Carlos Emmanuel Altamirano Alfaro

Expediente 272/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
272/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
16/07/2018

Partes del expediente

  • Carlos Emmanuel Altamirano Alfaro

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciséis de julio de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio y anexo que acompaña la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad. Acúsese recibo. De la ejecutoria que anexa al oficio de cuenta, se advierte que dicho tribunal al resolver el recurso de queja interpuesto por el quejoso Carlos Emmanuel Altamirano Alfaro, contra el auto en el que se desechó de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente, confirmó el auto recurrido, al advertir de manera oficiosa la actualización de una diversa causal de improcedencia a la invocada por este juzgador. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en que se desechó de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Destrucción de constancias. Con relación a las copias certificadas que remite dicho tribunal con el oficio de cuenta, toda vez que el mismo consta de las copias del expediente en que se actúa; se ordena su destrucción para evitar así dualidad de constancias innecesarias; por lo tanto, comisiónese para tal efecto al Actuario Judicial adscrito a este Órgano de Control Constitucional. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito del autorizado de la parte quejosa, por medio del cual interpone RECURSO DE QUEJA contra el auto de ocho de marzo de dos mil dieciocho (fojas 19-26), en el que se desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se rinde el informe sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que este Juzgado Federal emitió el acuerdo de ocho de marzo de dos mil dieciocho, en el que se desechó de plano la demanda de amparo por notoria improcedencia; por tanto, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil en Turno del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, el original y copia del escrito del recurso de queja, copia certificada de la totalidad de las constancias que integran este expediente y el informe sobre la materia de la queja, para la substanciación de dicho recurso. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, respecto a que se notifique a las demás partes la interposición del medio de impugnación en cita, para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse al Tribunal de Alzada para resolver el mismo, puesto que el recurso de queja es contra el desechamiento y, por ende, no hay partes en el asunto. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    CON ESTA FECHA SE LE NOTIFICA AL QUEJOSO EL AUTO DE OCHO DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la demanda de amparo promovida por *****, contra actos del Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Mesa Número Dos de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa de la Fiscalía de la Mujer, con residencia en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 272/2018-II. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis. Sirve de sustento a lo expuesto, la tesis jurisprudencial número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XI, abril de 2000, página 32, registro electrónico 192097, cuyo contenido es: ***** En ese orden, de una interpretación de la demanda, se colige que el quejoso ****, reclama: 1. La integración de la carpeta de investigación ****; y 2. La negativa de recibir pruebas en la carpeta de investigación referida. DESECHAMIENTO Ahora bien, una vez que es analizada la demanda de amparo de que se trata, este juzgado advierte de oficio que se actualiza de forma manifiesta, por lo que hace al acto reclamado consistente en 1. la integración de la carpeta de investigación ****, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII en relación con el diverso 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo. En efecto, los citados dispositivos establecen: **** De los preceptos transcritos se aprecia que el amparo resulta improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de los gobernados, es decir, en contra de aquéllos que no provocan, una afectación definitiva a la esfera jurídica, del impetrante de amparo. Por su parte, los numerales 16 y 21 de la Constitución General de la República disponen: **** De los artículos constitucionales citados, se advierte que la persecución de los delitos es de interés público y que corresponde a los agentes del Ministerio Público, dependientes del Procurador General de Justicia del Estado investigar los hechos probablemente delictuosos, para determinar en su caso si ha lugar o no a ejercer la acción penal en contra del aquí quejoso, cuando encuentran que se reúnen los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad; cabe señalar que durante esta etapa del procedimiento penal, el Ministerio Público dependiente de dicha Procuraduría, actúa como órgano acusador y los indiciados no tienen la calidad de partes, pues como se dijo el representante social investiga hechos, para tratar de determinar la identidad de los probables responsables, además que la determinación del Ministerio Público en el sentido de que se ha cometido un delito y de que los indiciados son los responsables, sólo constituye una opinión que no obliga a la autoridad competente, a resolver en un sentido determinado. Con base en todo lo anterior, es dable concluir que si, por mandato constitucional el Ministerio Público adscrito a cualquiera de las agencias de investigación que existen dentro del organigrama de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y, por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica de los gobernados, pues no les irroga un perjuicio, ya que éste, en todo caso, se materializa hasta que la autoridad judicial, a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad; dado que la integración de las carpetas de investigación previas es de orden público, pues la sociedad está interesada en la investigación de los hechos que pueden constituir un delito.

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