Carlos Emigdio Arozqueta Solís
Expediente 1845/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 17 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1845/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 11/04/2017
Partes del expediente
- Carlos Emigdio Arozqueta Solís
- Secretaría del Campo del Gobierno del Estado de Chiapas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; once de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, este órgano de control constitucional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria dictada en el presente juicio, fueron los siguientes: Obligaciones básicas: ".lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la autoridad responsable, Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas: a)Deje sin efectos la sentencia de once de agosto de dos mil dieciséis, pronunciada en el toca civil***; y, b) En su lugar, siguiendo las directrices trazadas en la parte considerativa de esta sentencia, dicte otra por la cual revoque el auto de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, dictado en el juicio ordinario civil *** y, a la luz de los agravios formulados en aquella instancia, estime procedente la solicitud del quejoso de requerir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informe acerca de las cuentas bancarias de la demandada. Ahora, mediante auto de ocho de marzo del actual, se tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal en Materia Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, en el recurso de revisión ***, de su índice, en la que se confirmó la sentencia dictada por este órgano de control constitucional y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad. Asimismo, mediante auto de tres de abril de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido el oficio 286-A/2017, de treinta de marzo del cual, mediante el cual adjuntó copia certificada de la resolución de veintinueve del citado mes, dictada en los autos del toca civil***. De lo anterior deriva que a fin de determinar si en el caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones hayan sido correctamente cumplidas pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Precisado lo anterior, este juzgado estima que en el caso se cumplió con la ejecutoria de amparo, porque del contenido de la resolución de veintinueve del citado mes, dictada en los autos del toca civil***, que remitió mediante oficio ***, se advierte que dejó insubsistente la resolución de once de agosto de dos mil dieciséis y, en su lugar, revocó el auto de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, emitido por el Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, en los autos del juicio ordinario civil ***. Asimismo, de la propia resolución se aprecia que la revocación de trato, en lo que es de interés, quedó de la siguiente manera: ".como lo solicita el promovente con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, gírese atento oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la localización de cuentas bancarias y/o Fondos de Inversión y/o Recursos Económicos a favor de la Secretaría del Campo del Gobierno del Estado de Chiapas, con los datos proporcionados por el ocursante en su escrito de cuenta. Ahora bien, tomando en consideración que el domicilio de la Comisión Nacional Bancaria y de valores se encuentre en la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 103 y 104 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, gírese atento exhorto, al Secretario General de Acuerdos y del Pleno del Poder Judicial del Estado, para que a través de es Secretaría hagan llegar el referido exhorto al Tribunal Superior de Justicia de México, Distrito Federal, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, remitan el exhorto de referencia, al Juzgado Civil que le corresponda, para efectos de que ordene girar el oficio a dicha Comisión Nacional Bancaria y de Valores en los términos ordenados." (fojas 167 a la 181). En tal virtud, la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que este juzgado advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. Ahora bien, el artículo 196 de la Ley de Amparo, establece que cuando el órgano judicial de amparo reciba información de la autoridad responsable ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para dentro del término de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En ese sentido, los argumentos que haga valer el quejoso y en el caso, el tercero interesado, deberán tomarse en consideración por el órgano jurisdiccional y éste debe pronunciarse al respecto, de lo contrario, se le causaría un agravio y la vista se convertiría en una formalidad inútil. Congruente a lo expuesto, es dable concluir que los alegatos propuestos por la parte disconforme, son en una parte infundados y en otras ineficaces. Sostiene la Secretaría del Campo -tercero interesado-, a través de sus apoderados legales, que la ejecutoria no se encuentra cumplida, porque la resolución emitida por los Magistrados que integran la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que declaró insubsistente la resolución de once de agosto de dos mil dieciséis y revocó la diversa de veintiséis de mayo del referido año, dictada por el Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, en los autos del expediente***, es contrario a lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto, afirmó, porque dicho tribunal consideró que se debe girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo cual viola el secreto bancario y en consecuencia, el principio de legalidad que prevén las normas constitucionales citadas. Añadió, que es ese principio el que se vulnera, debido al estatus procesal que guarda el referido juicio de origen, es decir, el de ejecución, en el que al momento de ser requerida por la actora, pretende trabar embargo sobre cuentas bancarias que no tiene a la vista y desconoce el monto de las mismas. Que en razón de lo anterior, el derecho civil es de estricto derecho y casuísticamente no se puede trabar embargo sobre bienes o cosas indeterminadas, porque entonces se rompería la formalidad del procedimiento que es de interés público y es un acto solemne para que el embargo quede formalmente constituido. Así, recalcó, en su escueto raciocinio el juez establece que existe un régimen de excepción al secreto bancario que es el relativo a las autoridades judiciales; pero ello, alegó, no es aplicable en el presente caso, porque no se trata de oficiar a la mencionada Comisión para pedir un informe en vía de prueba que es una cuestión diferente a llevar a cabo un embargo. De ahí, sigue diciendo la disconforme, la falta de observación por parte del juez constitucional de analizar que el material probatorio era con la finalidad de confirmar la resolución de la Sala Civil dictada con fecha once de octubre del año en curso; que además, la Secretaría del Campo no es la directamente afectada en la presente litis, ya que la que se encuentra obligada directamente es la que firmó el convenio de concertación que fue el Instituto de Reconversión Productiva y Bionergéticos (IRBIO); Que por lo anterior, concluyó, se debió girar oficio en la dilación probatoria y no en ejecución de sentencia; que así, la resolución dictada por este Juzgado de Distrito, es violatorio, puesto que concede el amparo el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para que en la misma acta de embargo se gire oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y en ese mismo acto se embargue formalmente. Por otra parte, arguye la tercera interesada que se viola el contenido del considerando quinto de la mencionada sentencia de once de octubre de dos mil dieciséis, dictada por este Juzgado de Distrito, ya que se hace una correcta interpretación de la ley, pues el segundo párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito, señala que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deberá proporcionar a la autoridad judicial que se lo requiera; pero, en el caso, destacó, no lo pide de la autoridad sino el actor, quien no es autoridad en el juicio ordinario***; luego, al conceder un fallo protector en los términos en que lo hace "la juez tercera" viola el contenido de los artículos 14 y 16 Constitucionales en relación al 55 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas. Agregó, que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores está diseñada para que la información que le sea pedida respecto de las operaciones que realicen las instituciones bancarias con su actividad financiera y no para que al momento en que el señor ***, acompañado del actuario en una diligencia de exequendo, lo solicite, pues éste no embargo y menos, el embargo no dice que queda meramente perfeccionado, porque le hace falta que el actuario tenga a la vista los números de cuenta y las claves interbancarias; de ahí, concluyó que la resolución de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, es incorrecta, porque se excede en su arbitrio judicial, pues resolvió con elementos que no obran en el juicio. Finalmente expresó, que en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, la parte actora se limitó a señalar diversas instituciones de crédito, en las cuales tendría cuentas la parte demandada, sin especificar concretamente en qué bancos se encuentran las cuentas bancarias y/o fondos de inversión y/o recursos económicos, que hagan posible la información, ya que no es suficiente solicitar que se gire oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que se localicen las cuentas bancarias y/o fondos de inversión, registrados a favor de la parte demandada, de manera general, sino que se requiere que el promovente sea específico, pues hacerlo así, resulta una información indeterminada. Como se precisó, es infundado, el motivo de disenso que vierte la tercero interesado en el sentido de que fue incorrecto que los Magistrados que integran la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, hayan declarado insubsistente la resolución de once de agosto de dos mil dieciséis y revocado la diversa de veintiséis de mayo del referido año, dictada por el Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, en los autos del expediente***, habida cuenta que, precisamente, tal proceder proviene de los lineamientos plasmados en la ejecutoria de amparo, pues en la misma se estableció en lo que es de interés, lo siguiente: ".Establecido lo anterior, conviene retomar que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en la sentencia de once de agosto de dos mil dieciséis, pronunciada en el toca de***, mediante la cual se confirmó el auto de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, dictado en el juicio ordinario civil***, instaurado por ***(quien cedió sus derechos litigiosos al quejoso***), en contra de la Secretaria del Campo del Gobierno del Estado de Chiapas, por el cual se declaró improcedente la solicitud del actor de requerir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informe acerca de las cuentas bancarias de la demandada." En dicha determinación, la Sala responsable sostuvo que en el embargo llevado a cabo sobre bienes de la demandada las cuentas embargadas debieron ser precisadas, identificadas e individualizadas plenamente; lo cual no aconteció, toda vez que la quejosa se limitó a señalar diversas instituciones de crédito, sin especificar concretamente en qué bancos se encuentran las mencionadas cuentas, siendo insuficiente solicitar que se gire oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para se localicen aquellas de manera general. Lo anterior, dijo, se reputa trascendente, toda vez que esa información tiene carácter confidencial y revelarla en términos genéricos conlleva riesgos al derecho a la privacidad de los usuarios. Así, concluyó, era obligación del quejoso especificar el banco en el cual su contraparte tenía cuentas, fondos de inversión y recursos económicos, así como proporcionar los datos de identificación que hicieran posible obtener la información solicitada. En concepto de quien esto resuelve, el citado criterio es contrario a derecho. En efecto, de conformidad con el régimen de excepción al secreto bancario analizado en líneas precedentes, se advierte que el marco jurídico que rige para el presente asunto es el relativo a las autoridades judiciales. Por lo cual, los requisitos para la solicitud de información acerca del usuario de servicios financieros son exclusivamente: 1) Que lo solicite la autoridad judicial por virtud de providencia dictada en juicio; y 2) Que el titular o, en su caso, fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario, sea parte en el procedimiento. Ahora bien, para obtener información de las operaciones y servicios que las instituciones de crédito prestan a los usuarios, la autoridad judicial puede solicitarla directamente o a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, bastando para ello providencia dictada en juicio en el que el titular o, en su caso, el fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario sea parte o acusado. En la especie acontece que la ahora tercero interesada, Secretaría del Campo del Gobierno del Estado, respecto de la cual el quejoso solicitó que se girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que proporcionara informe de las cuentas bancarias que tuviera aperturadas en las instituciones del sistema financiero mexicano, sí es parte en el juicio natural; por tanto, en términos del numeral 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, resulta factible que aquellas instituciones accedan al envió de la información relativa. Por otra parte, si bien es cierto que en los juicios civiles, por regla general, es obligación del interesado llevar a cabo todas las gestiones tendentes a instar el procedimiento, que en el particular se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, también lo es que existen ciertos casos en los cuales puede valerse de las facultades del órgano jurisdiccional, en tanto presente una imposibilidad para gestionar la continuación del procedimiento por sus propios medios. Luego, no existe disposición alguna en el citado numeral, ni en el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, que obligue al solicitante y tampoco a la autoridad judicial a proporcionar los datos precisos, plenamente individualizados de las cuentas bancarias, fondos de inversión o recursos económicos a que alude la responsable. Un criterio en contrario implicaría desconocer que, por la propia naturaleza del secreto bancario, resulta prácticamente imposible para el quejoso precisar datos de las cuentas bancarias, fondos de inversión y recursos económicos de la contraparte en juicio, toda vez que éstos se encuentran protegidos por la confidencialidad de dicha información, por lo que se está en presencia de una excepción al principio dispositivo que obliga al interesado a impulsar por si mismo la ejecución. En ese orden de ideas, el hecho de condicionar la solicitud judicial de la información de cuentas de la ejecutada hasta que el solicitante reúna ciertos datos, como lo es precisar los números de cuenta, la institución en donde fueron aperturas, entre otros, que desde luego no conoce y a los que tampoco tiene libre acceso, niega en forma indirecta la ejecución de la sentencia definitiva e impide el cumplimiento de la cosa juzgada. Bajo esas consideraciones, resulta claro que la Sala responsable al confirmar el auto del a quo, impide de manera indirecta la ejecución de la sentencia, sin sustento legal alguno, puesto que, como se ha visto, no existe disposición que sostenga su actuar, en el sentido en que lo hace; es decir, de obligar al actor a proporcionar mayores datos de para así proveer favorable su petición. Por el contrario, la regulación en torno al secreto bancario permite concluir que la autoridad judicial válidamente puede solicitar a las instituciones financieras directamente, o bien, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la información que pueda llevar al vencedor en juicio a hacer efectivos sus derechos declarados en sentencia firme. Por tanto, la resolución de la autoridad responsable transgrede los derechos fundamentales del quejoso, reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos." En consecuencia, la decisión adoptada por la sala responsable en resolución de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, en el sentido de decretar la insubsistencia de la resolución de once de agosto de dos mil dieciséis y, revocar el auto de veintiséis de mayo del citado año, emitido por el Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, en los autos del juicio ordinario civil ***, como ya se adelantó, cumple con los lineamientos del fallo protector, pues la resolución de once de agosto de dos mil dieciséis, es la que se declaró inconstitucional en el presente asunto y la decisión de anular el auto de veintiséis de mayo del citado año (2016), emitido por el juez de primer grado, es congruente con los lineamientos sustanciales contenidos en el fallo protector. En cambio, son ineficaces los demás argumentos que emite la disconforme, que se analizan de manera conjunta, por encontrarse estrechamente vinculadas, pues en lugar de combatir las consideraciones contenidas en la resolución de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, dictada por la sala responsable en los autos del toca civil***, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, a lo largo de sus argumentos se limitó a cuestionar el criterio adoptado por este resolutor de amparo en la sentencia dictada en el presente asunto, que dicho sea de paso, constituye la verdad legal, al haber sido confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito al resolver en amparo en revisión 457/2016; de suerte que, si la parte disconforme procedió en los términos anteriormente apuntados, es inconcuso que, sus motivos de desacuerdo devienen inatendibles. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un asunto en el que, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el ocurso suscrito por ***, en su carácter de apoderados legales de la parte tercera interesada, mediante el cual realizan diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento que adujo haber dado la autoridad responsable al fallo protector; en atención a ello, una vez que este órgano se pronuncie en relación a la determinación que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo, se atenderá a lo manifestado por los ocursantes. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de marzo de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito suscrito por ****, en atención a su contenido, se acuerda: Téngase por autorizados en términos restringidos a al que alude el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, toda vez que las personas que cita, no se encuentran inscritas en el registro de cedulas profesionales y abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio suscrito por la secretaria general de acuerdos de la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, con residencia en esta ciudad; mediante el cual acusa recibo del diverso ****, de dieciséis de marzo del presente año, con el que se devolvió copia certificada del toca ****(en cinco tomos, segundo subsecuente y testimonio de constancias del expediente ****), de su registro, que remitió en apoyo a su informe con justificación. Asimismo, la responsable solicita una prórroga, a efecto de dar cumplimiento al fallo protector emitido en el presente asunto; atento a ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 párrafo cuarto de la Ley de Amparo, se concede por única ocasión a la referida autoridad, una prórroga de tres días, misma que comenzará a computarse una vez que sea recibido el oficio que derive del presente acuerdo; en la inteligencia que de no dar cumplimiento dentro de dicho plazo, se harán efectivos los apercibimientos contenidos en auto de dieciséis del mes en curso, que se le comunicó mediante oficio 6993/2017. Notifíquese.
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