Carlos Fernando Reyes Hernández

Expediente 357/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
357/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
02/06/2021

Partes del expediente

  • Carlos Fernando Reyes Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    pral 357/2021 MESA 4° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de junio de dos mil veintiuno. 1. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra sentencia dictada el catorce de mayo del año en curso, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; sin que lo hubiese hecho. 2. Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 3. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de la a) autoridad responsable Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, así como de la b) agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; pues, dado el sentido de la sentencia dictada, ningún agravio les genera a esas partes procesales, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 4. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4.1 Instrucción Secretaría y Actuaría. Por otra parte, se instruye a la secretaria (o) y actuario (a), que se atiendan los lineamientos precisados en la circular DGGJ/STG/17/2020, de quince de octubre de dos mil veinte, para que la versión publica de esta sentencia sea consultable por internet. 5. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 7. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es destruible. 8. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 9. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 357/2021 En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca siendo las nueve horas con diecisiete minutos catorce de mayo de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 357/2021, como se ordenó en acuerdo de treinta de abril de este año, Ponciano Velasco Velasco, titular el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autorizada y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta, sin asistencia de las partes. Apertura de la audiencia. Enseguida, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan a) la demanda de amparo promovida por Víctor Hugo Barrita Soriano, apoderado legal de Carlos Fernando Reyes Hernández, e b) informe justificado rendido por la autoridad responsable presidente de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. Además, hace constar que no existe documento con el que deba darse cuenta y que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales, como se previno en auto admisorio. A lo anterior se acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse la sentencia. Fase probatoria. A continuación, se abre el periodo probatorio y se hace constar que la parte quejosa exhibió como prueba de su parte, la consistente en copia del acuerdo de doce de noviembre de dos mil veinte, emitido en el expediente laboral 1043/2019 (4) BIS. En tanto que la autoridad responsable, presidente de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado, acompañó copia certificada la 1) resolución de veinte de abril del año en curso, dictada en el expediente laboral 1043/2019 (4) BIS, así como 2) de la notificación de veintidós de ese mes y año. A lo que se acuerda: en términos del numeral 119 de la Ley de Amparo, se admite las referidas pruebas documentales, mismas que se desahogan en razón de su propia naturaleza, para ser consideradas al resolver este juicio; no existiendo pruebas que desahogar ni escrito de las partes que acordar, se cierra esta etapa. Etapa de alegatos. Se abre la fase de alegatos, en la que se hace constar que ninguna de las partes los formuló, así como que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado no formuló pedimento; por lo que, se declara cerrado este período y se procede a emitir la siguiente: Sentencia. Visto, para resolver el juicio de amparo 357/2021; y, R E S U L T A N D O S: Primero. Demanda de amparo. Mediante demanda de amparo depositada el doce de abril del año en curso, en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnado a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, Víctor Hugo Barrita Soriano, apoderado legal de Carlos Fernando Reyes Hernández, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridad responsable que se precisará en el considerando respectivo. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derecho fundamental vulnerado el contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro de la demanda de amparo y admisión. Por auto de fecha trece de abril del año en curso con la demanda de amparo se ordenó formar expediente impreso y electrónico, se registró en el libro de gobierno con el número 357/2021, se admitió a trámite la demanda, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito, se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado y se citó a la audiencia constitucional, misma que, previo los trámites de ley, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza laboral, y dado que la autoridad responsable reside en el lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que el acto reclamado por la parte quejosa y por el cual se realizará el análisis relativo es: - La omisión de dictar el acuerdo correspondiente por el que se admitan o desechen las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral 1043/2019 (4) BIS. Misma que se atribuye a la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca. Tercero. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, presidente de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, al rendir informe justificado aceptó la existencia del acto que se le atribuye. Al respecto, manifestó que al momento de la presentación de la demanda de amparo existía el acto reclamado; empero, mediante determinación de veinte de abril del año en curso, dictada en el expediente laboral 1043/2019 (4) BIS, procedió a calificar las pruebas ofrecidas por las partes que comparecieron a la audiencia celebrada el doce de noviembre de dos mil veinte; determinación que notificó a la aquí parte quejosa el veintidós de ese mes y año, como se advierte de las documentales que remitió como justificación a su informe. Cuarto. Causal de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia que propongan las partes o que este Juzgado Federal advierta de oficio, por ser una cuestión de interés social, de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta esta determinación, la jurisprudencia número 2a./J.76/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SU EXAMEN EN LA REVISIÓN ES OFICIOSO, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL RECURRENTE SEA EL QUEJOSO QUE YA OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE". En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado por la parte quejosa. A manera de referencia, cabe destacar que los efectos de un acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que, debe entenderse, implica no sólo la detención definitiva de la autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Efectivamente, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ese derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando, ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Caso concreto. En la especie, se actualiza dicha hipótesis de improcedencia porque la parte quejosa reclama de la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, la omisión de dictar el acuerdo correspondiente por el que se admitan o desechen las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral 1043/2019 (4) BIS; lo cual genera un retraso en la impartición de justicia y falta de aplicación de los principios de economía, concentración y sencillez del proceso. Sin embargo, la autoridad responsable anexó a su informe justificado copia certificada de la 1) resolución de veinte de abril del año en curso, dictada en el expediente laboral 1043/2019 (4) BIS, así como 2) de la notificación de veintidós de ese mes y año; documentales que tienen valor probatorio pleno, con base en lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a lo previsto en su artículo 2°, medios de convicción de los que se advierte que, en efecto, el veinte de abril de esta anualidad, se dictó la resolución correspondiente en la que se calificaron las pruebas ofrecidas por las partes que comparecieron a la audiencia celebrada el doce de noviembre de dos mil veinte; determinación que notificó a la parte actora, aquí parte quejosa, el veintidós de ese mes y año. Con lo anterior, queda acreditado en autos que la autoridad responsable restituyó a la parte quejosa el derecho vulnerado al dictar la resolución correspondiente en el expediente laboral 1043/2019 (4) BIS; por ende, es inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por la cesación de efectos del acto combatido, procede sobreseer en este juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de ese ordenamiento legal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª /J 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de 1999, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Quinto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida resolución se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado legalmente, con apoyo, además, en los artículos 1°, fracción I, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo; se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobreseee en el juicio de amparo promovido por Víctor Hugo Barrita Soriano, apoderado legal de Carlos Fernando Reyes Hernández, contra el acto reclamado consistente en la omisión de dictar el acuerdo correspondiente por el que se admitan o desechen las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral 1043/2019 (4) BIS, que atribuyó a la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, en términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 357/2021 MESA 7° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de abril de dos mil veintiuno. 1. Estado de autos. De éstos se advierte que en proveído de veintiséis de abril pasado se tuvo a la autoridad responsable, presidente de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, rindiendo su informe justificado y, además, se ordenó dar vista de manera personal a la parte quejosa; notificación que se encuentra en trámite, dada la proximidad del dictado de ese acuerdo. 2. Diferimiento de audiencia constitucional. Por ende, es inconcuso que, a la fecha, no ha transcurrido el plazo de ocho días establecido en el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; ante ello, no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que se difiere y, en lugar, se fijan las nueve horas con diecisiete minutos del catorce de mayo de dos mil veintiuno, para su celebración. Es aplicable la tesis aislada con el rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE". 2.1 Precisión. Se puntualiza que la notificación de este proveído se realizará a la autoridad responsable, así como a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, por medio de lista electrónica, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, del acuerdo general 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en su vigencia por el 1/2021, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia sanitaria por el virus covid-19; sin necesidad de que se envíen oficios para comunicarles el diferimiento de audiencia, tomando en consideración que es una determinación de mero trámite. Y sin que ello implique dejar en estado de indefensión a las autoridades responsables, dado que la fecha inicial señalada para la audiencia constitucional se les notificó mediante oficio y obra constancia de notificación respecto de las mismas, por lo cual están en aptitud de consultar la nueva fecha a través de la lista electrónica que se publica en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL 357/2021 MESA 7° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil veintiuno. 1. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio número 1602, del presidente de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, mediante el que rinde informe justificado; con el mismo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. 1.1 Prueba. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental de la referida autoridad responsable la que anexa a su informe de cuenta, misma que se desahoga en razón de su propia naturaleza, para ser considerada al resolver este juicio. 2. Vista personal a la parte quejosa. Con el oficio de cuenta y anexo, dése vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a sus intereses convenga. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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