Carlos García de la Cruz

Expediente 1938/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1938/2015
Año
2015
Actuaciones
7
Última actuación
14/01/2016

Partes del expediente

  • Carlos García de la Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    En catorce de enero de dos mil dieciséis, el licenciado Javier Gutiérrez Zúñiga, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió para la parte quejosa del veinticuatro de diciembre de dos mil quince al ocho de enero de dos mil dieciséis, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado el veintiuno de diciembre de dos mil quince, dentro del juicio de amparo 1938/2015.- DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta al Secretario en funciones de Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A CATORCE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este Juzgado el día veintiuno de diciembre de dos mil quince, en la cual se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA; por lo que en su oportunidad de conformidad con el artículo 196, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otro lado, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se sobreseyó el presente juicio, además de que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Devuélvase a la autoridad responsable las constancias que remitió con motivo de si informe justificado. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, en funciones de Juez de Distrito, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante el licenciado Javier Gutiérrez Zúñiga, Secretario que autoriza y da fe. emvg*

  2. Principal

    En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 1530/2015, estando en audiencia pública el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, asistido de la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia de las partes ni de persona alguna que legalmente las represente. Acto seguido, la Secretaria da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, en aplicación a la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas y por rendido el informe justificado. Enseguida, se declara abierta la ETAPA DE PRUEBAS, y se da cuenta con la documental que anexa a su demanda de amparo la quejosa, así como con las documentales que remitió la autoridad responsable, en apoyo a su informe justificado. Al respecto, el juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, las pruebas que anexaron las autoridades responsables, desde este momento, dada su propia y especial naturaleza, y se tomarán en consideración al dictarse sentencia en el presente juicio de amparo; con lo anterior, se declara cerrado el período probatorio. En el periodo de alegatos, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló, como tampoco la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción presentó pedimento. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, ni pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se le levanta la presente Acta en términos del artículo 124, de la Ley de Amparo vigente, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1938/2015; y, R E S U L T A N D O: 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, CARLOS GARCÍA DE LA CRUZ, formuló demanda de amparo indirecto, contra la autoridad y acto, que a continuación se precisan: III. AUTORIDAD RESPONSABLE - Director de Fraccionamientos Rurales del Gobierno del Estado de Zacatecas. IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. - La falta de resolución de adjudicación con respecto a un lote urbano sin número con superficie de 6,019.25 metros cuadrados, ubicado en la zona de fraccionamientos de la colonia Benito Juárez, municipio de Sombrerete, Zacatecas". 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que, su Titular en auto de veinte de octubre de dos mil quince, ordenó su admisión y registro bajo expediente 1938/2015; se pidió informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, y se fijó día y hora para celebrar la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O: I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 54, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y al observar con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de una lectura íntegra del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: - La falta de resolución dentro del procedimiento de adjudicación solicitado ante la Dirección de Fraccionamientos Rurales del Estado. II. 2. Inexistencia, certeza o prevención de los actos reclamados. Una vez determinado cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.1. Certeza: El Director de Fraccionamientos Rurales del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado que se le atribuye, en razón a que el siete de noviembre del año en curso, se emitió un auto en el que se desechó la demanda de adjudicación, promovida por el quejoso, en atención a los datos arrojados por el informe emitido por el ingeniero Jorge Martínez Zacarías, técnico de su adscripción, la superficie solicitada difiere de la que arrojó el levantamiento topográfico, lo cual impide dar trámite a la solicitud del impetrante del amparo; sin embargo, esa negativa de la autoridad responsable queda desvirtuada, virtud a que al diecinueve de octubre del año en curso, en que la quejosa presentó ante la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, su escrito de demanda de garantías que motivó el origen de este juicio de amparo, aún no se le daba respuesta a la solicitud del impetrante de garantías; por lo que se tiene dicho acto como cierto. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto reclamado, se corrobora con el cuadernillo formado con motivo del desechamiento de la demanda de adjudicación, promovido por el ahora quejoso. III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Del presente juicio de garantías, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, mismos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Fracción XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Fijado lo anterior, es menester señalar que dentro del juicio de garantías en que se actúa, han cesado los efectos del acto reclamado, por las siguientes consideraciones: De una correcta interpretación del contenido de los artículos 61, fracción XXI, 63 fracción IV y 77, de la Ley de Amparo se desprende que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado se actualice, no basta que la autoridad responsable en su caso, derogue, revoque o nulifique el acto que se le reclame sino que es necesario que los actos, consecuencias y efectos emanados con motivo del reclamo constitucional, queden superados en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del quejoso, o en su defecto, que habiéndolo transgredido, la cesación que sobrevenga no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia a que se ha hecho mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá porque ya no existe, además de que no dejó secuela alguna en la esfera jurídica del impetrante de garantías que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Así las cosas, la parte quejosa señaló como acto reclamado, la falta de resolución dentro del procedimiento de adjudicación solicitado ante la Dirección de Fraccionamientos Rurales del Estado. Y de las constancias que remite la autoridad responsable Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, se advierte que el seis de noviembre del año en curso emitió el siguiente auto: [.] Visto el escrito que antecede y documentales que anexa el Ingeniero JORGE MARTÍNEZ ZACARÍAS, adscrito a esta Dirección, presentado en fecha seis del mes y año en curso, se le tiene rindiendo el informe del levantamiento topográfico respecto de un lote urbano localizado como manzana 17, ubicado en la Zona de Fraccionamientos de la Colonia Benito Juárez, municipio de Sombrerete, Zacatecas, con superficie de 6,593.35 metros cuadrados de solar, y en base al dictamen emitido por el antes mencionado, y una vez analizado el mismo conjuntamente con el plano de ubicación, las documentales que anexa, y la revisión dentro del archivo de esta Dirección, se encontró que la superficie que señala en su solicitud menor a la superficie que dio como resultado el informe realizado, lo que impide a esta autoridad darle trámite a su solicitud; en consecuencia; se desecha el presente trámite, por lo que, hágase la devolución de los documentos originales que agregó a su escrito inicial, previa copia cotejada y firma de recibo que se deje en autos.- Fundamento legal artículo 1°, 5°, 6° y 89 de la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado, así como el artículo 228 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Notifíquese y Cúmplase. [.] (foja 21 del cuaderno de pruebas) Así las cosas, las consideraciones expuestas ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, tomando en consideración que se emitió determinación en relación a la petición realizada por la parte quejosa al Director de Fraccionamientos Rurales del Estado, dentro del pretendido procedimiento administrativo de adjudicación solicitado por el quejoso, lo cual constituyó el acto reclamado; por tanto, es inconcuso que ello se traduce en que la impetrante de garantías fue restituida en el pleno goce de las garantías individuales que estimó vulneradas en su perjuicio; y por ende, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que de las constancias que integran el cuadernillo formado con motivo del desechamiento de la demanda de adjudicación, se advierte que tal circunstancia no fue notificado personalmente al ahora quejoso; sin embargo, por auto de once de noviembre del presente año, dándosele vista con el contenido del informe justificado, rendido por el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado, lo que significa que quedó enterado del contenido del proveído de seis de noviembre de dos mil quince, toda vez que le fue entregada copia certificada del mismo. Motivo por el cual con fundamento en el artículo 63, fracción IV, del cuerpo de leyes invocado, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO en el presente juicio. Sirven de sustento a lo anterior, las Jurisprudencias de los rubros y textos siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACION DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. " "CESACION DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal ." Sin que pase inadvertido para quien resuelve, el contenido de la tesis del rubro "JUSTICIA EXPEDITA. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO DE TRAMITARLO DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO PROCEDE SOBRESEERLO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO O CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, SINO CONCEDERSE EL AMPARO PARA QUE EN LO SUBSECUENTE SE RESPETEN"; la cual contendió en la contradicción 219/2006-SS resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que derivaron las tesis 2ª./J.44/2007 y 2ª./J.45/2007, en virtud de que en el presente caso el acto reclamado únicamente se hizo consistir en el acuerdo de diez de enero de dos mil catorce, en el cual se señalaron las diez horas del ocho de abril del presente año, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, dictado dentro del juicio laboral 238/2013, promovido por la aquí quejosa; aduciendo que el término para señalar la fecha para la celebración de la audiencia de referencia, era excesivo, por lo que no se cumplía con los plazos y términos que marca la Ley Federal del Trabajo, transgrediendo así las garantías contenidas en el artículo 17 Constitucional, la cual fue celebrada el ocho de mayo del presente año; por lo que se estima al caso concreto aplicar la tesis del rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". En virtud, de que la citada tesis abandona el criterio sostenido en la diversa 2ª./J.45/2007, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 124, de la nueva Ley de Amparo, R E S U E L V E ÚNICO. SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO DE GARANTIAS, promovido por CARLOS GARCÍA DE LA CRUZ, contra el acto reclamado al Director de Fraccionamientos Rurales del Estado, con residencia en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución. NOTIFIQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y A LA AUTORIDAD RESPONSABLE POR OFICIO. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, quien actúa ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza.- DOY FE MCMO.

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a veintiséis de noviembre de dos mil quince. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes, el pedimento de cuenta signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y en atención a su contenido, con fundamento en lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, téngasele por formulando los alegatos que a su parte corresponden, sin perjuicio de hacer relación de ellos nuevamente en la audiencia constitucional respectiva. Por cuanto hace a su solicitud en el sentido de que se le expida copia simple de la resolución que se dicte en el presente asunto, dígasele que una vez que se pronuncie el indicado fallo, le será expedida la copia de mérito. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de once del mes y año que transcurre, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la autoridad responsable Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad; por tanto, y a fin de dar oportunidad a que transcurra el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de dicho informe y no se les deje en estado de indefensión, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, para que tenga verificativo a las DOCE HORAS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Finalmente, conviene acotar que el citado criterio jurisprudencial se comparte por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en esta ciudad de Zacatecas, en la ejecutoria emitida en sesión de catorce de mayo del año en curso, en el amparo en revisión 421/2015. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE y POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. *Amci

  4. Principal

    En veintitrés de noviembre de dos mil quince, se da cuenta al Juez con un escrito registrado con el número 23042.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. Agréguese a sus autos el escrito signado por el licenciado Juan Ricardo Castañeda Navarro, en su carácter de delegado de la autoridad responsable Presidente Municipal de Zacatecas; y en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídansele las copias certificadas que solicita. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la Secretaria que autoriza, licenciada María Soledad Torres Muguiro.- DOY FE. Alan.

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