés jurídico para acudir al juicio de amparo. Ello, porque para acreditar el interés jurídico no basta que aquélla en su demanda aduzca que lo que manifiesta en ella lo hace bajo protesta de decir verdad, sino que requiere de la aportación de medios probatorios que demuestren lo que en la misma se afirma. En apoyo a lo anterior se cita la tesis número 3a./J. 27/90 que sustenta la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 229, del Tomo V, Primera Parte, Enero a Junio de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro establece: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD". Luego, si la parte quejosa no exhibió documento alguno que demuestre que es propietario y/o poseedor del vehículo de motor (camioneta) que refiere le fue retenido al momento de su detención; resulta evidente que carece de interés jurídico para promover este juicio; máxime que tampoco indica las características de dicha unidad de motor. Sin que obste que de las constancias remitidas por las responsables en apoyo a su informe se advierta que Carlos Gerardo Paz García, al momento de su detención, conducía una unidad de motor marca Nissan, tipo estacas, color blanco, con placas de circulación RX-80-356 del Estado de Oaxaca, con número de serie 3N6DD14S96K022147. En tanto que, se reitera, no acreditó ser el propietario del citado vehículo, o bien, que se encontrara facultado o autorizado por el propietario del mismo para tenerlo en posesión. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo, respecto del acto reclamado, consistente en la retención de la camioneta en la que circulaba el quejoso Carlos Gerardo Paz García el día de su detención, con sustento en el precepto 63, fracción V, de la ley invocada. Resulta aplicable al respecto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la Jurisprudencia 1ª./J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 225, del Tomo XXVII, Enero de 2008, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." QUINTO. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, de la Constitución Federal, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 8º Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 1, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por el quejoso Carlos Gerardo Paz García, contra los actos reclamados consistente en 1) la detención ilegal sin previo procedimiento judicial y 2) la retención de la camioneta en la que circulaba el día de su detención atribuidos al 1) juez calificador en turno de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana y 2) al juez calificador en turno de la Subdirección de Tránsito y Movilidad, ambos del Municipio de Oaxaca de Juárez, en términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL.979/2021.MESA-8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de octubre de dos mil veintiuno. 1° Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se imponga del contenido del informe justificado rendido por el juez Calificador del Primer Turno del Juzgado Calificador Especializado para la Atentación de Hechos de Tránsito, Vialidad y Movilidad del municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por sí y en representación del juez Calificador en turno de la Subdirección de Tránsito y Movilidad del municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 2° Se difiere audiencia. En consecuencia, la audiencia constitucional señalada para esta data, se difiere y, en su lugar, se fijan las diez horas con veintiocho minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, para su desahogo. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 191995, con el rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL.979/2021.MESA-8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. 1° Se agrega informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta signado por el juez Calificador del Primer Turno del Juzgado Calificador Especializado para la Atentación de Hechos de Tránsito, Vialidad y Movilidad del municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual rinde informe justificado, por si y en representación del juez Calificador en turno de la Subdirección de Tránsito y Movilidad del municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; con el mismo dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. 2° Pruebas. Toda vez que dicha autoridad responsable remite diversas constancias en copia certificada con las cuales acredita su dicho; en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas documentales de su parte, mismas que se desahogan en razón de su propia naturaleza, para ser consideradas al resolver este juicio. 3° Diferimiento. A fin de que la parte quejosa se imponga del contenido del aludido informe, la audiencia constitucional señalada para esta data, se difiere y, en su lugar, se fijan las nueve horas con treinta y ocho minutos del catorce de octubre de dos mil veintiuno, para su celebración. 4° Notificación. Efectúese la notificación de este proveído por medio de lista a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, sin necesidad de que se envíen oficios relativos, al tratarse de una determinación de mero trámite. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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