Carlos Flores Moreno
Expediente 478/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 478/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Carlos Flores Moreno
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, tres de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, en el que se desechó su demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este de un expediente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de mayo de dos mil diecinueve. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. Visto lo de cuenta, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 478/2019, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. DESECHAMIENTO. En primer término, debe precisarse que, del contenido de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso esencialmente impugna: a) La orden de traslado de un reclusorio a otro, o bien, de un dormitorio de máxima seguridad. b) Trato indigno a su dignidad humana. c) Violación a sus derechos constitucionales, al señalar que no cuenta con correctivos disciplinarios en su expediente único penitenciario. d) Las consecuencias derivadas de los incisos antes indicados y que se traducen en ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. Al respecto, se advierte que los actos indicados en los incisos b), c) y d), se encuentran comprendidos en el acto destacado de traslado. Por lo que el acto que se analizará en la presente vía constitucional, es la orden de traslado por parte del 1. Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, 2. Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Puebla, 3. Juez Itinerante de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Puebla, 4. Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla, 5. Director General de Centros de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, 6. Director del Centro de Reinserción de Tepexi de Rodríguez, Puebla, 7. Director del Centro de Reinserción de Huauchinango, Puebla, 8. Director del Centro de Reinserción de Ciudad Serdán, Puebla, 9. Subdirector de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla, 10. Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla, 11. Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla, 12. Jefe del Departamento de Psicología del Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla, 13. Jefe del Departamento de Criminología del Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla, 14. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, 15. Director de Supervisión de los Centros de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, 16. Secretario de Coordinación y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, 17. Subsecretario de Coordinación y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, 18. Director del Centro de Reinserción Social Varonil Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México (antes Distrito Federal), 19. Director del Centro de Reinserción Social de Chalco del Estado de México, 20. Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado de Veracruz, 21. Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, 22. Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México, 23. Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur, 24. Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Yucatán (cereso Yucatán), 25. Director del Centro de Reinserción Social de Mérida Yucatán, 26. Director de Ejecución, Prevención y Reinserción Social del Estado de Yucatán, 27. Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 28. Director del Cereso Atlacholoaya "Morelos", Municipio de Xochitepec, Morelos, 29. Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, 30. Director del Centro de Reclusión Estatal de Tancanhuitz (el xolol), de San Luis Potosí, 31. Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, 32. Director del Cereso Chetumal, de Pachuca, Hidalgo, 33. Director del Centro Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano, Almoloya de Juárez, Estado de México; 34. Director del Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente", El Salto, Jalisco, 35. Director del Centro Federal de Readaptación Social número 3 "Noreste", H. Matamoros, Tamaulipas, 36. Director del Centro Federal de Readaptación Social número, 4 "Noroeste", 37. Director del Centro Federal de Readaptación Social número 5 "Oriente", Conocido Cerro de León, Villa Aldama. Veracruz, 38. Director del Centro Federal de Readaptación Social número 6 "Sureste, Municipio Huimanguillo, Tabasco, 39. Director del Centro Federal de Readaptación Social número 7 "Nor-Noroeste", Municipio Guadalupe Victoria Durango, 40. Director del Centro Federal de Readaptación Social número 8 "Nor-poniente", Municipio Guasave, Sinaloa, 41. Director del Centro Federal de Readaptación Social número 9 "Norte", Ciudad Juárez Chihuahua, 42. Director del Centro Federal de Readaptación Social número 10 "Nor-noreste", Municipio: El Oro Monclova, Coahuila, 43. Director del Centro Federal de Readaptación Social número 11 "CPS Sonora", Municipio de Hermosillo, Sonora, 44. Director del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS Guanajuato" Municipio de Ocampo, Guanajuato, 45. Director del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS Oaxaca" Miahuatlán de Porfirio Díaz Oaxaca, 46. Director del Centro Federal de Readaptación Social número, 14 "CPS Durango", Gómez Palacios Durango, 47. Director del Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS Chiapas", Villa de Comaltitlán Chiapas y 48. Director del Complejo Penitenciario Federal "Papantla, Veracruz", Municipio de Papantla, Veracruz. Respecto del acto reclamado (traslado, en donde se engloban los restantes) se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al advertirse que el quejoso no agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, al no haber promovido el recurso ordinario de defensa (Controversia Judicial) previsto en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sobre la causal de improcedencia destacada, el artículo 61, fracción XX de Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior ; (.)." De la lectura del precepto que antecede, se aprecia que debe agotarse el principio de definitividad en contra de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que conforme a las leyes que los rijan proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que prevé la Ley de Amparo, sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. En esa tesitura, la Ley Nacional de Ejecución Penal en los artículos 116, 117, fracción II, 122, 123, 124 y 127, disponen lo siguiente: "Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; III. Los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil; IV. La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y V. La duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad." "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. En relación a la facción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada." "Artículo 122. Formulación de la controversia La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto." "Artículo 123. Auto de inicio Una vez recibida la solicitud, la administración del juzgado de ejecución registrará la causa y la turnará al juez competente. Recibida la causa, el Juez de Ejecución contará con un plazo de setenta y dos horas para emitir un auto en cualquiera de los siguientes sentidos: I. Admitir la solicitud e iniciar el trámite del procedimiento; II. Prevenir para que aclare o corrija la solicitud, si fuere necesario, o III. Desechar por ser notoriamente improcedente. Cuando se realice una prevención, el solicitante tendrá un plazo de setenta y dos horas para que aclare o corrija la solicitud, en caso de no hacerlo, se desechará de plano. El auto que admita la solicitud deberá realizarse por escrito y notificarse al promovente de manera inmediata sin que pueda exceder del término de veinticuatro horas. En caso de que no se notifique, se entenderá que fue admitida la solicitud. Las solicitudes que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumuladas en el auto admisorio para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. El auto que admite o niega la acumulación podrá ser reclamado mediante revocación." "Artículo 124. Sustanciación En caso de ser admitida la solicitud o subsanada la prevención, la administración del juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de prueba que estimen pertinentes; además se requerirá a la Autoridad Penitenciaria para que dentro del mismo término rinda el informe que corresponda. En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia de las mismas a las partes que correspondan y se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, la cual deberá realizarse al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días. En caso de que las partes ofrezcan testigos, deberán indicar el nombre, domicilio y lugar donde podrán ser citados, así como el objeto sobre el cual versará su testimonio. En la fecha fijada se celebrará la audiencia, a la cual deberán acudir todos los interesados. La ausencia del director del Centro o quien lo represente y de la víctima o su asesor jurídico no suspenderá la audiencia." "Artículo 127. Resolución El Juez de Ejecución tendrá un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final. En la resolución el juez deberá pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales de los sentenciados." Los arábigos transcritos consagran el derecho de los internos a plantear controversia ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, en el momento de la notificación, dentro de los diez días siguientes a la notificación del traslado ó dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de su libertad no hubiese sido notificada previamente, tratándose de aspectos relacionados con los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Dicha controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. En donde, el juez de ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto; con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y, sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Destacándose al respecto que, a diferencia del contenido de la Ley de Amparo, expresamente se dispone en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que la persona privada de la libertad deberá contar con un defensor. En caso de tratarse de los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. El Juez de Ejecución tendría un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final, la cual se ejecutará una vez que quedé firme. Incluso, en la citada legislación nacional que es la que rige el acto ahora reclamado, se prevé en su capítulo VI específicamente en el artículo 131, la posibilidad de recurrir el auto o resolución que resuelva o dé por concluida la controversia judicial, mediante la interposición del recurso de apelación, el cual tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla; sin perjuicio que contra esa determinación pueda acudirse a la vía constitucional. Resulta ilustrativa a lo anterior, la tesis XXII.P.A.34 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de Vigésimo Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes 24 de agosto de 2018, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTOS IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN. CUÁLES SON EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Acorde con los preceptos mencionados, son impugnables ante el Juez de Ejecución: a) aquellos casos urgentes, como lo son las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, entre otras, aquellas relativas a cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física del interno; b) las determinaciones emitidas por el director del centro penitenciario, en respuesta a una solicitud de la persona privada de su libertad, referente a la vulneración de sus condiciones de internamiento, ya sea, cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta, emisión de tarjetas informativas o reportes médicos, entre otros, que se resuelvan en sentido contrario a los intereses del peticionario; y, c) las omisiones de dicha autoridad penitenciaria de atender la solicitud formulada por la persona privada de su libertad, en relación con esas cuestiones". Una vez precisado lo anterior, el aquí quejoso acude a esta instancia constitucional a reclamar su traslado (en donde se engloban los restantes actos) del Centro de Reinserción Social de Puebla a uno diverso, que atribuyó a las autoridades citadas en párrafos precedentes, indicadas con los arábigos del 1 al 48. Entonces, es evidente que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para impugnar el traslado involuntario que puede ser ordenado excepcionalmente por la autoridad penitenciaria, tratándose de casos de delincuencia organizada, medidas especiales de seguridad, que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro de reclusión; las personas privadas de su libertad, tienen a su alcance la acción judicial relativa a la controversia judicial, por lo que, el aquí quejoso, antes de promover el presente juicio de amparo, debió acudir ante el Juez de Ejecución competente, a promover el citado recurso ordinario de defensa, respecto del traslado del que tuvo noticia será objeto por parte de las mencionadas autoridades judiciales y administrativas, el cual incluso, es susceptible de ser suspendido de inmediato, dada su naturaleza, hasta en tanto se resuelva en definitiva dicha controversia. De ahí, que al no hacer valer la controversia judicial, contra el traslado involuntario del que se duele, el peticionario de amparo no agotó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, actualizándose la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. A las consideraciones que preceden resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018, visible a página 230, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia Común, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyos rubro y texto son los siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES "DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA "PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE "CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN "PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO "INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, "107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de "Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución "penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones "administrativas, a través del cual las personas privadas de su "libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la "autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones "inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus "derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un "verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues "inicia con la presentación de una petición formulada por los internos "ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden "ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso "de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de "inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones "positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una "omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones "adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la "petición sean impugnadas a través de los recursos "correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control "previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio "de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona "privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus "condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de "amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de "impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si "el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones "inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente "hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la "causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, "fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de "definitividad". Por lo tanto, es inaplicable para lo pretendido la tesis de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO "PENITENCIARIO A OTRO. CUANDO EL INTERNO LA IMPUGNE "EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO COMO ACTO FUTURO "Y EXISTA DUDA SOBRE SU NATURALEZA INCIERTA O "INMINENTE, DEBE ADMITIRSE A TRÁMITE LA DEMANDA, AL "NO ACTUALIZARSE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE "DE IMPROCEDENCIA, QUE AMERITE DESECHARLA DE PLANO "EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE AMPARO", ya que se trata de un criterio que ya quedó superado con la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citada anteriormente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, POR SER NOTORIA E INDUDABLE SU IMPROCEDENCIA. Igual postura adoptó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver la queja 24/2019 de su índice, que se advierte del Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E) y que se invoca como un hecho notorio. Cobra aplicación la Jurisprudencia siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." DOMICILIO. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones del quejoso el lugar en el que se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, por lo que, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones que este juzgado estime pertinentes en el lugar de su reclusión. AUTORIZADO. Se tiene como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Luis Fernando Lagunes de Gante, atento que el quejoso no proporcionó datos de su cédula profesional para constatar que está autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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