Carlos Ernesto Alvarado Márquez

Expediente 127/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
127/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
27/04/2017

Partes del expediente

  • Carlos Ernesto Alvarado Márquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    El veintisiete de abril de dos mil diecisiete, el licenciado Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del siete al veinticinco de los corrientes, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el treinta y uno de marzo pasado, dentro del juicio de amparo número 127/2017-7; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; Que no existen constancias que devolver a las autoridades responsables. No se tramitó incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Conste. En la misma fecha se da cuenta a la juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este juzgado el treinta y uno de marzo pasado, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe. Cecy*

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 127/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de febrero de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Carlos Ernesto Alvarado Márquez demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: LXII Legislatura del Estado de Zacatecas. Gobernador del Estado de Zacatecas. Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas. Administrador del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas. Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: - La aprobación y expedición de los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que prevén, respectivamente, el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas y el derecho por el servicio de control vehicular; con motivo de su aplicación en el ticket 4756879 de veinte de enero de dos mil diecisiete. - La aplicación de los numerales 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, de los cuales, los cinco primeros se refieren al pago del impuesto adicional para la infraestructura. Actos que, a su parecer, resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas y, en proveído de siete de febrero de dos mil diecisiete, se desechó respecto del Secretario General de Gobierno y del Administrador del Periódico Oficial, ambos del Estado de Zacatecas, y por el resto de autoridades y actos señalados en el escrito inicial se admitió a trámite, por lo que se solicitó el informe justificado; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en los términos de la acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que se reclama una norma general que tiene como ámbito de aplicación el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en los actos siguientes: De la LXII Legislatura del Estado de Zacatecas y del Gobernador del Estado de Zacatecas, respectivamente, la expedición y promulgación de: a) Los normativos 83 a 88 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, que regulan el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas. b) El numeral 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, que establece el derecho por el servicio de control vehicular. Del Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas, la aplicación de: c) Los artículos 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, de los cuales, los cinco primeros se refieren al pago del impuesto adicional para la infraestructura, mientras que los restantes, establecen, respectivamente, como se aprecia de los incisos que anteceden, el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas y el derecho por el servicio de control vehicular. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. la LXII Legislatura del Estado de Zacatecas aceptó la expedición de la norma general combatida (foja 33). Por su parte, el Gobernador del Estado de Zacatecas aceptó la promulgación de la ley reclamada (foja 20). Además, la existencia de las disposiciones legales reclamadas se acredita en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados de oficio por el propio órgano jurisdiccional, de modo que la existencia del ordenamiento legal reclamado constituye un hecho notorio que no es objeto de prueba. Sustenta lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, agosto de 2000, tomo XII, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". También resulta aplicable a la consideración precedente, la tesis aislada V.2°.214 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 205, febrero de 1995, tomo XI-I, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". Por su parte, el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas fue omiso en rendir su informe con justificación, a pesar de que fue requerido para tal efecto (foja 15); por tanto, en términos del cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierta la exacción que se le atribuye a dicha autoridad. Además, al estar involucrado el cobro de un derecho (control vehicular) resulta indudable la participación del secretario responsable en la exacción combatida, al no tratarse de la autoliquidación de un tributo, pues es el Estado quien calcula, cuantifica y determina el importe a pagar, ya que no existe la posibilidad de erogar una cantidad diversa y, mientras no se pague, no se presta el servicio. Sustenta lo anterior, por las razones que informa, la tesis IX.1o.2 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable a página 1701, Libro XX, mayo de 2013, tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "AMPARO CONTRA LEYES. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS ENCARGADAS DE DETERMINAR Y COBRAR LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE PLANEACIÓN QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, AL TENER EL CARÁCTER DE EJECUTORAS DE LA LEY RECLAMADA DEBEN SER LLAMADAS A JUICIO. El artículo 11 de la Ley de Amparo establece que son autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, entre otras, aquellas que ejecutan la ley reclamada. En ese supuesto se encuentran las autoridades administrativas que determinan y cobran los derechos por los servicios de planeación previstos en el artículo 13, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Luis Potosí, para el ejercicio fiscal 2012, toda vez que son ellas quienes ejecutan dicha norma cuando fijan el monto a pagar por el servicio, pues a diferencia de lo que sucede con el pago de impuestos, cuya recepción no es un acto imputable a las autoridades receptoras del tributo, tratándose del cobro de derechos no existe autodeterminación o autoliquidación alguna por parte de la persona que solicita el servicio, pues es el Estado quien calcula, cuantifica y determina el importe a pagar, y mientras no se pague, no presta el servicio. Por ese motivo, es necesario llamarlas a juicio con el carácter de autoridades responsables ejecutoras, sin que sea obstáculo a lo anterior, que no se reclame el acto de aplicación por vicios propios, ya que la razón por la que debe emplazárseles obedece a que su participación en el procedimiento puede ser relevante, al estar en aptitud de hacer valer motivos que impliquen la actualización de alguna causa de improcedencia." CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En principio, debe señalarse, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el juzgador de garantías debe analizar, en primer término, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. Tiene apoyo a tal precisión, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos treinta y cinco, del tomo XII, agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". En el caso, la suscrita resolutora advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61, en relación con el numeral 5, ambos de la mencionada Ley de Amparo vigente, del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia ". Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; ..." Lo anterior es así, toda vez que de los artículos 107, fracción I, constitucional y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, estableciéndose que tiene tal carácter, aquel que aduce ser titular de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la propia ley y con ello se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o con motivo de su especial situación frente al orden jurídico, sin que pueda, en ningún caso, invocarse el interés simple como legítimo; así, el precepto constitucional invocado establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos constitucionales y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o con motivo de su especial situación frente al ordenamiento jurídico. En efecto, esa norma constitucional dispone como presupuesto procesal de la acción, que la parte actora sea titular de un derecho o interés jurídico, o bien, un interés legítimo; ese interés legítimo se vincula con la exigencia de alegar una violación a un derecho humano y resentir una afectación en su esfera jurídica, por la especial situación que el quejoso ocupa frente al ordenamiento jurídico. Ahora bien, el peticionario del amparo reclama de las autoridades responsables, LXII Legislatura del Estado de Zacatecas y Gobernador del Estado de Zacatecas, respectivamente, la expedición y promulgación de los artículos 83 a 88 y 99, todos de Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, que, respectivamente, establecen el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas y el derecho por el servicio de control vehicular. Asimismo, del Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas, la aplicación de los artículos 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y 99 de la mencionada Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, de los cuales, los cinco primeros se refieren al pago del impuesto adicional para la infraestructura, mientras que los restantes, establecen, respectivamente, como se asienta en el párrafo precedente, el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas y el derecho por el servicio de control vehicular. Además, como acto concreto de aplicación de los mencionados preceptos, el quejoso, en el capítulo de antecedentes, señala que lo constituyó el pago que realizó el veinte de enero del año en curso, por la cantidad de un mil doscientos tres pesos cero centavos, por concepto de los mencionados impuestos. Razón por la cual, la causal de improcedencia que ahora se invoca, será analizada en relación con el acto de aplicación de los mencionados numerales. Bajo ese contexto, con el propósito de establecer la naturaleza de la norma combatida, conviene destacar el contenido de los artículos 1 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo vigente: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; Conforme a los preceptos transcritos, el juicio de amparo indirecto, procede contra leyes federales y locales, tratados internacionales y reglamentos expedidos por el Presidente de la República con fundamento en la fracción I, del artículo 89, constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los Gobernadores de los Estados, que por su sola entrada en vigor, o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicio personal y directo contra el gobernado. Para determinar sobre la procedencia del juicio de garantías, contra leyes que se estimen inconstitucionales, debe distinguirse entre normas legales que con su sola vigencia causen un agravio personal y directo a los particulares, de aquéllas que requieren de un acto concreto de aplicación para que afecten la esfera jurídica de los gobernados. Sobre el particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó el criterio visible en las páginas novecientos sesenta y cinco y novecientos sesenta y seis, primera parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete, mil novecientos noventa y ocho, que precisa: "LEYES AUTOAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. El elemento primordial que caracteriza a una ley autoaplicativa lo es el de que sus disposiciones resultan obligatorias desde el momento mismo en que entran en vigor, o sea, que desde ese preciso instante obligan al particular cuya situación jurídica prevén, a hacer o dejar de hacer, sin que sea necesario acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad y, por lo tanto, es evidente que cuando no se da dicho elemento esencial no se está en presencia de una ley de esa naturaleza, sino que en ese caso debe concluirse que se trata de una ley heteroaplicativa, que, por lo mismo, únicamente puede reclamarse a través del juicio de amparo hasta que se realice el acto de autoridad que vincula al particular al cumplimiento de la norma. La Ley de Amparo distingue, en su artículo 73, fracción V (sic), entre las leyes que por su sola expedición entrañan violación de garantías y aquéllas que para realizar las violaciones requieren, además de la expedición, un acto posterior de autoridad; por tanto, esta distinción no se basa en que al momento de expedirse la norma existan individuos colocados en su hipótesis, sino en la manera como se ejecuta el mandamiento; si para realizar éste debe intervenir la autoridad, la ley no es autoaplicativa ni se le puede combatir en amparo por su sola expedición; si, en cambio, basta el imperativo de la norma para que el particular no pueda dejar de cumplirla, y, por lo mismo, la actividad de los órganos del Estado es meramente pasiva ante la realización del mandato de observancia general, se está frente a disposiciones que por su sola expedición pueden atacarse en el juicio constitucional de garantías, si se les estima anticonstitucionales y se pretende no sufrir su aplicación. Para que proceda la acción de garantías, es necesario que, desde la iniciación de la vigencia de la ley combatida, el particular se encuentre en la situación prevista por la norma y que no se exija, para que esté obligado a hacer o dejar de hacer, ningún acto ulterior de autoridad. Para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino a los términos concretos del mandato legal, pues basta con que se ordene a los particulares de que se trate un hacer o un no hacer, y que no se supedite su ejecución a la conducta que deba llevar a cabo una autoridad para que tenga aquel carácter". Esta doble distinción de ordenamientos legales que la doctrina y la jurisprudencia han denominado, leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, parte del supuesto formal de la obligatoriedad de la norma legal en relación con los gobernados, pues si una norma no produce por sí sola perjuicio, en su contra es improcedente el ejercicio de la acción de amparo, por la ausencia del perjuicio o daño individual, concreto y directo. En relación con la existencia del agravio personal y directo de las leyes, para determinar sobre la procedencia del juicio constitucional en su contra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia sustentó el criterio contenido en la jurisprudencia 55/97, visible en la página ciento veintitrés, del Tomo III, correspondiente a abril de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". De manera que la ley tiene el carácter de autoaplicativa, cuando por su sola expedición es de observancia obligatoria y causa un perjuicio real que afecta la esfera jurídica del gobernado, sin que sea necesario un acto posterior de autoridad o personal para que el gobernado se encuentre en la situación prevista en la norma que por su sola vigencia lo obliga. Lo anterior, de conformidad además con el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia ciento ochenta y siete, visible en la página ciento ochenta y cinco, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete, mil novecientos noventa y cinco, del contenido siguiente: "LEY AUTOAPLICATIVA. Para considerar una ley como autoaplicativa deben reunirse las siguientes condiciones: a) que desde que las disposiciones de la ley entren en vigor, obliguen al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer, y b) que no sea necesario un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad". Por exclusión, la ley tiene el carácter de heteroaplicativa cuando el solo inicio de su vigencia, no coloca al gobernado en la situación prevista por la norma, sino que exige un acto posterior de aplicación ya sea de la autoridad o particular, para que se genere la afectación a la esfera jurídica del destinatario. Sentado lo anterior, se estima necesario transcribir los artículos 83 a 88 y 89 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, que disponen: "CAPÍTULO SÉPTIMO Otros Impuestos SECCIÓN I "Del Impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas DEL OBJETO ARTÍCULO 83. Es objeto de este impuesto, las cantidades que cobre el Estado por las contribuciones previstas en esta Ley. DEL SUJETO ARTÍCULO 84. Son sujetos del impuesto, los contribuyentes afectos al pago de impuestos o derechos del Estado. DE LA BASE GRAVABLE ARTÍCULO 85. La base de este impuesto será el monto que se cubra por el concepto de impuestos y derechos estatales. DE LA TASA ARTÍCULO 86. La tasa aplicable a la base de este impuesto será el 10%. DEL PAGO ARTÍCULO 87. El impuesto se calculará aplicando a la base determinada, la tasa establecida en el artículo anterior. ARTÍCULO 88. El pago deberá hacerse al momento de enterar los impuestos o derechos correspondientes ARTÍCULO 99. El derecho de control vehicular con vigencia al 31 de marzo del año siguiente, deberá efectuarse durante los primeros tres meses del año que corresponda, para: CONCEPTO IMPORTE Del año en curso $2,350.00 Con un año de antigüedad $2,150.00 Con dos años de antigüedad $1,950.00 Con tres años de antigüedad $1,750.00 Con cuatro años de antigüedad $1,550.00 Con cinco y más años de antigüedad $1,350.00 I. Vehículos de servicio público y particular: II. Remolques:..................$700.00 III. Motocicletas:................$400.00 Cuando no se cubra la contribución dentro del plazo señalado, deberán pagarse recargos y actualización por concepto de indemnización a la Hacienda Pública Estatal por falta de pago oportuno, de conformidad con la Ley de Ingresos del Estado." Los preceptos anteriores regulan, respectivamente, los elementos esenciales del impuesto para la Universidad Autónoma del Estado de Zacatecas, en relación con el cual, la base gravable se integra por la cantidad total que se cubra por el concepto de impuestos y derechos estatales. Y, El derecho de control vehicular establecido para el año dos mil diecisiete. Los preceptos de mérito constituyen una norma de índole heteroaplicativa, que no causa ningún perjuicio desde su entrada en vigor, esto es, que su solo imperativo, a diferencia de las leyes autoaplicativas, no crea, no transforma, o extingue situaciones concretas de derecho, sino que para causarlas requiere de un acto que condicione su aplicación a situaciones jurídicas concretas. Ahora bien, como se destacó, el interés jurídico a que alude el artículo 61, fracción XII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo tiene como fin asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico o legítimo se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos, pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona. En ese contexto, se afirma que en lo que respecta al acto reclamado consistente en los artículos 83 a 88 y 99 la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, que en su orden establecen el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas y el derecho por el servicio de control vehicular, se actualiza la causa de improcedencia a que se ha hecho alusión, lo que de igual forma ocurre en lo referente a la aplicación de los diversos numerales 78 a 82 de la propia ley, que el quejoso omitió acreditar el acto de aplicación de la norma citada, es decir, que realizó el pago de los mencionados impuesto y derecho, así como el diverso pago del impuesto adicional para la infraestructura que reclamó solamente en cuanto a su aplicación. No resulta obstáculo para concluir de esa forma, la afirmación del quejoso en el sentido de que el veinte de enero del año en curso, realizó el pago de un mil doscientos tres pesos, por concepto de los mencionados impuestos; toda vez que para corroborar tal afirmación exhibió copia impresa vía electrónica del ticket 4756879, documento que por tratarse de información que aparece en la página www.finanzas.gob.mx, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio. Sin embargo, de tal documental no se desprende pago alguno por la cantidad que refiere el quejoso, ni se hace referencia a derecho vehicular, pues como puede apreciarse de su contenido, se expidió por el pago total de doscientos cuarenta y seis pesos, por concepto de expedición y entrega de un acta de nacimiento, de los cuales, doscientos veintiún pesos con cuarenta centavos corresponden a la referida expedición y los restantes veinticuatro pesos con sesenta centavos, a "U.A.Z"., sin que el quejoso hubiera aportado diversa prueba en el presente juicio. En relación con lo cual resulta aplicable, por las razones que la informan, la tesis aislada I.7o.A.16 K (10a.), visible en la página 1725, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, PARA RESOLVER SI SE ACTUALIZA O NO ALGUNA CAUSAL RELATIVA, CUANDO EXISTA UN INDICIO SOBRE SU EXISTENCIA, VÁLIDAMENTE PUEDE CONSULTAR LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN LOS SITIOS O PÁGINAS ELECTRÓNICAS DE LAS DEPENDENCIAS OFICIALES, AL CONSTITUIR ÉSTA UN HECHO NOTORIO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 163/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, enero de 2006, página 319, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL.", impuso la obligación al juzgador de amparo, de allegarse de oficio, las pruebas necesarias para resolver si se actualiza o no alguna causal de improcedencia cuando exista un indicio sobre su posible existencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Por otra parte, la información que aparece en las páginas o en los sitios electrónicos de las dependencias oficiales, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, constituye un hecho notorio que puede invocar el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito para desarrollar su actividad jurisdiccional, ya que su consulta es de fácil acceso para el público en general, pues basta con ingresar a la página oficial respectiva y proporcionar los datos que aparecen en los documentos aportados en el juicio para consultar y verificar la veracidad de la información respectiva, máxime si el propio quejoso o persona autorizada por éste es quien previamente proporcionó a la dependencia oficial la información necesaria para realizar el trámite correspondiente; información que se almacena en una base de datos y, posteriormente, se genera y consulta a través de medios electrónicos, en aquellos casos que así se encuentre regulado dicho trámite administrativo. De ahí que resulta válido que el juzgador de amparo, para resolver si se actualiza o no una causal de improcedencia, de oficio, consulte y verifique la información generada por medios electrónicos oficiales. Lo anterior se estima congruente con el principio constitucional de acceso a la justicia, sin que pretenda deslindarse a las partes de las cargas probatorias correspondientes, porque se trata únicamente de conocer plenamente si opera o no alguna causal de improcedencia, cuando exista un indicio sobre su existencia". En razón de lo expuesto, ante la falta de certeza sobre la aplicación de las normas cuya constitucionalidad se impugna y, por ende, la falta de demostración de la afectación al interés jurídico de la parte quejosa, se impone concluir que la aludida probanza no constituye elemento probatorio que permita acreditar la aplicación en su perjuicio de lo dispuesto en los artículos 78 a 82, 83 a 88 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, ya que para efectos de la procedencia del amparo contra leyes, cuando se controvierte una disposición de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación, resulta indispensable que se acredite fehacientemente que la respectiva hipótesis jurídica se concretó expresa o implícitamente en perjuicio del peticionario del amparo, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de amparo, sino, en todo caso, del contenido del supuesto acto de aplicación. Sirve de apoyo el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito en la tesis visible en la página 413, del Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. DEBE SER SUSCEPTIBLE DE APRECIARSE OBJETIVAMENTE. En virtud de que el derecho tutela bienes jurídicos reales u objetivos, cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir en sus bienes no afectan real y objetivamente éstos, no puede decirse que exista un agravio, jurídicamente hablando. En tal virtud, si las afectaciones constitutivas de un perjuicio deben ser reales para que se estimen en un juicio de garantías deben ser susceptibles de apreciarse objetivamente. En caso contrario, sería difícil que se configurara la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, porque bastaría con la afirmación en ese sentido para tenerse por acreditado tal extremo de que un acto de autoridad causa molestias en sus derechos." Asimismo, es aplicable el criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis consultable en la Página 1803, Tomo XVII, Enero de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que expone: "INTERÉS JURÍDICO EN SENTIDO AMPLIO. INTERPRETACIÓN BASADA EN EL SIGNIFICADO SEMÁNTICO DE DICHA EXPRESIÓN Y EN EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 4o. DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, la legitimación para acudir al juicio de garantías está condicionada por la titularidad de un interés jurídico, concepto que debe analizarse a la luz de su significado semántico y de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo. Así, la palabra "interés", de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se identifica con un provecho, utilidad o ganancia, mientras que lo "jurídico" es todo lo que atañe al derecho o se ajusta a él. Por su parte, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo establecen que para acudir al juicio de amparo se requiere la existencia de un agravio o perjuicio. En este sentido, el interés jurídico, en sentido amplio, debe entenderse como la mera afectación a la esfera jurídica de un gobernado, puesto que ni de la Constitución, ni de la Ley de Amparo, se advierten elementos mayores de interpretación de dicho concepto." Por tanto, al no acreditar el quejoso interés jurídico para promover amparo, en relación a la Ley de Hacienda del Estado, por no demostrar la existencia del acto de aplicación de los multicitados artículos, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77 y 124 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 127/2017, promovido por Carlos Ernesto Alvarado Márquez, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, precisadas en el considerando segundo de este fallo, por los motivos indicados en el diverso cuarto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, secretaria que autoriza, hoy treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    En trece de marzo de dos mil diecisiete, la licenciada María Concepción García Jacobo, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA QUE: El término de cinco días que prevé el artículo 98, de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de esa propia legislación, transcurrió del uno al siete de marzo del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso alguno en contra del auto dictado por este juzgado el siete de febrero del propio año, dentro del juicio de amparo 127/2017-1. DOY FE. En la misma fecha la secretaria da cuenta a la juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a trece de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por la secretaria adscrita a este juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de cinco días señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de esa propia legislación, en contra del auto dictado por este juzgado el siete de febrero del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Carlos Ernesto Alvarado Márquez, únicamente respecto a los actos reclamados al Secretario General de Gobierno y Administrador del Periódico Oficial, ambos del Estado de Zacatecas; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con secretaria que autoriza, licenciada María Concepción García Jacobo.- DOY FE. Bjm

  4. Principal

    La licenciada María Concepción García Jacobo, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA: Que se encuentran fijadas las nueve horas del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Zacatecas, Zacatecas, dos de marzo de dos mil diecisiete. Doy fe. En la misma fecha, la secretaria da cuenta a la juez con el estado que guardan los presentes autos, con la certificación que antecede y un oficio registrado con el número 2874 y anexo que se adjunta. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, DOS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguese a los autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable LXII Legislatura del Estado de Zacatecas (a través del Director de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos); con su contenido dese vista a la parte quejosa para que se imponga de su contenido y manifieste lo que a su interés legal convenga, hasta antes de la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en consulta, téngase como prueba de la referida autoridad el CD que adjunta, sin perjuicio de relacionarla nuevamente y valorarla en la etapa procesal que corresponda. Por otra parte, vista la certificación que antecede de la que se advierte que encuentran fijadas las nueve horas del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, sin embargo, a fin de dar oportunidad a que la parte quejosa se imponga del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable, con la anticipación que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, SE DIFIERE la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS DEL VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, para su verificativo. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes.". NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, secretaria que autoriza. Doy fe. Bjm

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