Carlos Engels Leonardo Espinosa

Expediente 488/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
488/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
17/11/2016

Partes del expediente

  • Carlos Engels Leonardo Espinosa

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, y dado que el quejoso Carlos Engels Leonardo Espinosa, no impugnó el proveído de tres de noviembre del año en curso, por el que se desechó su demanda de amparo promovida contra actos del Juez Primero de lo Civil, con residencia en Matías Romero, Oaxaca, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98 de la Ley de Amparo; por consiguiente, ., se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. En consecuencia, ..y toda vez que en el presente expediente no quedan cuestiones pendientes por acordar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, ., archívese como asunto totalmente concluido. Ahora, se declara que este asunto carece de relevancia documental, ., transcurrido más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y carátula de este expediente.

  2. Principal

    Por recibida la demanda de amparo promovida por Carlos Engels Leonardo Espinosa, contra actos del Juez Primero de lo Civil con residencia en Matías Romero, Oaxaca; en consecuencia, fórmese y regístrese el expediente de amparo con el número que le corresponda. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala como acto reclamado la resolución de tres de octubre de dos mil dieciséis, dictada en la etapa de adjudicación en el expediente civil 276/2009, del índice del Juzgado Primero de lo Civil con residencia en Matías Romero, Oaxaca, en la que se determinó que no había lugar a dictar la resolución que apruebe la venta judicial y adjudicación del bien inmueble en remate en primera almoneda. Pues bien, planteada así la demanda de amparo de que se trata, y en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano", y por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, se advierte que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia del juicio que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, cuyo estudio es de orden público, que impone desecharla de plano. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente: "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas". . De la lectura de tales numerales se advierte que en contra del auto que aprueba la adjudicación, esto es, que declara fincado el remate a favor del acreedor, al causar un gravamen que evidentemente no es susceptible de ser reparado en sentencia definitiva, procede en su contra el recurso de apelación. Acorde a lo anterior, aquellos actos que no se encuentren en la hipótesis antes indicada, procederá el recurso de revocación contemplado en el artículo 1334 del Código de Comercio. Así las cosas, si en el caso particular el acto reclamado se hace consistir en la resolución dictada en la etapa de ejecución en la que se determinó que no había lugar a aprobar la venta judicial y adjudicación del bien inmueble embargado, relativa a la diligencia de remate en primera almoneda, resulta inconcuso que ese acto es apelable al constituir una resolución interlocutoria. . En las relatadas consideraciones, el amparista, antes de acudir al juicio de amparo, debió agotar el aludido medio ordinario de defensa de que dispone, en cumplimiento del principio de definitividad del acto reclamado que rige en materia de amparo, dado que no es de los casos de excepción que la misma disposición prevé, pues no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, ni se trata de orden de aprehensión, reaprehensión, auto de vinculación a proceso, o de resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, de resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, de orden de arresto o de cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Como consecuencia de lo anterior, al quedar demostrada la causa de improcedencia que prevé la fracción XVIII, del artículo 61, de ia Ley de Amparo, por no haberse preparado la acción constitucional, misma que al ser manifiesta e indudable, impone desechar de plano la demanda de amparo de que se trata, con fundamento en el artículo 113 de ia Ley invocada. Como el quejoso señala los estrados de este Juzgado para recibir notificaciones, y los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, regulan las notificaciones por lista que se publican en ios estrados de este Juzgado, por consiguiente, por ser esa la voluntad del quejoso y estar ajustada a derecho, como lo pide, las notificaciones que le correspondan en el presente asunto, aún las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdos; asimismo, se tiene únicamente por autorizado para recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que menciona, porque en esos términos lo autoriza la quejosa. . En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8 para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.

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