Carlos Felipe Castro Carrillo
Expediente 2525/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2525/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Carlos Felipe Castro Carrillo
Actuaciones
- Principal
V I S T O S, para resolver el incidente de daños y perjuicios promovido por el tercero interesado Raúl Humberto Navarrete Narváez, relativo al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1491/2019-V-A; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado ese propio día a este Juzgado de Distrito en el Estado, compareció ANDRÉS TORRE LIMA, por propio derecho, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado y actuario de su adscripción, ambos con sede en Tizimín. SEGUNDO. Admisión de demanda. Previo cumplimiento al requerimiento de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, mediante proveído de treinta de octubre siguiente, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó previamente registrada bajo el número 1491/2019-V-A; se ordenó la apertura por separado y duplicado del incidente de suspensión; y se pronunció en dicho cuaderno incidental respecto a la medida provisional solicitada. TERCERO. Llegada la fecha señalada para la celebración de la audiencia incidental y con vista en los informes rendidos por las autoridades responsables, mediante resoluciones interlocutorias de siete y veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, se resolvió el incidente, siendo que en ambas resoluciones se negó a la parte quejosa la suspensión definitiva. CUARTO. Es el caso, que en contra de la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, que negó la suspensión definitiva, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, mismo que quedó registrado con el número de incidente en revisión 77/2020, del índice del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el cual en resolución de veintitrés de septiembre de dos mil veinte revocó la interlocutoria recurrida y concedió a Andrés Torre Lima, la suspensión definitiva que solicitó respecto de las consecuencias de los actos atribuidos al Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Tizimín, y actuario de su adscripción. En dicha resolución la Superioridad en lo conducente estableció: "34. Conforme lo expuesto, se advierte que del análisis integral del acto reclamado, de sus características, importancia y gravedad, así como de la dificultad de su reparación, por cuanto en el caso se solicitó la suspensión respecto al desahogo de una prueba pericial de avalúos, con la finalidad de tomar medidas, costos y demás muestras requeridas por los peritos, en un inmueble que el quejoso aduce de su propiedad, como fue ordenado en un juicio del cual no figura como parte, pues así lo narró bajo protesta de decir verdad en su escrito inicial de demanda y lo confirma el contenido del informe previo, por lo que se reúne los requisitos para conceder la suspensión definitiva porque no se sigue perjuicio al interés social y en cambio de no concederse se ocasionaría perjuicios de difícil reparación al quejoso, ya que se permitiría la práctica de avalúos en un inmueble de su propiedad con el consiguiente perjuicio en su privacidad y posesión en relación con pruebas ofrecidas en un juicio en el que no es parte. 35. Por tales motivos, debe concederse la suspensión definitiva de los actos reclamados del Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Tizimín, y actuario de su adscripción, a fin de conservar la materia del amparo, de modo que sea dable restituir al quejoso recurrente en el goce de los derechos fundamentales que adujo vulnerados con la ejecución de dichos actos, retrotrayendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación (actos positivos), o conminando a la autoridad a realizar una conducta de hacer o dar en favor del gobernado (actos negativos). 36. Así, procede en el caso la suspensión definitiva no para interrumpir alguna etapa del procedimiento de origen, sino para evitar perder la materia del juicio constitucional y evitar resoluciones contradictorias, lo cual no supone necesariamente paralizar el procedimiento de origen en todas sus fases, sino específicamente para evitar el desahogo de la diligencia actuarial con presencia de peritos en el inmueble que el quejoso afirma es de su propiedad, ello siempre que no se haya llevado a cabo, lo que así se precisa de conformidad con la fracción IV del artículo 146 de la Ley de Amparo, y a fin de que las nombradas autoridades den estricto cumplimiento a la suspensión (.) 39. Requisitos de procedencia. Pues bien, con fundamento en los artículos 132, 136, párrafo segundo, y 147 de la Ley de Amparo, la suspensión concedida surtirá efectos de inmediato, pero dejará de surtirlos si dentro de los cinco días siguientes al de la notificación que de esta resolución haga el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, la parte quejosa no exhibe una garantía en cualquiera de las formas autorizadas por la ley, para que la medida concedida surta efectos, la cual se calcula de la manera siguiente. 40. Así, tomando en consideración la naturaleza de los actos reclamados, consistentes en la ejecución de una prueba pericial en un predio del cual el quejoso se ostentó dueño, se estima que los daños y perjuicios que pudiera irrogar a los terceros interesados la suspensión de dicho acto no son estimables en dinero, razón por la cual este Tribunal considera prudente fijar de manera discrecional el importe equivalente a diez mil pesos moneda nacional, para que continúe produciendo efectos la suspensión concedida en esta ejecutoria, la cual dejará de causarlos, si dentro de los cinco días siguientes a la notificación que de esta resolución haga el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, la parte quejosa no exhibe una garantía en cualquiera de las formas autorizadas por la ley." QUINTO. Mediante escrito presentado ante este juzgado el veintinueve de octubre de dos mil veinte, Iván Toribio Medina Contreras, autorizado de la parte quejosa, exhibió en los autos incidentales relativos la garantía que le fue requerida, lo cual se acordó favorable mediante proveído de treinta de octubre siguiente. SEXTO. El doce de febrero de dos mil veinte, este órgano de control constitucional dictó en el cuaderno principal sentencia en la cual se negó el amparo y protección solicitados, empero, contra dicha sentencia la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual quedó registrado con el número 131/2019 del índice del Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad. SÉPTIMO. Mediante resolución de seis de mayo de dos mil veintiuno, el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, resolvió el amparo en revisión 131/2019, en el que la citada Superioridad resolvió: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. - - - SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Andrés Torre Lima, contra los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el resultando primero d e esta ejecutoria." OCTAVO. Por escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado Segundo de Distrito el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, el tercero interesado Raúl Humberto Navarrete Narváez, promovió el incidente de reclamación de daños y perjuicios que se resuelve; el cual se admitió a trámite mediante auto de veinticinco de octubre siguiente. Con motivo de ello, se le dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera, siendo que mediante escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la parte quejosa realizó diversas manifestaciones en relación a la reclamación de daños y perjuicios. NOVENO. Mediante auto de catorce de diciembre de dos mil veinte, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la que se llevó a cabo de conformidad con el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente incidente de conformidad con los artículos 66 y 67, todos de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el numeral 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Ante todo, conviene establecer que el presente incidente, se encuentra interpuesto en tiempo y forma, ya que fue presentado el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, y no ha transcurrido el término de seis meses siguientes al día en que se notificó la ejecutoria de amparo a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo. TERCERO. La presente litis versa sobre la responsabilidad de los daños y perjuicios originados con motivo de la suspensión definitiva otorgada a la parte quejosa Andrés Torre Lima. En efecto, la parte tercero interesada aduce que el otorgamiento de la suspensión definitiva a la parte quejosa, le causó perjuicios debido a que provocó una dilación innecesaria de la secuela procesal civil. CUARTO. Previo el estudio de los motivos que sustentan el incidente de daños y perjuicios de que se trata, es menester destacar que la procedencia de dicho incidente, se encuentra prevista en el artículo 156 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente." La transcripción del artículo que antecede revela que para poder hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, deberá tramitarse ante la autoridad que conozca de ella un incidente, en los términos prevenidos por la Ley de Amparo, para ello es inexcusable que concurran los siguientes requisitos: 1) La presencia de un tercero interesado en el respectivo juicio de amparo; 2) El otorgamiento de la medida cautelar, cuya vigencia de sus efectos se hubiere condicionado a la exhibición de una garantía; 3) La emisión de una sentencia constitucional que no hubiere resultado favorable al quejoso o acuerdo de sobreseimiento que hubiere causado ejecutoria o revista esa característica; 4) La demostración plena a cargo del incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada. Lo anterior se extrajo de la tesis del Tercer Tribunal Colegido en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la página mil novecientos ochenta y tres, Libro XVIII, marzo de dos mil trece, Tomo 3, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, número de registro 159870, de rubro y texto: "DAÑOS Y PERJUICIOS. BASTA LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN Y LA NEGATIVA O SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO PARA QUE SE ACTUALICE EL PAGARLOS. Este órgano jurisdiccional abandona el criterio contenido en la tesis I.3o.C.47 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, abril de 2003, página 1144, de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PRESUPUESTOS DE EXISTENCIA Y EFICACIA DEL INCIDENTE PARA HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD PROVENIENTE DE LA GARANTÍA OTORGADA CON MOTIVO DE AQUÉLLA.", toda vez que una nueva reflexión sobre el tema lleva a sostener que si bien es cierto que de una interpretación armónica de los artículos 125 y 129 de la Ley de Amparo, para estar en posibilidad de exigir el pago de la garantía otorgada para garantizar los posibles daños y perjuicios que se ocasionaran con motivo de la suspensión del acto reclamado, es necesario que el incidentista demuestre la existencia y cuantificación de los daños y perjuicios causados por el otorgamiento de la medida cautelar, también lo es que para acreditar los perjuicios (no daños) que fueron ocasionados con ese motivo, la parte incidentista sólo debe acreditar los elementos que conduzcan al juzgador a establecer la procedencia del derecho en el que se fundó una pretensión, puesto que esa sola circunstancia es suficiente para declarar fundado el incidente dada la naturaleza de la prueba presuncional legal, ya que ésta no exige otra prueba diversa para probar el perjuicio resentido con motivo del otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Ello, toda vez que basta el transcurso del tiempo para acreditarlo ya que en este caso, los perjuicios deben entenderse como la existencia de un daño emergente consistente en un lucro cesante con motivo de éste y su lógica reparación. En ese tenor, la procedencia del incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía otorgada con motivo de la suspensión está condicionada a la satisfacción de los siguientes elementos de existencia y eficacia: 1) La presencia de un tercero perjudicado en el respectivo juicio de garantías; 2) El otorgamiento de la medida cautelar, cuya vigencia de sus efectos se hubiere condicionado a la exhibición de una garantía; 3) La emisión de una sentencia constitucional que no hubiere resultado favorable al quejoso o acuerdo de sobreseimiento que hubiere causado ejecutoria o revista esa característica y; 4) La demostración plena a cargo del incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada. Asimismo, en el caso, los requisitos para la procedencia del incidente propuesto, se actualizan, con excepción del último de ellos, en razón de lo siguiente: 1) En el presente asunto existe la presencia de un tercero interesado, que corresponde al promovente incidentista Raúl Humberto Navarrete Narváez, quien tiene ese carácter dentro de los autos del juicio de amparo 1491/2019-V-A. 2) El segundo de los requisitos de procedencia del presente incidente también se encuentra colmado, pues de actuaciones consta que mediante auto de treinta de octubre de dos mil veinte, se tuvo a la parte quejosa exhibiendo el billete de depósito N-871010, que ampara la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), que le fue fijada por la Superioridad, para que continuara surtiendo plenos efectos la medida cautelar decretada, mientras se resolviera el juicio de amparo en lo principal. 3) El tercero de los elementos para la procedencia del presente incidente, quedó demostrado con la emisión de la sentencia constitucional dictada en el juicio de amparo de que se trata el doce de febrero de dos mil veinte, la cual negó el amparo y protección solicitados; y con la resolución de seis de mayo de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, en autos del toca relativo al amparo en revisión 131/2019, en el que confirmó la sentencia. 4) El cuarto y último de los requisitos de procedencia del presente incidente no queda demostrado, ante la insuficiencia de pruebas. Al respecto, cabe indicar que si bien es cierto que el artículo 132 de la Ley de Amparo prevé que el quejoso deberá otorgar garantía para reparar los daños y perjuicios que se causen al tercero interesado en caso de no obtener sentencia favorable en el juicio constitucional; también lo es, que el procedimiento para establecer tal cantidad está sustentado en un cálculo discrecional y estimativo del Juez de Distrito o autoridad que corresponda, esto es, no descansa en pruebas objetivas respecto al daño y perjuicio real sufridos por la parte tercera interesada con motivo del trámite del juicio de amparo, ya que para tal efecto el legislador instituyó el incidente respectivo. Así, el artículo 156 de la Ley de Amparo señala que cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante la autoridad que conozca de ella un incidente, el cual deberá promoverse dentro de los seis meses siguientes al día en que se notifique a las partes la ejecutoria de amparo. En términos de lo anterior, resulta claro que el ánimo del legislador fue que en el referido incidente de daños y perjuicios las partes aportaran las pruebas fehacientes de haber padecido un detrimento en su patrimonio con motivo del otorgamiento de garantías y contragarantías aportadas con motivo de la suspensión, por lo que a partir del momento en que alguno de los litigantes opta por interponer tal incidente, tiene expedito su derecho para ofrecer las pruebas que a su derecho convenga a fin de acreditar el daño y perjuicio sufridos, cuyo monto, al desligarse de la garantía fijada en la suspensión, podrá ser en menor o mayor cantidad dependiendo del material probatorio que al respecto se ofrezca. Esto es así, toda vez que aun cuando el incidente de daños y perjuicios guarda íntima relación con el de suspensión, al derivar el primero de la concesión de una suspensión definitiva en un amparo que posteriormente se sobreseyó, ello no quiere decir que ambos tengan idéntica naturaleza, ya que en el segundo es el Juez o autoridad quien conoce del amparo el encargado de fijar un monto de manera discrecional tomando en cuenta de forma hipotética los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el tercero interesado con motivo de la interposición del juicio de amparo. Por otra parte, como se ha precisado, en el incidente previsto en el artículo 156 de la Ley de Amparo, es al actor incidentista a quien corresponde demostrar que sufrió algún quebranto económico o perjuicio, y para tal efecto, goza de plena libertad para demostrar tal pretensión, el cual puede ser valuado en menor o mayor monto al que determinó la autoridad correspondiente, pues como ya se dijo en el presente incidente deben probarse esos perjuicios para que proceda su pago. Ahora bien, los artículos 2108 y 2109 del Código Civil Federal definen los conceptos de referencia en los términos siguientes: "Artículo 2108. Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación." "Artículo 2109. Se reputa perjuicio la privación de cualquier ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación." A partir de esas definiciones legales, puede afirmarse válidamente que el daño constituye un dato cierto y objetivo, en tanto que el perjuicio se ubica dentro del ámbito de las probabilidades, de donde se colige que en cada caso se requiere un estándar de prueba diferente, porque diversa es la calidad de los hechos que, en cada supuesto, debe demostrar el tercero interesado. En efecto, cuando la pretensión del actor incidentista descansa en la circunstancia de que la suspensión del acto reclamado le generó daños, esto es, la pérdida o menoscabo sufrido en su patrimonio, es imperativo que dicho tercero interesado indique con precisión tanto el hecho o acto concreto por el que vio disminuido su haber patrimonial como la vinculación directa entre dicha afectación y la suspensión del acto reclamado y que, en su momento, los demuestre. A guisa de ejemplo, si el tercero interesado afirma que, ante la imposibilidad de usar un inmueble de su propiedad se vio en la necesidad de arrendar otro inmueble, cuyo pago de rentas originó una disminución a su patrimonio, es necesario que, entre otros hechos, el tercero demuetsre en su escrito incidental esa circunstancia, esto es, la celebración del contrato de arrendamiento respectivo y, obviamente, que ofrezca las pruebas pertinentes que acrediten sus asertos (la forma escrita del contrato de arrendamiento, pruebas testimoniales, etcétera), de manera que el estándar de prueba en ese caso debe ser de alta calidad. Esto, porque la garantía que se pretende hacer efectiva se rige por el principio indemnizatorio, conforme al cual la indemnización (indemne, dejar sin daño) constituye propiamente la reparación del quebranto o la merma que en su patrimonio efectivamente ha sufrido el tercero interesado. Luego, para demostrar los daños aducidos y que éstos son consecuencia inmediata y directa de la suspensión concedida en el juicio de amparo es necesaria la demostración del hecho, acto o situación concreta que los generó, pues sólo así el juzgador está en aptitud de constatar, en primer orden, si éstos efectivamente se produjeron y, en segundo lugar, si existe un vínculo entre ellos y la medida cautelar concedida. En el caso de los perjuicios no puede darse el mismo trato, pues por su propia naturaleza éstos se ubican en un plano hipotético, al disponer la norma legal que se trata de ganancias lícitas que debieran haberse obtenido por el demandante, definición que per se obliga al incidentista a exponer los hechos relevantes de su reclamo a partir de probabilidades, cuyo mayor o menor grado dependerá de las pruebas que ofrezca el interesado y de las que, a su vez, allegue la parte quejosa. Al respecto, como se mencionó en párrafos anteriores, debe partirse de la base de que en la narración de hechos el actor incidentista ha de señalar en qué consistieron los perjuicios que dijo resentir, esto es, debe hacer una exposición razonada para explicar con hechos creíbles de dónde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privado y aportar datos que revelen claramente la probabilidad para definir, de modo verosímil y aceptable que, en efecto, de haber tenido el uso o la disposición del bien mueble se habrían generado las ganancias indicadas, esto, en el entendido de que también ha de proporcionar las bases para su cuantificación. Ahora, aunque en su petición el actor incidentista puede afirmar la existencia de algún negocio o acto específico cuya realización no alcanzó a concretarse por la falta de disposición del bien mueble, esto no significa que, en el preciso tema de los perjuicios, el juzgador de amparo deba exigir siempre la existencia de un concierto de voluntades de esa naturaleza (de que alguien estaba interesado en el bien mueble ya sea para comprarlo o alquilarlo) pues, por tratarse los perjuicios de situaciones posibles, es válida y suficiente la afirmación de asertos que arrojen una alta probabilidad de haber percibido los beneficios reclamados si se hubiera tenido la disposición del bien, las razones o bases que sustentan esa aseveración y los datos que permitan cuantificarlos, así como su demostración con las pruebas necesarias. En tal virtud, las pruebas que en tal caso ha de ofrecer el tercero interesado, si bien no ameritan un estándar de alta calidad, sí deben ser aptas para demostrar la probabilidad expresada como fundamento de la pretensión, en el entendido de que su mayor o menor grado de credibilidad dependerá también de los elementos de convicción que, a su vez, ofrezca la parte quejosa. En la especie, la parte tercero interesada incidentista afirma que con motivo de la suspensión definitiva se provocó una dilación innecesaria de la secuela procesal civil. Sin embargo, la parte incidentista, omitió ofrecer prueba alguna para demostrar la concurrencia del perjuicio que le hubiera ocasionado ello. Luego, cabe precisar que los hechos narrados en una demanda constituyen la justificación de la acción ejercida, esto es, la causa de pedir del actor, los cuales no solamente son aquellos que hubiesen dado origen a la acción, sino también los que sustentan y justifican la pretensión del accionante, de tal manera que con ello la parte demandada pueda preparar su contestación y defensa. Asimismo, las pruebas que hayan de rendirse deberán versar precisamente y de manera directa sobre tales hechos, a fin de que el juzgador se encuentre en aptitud de apreciar si efectivamente existe identidad entre la pretensión del actor y el derecho que se busca proteger. De lo contrario, además de que la parte demandada no estaría en aptitud de preparar adecuadamente su defensa al no saber, como en la especie, en qué consisten los perjuicios a que hizo referencia el actor incidentista en su demanda inicial, el juzgador no puede condenar a su pago, dado que su decisión no puede descansar en hechos que no hayan sido invocados expresamente por la parte actora. Máxime que en el caso, la suspensión concedida en el incidente de suspensión del cual deriva el presente asunto no fue para que la responsable suspendiera el procedimiento en el juicio de origen, sino que dicha suspensión, como quedó previamente asentado, únicamente fue para el efecto de evitar el desahogo de la diligencia actuarial con presencia de peritos en el inmueble que el quejoso afirmó es de su propiedad. Es el caso, que el procedimiento del que deriva el acto impugnado se rige por el principio de estricto derecho y no se encuentra en los casos de excepción a que se refieren las fracciones II, VI y VII del artículo 79 de la Ley de Amparo, que son del tenor siguiente: "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: [...] II. En favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia; VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o de esta Ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada; y VII. En cualquier materia, en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio..." En efecto, la parte actora en el incidente de pago de daños y perjuicios no es un menor de edad ni incapaz, tampoco se advierte alguna violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa o bien, que esté en condiciones de pobreza o marginación; en consecuencia, el suscrito no está autorizado para suplir la deficiencia de los argumentos en que debió sustentar su reclamación. No es óbice para sostener todo lo anterior que, en la especie, no se trate de un juicio, sino de un incidente que se encuentra previsto en la Ley de Amparo, toda vez que se debe regir por los mismos principios de todo procedimiento contradictorio, en el que hay un actor que deduce una pretensión y un demandado que se opone a la misma, por lo que éste queda en estado de indefensión al no estar en posibilidad de controvertir la petición si el demandante no precisa cuál es el derecho que pretende le sea reconocido. Por lo anteriormente expuesto, si no se demostraron los perjuicios ocasionados, el incidente promovido resulta procedente pero infundado. Por tanto, no ha lugar a endosar a favor del promovente el billete de depósito exhibido, precisamente por no mencionarse, muchos menos acreditarse, tanto la existencia misma como el monto al que supuestamente ascienden esos perjuicios que aduce el actor incidentista se le causaron con motivo de la suspensión definitiva concedida. Finalmente, debe decirse que el hecho de que exista el aseguramiento por los posibles daños y perjuicios no implica necesariamente que el tercero interesado haya padecido detrimento económico alguno, pues para ello, correspondió a éste la carga de la prueba en el incidente a fin de acreditar el menoscabo sufrido. Acude en apoyo de lo anterior, la tesis I.10o.C.12 K, emitida por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Agosto de dos mil seis, Materia Común, Novena Época, página dos mil ciento sesenta y nueve, registro 174499, que literalmente establece: "DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LA SUSPENSIÓN. EL HECHO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO FIJE EL MONTO DE LA GARANTÍA QUE DEBE OTORGARSE POR SU CONCESIÓN NO IMPLICA QUE DESDE ESE MOMENTO SE ESTÉ ACEPTANDO LA VERDADERA EXISTENCIA DE AQUÉLLOS, NI TAMPOCO EL PARÁMETRO CONSIDERADO POR EL JUZGADOR PARA FIJAR SU IMPORTE, CONSTITUYE EL MÉTODO OBLIGATORIO PARA SU CUANTIFICACIÓN EN EL INCIDENTE RELATIVO (ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO). De conformidad con los artículos 107, fracción X, constitucional y 125 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, la suspensión de los actos reclamados se constriñe a asegurar la efectividad de la justicia constitucional, por lo que su otorgamiento, en los casos en que proceda, no queda a discreción del juzgador, pues dado que éste tiene obligación de decretarla, con ello no incurre en un acto de privación en perjuicio del tercero perjudicado, sino que preserva la materia del amparo, pero si con su otorgamiento se llegara a causar una afectación estimable en dinero, el juzgador debe considerar los elementos ciertos que deriven de las prestaciones demandadas o, en su caso, de la condena contenida en el fallo reclamado y, con base en esto, realizar los cálculos necesarios para determinar a cuánto ascenderían, hipotéticamente, los daños y perjuicios que tal suspensión podría ocasionar a dicho tercero perjudicado. Sin embargo, el hecho de que el Juez de Distrito fije el monto de la garantía que debe otorgarse por la concesión de la medida, no implica que desde ese momento esté aceptando la verdadera existencia de los daños y perjuicios a la parte tercero perjudicada, ni tampoco el parámetro considerado por el juzgador federal para fijar su importe, constituye el método obligatorio que ha de considerarse en un incidente de daños y perjuicios para su cuantificación, pues dado que su determinación es hipotética, en todo caso corresponde al tercero perjudicado no sólo la plena demostración de que éstos se causaron, sino también su importe." Por lo expuesto y fundado en los artículos 66, 67 y 156 de la Ley de Amparo; se: R E S U E L V E ÚNICO. Es procedente pero INFUNDADO el incidente de daños y perjuicios propuesto por el tercero interesado Raúl Humberto Navarrete Narváez; por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por CARLOS FELIPE CASTRO CARIILLO, en contra de los actos que reclama de las autoridades responsables Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, Presidente, y auxiliar adscritos a dicha Junta, residentes en esta ciudad, que hace consistir en lo siguiente: El acuerdo dictado dentro del juicio laboral 700/2021, por el que señaló la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas para el 17 de mayo de 2022, excediendo así el término de diez días que establece el artículo 883 de la Ley Federal de Trabajo. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE Al efecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 2525/2021-IV-A y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. DESECHAMIENTO Ahora bien, conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de amparo, que conlleva a su desechamiento de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Así, en el caso se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los numerales 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. De los artículos anteriores, se desprende que es improcedente el juicio de amparo cuando la demanda no se promueve dentro de quince días, contados éstos, a partir del día siguiente que surta sus efectos la notificación a la parte quejosa del acto que reclame, al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; y que se exceptúan de la regla anterior, según el numeral 17, los casos siguientes: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Partiendo de las anteriores premisas, se desprende que un acto se entiende como consentido tácitamente, cuando siendo susceptible de ser recurrido por la vía del amparo no se impugna dentro del término señalado por la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia VI.2º. J/21, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 291, Tomo II, agosto de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registrada en el disco óptico IUS 2001, con el número 204,707, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Ahora bien, del escrito de desahogo presentado el veinticinco de agosto del presente año, se advierte que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvieron conocimiento del acto reclamado consistente en el señalamiento de una fecha lejana para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Lo cual constituye una confesión que se traduce en una prueba plena de ese hecho, según lo dispone el artículo 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, que establece: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse, II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." Por lo cual, basta con que el promovente, tratándose de una persona con capacidad jurídica, con pleno conocimiento de lo que expresa, se manifieste sabedor del acto reclamado en determinada fecha, sin que medie coacción o violencia de tal hecho y que éste le perjudique, para que el juzgador al proveer sobre la admisión de su demanda, se encuentre obligado a computar el término para determinar la oportunidad de su presentación a partir del día siguiente de que manifestó haber tenido conocimiento del acto que reclama. Así, de lo anteriormente expuesto, resulta indudable que el término de quince días a que se refiere el transcrito numeral 17 de la Ley de Amparo, transcurrió en exceso para cuando promovió el quejoso su demanda. Se afirma lo anterior, dado que dicho término comenzó a correr a partir del día veintidós de noviembre, y feneció el diez de diciembre de dos mil veintiuno, sin contarse los días sábados y domingos por ser inhábiles. Luego, si la demanda de amparo a estudio fue presentada por buzón judicial ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, el veintinueve de diciembre del presente año, según se desprende de la boleta de registro correspondiente, válidamente se concluye que la presentación de la misma resulta extemporánea al haber fenecido el plazo que la ley le concedía para tal efecto, y como consecuencia de ello, los actos reclamados se consideran como tácitamente consentidos para los efectos del juicio constitucional, lo que por sí solo, hace que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, tesis de jurisprudencia visible con el número 556, en la página 370, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de 1917-1995, que es del tenor literal siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Desde el momento en que se decretó el embargo en el juicio seguido en contra de la demandada, quien se ostentó tercero extraño, tuvo pleno conocimiento de dicho embargo por sí y como representante de sus menores hijos, en virtud de haberse entendido con ella la diligencia de emplazamiento a la demandada, resultaron afectados los derechos de los ahora inconformes, quienes debieron combatir el procedimiento dentro del término de quince días a partir de aquel en que conoció la existencia del embargo (artículo 21 de la Ley de Amaro), pero como no lo hicieron, se considera que consintieron no solamente el embargo, sino también los demás actos como son la sentencia de remate y el procedimiento de ejecución de sentencia, al ser éstos una consecuencia legal y forzosa del aseguramiento practicado en el juicio del que derivan los actos reclamados." Y la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 71, Volúmenes 193-198, Primera Parte, Materia Común, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con Registro 232213, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan 'que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día', como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Bajo el panorama general descrito, se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XIV, primer párrafo, y XX, de la Ley de Amparo PROCEDE DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan 'que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día', como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Por otra parte, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala para tal fin en su demanda, y como sus autorizados en términos a las personas que designa en los términos que indica. Por otro parte, en cuanto a la solicitud que realiza de acceso al expediente electrónico del presente juicio se realicen vía electrónica, toda vez que proporciona "nombre de usuario" registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo y en los numerales 35, 36, 38, 55, 57, 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se otorga autorización a "genaroaguilar", para que tengan acceso a la consulta del expediente electrónico únicamente del presente juicio de amparo; así como para para presentar promociones por esta misma vía, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. En consecuencia, proceda la Secretaría a efectuar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO De igual forma, en términos de lo dispuesto en el artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene por señalado como de la quejosa, la cuenta de correo electrónico y número telefónico, los que proporciona en su demanda, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en caso de ser necesarias. Sin embargo, no ha lugar a notificarle por esos conductos, toda vez que dichos medios electrónicos no cumplen con los requisitos previstos en el artículo 55, en relación con el 35, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. EXHORTACIÓN A LAS PARTES DE LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Además, en atención a lo indicado en el considerando Noveno, artículos 28, 29 y 31 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, reformado por los similares 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021, en relación al periodo de vigencia; se exhorta a las partes, si no lo han hecho, a que continúen, o en su momento transiten a la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Solicitando para tal efecto, el acceso al expediente electrónico y autorizando se reciban las notificaciones vía electrónica; debiendo obtener para tal efecto su firma electrónica en términos de lo que establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; estando a su disposición el aplicativo de firma electrónica en los enlaces señalados en el Transitorio Décimo Primero, del referido Acuerdo General 21/2020, reformado por los similares 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021, en relación al periodo de vigencia. Así como deberán proporcionar un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico con la finalidad de establecer contacto, de resultar necesario por esas vías, en términos de lo dispuesto en el numeral 5, fracción I del multicitado Acuerdo General 21/2020, reformado por los similares 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021, con relación al periodo de vigencia; para establecer comunicaciones no procesales. Lo anterior a fin de estar en la posibilidad de continuar en todo momento con el juicio de amparo, pues de no ser así podría llegarse al supuesto de excepción de no poder continuar con el trámite del mismo hasta su conclusión, pues de presentarse alguno de los supuestos establecidos en el artículo 19 del citado Acuerdo General 21/2020, reformado por los similares 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021, en relación al periodo de vigencia; eventualmente, podría suspenderse el trámite del presente juicio de amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Téngase por hecha la manifestación de la parte quejosa de que se opone a que aparezcan sus datos personales en el presente juicio, en cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las demás partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. PERMISIBILIDAD DE USO DE APARATOS DE REPRODUCCIÓN De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese personalmente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes
- Carlos Enrique Villanueva Alayón1174/2022
- Carlos Enrique Villanueva Alayón25/2021
- Carlos Enrique Villanueva Alayón130/2020
- Carlos Erick Pacheco Araiza377/2023
- Carlos Ernesto Cabrera Encalada1236/2020
- Carlos Esteban Noh Vázquez925/2018
- Carlos Fernando Cámara Patrón2038/2021
- Carlos Fernando Camara Patron2289/2021
- Carlos Fernando Cámara Patrón2037/2021
- Carlos Fernando Cámara Patrón1816/2021
- Carlos Fernando Camara Patron1160/2022
- Carlos Fernando Cámara Patron732/2023