Carlos Emigdio Arozqueta Solís

Expediente 478/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
478/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
26/05/2017

Partes del expediente

  • Carlos Emigdio Arozqueta Solís

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Antonio Lozano Batarse, Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del secretario que autoriza, licenciado Martín Alfonso Martínez Molina, quien certifica que el presente acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LAPARTE QUEJOSA, LA RESOLUCION DE ONCE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO MEDULAR SEÑALA: ...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; once de mayo de dos mil diecisiete. Visto la demanda de amparo de ********** contra actos de la Primera Sala Regional en Materia Civil Zona 01, Tuxtla Gutiérrez del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas; fórmese cuaderno de antecedentes y regístrese con el número 478/2017-III, que le correspondió en el libro de gobierno que al efecto se lleva en este Juzgado de Distrito. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En la demanda inicial, el promovente señaló como actos reclamados los siguientes: "La omisión de remitir una demanda de amparo directo, presentada ante la responsable, al H. Tribunal Colegiado que corresponda en turno" Ahora bien, una vez que es analizada la demanda de amparo, este juzgador advierte dos motivos manifiestos e indudables de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la presente demanda de amparo, pues, en primer término en este asunto, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, en relación con los numerales 1°, fracción I, 5°, fracción II y 108, fracción III de la Ley de Amparo, por los siguientes razonamientos de índole jurídico. Dicho numeral determina la improcedencia del juicio de amparo en dos hipótesis: contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o contra determinaciones que han sido emitidas en cumplimiento de aquéllas. En el caso, se da el primero de los supuestos referidos. En primer lugar, es conveniente destacar los antecedentes de los actos reclamados. "Es el caso que interpuse una demanda en la vía ordinaria civil en contra del INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIOENERGÉTICOS (IRB10), a través de la Secretaría del Campo del Gobierno del Estado de Chiapas, el cual quedo registrado bajo el número de expediente 937/2012 y radicado ante el H. Juzgado Segundo de lo Civil de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas; juicio que seguido por todas sus etapas, se dicto sentencia definitiva el día 24 de junio del año 2013 dos mil dos mil trece. (.) Dicha sentencia es la que ahora es el acto reclamado, pues la tercera interesada, no está de acuerdo con esta nueva sentencia, por ello interpuso una demanda de amparo directo a la que ilegalmente le dio trámite y otorgó suspensión, pero lo peor del caso, es que al día de hoy y vencidos los plazos que marca la Ley de Amparo, ha sido omisa en remitir la misma al Tribunal Colegiado en turno para su trámite, esto lleva inmerso, no solo violaciones procesales, como veremos más adelante, sin con lleva una acto de imposible reparación, ya que la misma deja sin defensas al quejoso y lo deja en estado total estado de indefensión, pues no puede continuar con la ejecución de la sentencia, lo que hace que el acto reclamado se convierta en un acto de imposible reparación, al tenor de los criterios de la corte que a la letra rezan". SIC Esta última actuación constituye el acto materia de estudio en esta instancia constitucional. Ahora bien, la omisión contra la que el accionante promueve la vía constitucional constituye actuaciones que la autoridad responsable debe realizar con motivo de la tramitación del juicio de amparo directo promovido contra la sentencia definitiva dictada en autos del juicio de origen 937/2012. Ahora bien, la Ley de Amparo otorga facultades a las autoridades responsables, para que den trámite al juicio de amparo directo, presentado ante su potestad, lo que una vez hecho debe remitir al Tribunal Colegiado de Circuito en Turno. En ese orden de ideas, es evidente que el acto reclamado es derivado de la tramitación del juicio de amparo directo promovido ante la autoridad responsable, con motivo de la sentencia definitiva dictada en el expediente **** De ahí, que la omisión reclamada a la autoridad responsable subyace sobre la remisión del Juicio de Amparo directo al Tribunal Colegiado de Circuito, lo cual, es materia del juicio de amparo promovido en el juicio de origen, por ende, se trata de una omisión en la tramitación que corresponde al juicio de amparo directo. En esa tesitura, debe concluirse que la omisión reclamada tiene relación con la tramitación del juicio de amparo directo, por ende, deduce de una diversa instancia constitucional, por lo que, el juicio de amparo que se intenta es improcedente, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción IX, del artículo 61 de la Ley de la materia vigente. Lo anterior, se corrobora con el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación , que a continuación se cita, al ser aplicable por analogía. "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el precepto mencionado el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el "juicio" en lo principal. La improcedencia que se actualiza tiene como finalidad la de evitar la interposición de juicios de amparo contra actos dictados en un procedimiento de la misma naturaleza, partiendo de la premisa de que los actos dictados por la autoridad responsable, en los medios de control constitucional, se sujeten a la interposición de los medios de impugnación que la ley de la materia establece y no mediante un nuevo y autónomo juicio de amparo, pues ello daría lugar a la interposición de una cadena interminable de juicios de amparo. Lo anterior, se corrobora con el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación , que a continuación se cita, al ser aplicable por analogía. "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS EMITIDOS POR LA RESPONSABLE CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. En la jurisprudencia 2a./J. 4/90 (*), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, determinó que el juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional; tal criterio se confirmó en el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, conforme al cual, para efectos de esa ley, el juicio inicia con la presentación de la demanda. En ese sentido, de la interpretación integral de los preceptos legales que rigen el trámite del juicio de amparo directo en ambas legislaciones, deriva que los actos emitidos por la autoridad responsable en torno a la presentación de la demanda relativa forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo, por lo cual la responsable funge con carácter de auxiliar de la Justicia Federal en los actos inherentes, tales como la recepción del libelo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento al o a los terceros perjudicados y la remisión de la demanda al tribunal competente para su conocimiento; sin que pueda estimarse que los actos dictados dentro del juicio de amparo directo violen derechos fundamentales. Por ello, contra esos actos resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor". Lo anterior es así, porque contra la omisión de tramitar la demanda de amparo o hacerlo indebidamente, procede el recurso de queja conforme al artículo 97, de la Ley de Amparo, no siendo otro amparo la vía para controvertir dicha omisión. En ese tenor, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación del artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II; por lo que con apoyo en el artículo 113 del propio ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ********* contra actos de la Primera Sala Regional en Materia Civil Zona 01, Tuxtla Gutiérrez del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas . Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. De conformidad con los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, conforme a su artículo 2, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que al efecto señala en esta ciudad; por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Sandibel Ortiz Cruz, Diana Monserrath Landaverde Olivares, Mariana Lizeth Hernández Bautista, Luis Antonio Hernández Pérez, Gerardo Flores Morales, Adriana Mejía Tapia, María Guadalupe Ángeles Lugo y María de Lourdes Hernández López, toda vez que no se encuentran inscritas en el registro de cedulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, como lo solicita el promovente se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Tomando en cuenta que las actuaciones judiciales se practican en días y horas hábiles, comprendidas entre las ocho y diecinueve horas, todos los días del año, con excepción de los contemplados en el artículo 19 de la Ley de Amparo, en tal virtud, con fundamento en el artículo 21 de la ley de la materia, este Juzgador habilita los días y horas inhábiles, para el efecto de que el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, lleve a cabo la notificación ordenada en el presente proveído y cualquiera otra que se le encomiende en el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente al promovente. ..

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