Carlos Eduardo Alonso Sandoval
Expediente 989/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 29 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 989/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 10/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carlos Eduardo Alonso Sandoval
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, asume conocimiento del juicio de amparo. Agréguese a los autos el oficio signado por el secretario del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, mediante el cual acusa recibo del oficio 24310/2019, e informa que dicho órgano jurisdiccional asumió la competencia para continuar conociendo del juicio de amparo promovido por Carlos Eduardo Alonso Sandoval; lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Archivo Ahora, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, SE ORDENA SU ARCHIVO definitivo y en virtud de que carece de relevancia documental e histórica, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I, del punto vigésimo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expediente Generados en los Juzgados de Distrito, se toma nota que es susceptible de DESTRUCCIÓN, pues se trata de un expediente en el que se dictó una resolución que dio por concluido el juicio, sin decidir el fondo, pues este juzgado declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, S.I.S.E.; y, en términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Integración del expediente electrónico Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el ocurso signado por Mareli Salas Martínez, autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en la materia, en términos de lo dispuesto por el artículo 2, expídase a su costa copia certificada de las constancias que señala en su escrito, en un tanto, previa comparecencia que por su recibo deje en autos a satisfacción de este juzgado para debida constancia legal. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: CARLOS EDUARDO ALONSO SANDOVAL. RESUELVE Primero. El Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, se declara legalmente incompetente por cuestión de territorio, para seguir conociendo del juicio del juicio amparo II-989/2019, promovido por Carlos Eduardo Alonso Sandoval, en términos de los razonamientos vertidos en el considerando primero de esta resolución. Segundo. Remítanse los autos originales del juicio de amparo II-989/2019, promovido por Carlos Eduardo Alonso Sandoval, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, a afecto de que turne al Juzgado que corresponda, a quien se declina la competencia para conocer de este asunto, solicitando el acuse respectivo.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo II-989/2019; y RESULTANDO Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dos de septiembre de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Carlos Eduardo Alonso Sandoval, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez Primero de lo Penal de Primera Instancia en el Primer Partido Judicial, con sede en la zona Metropolitana de Guadalajara y otras autoridades, los cuales consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del asunto. En proveído de tres de septiembre del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables el informe justificado correspondiente; se ordenó dar la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional; y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO Primero. Incompetencia. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, definió a la competencia, en términos generales, como la facultad o capacidad que tienen las autoridades jurisdiccionales para conocer y decidir sobre determinadas materias. En ese orden de ideas, este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, estima que carece de competencia legal para resolver este juicio de amparo, atento a las consideraciones siguientes. Por la importancia, es menester traer a contexto el contenido de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37, de la Ley de Amparo, que al efecto establecen: "ARTÍCULO 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. "El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la anterior trascripción se desprende que existen tres reglas fundamentales para fijar la competencia de los juicios de amparo: 1. Será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Al caso es aplicable el criterio emitido por la entonces Sala Auxiliar del Máximo Tribunal, Séptima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 217-228 Séptima Parte, Materia Común, página 88, cuyo rubro y texto dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 36 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo. De los supuestos indicados, puede apreciarse claramente que para determinar la competencia de un Juez de Distrito, en principio debe atenderse a los efectos producidos por el acto desde la perspectiva de la ejecución material. Asimismo, debe decirse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos criterios referentes a la forma de fijar la competencia de los Juzgados de Distritos tratándose de una orden de detención o aprehensión. En efecto, el máximo Tribunal del país ha determinado que tratándose de juicios de amparo en los que se combata una orden de detención o aprehensión, debe considerarse competente el Juez de Distrito cuya circunscripción territorial corresponde el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado y en todo caso, la autoridad ejecutora por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito es la que hace competente al referido juzgador, circunstancia que debe acreditar el promovente de la demanda. De igual forma, ha señalado que si en la demanda de amparo, el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se han presentado autoridades con la finalidad de detenerlo o aprehenderlo, lugar que corresponda a la jurisdicción territorial del Juez de Distrito ante quien se promueve la demanda de amparo, debe considerarse inicialmente competente dicho Juzgador Federal, aún y cuando el quejoso no haya señalado autoridades ejecutoras con residencia en dicho sitio. Lo anterior en la inteligencia de que, lógicamente, la naturaleza de los actos reclamados permite concluir que dicha orden pueda ser ejecutada en cualquier lugar donde pueda ser localizado el quejoso, por ejemplo su domicilio. No obstante ello, dicha circunstancia puede cambiar durante la tramitación del juicio de derechos humanos, pues en la presentación de la demanda, la competencia puede apreciarse preliminarmente de una forma determinada, ya que en ese instante aún no se hace un pronunciamiento relativo a la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables, circunstancias que pueden generar un cambio con posterioridad. Efectivamente, el Supremo Tribunal del país señaló que si las autoridades responsables señaladas como ejecutoras (las cuales hacían competente al Juez de Distrito), negaran el acto que a ellas se reclama, sin que el quejoso desvirtuara dicha negativa al celebrarse la audiencia constitucional, y tampoco en autos quedara demostrada su existencia; entonces resultaba incompetente el Juez de Distrito que conociera dicha demanda, ya que las autoridades señaladas como ejecutoras negaron la existencia del acto reclamado y el peticionario de amparo no aportó prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Es decir, resulta incompetente el Juez de Distrito que conozca de una demanda de amparo en la que las autoridades responsables ejecutoras con residencia en su circunscripción territorial niegan el acto reclamado, siempre y cuando la parte quejosa no desvirtúe dicha negativa, pues estas autoridades eran las que lo hacían competente para conocer dicha demanda. Ello es así, pues se presumía que el acto reclamado (orden de detención o aprehensión) tendría ejecución material en su jurisdicción, acontecimiento que resultaría desvirtuado con el contenido de los informes justificados y constancias que integraran el juicio de mérito. Dichos argumentos encuentran apoyo en los criterios jurisprudenciales siguientes: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE . Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE . Cuando un Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer de un amparo en revisión, advierta, ya sea por el planteamiento del inconforme o aun de oficio, que el Juez de Distrito continuó conociendo de un juicio de amparo y dictó la sentencia respectiva, no obstante que la autoridad que se señaló como ejecutora y cuya residencia originó su competencia, negó la certeza del acto reclamado, sin que se desvirtuara tal negativa, debe revocar aquélla y remitir los autos al Juez de Distrito que considere competente, para que éste dicte la sentencia correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 91, fracción IV y 94 de la Ley de Amparo. Además, el mencionado órgano colegiado deberá señalar que la nulidad de actuaciones se produce únicamente respecto al fallo dictado por el Juez de Distrito incompetente y no así por lo que hace a la audiencia constitucional, atendiendo para ello a lo que establece el artículo 17, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo; con independencia de la responsabilidad en la que pudo haber incurrido el Juez de Distrito incompetente". "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE . Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y, en los términos establecidos por el artículo 52 de la propia ley, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda". Así, analizada la demanda de amparo y las constancias que integran este juicio, se desprende que el quejoso reclama de las autoridades siguientes: ? Juez Primero de lo Criminal del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, ? Juez Segundo de lo Penal del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, ? Juez Cuarto de lo Criminal del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, ? Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Penal en el Primer Partido Judicial, con sede en la zona metropolitana de Guadalajara, ? Juez Séptimo de lo Criminal del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, ? Juez Noveno de lo Criminal del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, ? Juez Décimo Primero de lo Criminal del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco. ? Juez Décimo Tercero de lo Criminal del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, ? Juez Décimo Cuarto de lo Criminal del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, ? Juez Décimo Sexto de lo Criminal del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, ? Juez Penal del Segundo Partido Judicial en el Estado de Jalisco, ? Juez Por Ministerio de Ley del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Tercer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, con residencia en Lagos de Moreno, ? Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal de Morelia, Michoacán, ? Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal de Morelia, Michoacán, ? Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal de Morelia, Michoacán; y, ? Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal de Morelia, Michoacán. El acto consistente en: 1. Una orden de aprehensión. Y de las autoridades siguientes: ? Del Segundo Comandante de la Dirección de Investigación y Análisis Región Morelia., ? Director Jurídico de la Fiscalía del Estado de Jalisco, ? Encargado de la Dirección de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía del Estado de Jalisco; y ? Subdirector Metropolitano de la Policía Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. El acto consistente en: 2. La ejecución de dicha orden. Ahora bien, el Juez Segundo de lo Penal del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, al rendir informe justificado, aceptó haber emitido el acto reclamado, pues señaló que el dos de abril de dos mil diez, el hoy extinto Juez Décimo Segundo de lo Criminal del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, dictó orden de aprehensión dentro de la causa penal 162/2010-B-S. Causa penal que actualmente conoce el responsable Juez Segundo de lo Penal del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, la cual se instruye en contra del quejoso Carlos Eduardo Alonso Sandoval, por su probable responsabilidad en la comisión del ilícito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 213 en relación al 219 fracción I en su modalidad de ventaja, incisos a), b), c), d) y e), todos del Código Penal del Estado de Jalisco, el cual a decir del juez responsable se encuentra dentro del catálogo de delitos establecido en el artículo 19 constitucional, como aquéllos que merecen prisión preventiva oficiosa. Por otra parte, la autoridad ejecutora con residencia en esta ciudad, es decir, el Segundo Comandante de la Dirección de Investigación y Análisis Región Morelia, negó la existencia del acto que le fue reclamado. Sobre esa base, cabe señalar que la autoridad con residencia en esta ciudad al haber negado la ejecución del acto reclamado, es incuestionable que no se actualiza el presupuesto procesal de competencia a favor de este Juzgado, pues incluso el quejoso fue omiso en desvirtuar dicha negativa en el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede. En efecto, la posibilidad de que el acto reclamado se ejecutara en la circunscripción territorial correspondiente a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, desapareció, pues la única autoridad señalada como ejecutora con residencia en la jurisdicción territorial de este Juzgado, negó el acto que a ella se le atribuyó, lo que genera la incompetencia de este órgano jurisdiccional de conocer el juicio de derechos humanos que nos ocupa. Al caso es aplicable la jurisprudencia 9/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en el Tomo III, Enero de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 5, que dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE. Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y, en los términos establecidos por el artículo 52 de la propia ley, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda." Por lo anterior, este órgano jurisdiccional está imposibilitado para resolver este juicio, ya que no existe otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se vaya a ejecutar en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión Entonces, como quedó expuesto de los datos introducidos en este juicio de amparo, se advierte que la orden de aprehensión reclamada va a tener ejecución en el Estado de Jalisco, pues es en dicho estado en donde se emitió la orden de aprehensión, por tanto, resulta indudable que se actualiza la primera de las reglas de competencia contenidas en el artículo 37, de la Ley de Amparo, es decir, es competente el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado va a tener ejecución. Es aplicable al caso concreto el criterio jurisprudencial siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO . Del precepto indicado se advierte que la competencia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, recae en el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Dicha posibilidad surge con el señalamiento de autoridades ejecutoras con injerencia en distintas demarcaciones territoriales y se toma en consideración para que el Juez de amparo que reciba la demanda sea momentáneamente competente. Ahora bien, tratándose de la orden de aprehensión, si al rendir los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras niegan los actos reclamados y el quejoso no desvirtúa esa negativa, es inconcuso que esa posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, pues al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió pues, por regla general, es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución". Asimismo, al caso por las razones que contiene, es pertinente atender al contenido de la jurisprudencia J/40, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Octava Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 56, Agosto de 1992, Materia Penal, página 36, de rubro y texto: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Por otro lado, no escapa a la consideración del suscrito, que la parte quejosa señale como que su domicilio particular se encuentre ubicado en Los Reyes, Michoacán [ciudad que tampoco corresponde a la jurisdicción de este Juzgado Federal], domicilio en el cual señaló, bajo protesta de decir verdad, que el acto reclamado se intentó ejecutar, sin embargo, como se expuso en esta resolución la competencia no se fija en relación al domicilio que el quejoso señaló en su demanda de amparo, sino en atención a la residencia de las autoridades ejecutoras que reconocieron el acto reclamado, o de aquellas a las que se les tuvo por cierto. Cobra aplicación a lo anterior, el criterio contenido en la tesis 1a. II/92, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN MATERIA PENAL DE LOS JUECES DE DISTRITO PARA CONOCER DE LA ORDEN DE APREHENSION. NO DEBE ATENDERSE A LOS DOMICILIOS QUE SEÑALA EL QUEJOSO EN SU DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINAR LA . Cuando el acto reclamado requiera de ejecución material (orden de aprehensión), la competencia del juez de Distrito que deba conocer del asunto no debe circunscribirse al lugar del domicilio de trabajo o particular que señaló el quejoso en su demanda de garantías, sino al lugar de residencia de las autoridades ejecutoras que reconocieron el acto reclamado o de aquellas a las que se les tuvo por cierto, de conformidad con la interpretación del artículo 36 de la Ley de Amparo". Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, fórmese cuadernillo de antecedentes y remítase este juicio de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, para que a su vez lo remita al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno; solicitando al órgano de control constitucional que conozca, el acuse de recibo correspondiente y la comunicación de la resolución que se pronuncie al respecto. Por otra parte, se hace de su conocimiento que el incidente de suspensión se encuentra resuelto. Finalmente, hágase las anotaciones pertinentes; regístrese esta sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) agregándose al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. RESUELVE Primero. El Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, se declara legalmente incompetente por cuestión de territorio, para seguir conociendo del juicio del juicio amparo II-989/2019, promovido por Carlos Eduardo Alonso Sandoval, en términos de los razonamientos vertidos en el considerando primero de esta resolución. Segundo. Remítanse los autos originales del juicio de amparo II-989/2019, promovido por Carlos Eduardo Alonso Sandoval, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, a afecto de que turne al Juzgado que corresponda, a quien se declina la competencia para conocer de este asunto, solicitando el acuse respectivo.
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