Carlos Erick Pacheco Araiza

Expediente 377/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
377/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
20/09/2023

Partes del expediente

  • Carlos Erick Pacheco Araiza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que a la parte a quien pudo causarle perjuicio la sentencia de treinta de junio de dos mil veintitrés, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar, se declara que causa ejecutoria la referida sentencia que negó emparo y protección de la Justicia Federal. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General sin número, de dos de junio de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de conservación, al ser un juicio de amparo en el que se negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción III, del referido Acuerdo General, se hace la indicación que el cuaderno del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción en un plazo de tres años contado a partir del presente proveído que ordena el archivo, pues se negó la medida cautelar definitiva. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    VISTOS para resolver el juicio de amparo número 377/2023-IV-A, promovido por CARLOS ERICK PACHECO ARAIZA; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de marzo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y remitido el mismo día a este Juzgado Federal por razón de turno, compareció CARLOS ERICK PACHECO ARAIZA; solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Acusatorio y Oral Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Prevención y admisión de la demanda. En auto de trece de marzo de dos mil veintitrés, se previno a la parte quejosa a efecto de que, entre otras cuestiones, precisara la fecha de la resolución que impugna, lo cual desahogó apropiadamente, por lo que en acuerdo de veintidós de marzo del año en curso, se admitió a trámite la demanda, se solicitó el informe justificado de la autoridad responsable, el cual rindió oportunamente; así mismo, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se emplazó a la parte tercero interesada y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, 48, y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así las cosas, se tiene que en el presente sumario, el acto reclamado al Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad, consiste en: La resolución de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el expedientillo 12/2023, en la que se confirmó el no ejercicio de la acción penal planteada en la carpeta de investigación GA/2349/2018. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado al Juez responsable, pues así lo reconoció al rendir su informe justificado [promoción 5632]. Lo que se corrobora con la copia certificada de las constancias que integran el expedientillo 12/2023, del índice de la autoridad responsable, y el disco óptico "DVD", que contiene la grabación de la audiencia de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, que remitió en apoyo a su informe; constancias que tienen valor probatorio pleno de documentos públicos, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Así como la diversa jurisprudencia 1ª./J.43/2013 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, con rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Inexistencia de causas de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, en vigor, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. A fin de clarificar la premisa expuesta, es necesario precisar en relación con el acto reclamado, que en la diligencia de veintisiete de febrero de dos mil veintiuno, cuyo archivo digital de audio y video se encuentra en el disco óptico "DVD", que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, constancia a la que se le concede pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; se advierte lo siguiente: 1.- En principio, el juez natural señaló la naturaleza y finalidad de la audiencia (12:22:18), que es derivada de una impugnación interpuesta por el ciudadano Carlos Erick Pacheco Araiza, en contra de la determinación de no ejercicio de la acción penal pronunciada el veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, por el Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 1, con sede en esta ciudad, en autos de la carpeta de investigación UNATD32-GA/2351/2018. 2.- Posteriormente Ramón Antonio Pérez Escalante, asesor jurídico de la víctima (12:23:20) expuso los motivos de su medio de impugnación y solicitó al juez se revocara el no ejercicio de la acción penal dictado por la Fiscalía, por el delito de DESPOJO de cosa inmueble, en contra del investigado. 3.- Luego, el fiscal expuso argumentos en contra de lo dicho por el asesor jurídico de la víctima (12:28:34) precisando los puntos de su determinación. 4.- Luego, el defensor particular Dioreo Enrique Cab Balam expuso argumentos con los cuales apoyó la justificación de la fiscalía de no ejercicio de la acción penal (12:42:26). 5.- Finalmente, el juez cerró el debate y procedió a resolver (12:46:46). Ahora bien, en la resolución que constituye el acto reclamado dictada en la audiencia de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, el juez de origen refirió que conforme al numeral 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el fiscal tiene la facultad de emitir un no ejercicio de la acción penal siempre que se reúnan los requisitos necesarios para ello. El citado numeral del código adjetivo citado, señala: "Artículo 255. No ejercicio de la acción. Antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público previa autorización del Procurador o del servidor público en quien se delegue la facultad, podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando de los antecedentes del caso le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en este Código. La determinación de no ejercicio de la acción penal, para los casos del artículo 327 del presente Código, inhibe una nueva persecución penal por los mismos hechos respecto del indiciado, salvo que sea por diversos hechos o en contra de diferente persona". Al respecto, el resolutor de instancia señaló que dicha determinación ministerial puede emitirse cuando los antecedentes de la investigación no permitan establecer la existencia de un hecho estimado como delictivo; ello tomando en cuenta que conforme al numeral 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es una de las causales por las cuales se decreta el sobreseimiento de una carpeta de investigación de una causa penal. Sobre la base anterior, el juez de Control señaló que una vez que escuchó a las partes en sus respectivas intervenciones, el fiscal de manera correcta decretó el no ejercicio de la acción penal; esto partiendo de los datos que se proporcionaron en la audiencia. Al efecto, indicó que ciertamente no se puede establecer la existencia del hecho estimado como delictivo, toda vez que para poder determinar la existencia del delito de DESPOJO de cosa inmueble se requiere como uno de los elementos, el medio por el cual una persona se hace de un bien, ya sea raíz o de propiedad de él mismo, esto es, de manera furtiva o bajo engaños. El A quo refirió que tomando en cuenta que si bien tanto el fiscal como el defensor mencionaron que no se acredita el elemento del delito relativo a que la posesión del bien se haya efectuado "sin consentimiento", esta es una circunstancia de modo; lo que es distinto a los medios de comisión del delito, ya que éstos únicamente son: a) la furtividad; y, b) bajo engaño. Al respecto, señaló el juez natural que el asesor jurídico de la víctima, únicamente mencionó que el agraviado, antes de comprar el predio a una tercera persona (Jorge Medina), fue a verlo y estaba vacío, por lo que procedió a celebrar la compraventa del mismo, pero al acudir al día siguiente al inmueble, advirtió que el hoy investigado José Jacobo Pérez Chan se encontraba en el predio junto con su madre. Sobre este punto, el juez refirió que si bien el asesor jurídico de la víctima narró lo anterior, lo cierto es que no señaló siquiera los medios de comisión del delito, bajo los cuales a su parecer el ahora investigado realizó la ocupación, es decir, no mencionó si fue bajo engaño o mediante furtividad. Por el contrario -abonó el resolutor- como lo manifestaron tanto el defensor como el fiscal, se encuentra establecido dentro de la carpeta de investigación, que desde el año dos mil dos (2002) tanto la madre del hoy investigado como este último, se encontraban en poder de dicho inmueble. Ello, sin soslayar que, en el caso de que sea cierto lo manifestado por parte del asesor de la víctima con respecto a que se utilizó la fuerza pública para sacar a la madre y al ahora inculpado, lo relevante es que precisamente se utilizó la fuerza pública con motivo de que ambos se encontraban en poder de dicho inmueble. Asimismo, el fiscal manifestó en esa audiencia que está acreditado en autos que en el año dos mil quince (2015), la entonces investigada madre del hoy implicado José Jacobo Pérez Chan, obtuvo el título de propiedad con respecto a dicho predio, lo cual es anterior a los eventos con apariencia de delito. Además, también la representación social expuso que los testigos que comparecieron en la carpeta de investigación, señalan coincidentemente que el predio se ha encontrado siempre en posesión de la madre y del acusado José Jacobo Pérez Chan. En esa guisa, tal como lo estableció el juez responsable, es claro que no se actualiza afectación alguna que encuadre en algún tipo penal, así mismo el fiscal señaló en la audiencia, que el promovente del control judicial, Carlos Erick Pacheco Araiza nunca tuvo posesión del referido predio, ni siquiera de manera originaria; esto tomado precisamente del relato de los hechos y de lo narrado por los testigos, dentro de la carpeta de investigación. En ese contexto, el juzgador de origen, señaló que no se colman los requisitos necesarios que establece el numeral 329, fracción I, del Código Penal del Estado de Yucatán, a efecto de poder establecer la existencia de un hecho que configure el delito de DESPOJO de cosa inmueble, por el cual se decretó el no ejercicio de la acción penal. Es por ello que, al no estar reunidos los requisitos necesarios para establecer la existencia de un hecho estimado como delictivo, se decretó el sobreseimiento de la carpeta de investigación. Por tanto, correctamente el A quo procedió a confirmar la resolución de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, emitida por el fiscal respecto a los hechos que querelló Carlos Erick Pacheco Araiza o Carlos Erick Pacheco Araiza en contra de José Jacobo Pérez Chan, y en consecuencia, ordenó el archivo del expedientillo 12/2023. CONTESTACIÓN A CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Ahora bien, en sus motivos de disenso, el quejoso señala que la resolución impugnada le causa perjuicio, ya que el juez responsable realizó una inadecuada valoración de las pruebas con relación a los hechos. Lo anterior es infundado, ya que se observa en el fallo sujeto a análisis constitucional que el A quo, en forma adecuada atendió el material probatorio expuesto en la audiencia oral de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Ciertamente, el juez de instancia después de escuchar a las partes, procedió a emitir su determinación, en la que atendió los hechos en la forma que fueron expuestos tanto por el fiscal como por el asesor jurídico de la víctima, y por la defensa del implicado, y en función de ello, interrelacionó sus argumentos con los datos de prueba aportados, sustancialmente con el dicho de los testigos cuyo deposado fue desahogado en la carpeta de investigación, así como con la circunstancia de que en el año dos mil quince, la madre del ahora inculpado obtuvo el título de propiedad relativo al predio relacionado en autos. Sobre la base de dichas probanzas fue que ponderó los hechos expuestos por las partes, para arribar a la conclusión de confirmar el no ejercicio de la acción penal ante la inexistencia de delito alguno. Sin desconocer el dicho del querellante y promovente del Control Judicial, en el sentido de que después de que una persona de nombre Jorge Medina le vendió el inmueble relacionado con los hechos, al acudir al mismo al día siguiente de haber firmado la escritura de compraventa, se percató que estaba dentro la señora Flor Chay, madre del ahora inculpado con el ahora investigado, por lo que solicitó el auxilio de la fuerza pública para sacarlos, lo cual refiere que así aconteció, y al día siguiente, al volver a apersonarse en el predio, estaba otra vez ocupado por dichas personas, por lo que procedió a presentar la querella correspondiente. Sin embargo, el Juez de origen señaló que con base en los datos de prueba ya relacionados se concluye que la señora citada (actualmente finada) es quien junto con su hijo, hoy implicado, tenían la posesión material del predio, incluso desde antes de que el ahora agraviado comprara el predio a un tercero. Asimismo, se estableció en la audiencia que si bien la víctima hace alusión a que sacó a estas personas con el auxilio de la fuerza pública, lo cierto es que en la carpeta de investigación no obra dato alguno al respecto que apoye tal versión, es decir, no obra constancia de que algún juez haya autorizado dicha intervención policial, o bien, que la autoridad policiaca haya reportado tal evento; por tanto, este aspecto quedó reducido a una manifestación del querellante. Y por el contrario, el juez responsable, valoró las testimoniales aportadas en la carpeta de investigación, de las cuales obtuvo que los atestes avalaron la posesión de la señora Flor Chay y de su hijo desde el año dos mil dos (2002); aunado a que también está acreditado en la carpeta de investigación que la aludida Flor Chay obtuvo la propiedad del inmueble en el año dos mil quince (2015). Aspectos torales que apoyaron la determinación judicial de confirmar el no ejercicio de la acción penal. Es por ello que, también no le asiste razón al quejoso al manifestar en diverso concepto de violación que, el delito de DESPOJO de cosa inmueble se actualiza porque de manera furtiva, bajo engaños y sin su consentimiento, el investigado tomó posesión del predio (dado que el querellante señala tener derecho sobre el inmueble en cuestión); argumentando además -sin sustento en datos de prueba- que era el amparista quien detentaba la posesión, disfrute y disposición, legal, continua, pública, pacífica e ininterrumpida del citado inmueble. En efecto, contrario a lo que afirma el amparista, de acuerdo a lo probado en la audiencia de control judicial, la ahora finada Flor Chay y su hijo, son quienes tenían la posesión del inmueble antes de que el quejoso celebrara una operación de compraventa con un tercero sobre ese predio en cuestión. Además, no se puede considerar que el implicado obtuvo dicha posesión de manera furtiva como lo afirma el quejoso, en la medida que, de los datos de prueba se desprende que la madre del investigado tenía la posesión material y jurídica del inmueble, desde antes que el amparista realizara la compraventa que refiere en el año dos mil dieciocho (2018), siendo que los testigos también ubican al indiciado junto con su madre en posesión del predio, antes y después del evento que señala el promovente del amparo como generador de su posesión. En esa guisa, es claro que contrario a lo señalado por el quejoso, el juez de Control sí tomó en consideración aquellos datos de prueba que relacionados con los hechos querellados, los cuales, confrontados con el restante material probatorio, condujeron a que el citado resolutor confirmara el no ejercicio de la acción penal. Sin que en el caso, al no existir delito, pueda existir un perjuicio a su derecho a la reparación del daño en materia penal, como lo refiere el amparista. Finalmente, debe decirse que no ayuda a las pretensiones y argumentos del quejoso el criterio que cita en la demanda de amparo, de rubro: "DESPOJO. LA EXISTENCIA DEL DELITO, REQUIERE LA NECESARIA COMPROBACIÓN DE LA POSESIÓN PREVIA DEL OFENDIDO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)". Ya que, como se observa de su rubro, a efecto de que el delito de despojo se configure, es necesario acreditar la posesión previa al hecho por parte del agraviado; lo cual no acontece en la especie, ya que, de acuerdo a los datos de prueba de la carpeta de investigación, quien tenía la posesión previa era la señora Flor Chay y su hijo, ahora inculpado, no así el quejoso. Ello, aunado a que el criterio está sustentado en una legislación de una Entidad Federativa diferente al Estado de Yucatán, y además, corresponde a un Tribunal Colegiado de un Circuito distinto al que pertenece este Juzgado Federal, y por tanto, no existe obligación alguna de atenderlo. En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación, y toda vez que el Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Acusatorio y Oral Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, dictó la resolución de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, dentro del expedientillo 12/2023 de su índice, de manera apegada a derecho, y confirmó la determinación ministerial de no ejercicio de la acción penal por el delito de DESPOJO de cosa inmueble, lo que legalmente procede es NEGAR al quejoso CARLOS ERICK PACHECO ARAIZA, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. SEXTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que la parte no hizo manifestación respecto del derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 365 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75, 215 y 217 de la referida Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a CARLOS ERICK PACHECO ARAIZA, en contra del acto que reclama del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente a las partes y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán; ocho de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de estos autos y la cuenta que antecede, toda vez que se aprecia que de conformidad con el inciso e), fracción III, del dispositivo 5° de la Ley de Amparo, le reviste el carácter de tercero interesado al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la invocada ley, por medio de oficio que al efecto se le dirija, hágase de su conocimiento la demanda de amparo y del acuerdo admisorio, con entrega de copia de los mismos, así como de la presente determinación. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se señalan las DIEZ HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, como nuevas fecha y hora para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán; veinte de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días hábiles que refiere el segundo párrafo del numeral 117 de la Ley de Amparo, con relación a la vista ordenada en proveído de trece de abril de dos mil veintitrés, a fin de que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por el Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad y con el anexo que acompañó. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL OCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano