Carlos Enrique Galván Flores

Expediente 1151/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1151/2016
Año
2016
Actuaciones
11
Última actuación
13/12/2017

Partes del expediente

  • Carlos Enrique Galván Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    El trece de diciembre de dos mil diecisiete, el suscrito Juan García Trejo, secretario de juzgado CERTIFICA: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión. No existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 16491. Conste. Zacatecas, Zacatecas, trece de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña el testimonio de la resolución pronunciada en el amparo en revisión administrativo 163/2017, así como los autos del juicio de amparo 1151/2016; acúsese recibo, agréguese el cuaderno de antecedentes previa extracción de las copias fotostáticas con que se formó y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en atención a que la Superioridad en la materia de la revisión mediante la ejecutoria de mérito revocó la sentencia recurrida que sobreseyó en el presente juicio y por otra concedió a los quejosos el amparo y protección de la Justicia Federal, y en su lugar decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia

  2. Principal

    En veintiocho de abril de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Juan García Trejo, doy cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con un escrito registrado con el número 5668, con sus copias que se acompañan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiocho de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por Jehú Eduí Salas Dávila, representante de la autoridad responsable Gobernador del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, por el que interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en cinco de abril del año en curso, y con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 87, 88 y 89, de la Ley de Amparo en vigor; distribúyanse entre las demás partes copia simple del escrito de expresión de agravios exhibido, debiendo recabarse la constancia respectiva, agregándose la que corresponda a este juicio de garantías y dentro del término legal remítase el mismo al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, debiendo acompañarse el original y copia del escrito de expresión de agravios respectivo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a las autoridades responsables por oficio y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. OLIVIA

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. "En veintiocho de abril de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Juan García Trejo, doy cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con un escrito registrado con el número 5668, con sus copias que se acompañan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiocho de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por Jehú Eduí Salas Dávila, representante de la autoridad responsable Gobernador del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, por el que interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en cinco de abril del año en curso, y con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 87, 88 y 89, de la Ley de Amparo en vigor; distribúyanse entre las demás partes copia simple del escrito de expresión de agravios exhibido, debiendo recabarse la constancia respectiva, agregándose la que corresponda a este juicio de garantías y dentro del término legal remítase el mismo al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, debiendo acompañarse el original y copia del escrito de expresión de agravios respectivo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a las autoridades responsables por oficio y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. OLIVIA

  4. Principal

    cinco de octubre de dos mil dieciséis VISTOS, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 1151/2016, promovido por Salvador Maldonado Trejo y otros; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Zacatecas, turnado en esa misma fecha a este juzgado, Salvador Maldonado Trejo, Carlos Enrique Galván Flores, Fernando de la Rosa Hernández, Horacio Martínez Raudales, Francisco Durán Caldera, José Manuel Martínez García, José Sosa García, José Manuel Valdez García, Julio César Dávila Redín, Jesús Hendrick Delgado Alvarado, Alejandro Martínez Gallegos, Gerardo de Jesús López Sosa, José Gerardo Guerrero Esparza, Guillermo de Santiago Ramírez, Salvador Maldonado Santillán, Gerardo de Jesús Lara Salazar, José Alfredo López García, Juan Pedro Ramírez Gallegos, Eduardo Alejandro Rodríguez del Río, Abel Cabrera Zavala y Manuel Maldonado Trejo, por propio derecho, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades que enseguida se describen (fojas 2 a 5). Autoridades responsables: Gobernador del Estado de Zacatecas. Director de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas. Actos reclamados: "La no contestación por parte del Director de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas a nuestra petición de fecha 05 de octubre de 2016 así como el otorgamiento ilegal de concesiones de taxis para el servicio público, por parte del Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas, entregadas en el mes de septiembre del presente año 2016." Actos que, a su parecer, son violatorios de los derechos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En auto de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 28 a 31), se registró la demanda con el número 1151/2016 y se previno a la parte quejosa para que aclarara algunos datos relacionados con el acto reclamado y la fecha de su conocimiento. Cumplida dicha prevención, mediante auto de quince de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 43 a 45), se admitió a trámite la demanda; asimismo, se solicitó el informe con justificación a las autoridades responsables; se ordenó dar la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició el seis de enero de dos mil diecisiete, al tenor del acta que antecede (foja 178); por lo que se procede a dictar la resolución correspondiente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a autoridades administrativas que residen en el territorio en el que ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados que constituyen el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio de garantías, consisten en: Del Director de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas: La falta de respuesta a su petición de cinco de octubre de dos mil dieciséis. Del Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas: El otorgamiento de concesiones del servicio público de taxi, con motivo de la convocatoria publicada en el Periódico Oficial de Estado, el diez de agosto de dos mil dieciséis. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Director de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado (fojas 69 a 72), pues aceptó haber recibido en la dirección a su cargo, el escrito presentado por los quejosos el cinco de octubre de dos mil dieciséis. Por su parte, el Gobernador del Estado, por conducto del Coordinador Jurídico (fojas 89 a 97), aceptó la existencia del acto reclamado consistente en el otorgamiento de las concesiones del servicio público de taxis. Asimismo, a su informe de ley, acompañaron copia certificada de las constancias relacionadas con los actos reclamados; documentales que gozan de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia de los actos reclamados, al tenor de la tesis de jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Igualmente, es aplicable la jurisprudencia número 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Procedencia del juicio (falta de respuesta a su escrito). La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." En ese contexto, tal como lo expone la autoridad responsable Director de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas procede sobreseer en el juicio respecto del acto reclamado materia de este considerando, en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo y fracción citados disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Es sustento de lo considerado, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, Novena Época, junio de mil novecientos noventa y nueve, página treinta y ocho, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En este juicio de amparo, los quejosos reclaman esencialmente que la autoridad responsable no ha dado respuesta a su escrito presentado el cinco de octubre de dos mil dieciséis en el que solicitaron lo siguiente: La revocación de concesiones de taxis para el servicio público. La revisión, y en su caso, la cancelación de las concesiones otorgadas. El otorgamiento de concesiones a quienes legalmente corresponde por haber calificado con mayores porcentajes. En ese contexto, la demanda de amparo fue presentada el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, sin que con anterioridad a esta fecha se advierta que se hubiera hecho del conocimiento a los quejosos de la respuesta emitida con motivo de su petición. Sin embargo, del estudio de las constancias que remitió el Director de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas, en apoyo a su informe con justificación (fojas 75-77), se obtiene que mediante oficio SSP/DTTyV/4315/2016 de treinta de noviembre del año próximo pasado, dio respuesta a lo solicitado por los quejosos, pues al efecto precisó, en concreto, que el otorgamiento, cancelación y revocación de concesiones otorgados en sus diferentes modalidades, para la explotación del servicio público de transporte en el Estado, es atribución del Ejecutivo Estatal y según lo establecido por el inciso c, fracción II, del artículo 82 de la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad, esa clase de determinaciones son irrecurribles, que no obstante, la Secretaría de la Función Pública de Gobierno del Estado, realiza un estudio general y de recopilación de datos relacionados con el otorgamiento de dichas concesiones (fojas 75 a 77). Aunado a lo anterior, de las constancias adjuntas al oficio de mérito, se acreditó que dicha determinación fue notificada de manera personal a la autorizada de los solicitantes en el domicilio proporcionado para tal efecto el seis de diciembre de la anualidad pasada. De lo anterior, se deriva que la petición referida ya fue contestada y notificada a los solicitantes. Por tanto, con el oficio referido, la autoridad responsable dio respuesta a las peticiones realizadas por los aquí quejosos, las que constituyen el objeto de la omisión reclamada, de ahí que ello es equivalente a los efectos que hubiera tenido un fallo protector de la Justicia Federal, ya que en ese caso, se habría obligado a la autoridad responsable a emitir la respuesta correspondiente a la solicitud que se le presentó. Por ende, debe concluirse que en el caso a estudio, cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. Luego, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto del acto materia de este considerando, procede sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el diverso 63, fracción V, de la propia ley. QUINTO. Sobreseimiento del juicio respecto del quejoso Alejandro Martínez Gallegos. Debe sobreseerse en el juicio por lo que respecta al referido quejoso, dado que no acreditó su interés jurídico o legítimo. En efecto, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Por su parte, el numeral 5, fracción I, de la ley de la materia dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Los preceptos anteriores engloban el principio de agravio personal y directo que rige al juicio de garantías, ya que cuando las prerrogativas que tiene el gobernado reconocidas por el derecho positivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo faculta a comparecer ante la Justicia Federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. En ese sentido, el interés que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo se integra por: a) Un derecho jurídica o legítimamente tutelado, y b) un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Es sustento de lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página: 60: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas". En suma, para que la parte quejosa cuente con interés para efectos del juicio de amparo (legítimo o jurídico), se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. En el caso, el quejoso reclama el otorgamiento de las concesiones del servicio público de taxi por el Gobernador del Estado en favor de diversas personas, no obstante, en el juicio de amparo que se resuelve no se advierte que éste tuviera el carácter de solicitante, pues de los listados que la referida autoridad responsable adjuntó a su informe justificado, no aparece su nombre como de aquellas personas que presentaron su solicitud y documentos necesarios para obtener una concesión de transporte público de taxi. Tampoco demostró formar parte de alguna sociedad, asociación o unión de taxistas, que pudiera resentir alguna afectación en sus intereses legítimos o jurídicos con motivo del otorgamiento de las concesiones. Por tanto, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia invocada por lo que respecta al quejoso precisado, de ahí que proceda sobreseer en el juicio de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. SEXTO. Estudio de causas de improcedencia (acto reclamado consistente en el otorgamiento de las concesiones). La autoridad responsable Gobernador del Estado, por conducto del Coordinador Jurídico, hizo valer como causa de improcedencia la prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 17 de la Ley de Amparo, dado que considera que el acto reclamado fue promovido de forma extemporánea (foja 91). Lo anterior es infundado. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso..." De acuerdo con el precepto legal transcrito el juicio constitucional es improcedente, en los casos en que se intente fuera de los plazos establecidos en la ley de la materia; supuesto en que los actos serán considerados como tácitamente consentidos. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad quien teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho lapso. En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la tesis XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, localizable en la página 1931, del Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Criterio jurídico que cobra aplicación al caso por ser de similar contenido el artículo 18 de la Ley de Amparo en vigor y el 21 del ordenamiento homónimo abrogado que ahí se interpreta. De lo anterior es posible deducir que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del término de quince días dentro de los cuales debe presentar la demanda de garantías, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción de amparo, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyen entre sí y no siguen un orden de prelación; entonces, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de derechos es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en el precepto legal en comento. Es sustento de lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda de amparo se contará desde el siguiente: al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En ese sentido, para iniciar el cómputo del plazo antes referido, el conocimiento del acto reclamado debe acreditarse fehacientemente por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley y no inferirse a base de presunciones. Lo anterior es así, ya que el hecho de que el particular tenga un conocimiento del acto de manera directa, exacta y completa, le da la posibilidad de tener todos los elementos necesarios para poder atacar en su integridad los vicios de que considera contiene el acto reclamado y así defender sus derechos, de lo contrario, podría darse el caso de que careciera de la información necesaria para poder hacerlo. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de mil novecientos noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Quinta Época, página seis, que dice: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TERMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones". En el caso, la autoridad responsable hace consistir la causa de improcedencia en la circunstancia de que en el escrito aclaratorio de demanda los quejosos manifestaron que el otorgamiento de las concesiones fue el quince de septiembre de dos mil dieciséis, mediante una exhibición de dos hojas en los tableros de la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad. No obstante, del propio contenido del escrito aclaratorio se advierte que los quejosos manifiestan que no están en condiciones de precisar el día en que tuvieron conocimiento del acto reclamado, dado que en la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad únicamente les manifestaron que las concesiones estaban otorgadas y que posteriormente les darían los detalles, ante tal omisión, presentaron el escrito precisado en el considerando que antecede, y al no obtener respuesta, promovieron el juicio de amparo que ahora se resuelve. Además, de las constancias existentes en autos no se advierte que en la fecha que refiere la responsable o en alguna otra, se les hubiere notificado la resolución emitida con motivo del otorgamiento de las concesiones, de ahí que no es posible sostener que hubieran promovido el juicio de amparo fuera del término establecido por el artículo 17 de la ley de la materia, de ahí lo infundado de la causa de improcedencia en estudio. También resulta infundada la diversa causa de improcedencia que hace valer la referida autoridad prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al considerar que los quejosos no agotaron el principio de definitividad, por no haber promovido el juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas (foja 94). La fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." La fracción invocada establece, en lo conducente, que el juicio de amparo es improcedente respecto de actos de autoridades administrativas distintas de las de carácter jurisdiccional, cuando las leyes que los rigen establezcan un juicio o medios ordinarios de defensa en su contra, que tenga el alcance de modificar o revocar dichos actos. Una correcta interpretación de la porción normativa, permite concluir que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, el cual se debe intentar únicamente como última instancia; esto es, cuando ya no exista uno ordinario que pueda ser utilizado por el agraviado para controvertir el acto que considera conculcatorio de su esfera jurídica. En ese orden de ideas, el impetrante debe agotar los recursos, juicios o medios ordinarios de defensa que establece la ley que rige el acto reclamado o algún otro ordenamiento que prevea en forma eficaz un medio ordinario de defensa capaz de modificar, revocar o dejar insubsistente el acto de autoridad que afecta su esfera jurídica, aun cuando dicha afectación provoque efectos y consecuencias de imposible reparación, y se refiera a derechos fundamentales del solicitante de amparo, salvo que se actualice alguna excepción al principio de definitividad, las cuales se encuentran previstas de manera expresa en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. No obstante, para tal efecto es necesario que el juicio o medio ordinario de defensa contemple la suspensión de los actos reclamados, al menos con los mismos alcances y requisitos que los que prevé la suspensión prevista en la Ley de Amparo. Luego, en sentido contrario, el juicio de amparo resulta procedente si el juicio o medio de defensa que establezca la norma contra el acto administrativo de que se trate no tiene los mismos alcances o prevé mayores requisitos que los que prevé la ley de la materia para su suspensión. Los supuestos de excepción al principio de definitividad a que se ha hecho referencia son los siguientes: El acto reclamado carezca de fundamentación y motivación. Se aleguen únicamente violaciones directas a la constitución. El medio de defensa esté previsto en un reglamento sin que en la ley que rige el acto se contemple su existencia. Del mismo modo, el último párrafo del numeral analizado es enfático al indicar que si en el informe justificado las autoridades responsables señalan la fundamentación y la motivación del acto reclamado operará la excepción al principio de definitividad. En consecuencia, para determinar si el juicio de amparo es procedente respecto de actos reclamados de autoridades administrativas no jurisdiccionales, en primer término, se debe analizar si respecto de éstos existe algún juicio o recurso que sea procedente; y, en segundo lugar, si es necesario que dicho medio de defensa se interponga. En lo conducente, por identidad jurídica sustancial, es sustento de lo argumento el criterio dictado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 3/2001, visible en la página 8, tomo XIII, enero de 2001, novena época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo previene que el juicio de amparo es improcedente: "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal ... que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. ...". Ahora bien, del contenido de este precepto, se advierte que no se indica qué debe entenderse por "leyes que rijan los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo", a fin de establecer si es necesario o no agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal procedente, siempre que proceda la suspensión definitiva, sin exigirse mayores requisitos que los que la propia Ley de Amparo establece para conceder dicha medida, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido conforme a dicha ley. Sin embargo, la intención del legislador al referirse a "leyes que rigen los actos", no pudo ser otra, más que la de considerar, a aquellos ordenamientos legales (entendiendo por éstos a las leyes propiamente), que guardan relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, en la inteligencia que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Es decir, para determinar cuáles son las leyes que rigen el acto y así tener pleno conocimiento sobre el recurso, juicio o medio de defensa legal que en contra del mismo se debe agotar previamente al amparo, debe atenderse a la relación que guardan esas leyes con dicho acto, sobre todo aquella que establece propiamente el medio de defensa en cuestión y, si además se cumplen los demás requisitos previstos en el citado artículo 73, fracción XV, para así estimar que es obligatorio agotarlo". Luego, si contra el acto administrativo reclamado la ley prevé un medio ordinario de defensa respecto del cual no se surte alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, el quejoso debe agotarlo previo a promover el juicio de amparo, por lo que, en caso contrario, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora, el artículo 132 de la ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 132.- Los actos y resoluciones derivados de la aplicación de esta Ley serán recurribles a través del juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas." Del precepto legal transcrito se advierte que procede el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas contra los actos y resoluciones derivados de la aplicación de la ley referida; no obstante, en menester analizar si es necesario que dicho medio de impugnación fuere interpuesto o si se da alguno de los supuestos de excepción precisados con anterioridad. En el caso, los quejosos reclaman el otorgamiento de concesiones del servicio público de taxi en favor de diversas personas, no obstante, de las constancias que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, no se advierte la resolución correspondiente donde se advierta la fundamentación y motivación de éste. En efecto, en dichas documentales consta, para lo que aquí interesa, únicamente un listado de personas que participaron en el concurso respectivo; uno diverso con la puntuación obtenida y uno más, con las personas beneficiadas, pero sin que se desprenda los fundamentos y motivos para arribar a dicha determinación. Sin que del informe justificado se desprenda que la autoridad responsable hubiera complementado dicha fundamentación y motivación, de ahí que, en el caso, se actualiza un supuesto de excepción a la causa de improcedencia invocada, esto es, la carencia de fundamentación y motivación en el acto reclamado, de ahí que no se pueda exigir a los quejosos que previamente a la promoción del juicio de derechos, agotaran el principio de definitividad; de ahí lo infundado de supuesto de improcedencia analizado. SÉPTIMO. Estudio de fondo. Al no advertirse una diversa causa de improcedencia que hagan valer las partes, o que la suscrita advierta de oficio, procede entrar al estudio del fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En suplencia de queja, de conformidad con lo establecido en la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, se advierte que el acto reclamado es violatorio de los derechos fundamentales de los quejosos, que los dejó sin defensa. En efecto, el artículo 79, fracción VI, de la Ley de amparo, dispone: "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: [.] VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o de esta Ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada.". De la transcripción de la fracción anterior, se desprende que la suplencia de la queja deficiente en los conceptos de violación y agravios procede en las materias distintas a la penal, agraria y laboral (civil y administrativa), en los casos en que se advierta que se ha realizado en contra del quejoso una violación manifiesta de la ley y que ésta lo haya dejado sin defensa. Cobra aplicación al respecto la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 123, tomo IV, Primer Parte, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época , del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE UNICAMENTE ANTE UNA VIOLACION MANIFIESTA DE LA LEY. Para efectos de la suplencia de la queja deficiente, prevista en la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, que se refiere implícitamente a las materias civil y administrativa, debe establecerse que sólo procede ante una violación manifiesta de la ley, que es la que se advierte en forma clara y patente, que resulta obvia, que es innegable e indiscutible, y cuya existencia no puede derivarse de una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables". En ese sentido, este juzgado advierte que dicho supuesto se actualiza en el caso concreto, pues del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable se advierte que en el acto reclamado no consta por escrito la fundamentación y motivación que apoye sus consideraciones, con lo cual, se causa estado de indefensión a los amparistas. El artículo 16 constitucional prevé el imperativo para todas las autoridades de emitir mandamientos por escrito, fundados y motivados de los actos que incidan en la esfera de los gobernados, en los siguientes términos: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". De acuerdo con el citado dispositivo, todo acto de autoridad debe constar por escrito; además de estar fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalase, con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. La garantía consagrada en este precepto tiene su fundamento en el derecho humano de legalidad, conforme al cual, las autoridades del Estado solo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y en los términos determinados en ésta; luego, de acuerdo con el texto constitucional, las autoridades únicamente pueden ejercer las facultades y atribuciones previstas en la ley que regula sus actos y consecuencias; es decir, la eficacia de la actuación de las autoridades está subordinada a que se ubiquen en el ámbito de facultades contenidas en el marco legal que rige su funcionamiento. En efecto, el artículo constitucional referido consagra una de las garantías que mayor protección otorgan al gobernado dentro de nuestro orden constitucional, la de legalidad, cuya eficacia jurídica reside en el hecho de que, dada su extensión y efectividad, protege al gobernado de todo acto de autoridad que le provoque afectación a su esfera de derecho, que no sólo sea arbitrario, es decir, que no esté basado en norma legal alguna, sino también, que sea contrario a cualquier precepto, independientemente de la jerarquía o naturaleza del ordenamiento a que éste pertenezca, o bien, que no contenga las razones de hecho y de derecho que le den sustento. Asimismo, el derecho humano de seguridad jurídica, también contenido en el precepto constitucional que se analiza, consiste en que la persona tenga certeza sobre su situación ante las leyes, respecto de su familia, posesiones, o sus demás derechos; en cuya vía de respeto la autoridad debe sujetar sus actuaciones a determinados supuestos, requisitos y procedimientos previamente establecidos en la Constitución y en las leyes, como expresión de una voluntad general soberana, para asegurar que ante una intervención de la autoridad en su esfera de derechos, sepa a qué atenerse. Así, de conformidad con el precepto citado, el primer requisito que deben cumplir los actos de autoridad es el de constar por escrito, que tiene como propósito que el ciudadano pueda constatar el cumplimiento de los restantes, esto es, que provienen de autoridad competente y que se encuentre debidamente fundado y motivado, pues en la medida en que las garantías instrumentales de mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y motivación mencionadas, se encuentran contenidas en un texto con fuerza vinculante respecto del resto del ordenamiento jurídico, se hace posible que los gobernados tengan legitimación para aducir la infracción al derecho a la seguridad jurídica para asegurar su respeto, únicamente con invocar su inobservancia. Resulta aplicable la jurisprudencia I.4º.A.J/43, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, Novena Época, mayo de dos mil seis, página mil quinientos treinta y uno, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción". En el caso, los quejosos reclaman el otorgamiento de las concesiones del servicio público de taxi otorgadas por el Gobernador del Estado de Zacatecas con motivo de la convocatoria publicada en el Periódico Oficial del Estado el diez de agosto de dos mil dieciséis. Dicha convocatoria tuvo por objeto el otorgamiento de concesiones del servicio público de transporte, en las modalidades previstas en la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad, en el Estado de Zacatecas. Como bases de dicha convocatoria se establecieron diversos periodos para la recepción de expedientes de los solicitantes integrados con los documentos requeridos, la apertura de sobres y concurso de los participantes, así como para la emisión del fallo y resultados del concurso. Asimismo, de conformidad con el considerando séptimo de dicha convocatoria, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la celebración del concurso, sería emitido el fallo en que el Gobernador del Estado, en su caso, resolvería cuál o cuáles de las solicitudes son acreedoras al otorgamiento de una concesión del servicio público de transporte, tomándose en cuenta las mejores propuestas técnicas y materiales para la prestación del servicio, las que ofrezcan mejores condiciones de seguridad, comodidad y salubridad para los usuarios y que reúnan los requisitos señalados por la Ley. Ahora, la autoridad responsable remitió el expediente existente en la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad con motivo del procedimiento llevado a cabo para el otorgamiento de las concesiones, entre las que se encuentran las siguientes: Diagrama del procedimiento para el otorgamiento de concesiones del Servicio Público de Transporte en el Estado de Zacatecas, periodo 2010-2016. Convocatoria para para participar y concursar en el procedimiento para su otorgamiento, publicada en el Periódico Oficial del Estado el diez de agosto de dos mil dieciséis. Lista de solicitudes de los interesados para participar y concursar en el procedimiento referido. Lista de las personas que participaron en el otorgamiento de las concesiones, en la que consta el puntaje obtenido. Lista de personas beneficiadas con el otorgamiento de las concesiones en la modalidad de taxi. De lo anterior se obtiene que en el otorgamiento de las mencionadas concesiones no se plasmaron los fundamentos y motivos por los cuáles la autoridad responsable determinó quiénes resultaron vencedores y, por tanto, beneficiarias de las concesiones. Es decir, no constan por escrito los motivos y fundamentos que tuvo en cuenta el Gobernador del Estado para determinar que las personas que resultaron beneficiarias cumplieron con los requisitos legales establecidos en la convocatoria y resultaron vencedores respecto de los restantes solicitantes. En consecuencia, era necesario que la autoridad responsable expusiera de manera fundada y motivada por qué los vencedores reunieron los requisitos de ley y presentaron las mejores propuestas técnicas y materiales para la prestación del servicio, así como las mejores condiciones de seguridad, comodidad y salubridad para los usuarios. Sin que la lista en la que se contienen los puntajes que obtuvo cada solicitante resulte suficiente para cumplir con dicho extremo, pues únicamente se advierten cifras sin que se tenga la certeza de cómo se llegó a dicho resultado. Lo expuesto resulta relevante, ya que sin la exposición fundada y motivada de las consideraciones que se tomaron en cuenta en la decisión, no es posible emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Lo expuesto impide que la parte quejosa conozca en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto reclamado, de manera que sea evidente y clara la justificación de la decisión tomada. Por tanto, al no constar por escrito el argumento mínimo que permita conocer las razones por las cuales determinó que las personas enlistadas resultaron favorecidas con el otorgamiento de las concesiones, el acto reclamado carece de la fundamentación y motivación, necesarias para su validez. En conclusión, al ser fundados los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia, se concede el amparo solicitado para el efecto de que el Gobernador del Estado de Zacatecas realice lo siguiente: Emita por escrito, de manera fundada y motivada, la determinación en la que precise por qué las personas que resultaron beneficiadas con el otorgamiento de la concesión, reunieron los requisitos de ley y presentaron las mejores propuestas técnicas y materiales para la prestación del servicio, así como las mejores condiciones de seguridad, comodidad y salubridad para los usuarios. Es sustento del efecto anterior, la jurisprudencia 2a./J. 23/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 16, marzo de 2015, tomo II, página: 1239: "ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS. EL SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO SE ACTUALIZA RESPECTO DE LOS EMITIDOS EN FORMA UNILATERAL. La porción normativa que establece: "En los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado. Ante la falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración.", debe entenderse referida exclusivamente a los actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública, cuyos efectos son directos e inmediatos, toda vez que cualquier acto administrativo, que recae a una solicitud de parte interesada, o bien, al ejercicio de un derecho de acceso a la información, de acceso a la justicia y de audiencia y defensa, invariablemente -de considerar que contiene un vicio que lo torna inconstitucional- debe subsanarse (a través de un nuevo acto) en la parte que corresponde a la afectación del derecho relativo, pues de lo contrario, quedaría inaudita la violación alegada bajo el argumento de que la autoridad responsable, al rendir su informe de ley, no complementó la fundamentación y motivación del acto reclamado y que, por tanto, existe "un impedimento para reiterarlo", lo que no es acorde con el objetivo del juicio de amparo de restituir al gobernado en el pleno goce del derecho violado y obligar a la autoridad responsable a respetarlo". En consecuencia, al haber resultado fundado uno de los conceptos de violación, resulta innecesario el estudio de los restantes motivos de disenso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 107, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la federación, Séptima Época, página ochenta y cinco, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado consistente en la falta de respuesta del escrito presentado el cinco de octubre de dos mil dieciséis, que reclamaron del Director de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas, en términos del considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Se sobresee en el presente juicio respecto del quejoso Alejandro Martínez Gallegos, respecto del acto que reclamó del Gobernador del Estado de Zacatecas, consistente en el otorgamiento de concesiones del servicio público de taxi, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta resolución. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Salvador Maldonado Trejo, Carlos Enrique Galván Flores, Fernando de la Rosa Hernández, Horacio Martínez Raudales, Francisco Durán Caldera, José Manuel Martínez García, José Sosa García, José Manuel Valdez García, Julio César Dávila Redín, Jesús Hendrick Delgado Alvarado, Gerardo de Jesús López Sosa, José Gerardo Guerrero Esparza, Guillermo de Santiago Ramírez, Salvador Maldonado Santillán, Gerardo de Jesús Lara Salazar, José Alfredo López García, Juan Pedro Ramírez Gallegos, Eduardo Alejandro Rodríguez del Río, Abel Cabrera Zavala y Manuel Maldonado Trejo, por lo que respecta al acto consistente en el otorgamiento de concesiones del servicio público de taxi que reclamaron del Gobernador del Estado, para el efecto precisado en el considerando séptimo de esta resolución. Notifíquese personalmente y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, el cinco de abril de dos mil diecisiete, asistida del licenciado Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe.

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