Carlos Escobedo Mercado
Expediente 1173/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1173/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carlos Escobedo Mercado
- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Actuaciones
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa estado. En virtud de que no fue impugnado el auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Registro. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Carlos Escobedo Suárez, en representación de Carlos Escobedo Mercado, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1173/2021. 1.2. Desechamiento. Los artículos 3o, 6º, 61, fracción XXIII, y 108, de la Ley de Amparo, prevén que la demanda de amparo, así como todas las promociones que deriven de los juicios de amparo, por regla general, deben hacerse por escrito, de forma excepcional, vía oral, las que están así expresamente se encuentren autorizadas por la ley de la materia. Así pues, que el peticionario de amparo puede presentar su escrito de demanda en forma impresa o vía electrónica. Ahora bien, en caso de optar por la promoción del juicio en la vía física, el escrito de demanda debe ser firmado autógrafamente. Por su parte, de elegir la presentación electrónica, haciendo uso de las tecnologías de la información que el Consejo de la Judicatura Federal pone al alcance de los justiciables, se observarán las reglas que para tal efecto se encuentran establecidas, esto es, utilizarán para su envío el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, previamente a la remisión de la demanda, la firmarán electrónicamente con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL), ello en atención a que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Lo anterior, en atención al artículo 1o., fracción I, y último párrafo, del referido Acuerdo General 21/2020, reformado por su similar 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. No obstante, de elegir una u otra vía, se deben atender las reglas que para tal efecto están previamente establecidas, esto es, si la demanda o promoción se presenta vía física, el escrito relativo debe estar firmado autógrafamente, de optar por la electrónica, previo al envío del archivo, debe rubricarse con la firma electrónica de la persona que lo suscribe. Lo que guarda congruencia con el hecho de que el juicio de amparo debe promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma o acto reclamado en términos del artículo 5°, fracción I, en el entendido que el quejoso puede hacerlo por sí mismo o por conducto de su representante legal o apoderado. En virtud de que la firma, es la manifestación de la voluntad de la persona física o moral, que legitima el documento, da validez y exterioriza su deseo. Consideraciones que se refuerzan con los criterios emitidos por la Primera Sala y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros "FIRMA DEMANDA DE AMPARO CARENTE DE." y "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO". Atento a la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que la demanda de amparo fue presentada en la modalidad "juicio en línea", sin embargo, ésta carece de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por parte del quejoso directo, pues luego de una revisión en el expediente electrónico, se puede advertir que únicamente obran catorce páginas electrónicas, consistentes en las constancias que únicamente integran el escrito de demanda -sin la firma electrónica del quejoso Carlos Escobedo Mercado-, desde la papeleta de turno de la misma hasta una evidencia criptográfica con la firma electrónica de Carlos Escobedo Suárez. Ahora bien, en el caso específico, quien dice ser Carlos Escobedo Mercado omitió firmar la demanda de amparo de forma electrónica, pues de dicho ocurso no se advierte la evidencia criptográfica generada al hacer uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o bien, de la Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL), previo envío del documento digital a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Regla especial. Ahora bien, es pertinente hacer notar que en tratándose de las demandas de amparo presentadas en observancia a los artículos 15 de la Ley de Amparo o 22 de la Constitución Federal, el líbelo puede ser presentado por el quejoso, su defensor o incluso cualquier persona a su nombre, por medio de comparecencia, presentación física o electrónica, supuestos en los que para dar trámite, acorde al numeral 119 de la Ley de Amparo, se requiere únicamente que se manifieste el acto reclamado, la autoridad que lo hubiere ordenado, si es posible, la autoridad que ejecute o trate de ejecutar e acto y en su caso, el lugar en que se encuentre el quejoso, como se advierte, sin exigir algún tipo de formalidad sin importar la vía en que se presente, incluso no se requiere que el documento sea firmado. Sin embargo, para que se surta dicha hipótesis se debe justificar que exista: a) Peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, así como proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas. b) Privación total o parcial, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. c) Así como cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, que a saber son la pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que quien se ostenta como Carlos Escobedo Mercado, aduce tener sesenta y un años de edad, que padece enfermedad urinaria crónica, por lo que se encuentra en tratamiento para disminuir el riesgo de padecer cáncer. Circunstancias que en el caso no acontecen, ya que los actos reclamados consiste en: "1. La negativa de proporcionar la vacuna Pfizer al quejoso contra el virus SARS-CoV2". "2. La omisión de actualizar la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, y señalar la autorización de aplicar la vacuna la vacuna Pfizer en personas de 12 a 17 años de edad". "3. Todos los efectos y consecuencias de las omisiones reclamadas que se traducen materialmente en el hecho de que el quejoso directo no haya recibido aún la vacuna contra la enfermedad COVID-19 y, por lo tanto, peligre y esté en riesgo inminente su salud y su vida". Con lo cual, no se advierte actualizada algún supuesto que justifique alguna de las hipótesis de procedencia de la vía especial en comento. Entonces, si el promovente optó por la tramitación del juicio en línea, resulta necesaria su firma electrónica, por ser ésta la que patentiza su voluntad de promover el juicio y, si en la especie, no se actualiza algún supuesto de excepción que la autorice a prescindir de la misma, resulta evidente que su tramitación no puede tener lugar, pues no existe jurídicamente instancia de parte agraviada, como lo requiere el artículo 6o. de la Ley de Amparo. Máxime que también es factible que una vez firmada la demanda de manera autógrafa por el quejoso, sea presentada en forma física a través de su autorizado, y no necesariamente por el solicitante del amparo, quien aduce estar bajo resguardo voluntario En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia que deriva de la aplicación relacionada de los artículos 3o, 6º, 61, fracción XXIII, y 108, de la propia Ley, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda que se acuerda. 1.3. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones, así como proporcionando el correo electrónico y número telefónico que indica. Asimismo, se tiene como como autorizado a Ignacio Mendoza Oropeza, sin las amplias facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial y a Carlos Escobedo Suárez, con amplias facultades toda vez que no obstante que no cuenta con el registro referido exhibe un documento con el que acredita ser licenciado en derecho. 1.4. Usuario. Ahora bien, como lo solicita, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se instruye al actuario respectivo para que registre al usuario "carlosescobedosuarez", a efecto de que tengan acceso al expediente electrónico y se le practiquen notificaciones en la misma forma. 1.5. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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