Carlos Enrique Luna Castellanos
Expediente 1607/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 20 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1607/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 15/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Carlos Enrique Luna Castellanos
- CARLOS ENRIQUE LUNA CASTELLANOS y Otros.
- Juez Primero de lo Penal de la Ciudad de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el nueve de octubre de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veinte de octubre al catorce de noviembre de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele los anexos I a VIII, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirvan acusar de recibo. Apercibidas que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA AVISO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:San Andrés Cholula, Puebla, nueve de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; por lo que se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, y se analizará si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete (fojas 71 a 94), se sobreseyó en parte y se concedió en lo demás el amparo solicitado por la parte quejosa para el efecto de que el Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla, realizara lo siguiente: "NOVENO. Para el efecto de que la autoridad responsable 6. Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla, una vez que le sea requerido el cumplimiento de esta sentencia, realice lo siguiente: * Deje insubsistente la orden de aprehensión de once de noviembre de dos mil dieciséis, en la causa penal 472/2016 únicamente por lo que respecta al aquí quejoso ********************y, con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Deberá indicar de manera pormenorizada cuáles son los elementos que integran el cuerpo del delito de peculado, para luego justipreciar el caudal probatorio y precisar qué valor le merecen en lo particular en términos de la legislación procesal penal, y con qué pruebas se acredita cada uno de los citados elementos del delito en mención; ya que no citó prueba alguna que acredite como es que el quejoso recibió "en administración" el dinero perteneciente al Estado (fondos públicos), y tampoco justificó con medio de convicción alguno que el quejoso hubiese girado órdenes o instrucciones para disponer del dinero perteneciente al Estado (fondos públicos), con un fin distinto al cual estaba asignado, y que hubiese realizado la distracción de esos fondos para usos ajenos; b) Deberá analizar la totalidad de los elementos que integran el cuerpo del delito de peculado, esto es, deberá explicar porqué consideró que el dinero se distrajo para "usos ajenos", y con qué pruebas se acredita tal supuesto, pues la hipótesis legal también contempla la posibilidad de que el dinero pueda emplearse para "usos propios"; y deberá motivar porqué estimó que el indiciado pudo haber recibido el dinero perteneciente al Estado "en administración" y no "en depósito o por otra causa"; c) Deberá explicar de manera fundada y motivada porqué tomó en consideración la cantidad de $39'275,215.00 (treinta y nueve millones doscientos setenta y cinco mil doscientos quince pesos, cero centavos, moneda nacional), y no la que citó la perito Marcela Ramírez Carrea en su dictamen CON-511/2016; y deberá tomar en consideración la ampliación que la citada contadora realizó a su dictamen en materia contable, que se identifica con el número CON-531/2016, y otorgarle el valor probatorio que le corresponde; d) Deberá establecer cuál es el grado de participación del ahora quejoso en la comisión del delito imputado (como podría ser autor material, copartícipe, auxiliador, entre otros supuestos), y ubicarlo en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 21 del Código Penal del Estado de Puebla; y, (.) Se hace extensiva la concesión del amparo por lo que respecta a los actos de ejecución, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia directa de la resolución controvertida." Inconforme con dicha determinación el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Sexto de lo Penal de la ciudad da Puebla y a la Fiscalía General del Estado de Puebla, interpuso recurso de revisión (foja 128), del cual le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien en el toca R-125/2017 resolvió confirmar la sentencia sujeta a revisión (fojas 243 a 276). Así, por oficio 5079 de uno de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 312 a 342), el Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla, remitió a esta autoridad copia certificada de la resolución de esa misma fecha dictada en el proceso penal 472/2016 de su índice, de la que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente la orden de aprehensión reclamada de once de noviembre de dos mil dieciséis. - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida negó la orden de aprehensión solicitada contra del quejoso, Carlos Enrique Luna Castellanos, por el delito de peculado, previsto y sancionado por los artículos 428, fracción I y 429, en relación con el diverso 13, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio del Gobierno del Estado de Puebla. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; por lo que se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, y se analizará si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete (fojas 71 a 94), se sobreseyó en parte y se concedió en lo demás el amparo solicitado por la parte quejosa para el efecto de que el Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla, realizara lo siguiente: "NOVENO. Para el efecto de que la autoridad responsable 6. Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla, una vez que le sea requerido el cumplimiento de esta sentencia, realice lo siguiente: * Deje insubsistente la orden de aprehensión de once de noviembre de dos mil dieciséis, en la causa penal 472/2016 únicamente por lo que respecta al aquí quejoso ********************y, con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Deberá indicar de manera pormenorizada cuáles son los elementos que integran el cuerpo del delito de peculado, para luego justipreciar el caudal probatorio y precisar qué valor le merecen en lo particular en términos de la legislación procesal penal, y con qué pruebas se acredita cada uno de los citados elementos del delito en mención; ya que no citó prueba alguna que acredite como es que el quejoso recibió "en administración" el dinero perteneciente al Estado (fondos públicos), y tampoco justificó con medio de convicción alguno que el quejoso hubiese girado órdenes o instrucciones para disponer del dinero perteneciente al Estado (fondos públicos), con un fin distinto al cual estaba asignado, y que hubiese realizado la distracción de esos fondos para usos ajenos; b) Deberá analizar la totalidad de los elementos que integran el cuerpo del delito de peculado, esto es, deberá explicar porqué consideró que el dinero se distrajo para "usos ajenos", y con qué pruebas se acredita tal supuesto, pues la hipótesis legal también contempla la posibilidad de que el dinero pueda emplearse para "usos propios"; y deberá motivar porqué estimó que el indiciado pudo haber recibido el dinero perteneciente al Estado "en administración" y no "en depósito o por otra causa"; c) Deberá explicar de manera fundada y motivada porqué tomó en consideración la cantidad de $39'275,215.00 (treinta y nueve millones doscientos setenta y cinco mil doscientos quince pesos, cero centavos, moneda nacional), y no la que citó la perito Marcela Ramírez Carrea en su dictamen CON-511/2016; y deberá tomar en consideración la ampliación que la citada contadora realizó a su dictamen en materia contable, que se identifica con el número CON-531/2016, y otorgarle el valor probatorio que le corresponde; d) Deberá establecer cuál es el grado de participación del ahora quejoso en la comisión del delito imputado (como podría ser autor material, copartícipe, auxiliador, entre otros supuestos), y ubicarlo en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 21 del Código Penal del Estado de Puebla; y, (.) Se hace extensiva la concesión del amparo por lo que respecta a los actos de ejecución, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia directa de la resolución controvertida." Inconforme con dicha determinación el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Sexto de lo Penal de la ciudad da Puebla y a la Fiscalía General del Estado de Puebla, interpuso recurso de revisión (foja 128), del cual le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien en el toca R-125/2017 resolvió confirmar la sentencia sujeta a revisión (fojas 243 a 276). Así, por oficio 5079 de uno de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 312 a 342), el Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla, remitió a esta autoridad copia certificada de la resolución de esa misma fecha dictada en el proceso penal 472/2016 de su índice, de la que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente la orden de aprehensión reclamada de once de noviembre de dos mil dieciséis. - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida negó la orden de aprehensión solicitada contra del quejoso, Carlos Enrique Luna Castellanos, por el delito de peculado, previsto y sancionado por los artículos 428, fracción I y 429, en relación con el diverso 13, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio del Gobierno del Estado de Puebla. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.
- Principal
(CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO LA RESOLUCIÓN DE 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: cinco de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio 5079 signado por el Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber desahogado el requerimiento formulado en proveído de veintiocho de agosto último y por ende haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
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