Carlos Daniel Reyes Hernández

Expediente 270/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
270/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
13/06/2016

Partes del expediente

  • Carlos Daniel Reyes Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, y dado que el quejoso no impugnó el proveído de uno de junio de dos mil dieciséis (fojas 51 a 55), mediante el cual se desechó de plano su demanda de amparo, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98, párrafo primero, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse a este expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de les expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente se desechó de plano la demanda de amparo, y no existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjuntos 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; por consiguiente, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es destruible, por encuadrar en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Capítulo V, del citado Acuerdo General 1/2009. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por CARLOS DANIEL REYES HERNÁNDEZ, contra actos del Agente del Ministerio Público del Sistema Tradicional de Santa Cruz Huatulco, Pochutla, Oaxaca; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 270/2016. Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Con esa base, contra el acto aquí reclamado, consistente en el auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, dictado en la averiguación previa 143/FBSCH/2016, instruida en contra del quejoso, en el que se concedió por única ocasión al inculpado un plazo de diez días hábiles para que rinda su declaración por escrito, de manera manifiesta e indudable se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I, y 6 interpretados en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: . De ese cuadro normativo, se colige que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o los actos que se reclamen a la autoridad señalada como responsable, de lo que, interpretado a sentido contrario, se desprende que el juicio constitucional es improcedente en los casos en que se promueva por un gobernado que no resienta perjuicio alguno en su esfera jurídica con el acto de autoridad. Establecido lo anterior, es pertinente precisar si las actuaciones realizadas por el Ministerio Público en la integración de una averiguación previa, causan algún perjuicio al gobernado, actualizándose con ello el interés jurídico que se requiere para promover el juicio de amparo. Para determinar lo anterior, se toma en cuenta lo que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala: "Artículo 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial." El precepto transcrito impone al Ministerio Público la obligación de investigar y perseguir los delitos, auxiliándose de una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Resulta importante tener presente que la averiguación previa constituye medularmente una indagación a través de la cual la fiscalía trata de hacerse del material probatorio necesario para sustentar un caso, que presentará ante el juez con el fin de que éste tenga éxito; es decir, dicho procedimiento administrativo-penal constituye el instrumento con el que cuenta en exclusiva el órgano acusador para construir, adecuadamente, casos penales. Se insiste que el precepto constitucional transcrito con antelación hace referencia a las facultades de investigador que constitucionalmente se otorgan al Ministerio Público en la fase de la averiguación previa; en esencia, este dispositivo constitucional delimita las obligaciones y prerrogativas que durante esta etapa del proceso penal le confiere la Constitución a esta institución pública. Dicho precepto consagra el principio acusatorio en el que descansa el sistema penal mexicano, que consiste en la obligación que constitucionalmente se impone al Ministerio Público de acreditar, dentro de la fase del procedimiento penal, denominada averiguación previa, los elementos del delito y la probable responsabilidad del imputado. Así pues, en cualquier caso, dentro del proceso penal y en la etapa de la averiguación previa, el representante social debe acreditar determinados hechos para demostrar los elementos del cuerpo del delito que se imputan al indiciado que, concatenados entre sí, den como resultado la presunción que demuestre los elementos del ilícito en cuestión y su probable responsabilidad. En esas condiciones y dado que corresponde a esa institución pública el acreditamiento de la actualización del delito, por imperativo constitucional, en todos los casos se le constriñe a realizar "la investigación y persecución de los delitos" debiendo para ello, necesariamente "buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de los inculpados"; lo anterior, en términos de lo que establece el artículo 21 de la Constitución General de la República. De ahí que, como ya quedó expuesto, al Ministerio Público, por mandato constitucional del artículo 21 de la ley fundamental, le impone la obligación de aportar los elementos demostrativos que acrediten la existencia de un delito, en contraposición a ello, el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga para acreditar la inexistencia del delito, destruyendo las pruebas aportadas por el representante social, lo cual no constituye una obligación sino una mera facultad potestativa, ya que en todo momento subsiste la carga del ministerio público, en todos los delitos, de probar la actualización de los mismos. En este orden de ideas, debe señalarse que la transportación de los derechos públicos subjetivos comprendidos dentro de los derechos de defensa a la etapa indagatoria, encuentra su límite en la naturaleza misma del procedimiento de la averiguación previa. Así, éste no puede ser trastocado, en aras de implementar la reforma constitucional referida, al grado tal de quedar desvirtuado por completo, dejando de servir en la práctica como un procedimiento de investigación a través del cual el órgano acusador puede elaborar un caso. En efecto, debe recordarse que, al igual que el derecho "de defensa", tanto la función indagatoria como el derecho de "seguridad pública", dentro de la cual aquélla puede ser subsumida, se encuentran a su vez consagradas en la Constitución. En vista de ello, se estima que la revisión de los actos acaecidos durante la averiguación previa, a través del juicio de amparo indirecto, debe ser determinada en aras de preservar al menos en su expresión mínima necesaria a la función indagatoria, tomando en consideración fundamentalmente si éstos constituyen o no actos cuyos efectos podrán o no ser desvirtuados o contrarrestados a través del proceso judicial. Así, ciertamente aquellos actos que de manera irreparable e inmediata trascienden a la esfera jurídica del inculpado (esto es, azotes, tortura, etcétera) son susceptibles de ser combatidos a través del juicio de amparo; pero, por ejemplo, aquellas irregularidades relacionadas con la manera como el órgano acusador sustenta algún hecho son, en cambio, susceptibles de ser contrarrestadas mediante la determinación del juez de no otorgar valor probatorio a las pruebas obtenidas de manera ilícita. Con base en todo lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional el Ministerio Público, por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y, por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste, en todo caso, se materializa hasta que la autoridad judicial, a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al ministerio público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. Luego, los actos que haya llevado a cabo el órgano ministerial tendentes a la integración de la indagatoria, no constituyen actos de imposible reparación que pueda ser combatidos a través del juicio de amparo indirecto. Así, el acto que reclama el quejoso, consistente en el auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, dictado en la averiguación previa 143/FBSCH/2016, instruida en su contra, en el que se le concedió por única ocasión un plazo de diez días hábiles para que rinda su declaración por escrito, bajo el argumento esencial de que transgrede en su perjuicio las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, ya que produce una lesión jurídica de naturaleza formal al no permitirle desarrollar o llevar a cabo una defensa adecuada, como lo establece el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no afecta la esfera de derechos del gobernado; habida cuenta que la declaración del probable indiciado dentro de la averiguación previa, no constituye un acto de imposible reparación que pueda combatirse a través del juicio de amparo indirecto, pues tal declaración no es un requisito indispensable para que aquélla se integre. . Aunado a ello, las diligencias para integrar el material probatorio que el Ministerio Público debe allegar dentro de esa fase procesal para obtener los elementos suficientes para ejercer la acción penal, son el resultado del ejercicio de una facultad exclusiva del Ministerio Público; por lo tanto, lo actuado dentro de la averiguación previa para su debida integración, no puede ser violatorio de los derechos fundamentales del quejoso, en mérito a que por mandato del artículo 21 constitucional, el Ministerio Público es el órgano encargado de la investigación de los delitos; de ahí que, el acto reclamado no causa daño o perjuicio al quejoso, por ser dicho procedimiento de orden público, según lo establece la Carta Magna. Por tanto, el controvertir el quejoso la determinación dictada en la averiguación previa que se instruye en su contra, por los argumentos que aduce, es notoriamente improcedente, en atención a que se trata de un acto cuyos efectos podrán o no desvirtuarse a través del proceso judicial, puesto que tiene verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, cuyos efectos son susceptibles de controvertirse posteriormente, de ahí que en la fase procedimental de que se trata no afectan a la esfera jurídica del gobernado, puesto que no le causan un perjuicio, ya que en todo caso podrá materializarse hasta que la autoridad judicial determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión, lo que en la especie indefectiblemente no se actualiza. . Criterios jurisprudenciales aplicables de conformidad con el artículo SEXTO transitorio de la Ley de Amparo vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, en términos del artículo 113, en relación con los diversos numerales 61, fracción XXIII, 5, fracción I, y 6 interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Como la parte quejosa señala las listas de este Juzgado, como domicilio para oír y recibir notificaciones, y los artículos 26, fracción III, y 29, de la Ley de Amparo, regulan las notificaciones por lista que se publican en los estrados de este Juzgado, por consiguiente, por ser esa la voluntad del quejoso y estar ajustada a derecho, como lo pide, las notificaciones que le correspondan en el presente asunto, aún las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdos. Se tienen por autorizadas con la suma de las facultades expresas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona el quejoso en su escrito de demanda, en la medida que el acto reclamado deriva de un asunto de naturaleza penal, en cuya materia el aludido precepto legal, no exige que los autorizados con las potestades amplias que otorga, acrediten estar facultados para ejercer la profesión de abogado. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles.

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