Carlos Fuentes Ledo

Expediente 1206/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1206/2015
Año
2015
Actuaciones
5
Última actuación
15/08/2016

Partes del expediente

  • Carlos Fuentes Ledo
  • CARLOS FUENTES LEDO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA Luis Ángel Machorro Cruz EL PROVEÍDO DE 12 DE agosto DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, doce de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintinueve de julio de dos mil dieciséis, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Así, en sentencia emitida el veintinueve de enero de dos mil dieciséis (foja 136 a 151), se otorgó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para que el juez responsable realizara lo siguiente: "1) a) Deje insubsistente el auto de formal prisión dictado el uno de octubre de dos mil quince, dentro de la causa penal 365/2015. b) Provea lo necesario para que se desahoguen los interrogatorios a cargo Cirilo Castillo Notario y María del Rosario Lozada Cabrera, en especial tome las providencias necesarias a efecto de que se notifique personal y oportunamente a las referidas mediando un plazo prudente entre su citación y la diligencia -en la medida que el plazo constitucional ampliado lo permita-; y para el caso que tales probanzas ya se hubieran desahogado, de inmediato resuelva la situación jurídica de los inculpados ahora quejosos, tomando en cuenta la misma, sin perjuicio de las actuaciones posteriores que se hayan practicado. c) Debe destacarse que en relación a la prueba pericial en psicología a cargo del perito Eduardo Rendón Vega (foja 172 frente ídem), quien aceptó el cargo, el treinta de septiembre de dos mil quince (foja 189 ídem), no presentó el dictamen correspondiente, cuya falta no fue causa imputable a la responsable; sin embargo, se estima que dado el sentido del presente fallo, estará en condiciones de desahogarla, por lo que deberá tomar las medidas necesarias para lograr el desahogo de dicha prueba. Ello dentro del nuevo término constitucional ampliado que determine, en atención a que así lo solicitó la defensa del inculpado, plazo que iniciará precisamente cuando se solicite a la responsable el cumplimiento de esta sentencia, una vez que cause ejecutoria. En el entendido de que el desahogo de tales probanzas deberá efectuarse en el lapso que resulte de restar al término constitucional ampliado (ciento cuarenta y cuatro horas), las horas que transcurrieron desde que el inculpado quedó a su disposición y el momento en que se ofrecieron dichos medios de convicción, ello con la finalidad de no exceder el término constitucional y para estar en similares condiciones a las que prevalecieron en el aludido periodo. Circunstancia que se determina en la forma precisada, en atención a que de esa manera los quejosos gozarán del derecho que le fue conculcado dentro de un término similar al en que debió practicarse dicha diligencia. c) Realizado lo anterior y sin rebasar el término constitucional ampliado, con plenitud de jurisdicción, la responsable deberá emitir una nueva resolución en el sentido que estime procedente, debiendo valorar la totalidad del material probatorio." (fojas 146 vuelta y 147). Asimismo, en la parte considerativa de la sentencia, en lo que aquí interesa, se determinó lo siguiente: "(.) Por tanto, el juez responsable en caso de que no lo haya hecho, deberá dar vista al Ministerio Público respecto de las manifestaciones de la parte quejosa, en las que denuncia haber sufrido posiblemente tortura ante el órgano investigador y durante su detención, para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa, para lo cual, el juez deberá proporcionarle los datos que obran en el proceso y que al caso sean necesarios para tal efecto. (foja 150). Resolución que el cuatro de marzo de dos mil dieciséis causó ejecutoria por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 226 y 227). Por lo que en cumplimiento a la referida ejecutoria, la autoridad responsable Juez de lo Penal de Tepeaca Puebla, mediante oficio 3667 de veintisiete de julio de dos mil dieciséis (foja 393), siguiendo los lineamientos de la sentencia de amparo, realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado de uno de octubre de dos mil quince dictado en contra de los quejosos en la causa penal 365/2015 de su índice, así como la diversa resolución de veinte de marzo de dos mil dieciséis con la que pretendió dar cumplimiento (foja 393); Asimismo, mediante oficio 2054 de nueve de mayo de dos mil dieciséis, remitió diversas constancias dictadas en la causa penal 365/2015 de su índice (fojas 252 a 265), de las cuales se advierte que, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - Mediante proveído de catorce de marzo de dos mil dieciséis, refirió que toda vez que ya se había desahogado la prueba pericial en psicología practicada al inculpado Luis Ángel Machorro Cruz, por parte del perito en psicología Eduardo Rendón Vega, la misma sería tomada en consideración al momento de resolver la situación jurídica de los quejosos (fojas 254 a 256). - Igualmente, en dicho proveído ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público con las manifestaciones de los quejosos, en el sentido de haber sido objeto de tortura al momento de ser detenidos; proveído que se notificó personalmente a dicho fiscal el quince de marzo de dos mil dieciséis (foja 256). - En diligencia de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, procedió al desahogo del interrogatorio a cargo del testigo Cirilo Castillo Notario (foja 262). Por otra parte, mediante oficio 3139 de veintinueve de junio de dos mil dieciséis (fojas 338 a 364), el juez responsable remitió a esta autoridad diversas constancias dictadas en la referida causa penal 365/2015 de su índice, de las cuales se advierte que en cumplimiento a la sentencia amparadora realizó lo siguiente: - Mediante auto de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, señaló doce horas del día veintisiete del mes y año en cita para desahogar el interrogatorio a cargo de la testigo María del Rosario Lozada Cabrera y, toda vez que la misma tiene su domicilio en Atlixco, Puebla, giró oficio al Juez de lo Penal de dicho Distrito Judicial, para que en auxilio de sus labores le notificara a dicha ateste sobre su comparecencia (fojas 359 y 360). Notificación que se realizó el veinticinco de junio de dos mil dieciséis, por medio de cédula en el domicilio de la referida testigo, según se advierte de la razón de notificación asentada por la Diligenciaria adscrita al Juzgado de lo Penal de Atlixco, Puebla, una vez que se cercioró de que en dicho domicilio vivía la misma y al no haberla encontrado (foja 362). Lo cual cumple con lo dispuesto en la fracción IX del artículo 46 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla. - Finalmente, en resolución de veintinueve de junio de dos mil dieciséis, tomando en consideración el interrogatorio a cargo de Cirilo Castillo Notario (no así de María del Rosario Lozada Cabrera por no haberse presentado al interrogatorio a su cargo -foja 370-), así como la prueba pericial en psicología practicada al inculpado Luis Ángel Machorro Cruz, por parte del perito en psicología Eduardo Rendón Vega y, con la plenitud de jurisdicción que le fue otorgada, decretó formal prisión o preventiva en contra de los quejosos Luis Ángel Machorro Cruz y Carlos Fuentes Ledo, como probables responsables del delito de robo de vehículo de motor agravado (fojas 338 a 355). Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión provisional solicitada, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo del punto vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido cinco años, para lo cual se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo se establece que es susceptible de destrucción, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses, procédase a su incineración. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento..."

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintinueve de julio de dos mil dieciséis, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Así, en sentencia emitida el veintinueve de enero de dos mil dieciséis (foja 136 a 151), se otorgó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para que el juez responsable realizara lo siguiente: "1) a) Deje insubsistente el auto de formal prisión dictado el uno de octubre de dos mil quince, dentro de la causa penal 365/2015. b) Provea lo necesario para que se desahoguen los interrogatorios a cargo Cirilo Castillo Notario y María del Rosario Lozada Cabrera, en especial tome las providencias necesarias a efecto de que se notifique personal y oportunamente a las referidas mediando un plazo prudente entre su citación y la diligencia -en la medida que el plazo constitucional ampliado lo permita-; y para el caso que tales probanzas ya se hubieran desahogado, de inmediato resuelva la situación jurídica de los inculpados ahora quejosos, tomando en cuenta la misma, sin perjuicio de las actuaciones posteriores que se hayan practicado. c) Debe destacarse que en relación a la prueba pericial en psicología a cargo del perito Eduardo Rendón Vega (foja 172 frente ídem), quien aceptó el cargo, el treinta de septiembre de dos mil quince (foja 189 ídem), no presentó el dictamen correspondiente, cuya falta no fue causa imputable a la responsable; sin embargo, se estima que dado el sentido del presente fallo, estará en condiciones de desahogarla, por lo que deberá tomar las medidas necesarias para lograr el desahogo de dicha prueba. Ello dentro del nuevo término constitucional ampliado que determine, en atención a que así lo solicitó la defensa del inculpado, plazo que iniciará precisamente cuando se solicite a la responsable el cumplimiento de esta sentencia, una vez que cause ejecutoria. En el entendido de que el desahogo de tales probanzas deberá efectuarse en el lapso que resulte de restar al término constitucional ampliado (ciento cuarenta y cuatro horas), las horas que transcurrieron desde que el inculpado quedó a su disposición y el momento en que se ofrecieron dichos medios de convicción, ello con la finalidad de no exceder el término constitucional y para estar en similares condiciones a las que prevalecieron en el aludido periodo. Circunstancia que se determina en la forma precisada, en atención a que de esa manera los quejosos gozarán del derecho que le fue conculcado dentro de un término similar al en que debió practicarse dicha diligencia. c) Realizado lo anterior y sin rebasar el término constitucional ampliado, con plenitud de jurisdicción, la responsable deberá emitir una nueva resolución en el sentido que estime procedente, debiendo valorar la totalidad del material probatorio." (fojas 146 vuelta y 147). Asimismo, en la parte considerativa de la sentencia, en lo que aquí interesa, se determinó lo siguiente: "(.) Por tanto, el juez responsable en caso de que no lo haya hecho, deberá dar vista al Ministerio Público respecto de las manifestaciones de la parte quejosa, en las que denuncia haber sufrido posiblemente tortura ante el órgano investigador y durante su detención, para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa, para lo cual, el juez deberá proporcionarle los datos que obran en el proceso y que al caso sean necesarios para tal efecto. (foja 150). Resolución que el cuatro de marzo de dos mil dieciséis causó ejecutoria por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 226 y 227). Por lo que en cumplimiento a la referida ejecutoria, la autoridad responsable Juez de lo Penal de Tepeaca Puebla, mediante oficio 3667 de veintisiete de julio de dos mil dieciséis (foja 393), siguiendo los lineamientos de la sentencia de amparo, realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado de uno de octubre de dos mil quince dictado en contra de los quejosos en la causa penal 365/2015 de su índice, así como la diversa resolución de veinte de marzo de dos mil dieciséis con la que pretendió dar cumplimiento (foja 393); Asimismo, mediante oficio 2054 de nueve de mayo de dos mil dieciséis, remitió diversas constancias dictadas en la causa penal 365/2015 de su índice (fojas 252 a 265), de las cuales se advierte que, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - Mediante proveído de catorce de marzo de dos mil dieciséis, refirió que toda vez que ya se había desahogado la prueba pericial en psicología practicada al inculpado Luis Ángel Machorro Cruz, por parte del perito en psicología Eduardo Rendón Vega, la misma sería tomada en consideración al momento de resolver la situación jurídica de los quejosos (fojas 254 a 256). - Igualmente, en dicho proveído ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público con las manifestaciones de los quejosos, en el sentido de haber sido objeto de tortura al momento de ser detenidos; proveído que se notificó personalmente a dicho fiscal el quince de marzo de dos mil dieciséis (foja 256). - En diligencia de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, procedió al desahogo del interrogatorio a cargo del testigo Cirilo Castillo Notario (foja 262). Por otra parte, mediante oficio 3139 de veintinueve de junio de dos mil dieciséis (fojas 338 a 364), el juez responsable remitió a esta autoridad diversas constancias dictadas en la referida causa penal 365/2015 de su índice, de las cuales se advierte que en cumplimiento a la sentencia amparadora realizó lo siguiente: - Mediante auto de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, señaló doce horas del día veintisiete del mes y año en cita para desahogar el interrogatorio a cargo de la testigo María del Rosario Lozada Cabrera y, toda vez que la misma tiene su domicilio en Atlixco, Puebla, giró oficio al Juez de lo Penal de dicho Distrito Judicial, para que en auxilio de sus labores le notificara a dicha ateste sobre su comparecencia (fojas 359 y 360). Notificación que se realizó el veinticinco de junio de dos mil dieciséis, por medio de cédula en el domicilio de la referida testigo, según se advierte de la razón de notificación asentada por la Diligenciaria adscrita al Juzgado de lo Penal de Atlixco, Puebla, una vez que se cercioró de que en dicho domicilio vivía la misma y al no haberla encontrado (foja 362). Lo cual cumple con lo dispuesto en la fracción IX del artículo 46 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla. - Finalmente, en resolución de veintinueve de junio de dos mil dieciséis, tomando en consideración el interrogatorio a cargo de Cirilo Castillo Notario (no así de María del Rosario Lozada Cabrera por no haberse presentado al interrogatorio a su cargo -foja 370-), así como la prueba pericial en psicología practicada al inculpado Luis Ángel Machorro Cruz, por parte del perito en psicología Eduardo Rendón Vega y, con la plenitud de jurisdicción que le fue otorgada, decretó formal prisión o preventiva en contra de los quejosos Luis Ángel Machorro Cruz y Carlos Fuentes Ledo, como probables responsables del delito de robo de vehículo de motor agravado (fojas 338 a 355). Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión provisional solicitada, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo del punto vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido cinco años, para lo cual se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo se establece que es susceptible de destrucción, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses, procédase a su incineración. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LUIS ÁNGEL MACHORRO CRUZ EL PROVEÍDO DE 29 DE julio DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de julio de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio signado por la Secretaria encargada del despacho del Juzgado de lo Penal de Tepeaca, Puebla, visto su contenido y en cumplimiento al auto de veinticinco de julio del actual, téngasele informando las gestiones que lleva a cabo para dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo en el sentido de haber que dejado insubsistentes las resoluciones de uno de octubre de dos mil quince y veinte de marzo del actual. En consecuencia, con el oficio de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de julio de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio signado por la Secretaria encargada del despacho del Juzgado de lo Penal de Tepeaca, Puebla, visto su contenido y en cumplimiento al auto de veinticinco de julio del actual, téngasele informando las gestiones que lleva a cabo para dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo en el sentido de haber que dejado insubsistentes las resoluciones de uno de octubre de dos mil quince y veinte de marzo del actual. En consecuencia, con el oficio de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

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