Carlos Elí Pérez Sibaja

Expediente 92/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
92/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
15/03/2019

Partes del expediente

  • Carlos Elí Pérez Sibaja

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la primera certificación secretarial de cuenta, y dado que la parte quejosa no impugnó el proveído de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve (fojas 9-11), mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo general citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente no existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjuntos 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; por consiguiente, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por encuadrar en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Capítulo V, del citado Acuerdo General 1/2009. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    Por recibida la demanda de amparo que promueve Carlos Elí Pérez Sibaja, Ulises Pérez Sibaja y Fernando Iván Pérez Sibaja, contra actos del presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Tehuantepec, Oaxaca; por consiguiente, regístrese en el libro de gobierno respectivo y fórmese el expediente de amparo impreso y electrónico con el número que le corresponda. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo , este órgano jurisdiccional procede a examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En primer lugar, es necesario precisar el acto reclamado por la peticionaria de amparo; ello, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y jurisprudencia siguiente:. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, se aprecia que el acto que se reclama en esta instancia constitucional, son los siguientes. En consecuencia, sin proveer sobre la admisión de la demanda de amparo de que se trata, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha la misma, en virtud de que de su contenido, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, considerando que los promoventes del amparo reclaman de las autoridades responsables, la orden de emplazamiento realizada dentro del expediente 11/2019, del índice de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, este Juzgado Federal estima improcedente la tramitación de esta instancia constitucional, acorde a las precisiones que a continuación se expresan: La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en varios criterios jurisprudenciales , que la falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, se considera como la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, pues imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además de privarle del derecho a presentar pruebas que las acrediten, y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado del fallo que en el proceso se dicte, lo que impone la procedencia inmediata del examen constitucional, como un medio extraordinario de defensa, así como suplir la queja deficiente cuando esas violaciones se hacen valer en la demanda de garantías. Empero, esa regla general de procedencia inmediata del juicio de amparo y, por consecuencia, la aplicación de la queja deficiente a favor del inconforme, se rompe cuando, como en el caso, la parte demandada conoce de la tramitación del juicio de origen, y en específico, de la falta o ilegalidad del emplazamiento que alega, o bien, de algún otro acto que se estime deficiente y transgreda sus intereses antes del dictado de la sentencia definitiva. Lo anterior es así, pues, al no haberse dictado definitivamente la sentencia dentro de la contienda de origen, es inconcuso que, la falta de oportunidad para que los demandados, aquí quejosos, defienda sus derechos en la vía extraordinaria se desvanece. Esto, porque, al tener conocimiento de que no se les llamó legalmente al procedimiento, o bien, exista algún acto que tienda a afectar sus intereses, tienen la posibilidad de comparecer al juicio natural e interponer los recursos ordinarios y medios de defensa contemplados en la legislación que rige la tramitación del conflicto natural, con la finalidad de que, la propia potestad local sea la que repare las violaciones y los posibles perjuicios que pudo habérsele ocasionado con la falta o ilegalidad del llamamiento a juicio. Bajo ese tenor, es dable sostener que en el caso que nos ocupa, se actualiza el supuesto normativo contemplado en la fracción XVIII, del artículo 61, de la ley de la materia, que dispone la improcedencia del juicio de amparo, contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, salvo cuando se trate de persona extraña al procedimiento. En efecto, por persona extraña a juicio se entiende aquella que no ha figurado en el procedimiento como parte, así como también quien habiendo sido señalado como parte, no es llamado a juicio o se le cita en forma contraria a la ley; sin embargo, no puede tenerse con ese carácter a los peticionarios de amparo, cuando han tenido conocimiento de la transgresión que reclaman, antes de que se dicte sentencia en el juicio seguido en su contra, ya que en esas condiciones, al tener el carácter de parte en el juicio y no de tercero extraño, está en condiciones de impugnar las violaciones procesales que reclama a través de los recursos ordinarios y medios de defensa contemplados en la legislación aplicable al caso. Al respecto, resulta oportuno invocar la tesis número V.1o.C.T.105 C, pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, publicada en la página 2674, Tomo XXVI, Julio de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto establece:. Esto es así, toda vez que de lo manifestado por los quejosos se advierte que conocen ante qué Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, se tramita el juicio instaurado en su contra, así como el numero bajo el cual se encuentra radicado, por lo tanto se encuentran en aptitud de comparecer ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, y apersonarse a efecto de tener acceso al expediente, sin que sea impedimento legal, lo que refieren, en el sentido de que se convalidaría los vicios que contenga el emplazamiento ya que como se dijo, al tener la calidad de demandados en el juicio natural tiene a su alcance los medios de impugnación correspondientes que en su caso proceda contra los actos que reclaman. Por tanto, de conformidad con las reglas que rigen la tramitación del juicio constitucional, el amparo indirecto será procedente cuando los quejosos aleguen la falta o ilegalidad del emplazamiento y se ostenten como personas extrañas a juicio por equiparación, siempre y cuando la ley no establezca a favor del afectado o tercero extraño, algún recurso ordinario o medio de defensa, pero como en el caso, esto último no acontece, pues, según el estado procesal del juicio, los quejosos pueden comparecer ante la autoridad y defender sus derechos, por lo que es evidente la actualización de la causa de improcedencia invocada, en términos de la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, y por ende, lo procedente es desechar de plano por notoriamente improcedente, la demanda de amparo, promovida por Carlos Elí Pérez Sibaja, Ulises Pérez Sibaja y Fernando Iván Pérez Sibaja, de acuerdo con los arábigos 112 y 113 de la ley de la materia. Al respecto, es aplicable por analogía jurídica, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia número 2a./J. 198/2008, publicada en la página 698, Tomo XXIX, Enero de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:. Como la parte quejosa señala los estrados de este juzgado, como domicilio para oír y recibir notificaciones, y los artículos 26, fracción III, y 29, de la Ley de Amparo, regulan las notificaciones por lista que se publican en este juzgado; por consiguiente, por ser esa la voluntad de los quejosos y estar ajustada a derecho, como lo piden, las notificaciones que les correspondan en este asunto, aún las de carácter personal, háganseles mediante lista de acuerdos. Asimismo, téngase por autorizado con todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Orlando Arango Martínez, quien justifica estar legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho, dado que de la certificación de cuenta se advierte que se encuentra registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Ahora, toda vez que los quejosos omitieron designar a su representante común, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa como tal a Carlos Elí Pérez Sibaja. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo.

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