Carlos Enrique Ortiz Pech
Expediente 637/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 637/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 20/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Carlos Enrique Ortiz Pech
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de diez de octubre de dos mil diecisiete, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesado con lo informado por el Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, en representación del Secretario de Seguridad Pública, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho proveído se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó a la parte quejosa el diez de octubre del año en curso, al tercero interesado el once siguiente, sin que a la fecha desahogaran la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En sentencia dictada el seis de julio de dos mil diecisiete, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Gobernador Constitucional de esta entidad, de inmediato, acordara lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fuera solicitado por el Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado y lo hiciera del conocimiento de la aquí parte quejosa. Y, para que ese fallo constitucional lograra vigencia real y eficacia práctica, la autoridad ordenadora responsable debía comunicar sobre el acatamiento al Secretario de Seguridad Pública del Estado, para el efecto de que, en su carácter de autoridad ejecutora, recibido que fuere el oficio respectivo de su superior jerárquico, debía con la misma prontitud señalar fecha para que se proporcionaran los elementos policíacos a su mando necesarios para poder llevar al cabo la diligencia de mérito, con el fin de que la sentencia protectora cumpliera con sus efectos restitutorios. Por auto de veinticinco de julio de dos mil diecisiete, causó ejecutoria la sentencia de mérito y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, por oficio CJ/DCL/OD/0361/2017, el Delegado del Gobernador Constitucional del Estado, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, informó que se había ordenado al Secretario de Seguridad Pública del Estado, proporcionara el auxilio de la fuerza pública solicitada por el Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, mediante oficio 1049/2017, relativo al juicio extraordinario hipotecario 583/2011, situación que notificó al quejoso CARLOS ENRIQUE ORTIZ PECH. Por su parte, el Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mediante oficio SPP/DJ/26355/2017, y su anexo, informó que se programaron las diez horas con treinta minutos del cinco de octubre de dos mil diecisiete, para llevar a cabo la diligencia de mérito, lo cual fue notificado al Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado mediante oficio SSP/DJ/26354/2017, de fecha veinte de septiembre del año en curso, según se desprende de la constancia remitida en copia certificada. Seguidos los trámites de ejecución, por oficio número SSP/DJ/28293/2017, signado por el Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en representación del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, informó que con fecha cinco de octubre del presente año, fue debidamente ejecutada la diligencia de fuerza pública de mérito (fojas 113 a la 116). Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que las autoridades responsables se encontraban obligadas a acordar y proporcionar la fuerza pública correspondiente, lo que así hicieron y acreditaron fehacientemente con las copias certificadas que fueron remitidas a este Juzgado. De ahí que se considere destruido el acto omisivo atribuido a las responsables, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. Entonces, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guarda este expediente y la certificación de cuenta que antecede, se acuerda: con conocimiento de las partes, agréguese a estos autos el oficio de cuenta, signado por el Jefe del Departamento de Sanción, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, en representación del Secretario de Seguridad Pública, y anexo que adjunta; que remite en cumplimiento de la sentencia ejecutoriada pronunciada en este asunto. Al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley Reglamentaria del Juicio Constitucional, dése vista a la parte quejosa y tercero interesado de lo anterior; así como con el diverso oficio CJ/DCL/OD/361/2017 y anexo, de Edward José Medina Ocampo, delegado del Gobernador Constitucional de esta Entidad, en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, mismos que obran agregados en autos (fojas 61 a 63), por el término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que se les haga de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, con el apercibimiento que de no hacerlo, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Ahora bien, toda vez que en los proveídos de fecha diecisiete de agosto y trece de septiembre de dos mil diecisiete, se reservó acordar en cuanto a las peticiones hechas por la parte quejosa en sus escritos presentados en la oficialía de partes de este Juzgado los días dieciséis de agosto y doce de septiembre último, relativas a que se cumplimentara la ejecutoria de amparo; al respecto, no ha lugar a acordar lo solicitado; en atención a que las autoridades ya informaron sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, de lo que se dio vista al aquí quejoso, quien está en aptitud de realizar las manifestaciones que a su derecho convenga. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y tercero interesado.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: glósese a este expediente el oficio de cuenta signado por el Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, en representación del Titular de dicha Secretaría, y anexo que adjunta, con el que hace del conocimiento de este tribunal que la sentencia ejecutoriada dictada en este juicio de amparo, cuyo cumplimiento se le requirió mediante proveído de diecinueve de septiembre en curso, se encuentra en vías de ejecución. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos se desprende que en auto de veintinueve de agosto del año en curso, se tuvo por recibido el oficio SSP/DJ/23919/2017, signado por el Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, y anexo que acompañó. Con esa misiva hizo del conocimiento de este Juzgado que se encuentra en trámite el recurso de revisión interpuesto por **********y *************en contra de la sentencia de diecinueve de junio del presente año, dictada en el diverso juicio de amparo 101/2017-II-B, del índice de este tribunal, en el que el acto reclamado se hizo consistir en el desalojo del inmueble del que deriva el acto que en este juicio se impugna. Al respecto, si bien es cierto que la parte quejosa en el juicio de amparo 101/2017-II-B interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en su contra, y que el uno de agosto de los corrientes, el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa admitió a trámite dicho recurso. También lo es, como se asentó en la sentencia dictada en estos autos que mediante interlocutoria de tres de abril de dos mil diecisiete, celebrada en el incidente de suspensión derivado del expediente de mérito, se negó a la quejosa la suspensión definitiva de los actos que reclamó del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Patrimonial del Estado, Gobernador Constitucional del Estado y Secretario de Seguridad Pública, todos con sede en esta ciudad, que hizo consistir en la inscripción de la escritura pública número setecientos sesenta y uno, de fecha treinta de noviembre de dos mil quince, en relación con el predio ubicado en la calle sesenta y tres, número doscientos noventa y cinco, de esta ciudad, así como la orden de auxilio de la fuerza pública para desalojar a la referida Yam Rodríguez del citado predio, en virtud de que no acreditó el carácter de propietaria o poseedora del inmueble que defiende. Por tanto, se reitera, que las autoridades responsables se encuentran facultadas para ejecutar dichos actos reclamados, por lo que el recurso de revisión al que hizo alusión el Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, en forma alguna constituye un impedimento para que dé cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria dictada en este asunto. Notifíquese y cúmplase.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
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