Carlos Escobedo Suárez

Expediente 926/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
926/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
14/06/2022

Partes del expediente

  • Carlos Escobedo Suárez
  • Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de junio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS CoV-2, se provee lo siguiente: 1. CAUSA EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, no fue impugnada en legal término la sentencia que decretó el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Mediante auto de seis de octubre de dos mil veintiuno se negó la suspensión provisional, asimismo, por resolución de veinte de octubre de ese año, se negó la suspensión de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción y no es de relevancia documental. 3.1. DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20 del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase.

  2. Principal

    Estado de autos. Vista la cuenta que antecede, se advierte que se han superado diversas circunstancias que habían disminuido la capacidad operativa de este órgano jurisdiccional para actualizar la integración del expediente físico del asunto en que se actúa, hasta glosar al mismo la más reciente determinación judicial, como es la sentencia correspondiente; circunstancias entre las que se encuentran: a) la atención prioritaria a la integración de expedientes con recursos y su envío al órgano revisor; b) el rezago prexistente; c) las nuevas y elevadas cargas de trabajo; d) la constante disminución de personal operativo por licencias personales, médicas o contagios del virus SARS-Cov2, vacaciones, días económicos; y, e) la depuración y destrucción de expedientes que se llevó a cabo entre el ocho de noviembre y diez de diciembre de dos mil veintiuno, en cumplimiento estricto al requerimiento formulado a este juzgado por la Comisión de Vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal en el dictamen de treinta de agosto de dos mil veintiuno, emitido en el expediente 501/2020-DV. En consecuencia, una vez que se ha producido la glosa al expediente físico de la sentencia en cita, cuya emisión con firmas autógrafas constituyó una medida necesaria, racional y proporcional para abatir el rezago precisamente en la integración del citado cuaderno (atraso producido por la atención a otras actividades jurisdiccionales que se consideraron prioritarias), procédase a notificar dicho fallo como legalmente corresponda y a integrar la resolución al expediente electrónico, a fin de que exista coincidencia con el impreso.

  3. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 926/2021 promovido Carlos Escobedo Suárez, por alegada violación a los derechos humanos contenidos en los artículos 1º, 6º, 8º, 14, 16, 35 y 144 de la Constitución Federal, por el Congreso del Estado de Michoacán y otras autoridades; este órgano jurisdiccional ha decidido: Sobreseer en el juicio Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES PRIMERO. Precisión del acto reclamado. El quejoso hace consistir los actos reclamados en los siguientes: Al Congreso y Gobernador del Estado de Michoacán: La aprobación, expedición y publicación de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, únicamente respecto el artículo 218, fracción II. A la Presidenta, Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Michoacán, así como al Policía Auxiliar del Gobierno del Estado de Michoacán Prohibir la entrada al quejoso al recinto oficial del Pleno del Congreso del Estado de Michoacán. A la Secretaria de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado de Michoacán. El oficio SSP/LXXV/031/2021, como acto de aplicación de la norma impugnada. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado de Distrito resulta competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado fue ejecutado en territorio en donde este juzgado ejerce su jurisdicción. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia no quedó acreditada. El Gobernador del Estado de Michoacán negó la existencia de los actos que se la atribuyen consistentes en la aprobación, expedición y publicación de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán, al no ser propios de dicha autoridad, lo que se corrobra del artículo 60 de la Constitución del Estado de Michoacán, que establece: "Artículo 60.- Las facultades y obligaciones del Gobernador son: I.- Promulgar y ejecutar las leyes y decretos que expida el Congreso del Estado, y proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia; II.- Poner a la disposición del Poder Judicial los medios necesarios para el ejercicio expedito de sus funciones; (REFORMADA, P.O. 23 DE MAYO DE 2006) III.- Designar al integrante del Consejo del Poder Judicial que le compete; (REFORMADA, P.O. 16 DE MARZO DE 1998) IV.- Fomentar el turismo y promover el desarrollo agrícola, industrial y comercial de Michoacán; V.- Iniciar ante el Congreso leyes y decretos que tiendan al mejoramiento de la administración pública; (REFORMADA, P.O. 16 DE MARZO DE 1998) VI.- Expedir los reglamentos interiores de las oficinas a su cargo; (REFORMADA, P.O. 16 DE MARZO DE 1998) VII.- Cuidar de la recaudación y de la inversión de los caudales del Estado, con arreglo a las leyes; (REFORMADA, P.O. 13 DE NOVIEMBRE DE 2015) VIII.- Presentar cada año al Congreso, a más tardar el treinta de abril, la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal correspondiente al ejercicio fiscal próximo anterior, sólo se podrá ampliar el plazo de presentación hasta por treinta días naturales cuando medie solicitud del Gobernador, suficientemente justificada a juicio del Congreso; y a más tardar el veinte de septiembre las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos para el año siguiente; (REFORMADA, P.O. 7 DE MARZO DE 2003) IX.- Dar informes al Congreso cuando le fueren pedidos, sobre cualquier ramo de la administración pública, por sí o a través de los titulares de las dependencias básicas; (REFORMADA, P.O. 31 DE JULIO DE 2015) X. Presentar al Congreso del Estado, un informe por escrito, dentro del período comprendido entre el día 15 y 30 de septiembre de cada año, en el que manifieste el estado general que guarde la Administración Pública del Estado y señale con precisión, el ejercicio del presupuesto y su vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo, estableciendo en su caso las incidencias por las que éste se hubiese modificado y proponiendo los medios para mejorarla. El Congreso realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Gobernador del Estado ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los titulares y directores de las dependencias de la Administración pública Estatal centralizada, de las coordinaciones auxiliares del Titular del Ejecutivo, de las entidades paraestatales, de los organismos autónomos; y, al Procurador General de Justicia, quienes comparecerán y rendirán informes. (REFORMADA, P.O. 16 DE MARZO DE 1998) XI.- Instruir a la Guardia Nacional, de acuerdo con los reglamentos que expida el Congreso de la Unión; XII.- Supervisar la formación e instrucción de las fuerzas de seguridad pública del Estado y apoyar, en su caso, a los cuerpos de seguridad pública municipal, policía preventiva y tránsito municipales. La policía preventiva municipal, acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público; (REFORMADA, P.O. 16 DE MARZO DE 1998) XIII.- Disponer de las fuerzas de seguridad y de la Guardia Nacional, y ordenar que pase ésta a otros Estados, en los términos que establezca la Constitución Federal; (REFORMADA, P.O. 16 DE MARZO DE 1998) XIV.- Nombrar y remover libremente a los funcionarios y empleados de la administración pública estatal cuyo nombramiento y remoción no estén determinados de otro modo en esta Constitución o en las leyes; (REFORMADA, P.O. 16 DE MARZO DE 1998) XV.- Aplicar sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas. Pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso; (ADICIONADA, P.O. 21 DE OCTUBRE DEL 2005) XVI.- Nombrar, con ratificación del Congreso, al Procurador General de Justicia; (ADICIONADA, P.O. 21 DE OCTUBRE DEL 2005) XVII.- Remover libremente al Procurador General de Justicia, o a solicitud del Congreso del Estado; (REFORMADA, P.O. 16 DE MARZO DE 1998) XVIII.- Visitar los municipios del Estado para imponerse de sus necesidades, y proponer al Congreso los medios para remediarlas; (REFORMADA, P.O. 16 DE MARZO DE 1998) XIX.- Cuidar de la conservación de los ejidos, tierras y aguas comunales, en los términos de la ley; XX.- Promover el fraccionamiento de los latifundios y la formación de la pequeña propiedad; (ADICIONADA, P.O. 8 DE NOVIEMBRE DEL 2000) XXI.- Consultar a los ciudadanos, a través de plebiscito, sobre actos o decisiones, cuando lo considere trascendental para la vida pública y el interés social del Estado, conforme a los procedimientos y formalidades que establezca la ley de la materia. No podrán someterse a plebiscito, los actos o decisiones relativos a materia tributaria o fiscal, de Egresos, régimen interno de la administración pública del Estado y los demás que determine la ley; y, (REFORMADA, P.O. 16 DE MARZO DE 1998) XXII.- Todas las demás atribuciones que le confieran la Constitución Federal, la del Estado y las leyes que de ellas emanen." Dentro de las facultadas enumeradas no se encuentran las de aprobar, expedir o publicar leyes. Asimismo, el Congreso del Estado de Michoacán negó los actos consistentes en la expedición y publicación de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán, pues aduce que no se encuentran dentro de sus facultades establecidas en el artículo 44 de la Constitución local, que precisa: "Artículo 44.- Son facultades del Congreso: I.- Legislar sobre todos los ramos de la administración que sean de la competencia del Estado y reformar, abrogar y derogar las leyes y decretos que se expidieren, así como participar en las reformas de esta Constitución, observando para el caso los requisitos establecidos; II.- Iniciar ante el Congreso de la Unión leyes o decretos, y secundar, cuando lo estime conveniente, las iniciativas hechas por las Legislaturas de otros Estados; (ADICIONADA [N. DE E. REFORMADA], P.O. 26 DE MARZO DE 1992) III.- Legislar sobre el fraccionamiento y expropiación de tierras, conforme a las bases que fija el artículo 27 de la Constitución General de la República; sobre educación, ejercicio de profesiones, salubridad y asistencia pública; protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico. IV.- Crear municipios dentro de los límites territoriales de los existentes, lo que deberá hacerse conforme a estas bases: (REFORMADO, P.O. 31 DE MARZO DE 2010) a) La solicitud de erección deberá presentarse por escrito ante el Congreso del Estado por un grupo de ciudadanos en número no menor al cincuenta por ciento, más uno de los vecinos inscritos en el padrón electoral del territorio demandante que pretenda establecerse en nuevo Municipio; y con residencia en la localidad de tres años, cuando menos; (REFORMADO, P.O. 31 DE MARZO DE 2010) b) La solicitud deberá contener un expediente técnico con el diagnóstico económico, social, político; los proyectos de plan de desarrollo municipal, desarrollo urbano, desarrollo sustentable y presupuesto de ingresos y egresos que garantice su existencia económica y administrativa, así como que el municipio de que se escinda, pueda seguir subsistiendo sin grave menoscabo de su hacienda municipal, además de la estructura organizacional propuesta; (REFORMADO, P.O. 31 DE MARZO DE 2010) c) La fracción territorial que haya de constituirse en nuevo municipio, debe contar con una población no menor de cuarenta mil habitantes; (REFORMADO, P.O. 31 DE MARZO DE 2010) d) Que el poblado que se elija como cabecera municipal tenga una población no inferior a veinte mil habitantes y cuente con la infraestructura que garantice la prestación de los servicios públicos; y, (REFORMADO, P.O. 31 DE MARZO DE 2010) e) El Congreso debe solicitar la opinión del ayuntamiento de cuyo territorio pretenda formarse la nueva circunscripción municipal, así como la del Gobernador, quienes deberán emitirla dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que les fuere requerida; V.- Agrupar dos o más Municipios en uno solo, cuando a su juicio no reúnan las condiciones expresadas en la fracción anterior. El acuerdo debe ser aprobado por las dos terceras partes de los Diputados presentes; VI.- Facultar al Ejecutivo, con las limitaciones que estime necesarias, para que por sí o por apoderado especial, represente al Estado en actos o contratos para los que no esté facultado expresamente por esta Constitución; VII.- Fijar la jurisdicción política, administrativa y judicial del Estado; VIII.- Dictar normas para la administración, conservación y enajenación de los bienes del Estado. IX.- Expedir leyes en materia de Hacienda, tanto en lo relativo al Estado como al Municipio. Estas leyes en ningún caso podrán ordenar que el Estado disponga de los fondos municipales; (REFORMADA, P.O. 13 DE NOVIEMBRE DE 2015) X.- Aprobar las leyes de ingresos de los municipios, así como revisar, fiscalizar y dictaminar las cuentas públicas de las haciendas municipales y de los Concejos Municipales a más tardar el treinta y uno de marzo del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del Informe General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior, a que se refiere el artículo 134 de esta Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la Auditoría Superior de Michoacán, seguirá su curso en términos de lo dispuesto en dicho artículo; (ADICIONADA, P.O. 3 DE JULIO DE 2001) X-A.- Expedir las leyes en materia municipal que tengan por objeto establecer: a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al período del Ayuntamiento; c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones II y V del artículo 123, como el último párrafo del artículo 130 de esta Constitución; d) El procedimiento y condiciones para que el Gobierno Estatal asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, el Congreso considere que el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y, e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes; (ADICIONADA, P.O. 3 DE JULIO DE 2001) X-B.- Emitir las normas que establezcan los procedimientos para resolver los conflictos que se presenten entre los municipios y el Gobierno del Estado, o entre aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) de la fracción anterior; (ADICIONADA, P.O. 13 DE NOVIEMBRE DE 2015) X-C.- Expedir la ley que establezca las bases de coordinación del Sistema Estatal Anticorrupción; (REFORMADA, P.O. 7 DE MARZO DE 2003) XI.- Legislar en materia de ingresos del Estado, y analizar y discutir anualmente el Presupuesto de Egresos, así como revisar, fiscalizar y dictaminar la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal. De igual manera, revisar, fiscalizar y dictaminar sobre la aplicación de los recursos otorgados a las entidades paraestatales y otros que dispongan de autonomía. (ADICIONADO, P.O. 9 DE FEBRERO DE 2007) El Congreso deberá aprobar en el presupuesto de egresos del ejercicio las partidas necesarias para solventar las obligaciones incurridas en ejercicios anteriores y pagaderas en dicho ejercicio, que constituyan deuda pública del Estado o de las entidades paraestatales que cuenta con la garantía del Estado, conforme a lo autorizado por las leyes y los decretos correspondientes, y aquéllas que se deriven de contratos de proyectos para prestación de servicios aprobados por el Congreso conforme a las leyes aplicables. (REFORMADO, P.O. 13 DE NOVIEMBRE DE 2015) La revisión de las Cuentas Públicas la realizará el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo a través de la Auditoría Superior de Michoacán. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y partidas respectivas o no existiere exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. (ADICIONADO, P.O. 1 DE MARZO DE 2011) Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos, egresos, patrimonio y deuda, para los poderes del Estado y sus Municipios, así como los organismos que por disposición de ley se consideren autónomos y cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes de la materia a fin de garantizar su armonización. (REFORMADA, P.O. 9 DE FEBRERO DE 2007) XII.- Dar las bases para que el Ejecutivo y los Ayuntamientos contraten deuda pública y afecten como garantía, fuente de pago o de cualquier otra forma los ingresos que les correspondan, en los términos establecidos en las leyes correspondientes y con las limitaciones que establece la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (REFORMADA, P.O. 7 DE MARZO DE 2003) XIII.- Pedir cuentas al Ejecutivo de la recaudación e inversión de los caudales públicos cuando lo estime conveniente. Esta revisión tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en los presupuestos y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas; XIV.- Legislar sobre toda clase de aranceles; (REFORMADA, P.O. 7 DE MARZO DE 2003) XV.- Vigilar, por conducto de la Comisión correspondiente, el correcto funcionamiento y rendimiento de la Auditoría Superior de Michoacán; XVI.- Crear y suprimir los empleos públicos, según lo exijan las necesidades de la administración así como aumentar o disminuir los emolumentos de que éstos gozan, teniendo en cuenta las condiciones de la hacienda pública, y nombrar y remover libremente a los empleados del Poder Legislativo; (ADICIONADA, P.O. 6 DE JULIO DE 2007) XVI bis.- Legislar en materia de políticas de sueldos, salarios y prestaciones, bajo los principios de racionalidad, austeridad, proporcionalidad, equidad, certeza y motivación, que eviten excesos y discrecionalidad de las autoridades, garantizando la participación de órganos colegiados en la definición de criterios, políticas y lineamientos en la materia. A lo que se sujetarán los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos y entidades de la Administración Pública Paraestatal; (REFORMADA, P.O. 14 DE ABRIL DE 2009) XVII.- Conceder honores, premios y recompensas a las personas que presten servicios eminentes a la República o al Estado, con la aprobación de las dos terceras partes de los diputados presentes; (ADICIONADA, P.O. 14 DE ABRIL DE 2009) XVII bis.- Conceder pensiones, en casos de excepción, conforme a los procedimientos y formalidades que establezca la ley de la materia, con la aprobación de las dos terceras partes de los diputados presentes; XVIII. Citar a los titulares y directores de las dependencias de la Administración pública Estatal centralizada, de las coordinaciones auxiliares del Titular del Ejecutivo, de las entidades paraestatales, de los organismos autónomos; y, al Procurador General de Justicia, quienes deberán comparecer y rendir informes; (REFORMADA, P.O. 3 DE JULIO DE 2001) XIX.- Por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, suspender ayuntamientos o consejos municipales en su caso, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros de conformidad con la Ley. Los miembros de los ayuntamientos y, en su caso, de los concejos municipales, tendrán siempre oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan. En caso de declararse desaparecido un ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, el Congreso designará de entre los vecinos, a los miembros de los concejos municipales que concluirán los períodos respectivos; estos concejos, estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores; (REFORMADA, P.O. 3 DE JULIO DE 2001) XX.- Designar a las personas que han de integrar los ayuntamientos o los concejos municipales, en su caso, cuando falte definitivamente alguna de ellas, por cualquier causa, y no sea posible que los suplentes electos entren en funciones. Los ciudadanos designados deberán cumplir los requisitos de elegibilidad que para el cargo respectivo establezca esta Constitución y las leyes de la materia; (REFORMADA, P.O. 23 DE MAYO DE 2006) XXI.- Elegir, reelegir y privar de su encargo, a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, aprobar o negar las solicitudes de licencia y renuncia de los mismos; (ADICIONADA, P.O. 23 DE MAYO DE 2006) XXI A.- Elegir al integrante del Consejo del Poder Judicial que le compete; (ADICIONADA, P.O. 23 DE MAYO DE 2006) XXI B.- Privar del cargo a los integrantes del Consejo del Poder Judicial, por las causas establecidas en el artículo 77 de esta Constitución; (REFORMADA, P.O. 16 DE MARZO DE 1998) XXII.- Privar de su puesto a los magistrados reelectos del Supremo Tribunal de Justicia, de plano y sin substanciación de procedimiento, a la conclusión de los períodos constitucionales, mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros; (REFORMADA, P.O. 25 DE JUNIO DE 2014) XXIII. Nombrar a las personas que cubran las vacantes temporales de alguno de los magistrados que integran el Tribunal Electoral del Estado; (ADICIONADA, P.O. 23 DE MAYO DE 2006) XXIII A.- Elegir, reelegir y privar del encargo, a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, aprobar o negar las solicitudes de licencia y renuncia de los mismos; XXIII bis.- (DEROGADA, P.O. 23 DE MAYO DE 2006) (ADICIONADA, P.O. 13 DE NOVIEMBRE DE 2015) XXIII-B.- Elegir, reelegir y destituir del cargo, a los comisionados del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, aprobar o negar las solicitudes de licencia y renuncia de los mismos; (ADICIONADA, P.O. 13 DE NOVIEMBRE DE 2015) XXIII-C.- Elegir y destituir del encargo, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de los órganos de control de los organismos autónomos previstos en el Capítulo I del Título Tercero A de esta Constitución; (REFORMADA, P.O. 8 DE NOVIEMBRE DEL 2000) XXIV.- Conceder las licencias que soliciten para separarse temporalmente de sus cargos, y admitir o rechazar las renuncias que hagan de sus respectivos puestos los diputados y los funcionarios y empleados que fueren de su nombramiento. Igualmente, aceptar o rechazar la renuncia que presente el Gobernador del Estado, o las licencias que éste solicite para separarse de sus funciones por más de treinta días; (REFORMADA, P.O. 8 DE NOVIEMBRE DEL 2000) XXV.- Designar Gobernador interino del Estado cuando la separación del titular sea mayor de treinta días; (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 13 DE NOVIEMBRE DE 2015) XXVI.- Declarar si hay o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delito en los términos del artículo 106 de esta Constitución. (REFORMADO, P.O. 1 DE MARZO DE 2011) Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos y erigirse en Jurado de Sentencia, para conocer en juicio político de las faltas u omisiones que cometan los servidores públicos y que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, en los términos del artículo 108 de esta Constitución. Las declaraciones y resoluciones del Congreso del Estado son inatacables; (REFORMADA, P.O. 8 DE NOVIEMBRE DEL 2000) XXVII.- Expedir la Ley Orgánica del Congreso y dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interno; (REFORMADA, P.O. 14 DE OCTUBRE DE 2010) XXVIII.- Comunicarse con el Ejecutivo o Judicial por medio de comisiones de su seno; (REFORMADA, P.O. 8 DE NOVIEMBRE DEL 2000) XXIX.- Expedir convocatoria a elecciones extraordinarias para cubrir las vacantes de diputados; (REFORMADA, P.O. 8 DE NOVIEMBRE DEL 2000) XXX.- Conceder, por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, amnistías o indultos por delitos que deben conocer o hayan conocido los tribunales del Estado; (REFORMADA, P.O. 8 DE NOVIEMBRE DEL 2000) XXXI.- Establecer el juicio de jurados para los delitos cometidos por medio de la prensa contra el orden público y cuando lo creyere conveniente, respecto a los demás delitos; (REFORMADA, P.O. 8 DE NOVIEMBRE DEL 2000) XXXII.- Aprobar o rechazar las concesiones otorgadas y los contratos de interés general celebrados por el Ejecutivo del Estado; (REFORMADA, P.O. 8 DE NOVIEMBRE DEL 2000) XXXIII.- Rehabilitar, con arreglo a la ley, a las personas a quienes se haya impuesto como pena, la pérdida o suspensión de los derechos de ciudadanía, civiles o de familia; (REFORMADA, P.O. 8 DE NOVIEMBRE DEL 2000) XXXIV.- Expedir todas las leyes que sean necesarias a fin de hacer efectivas las facultades anteriormente expresadas, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes del Estado; (ADICIONADA, P.O. 8 DE NOVIEMBRE DEL 2000) XXXV.- Someter a referéndum las leyes y decretos que considere sean trascendentales para el orden público o el interés social del Estado, conforme a los procedimientos y formalidades que establezca la ley de la materia. No podrán ser objeto de referéndum las reformas a esta Constitución, normas de carácter tributario o fiscal, de Egresos y las relativas a la regulación interna de los órganos del Estado; y XXXVI.- Ratificar el nombramiento del Procurador General de Justicia que haga el Gobernador del Estado; (ADICIONADA, P.O. 21 DE OCTUBRE DEL 2005) XXXVII.- Solicitar al Gobernador del Estado, mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, la remoción del Procurador General de Justicia; y, (REFORMADA, P.O. 13 DE NOVIEMBRE DE 2015) XXXVIII.- Ratificar el nombramiento que haga el Gobernador del Estado del titular de la dependencia de Control interno, por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes; y, (ADICIONADA, P.O. 13 DE NOVIEMBRE DE 2015) XXXIX.- Las demás que le confiera expresamente esta Constitución." De dicho numeral, no se advierte que el Congreso del Estado de Michoacán, tenga la facultad para expedir y publicar leyes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio por lo que refiere a los actos reclamados a la aludida autoridad. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 310, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya síntesis se publica en la página 209, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Norma general, acto u omisión cuya existencia quedó sí acreditada. Son ciertos los actos reclamados al Congreso del Estado de Michoacán -únicamente respecto de la aprobación de la Ley reclamada-, Presidenta, Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Michoacán y Secretaria de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado de Michoacán, pues así lo informaron al rendir sus informes justificados. De igual forma, es cierto el acto reclamado al Policía Auxiliar del Gobierno del Estado de Michoacán, no obstante que negó el acto que se le atribuye, pues de sus propias manifestaciones, se advierte que el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, no se permitió el acceso al quejoso al recinto del Congreso del Estado de Michoacán, por lo que se tiene por cierto dicho acto. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo En el caso, este juzgador advierte que por lo que ve al acto atribuido a Presidenta, Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Michoacán y Policía Auxiliar del Gobierno del Estado de Michoacán, estima que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción XVI, del numeral 61, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente:" [.] "XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; [.]." De la porción normativa transcrita, se desprende que cuando el o los actos reclamados se consuman de un modo irreparable, el juicio de amparo es improcedente. Conviene destacar que la doctrina y la jurisprudencia definen como actos consumados, aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Ahora, para efectos de la procedencia del juicio de amparo dichos actos, atendiendo a su naturaleza, se pueden clasificar en: a) Actos consumados de modo reparable; y, b) Actos consumados de modo irreparable Los primeros, se entienden como aquéllos que, no obstante haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden ser reparados por medio del juicio constitucional; es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable [artículo 77, de la Ley de Amparo], de ahí que proceda el juicio de amparo contra actos consumados de modo reparable. Sobre el particular resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. OBJETO DE AMPARO. No tienen ese carácter los que pueden repararse por medio del juicio constitucional, cuyo objeto es precisamente volver las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada." Por otro lado, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que aun cuando se concediera el amparo, ya no sería posible reparar la vulneración a los derechos fundamentales de la parte quejosa, ante la imposibilidad natural de retrotraerse las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación reclamada. Es decir, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas y de ahí que resulte improcedente el juicio de amparo. Para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, debe atenderse a los efectos y consecuencias de su ejecución. Es decir, los efectos y consecuencias del reclamado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Lo anterior es así, si se considera que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo, porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Ello, significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos; es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados o consumados. Sustenta lo expuesto, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la Tesis I. 3o. A. 150 K, que arguye: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." En el caso concreto, la parte quejosa esencialmente se duele de prohibir su entrada al recinto del Pleno del Congreso del Estado de Michoacán el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, para presenciar la sesión pública señalada para ese día. En ese sentido, se considera que las violaciones reclamadas por la parte quejosa, han quedado consumadas de modo irreparable, porque física y materialmente no puede proyectarse ni concretarse la restitución de los derechos fundamentales que el quejoso aduce vulnerados. Lo anterior es así, toda vez que tales actos reclamados materializaron todos sus efectos y consecuencias sobre el peticionario de amparo, pues precisamente, ese día se prohibió su entrada al recinto oficial del Congreso del Estado de Michoacán, por ende, los efectos y consecuencias de dichos actos fueron materializados en la esfera jurídica del quejoso, sin que una eventual concesión del amparo pueda retrotraer las cosas y restituirlo en el goce de los derechos que aduce vulnerados. Entonces, es imposible, por virtud de la concesión del amparo y la protección de la justicia federal, restituir a la parte quejosa en sus derechos, ya que, como se dijo, los actos reclamados han surtido todos sus efectos y consecuencias. Por las razones apuntadas, se considera que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, por lo que ve al acto y autoridades precisados en este apartado. Ahora en relación al acto reclamado a la Secretaría de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado de Michoacán, consistente en la aplicación del artículo 218, fracción II de la Ley de Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5, fracción I, y 6 de dicho ordenamiento legal, toda vez que la parte quejosa no demostró que le hubiera sido aplicada la norma que combate. Los artículos en que se basa la causa de improcedencia invocada disponen que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo, y contra normas generales que por su sola entrada en vigor de ninguna manera causen perjuicio en los intereses apuntados, sino que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Así, tratándose de amparo contra leyes, el interés jurídico o legítimo no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de los preceptos combatidos, sino que debe probarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa), ha causado un agravio en la esfera jurídica de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos de la norma de observancia general o por virtud de un acto de ejecución que lo actualice. En este contexto, para determinar cuándo una norma general causa afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, se distinguen en autoaplicativas y heteroaplicativas. En la regulación del juicio constitucional esa clasificación subsiste y se relaciona con el concepto de "individualización incondicionada", que define a la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente a la esfera jurídica de la parte quejosa, sin condicionarse a ningún acto posterior de autoridad. En cambio, si la afectación a la esfera jurídica del gobernado requiere de la emisión del acto de autoridad que individualice su contenido, se estará en presencia de normas heteroaplicativas; de este modo, el juez de amparo debe considerar dicho criterio clasificador de las normas para determinar la procedencia del juicio constitucional. Ahora, los artículos 17, fracción I, en relación con el 61, fracción XII, de la Ley de Amparo (este último a contrario sensu), permiten advertir la procedencia del juicio constitucional cuando se impugnan normas de carácter general atento a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas) o, bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso, es suficiente con que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en la norma que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, para provocar la afectación a su esfera jurídica sin algún acto ulterior de autoridad, es decir, que desde su entrada en vigor obligan al particular, para estar en aptitud de ejercer la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto de que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, los supuestos de la norma no cobran eficacia con su sola entrada en vigor, pues se necesita de un acto posterior que invada la esfera jurídica del particular. En este orden, se concluye que, para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas influyen en la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato o, bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual proviene generalmente de la actuación de la autoridad, aun cuando también pueden surgir de los actos de los propios particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario a la parte quejosa con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Una vez expuesto esto, es necesario destacar que, en el caso concreto, el análisis integral de la demanda de amparo revela que la parte quejosa reclama el artículo 218, fracción II, de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán. Como se explicará, dichas porciones normativas son de naturaleza heteroaplicativa, puesto que, su aplicación se encuentra sujeta a que las personas gobernadas se ubiquen en alguno de los supuestos previstos por la legislación en comento, esto es, lo precisado en dicho numeral no cobra eficacia por su sola entrada en vigor, sino que requieren la existencia de un acto posterior que invada la esfera jurídica del particular. En efecto, la ley citada contiene normas cuyo objeto es regular la forma en la que se deben llevar a cabo las sesiones ordinarias y extraordinarias del Congreso del Estado de Michoacán, por lo cual, se insiste, se estima que el numeral impugnado por la parte quejosa es de naturaleza heteroaplicativa, en virtud de que la sujeción de los particulares a esas normas de ninguna manera surge en modo automático con su sola entrada en vigor, en tanto que no son de aplicación incondicionada, sino que se requieren de un acto concreto para su individualización. Empero, contrario a lo estimado por la parte quejosa, este órgano de control constitucional estima que el oficio SSP/LXXV/IAL/031/2021 no constituye acto de aplicación de la norma general impugnada por los motivos siguientes: En primer lugar, debe decirse que el numeral 218, fracción II de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán, dispone que las sesiones ordinarias y extraordinarias, podrán ser públicas o privadas según el asunto a tratar en ellas- Sin embargo del oficio SSP/LXXV/IAL/031/2021, no se advierte que se haya aplicado dicho numeral, pues dicho oficio se emitió en respuesta a una solicitud de información del quejoso en el que requirió se le permitiera el acceso físico y digital a todas las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y virtuales del Congreso, así en dicho oficio se le precisó que las sesiones son de carácter público a las cuales se puede acceder en las trasmisiones en vivo a través de las plataformas oficiales. De igual forma, se le informó que no se puede acceder a las sesiones que se consideren privadas, sin embargo, para considerar que una sesión del Congreso del Estado de Michoacán deba ser privada, se debe atender al contenido del numeral 224 de dicho ordenamiento y, en el caso, no se le hizo del conocimiento al quejoso que no podía acceder al recinto del Congreso del Estado por ser la sesión referente a alguno de los supuestos del numeral precisado. En ese sentido, se insiste, en el caso concreto, el oficio SSP/LXXV/IAL/031/2021 no demuestra fehacientemente la aplicación de la norma combatida, y, por tanto, puede concluirse válidamente que no existe acto de aplicación respecto del artículo 218, fracción II de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán. Resulta aplicable, en lo conducente y por identidad de razones jurídicas, el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulado: "AMPARO CONTRA LEYES. CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN SIN QUE SE PRECISE ÉSTE, COMO ACTO RECLAMADO, NO ES DABLE JURIDICAMENTE SU ANÁLISIS Y EN CASO DE QUE SE DECRETE EL SOBRESEIMIENTO, ÉSTE SÓLO ALCANZARÁ A LA LEY. Si la constitucionalidad de la ley es reclamada con motivo de un acto de aplicación y del estudio integral de la demanda no se advierte que éste se reclame por vicios de legalidad ni se precisa como acto reclamado, sino sólo se hace referencia a él reclamándose la ejecución de los artículos en los que se funda, por estimarse éstos inconstitucionales, no procede sobreseer en el juicio respecto del acto concreto de aplicación al no haberse señalado como acto reclamado, ni expresarse conceptos de violación en su contra, por lo que no es dable jurídicamente su cuestionamiento en el juicio; por ende, si se actualiza alguna causa de sobreseimiento, ésta únicamente abarcará a la ley controvertida, sin que deba hacerse extensiva al acto de aplicación, ni sobreseerse por éste, por falta de conceptos de violación, en razón de que no es materia del juicio de garantías, pues el acreditamiento de su existencia material sólo implica la demostración de la aplicación de la norma al promovente del amparo, lo que le da el interés jurídico para impugnarla.". En ese sentido, si en la especie, no se acreditó la existencia del acto de aplicación, puede concluirse válidamente que la parte quejosa no sufre afectación en su esfera jurídica respecto de la norma general reclamada. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XII; 5, fracción I y 6, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Carlos Escobedo Suárez, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así resolvió y firma el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en que concluyó la emisión del fallo, Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, y da fe la secretaria Karla del Rosario Herrera Bacab.

  4. Principal

    Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, quedan los autos en estado de resolución. EL JUEZ CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN SERGIO SANTAMARÍA CHAMÚ LA SECRETARIA KARLA DEL ROSARIO HERRERA BACAB

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