Carlos Efrain Fuentes
Expediente 644/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 644/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Carlos Efrain Fuentes
- CARLOS EFRAIN FUENTES y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación del Secretario que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer, segundo y tercer puntos resolutivos se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que no obstante que en el presente asunto, se sobreseyó; en virtud de que en el mismo se concedió una medida cautelar, pues se decretó de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados a que se refiere el artículo 22 de la Constitución General de la República, lo procedente es declarar el presente juicio de amparo como CONSERVABLE. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 644/2023-VII-B, promovido por Javier Neftalí Araujo Moguel a favor de Erick Noé Rodríguez Monterroso, Carlos Efraín Fuentes y Karla Yesenia Muños Hernández, contra los actos que reclama del Fiscal General del Estado, con sede en esta ciudad, así como de otras autoridades; y, ********************ANTECEDENTES********************PRIMERO. Mediante escrito recibido el veintitrés de abril de dos mil veintitrés, recibido por la Secretaria de guardia de este Juzgado, compareció José Manuel Eduardo Herrera Ramos a solicitar a favor de Erick Noé Rodríguez Monterroso, Carlos Efraín Fuentes y Karla Yesenia Muños Hernández, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclaman del Fiscal General del Estado, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades.********************SEGUNDO. Por auto de la misma fecha (veintitrés de abril dos mil veintitrés), se registró la demanda con el número 644/2023-VII-B y se decretó de oficio la suspensión de plano para el efecto de que cesara de inmediato la incomunicación y privación de la libertad fuera de procedimiento (ilegal detención).********************De igual forma, se ordenó requerir a los directos quejosos para que en el acto de notificación del citado proveído o dentro del término de tres días computados legalmente, ratificaran la demanda de amparo promovida a su favor.********************Por razón actuarial de veintitrés de abril del año en curso, la fedataria judicial adscrita a este Juzgado Federal, asentó que se constituyó en los separos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, donde se entrevistó con los directos quejosos Erick Noé Rodríguez Monterroso y Carlos Efraín Fuentes, quienes manifestaron que sí ratificaban la demanda promovida a su favor.********************Por su parte, al entrevistarse la actuaria judicial con la también quejosa Karla Yesenia Muños Hernández, en los separos de la Fiscalía General de la Entidad, manifestó que no ratificaba la demanda de amparo instada a su favor; por lo que mediante auto de veinticuatro de abril pasado, se tuvo por no presentada la demanda de amparo instada a su nombre, misma que causó estado el once de mayo del año que cursa.********************TERCERO. En virtud de lo anterior, mediante proveído de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de que se trata respecto de los quejosos Erick Noé Rodríguez Monterroso y Carlos Efraín Fuentes; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la federación adscrita la intervención que le compete.********************Asimismo, el veintisiete del citado mes y año, se previno al quejoso Carlos Efraín Fuentes, para que dentro del término que prevén los artículos 17 y 111 de la Ley de Amparo, manifestara si ampliaba su demanda, señalando como nueva autoridad responsable al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán, sin que realizará pronunciamiento al respecto.********************Por lo que, mediante diverso auto de veintinueve de mayo del año en curso, se continuó con la tramitación del presente juicio de amparo, únicamente respecto de las responsables y actos señalados en el escrito inicial de demanda.********************Finalmente, seguido el juicio en su trámite, el día de la fecha, se verificó la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y,********************CONSIDERACIONES********************PRIMERA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.********************SEGUNDA. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: ********************"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."********************En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados los hizo consistir la parte quejosa, en:********************La incomunicación y detención y/o retención.********************TERCERA. No son ciertos los actos reclamados, consistentes en la incomunicación de los directos quejosos, atribuido a las autoridades responsables encargado del despacho de la Fiscalía General de la República (promoción 7092), Fiscal General (promoción 8067) y Secretario de Seguridad Pública (promoción 6927), todos del Estado, todos con sede en esta ciudad, así como respecto de la ilegal detención y/o retención que también se le atribuye al encargado del despacho de la Fiscalía General de la República.********************Toda vez que así lo manifestaron al rendir su respectivo informe justificado; además, de que se dio vista a los peticionarios del amparo con el sentido de dichos informes, quienes fueron omisos en alegar al respecto o bien ofrecer medio de prueba para desvirtuar tales negativas.********************De ahí que lo conducente es tener como inexistentes los actos reclamados en la presente instancia constitucional.********************Ello, pues en el caso debió de demostrarse que contrario a lo narrado por las responsables, se encontraba vigente alguna afectación a los derechos fundamentales que aluden violentados los solicitantes del amparo.********************En tales condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por identidad de criterio la jurisprudencia 310, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 209, que textualmente dice:********************"INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo."********************CUARTA. Son ciertos los diversos actos consistentes en la detención y/o retención de los directos quejosos Erick Noé Rodríguez Monterroso y Carlos Efraín Fuentes; tal como se desprende de los informes justificados rendidos por el Fiscal General por conducto del Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos (promoción 8067) y por el Secretario de Seguridad Pública, por conducto del Director Jurídico (promoción 6927), en el que reconocieron que dichos quejosos fueron detenidos en flagrancia y remitidos a la Fiscalía General del Estado, por hechos posiblemente delictuosos.********************Lo que se corrobora con las respectivas documentales que adjuntaron a su informe de ley, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia de acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Amparo.********************Aunado a que, de las constancias levantadas por la actuaria de la adscripción con fecha veintitrés de abril pasado, se advierte que efectivamente los directos quejosos se encontraban primeramente detenidos en los separos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y posteriormente, remitidos a la Fiscalía General de la Entidad.********************QUINTA. No obstante lo anterior, previo al estudio de los conceptos de violación, se deben analizar las causas de improcedencia propuestas por las partes o de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal y como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo.********************En el presente caso, en cuanto al quejoso Erick Noé Rodríguez Monterroso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .********************XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.".********************El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa.********************De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado.********************Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal.********************En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija.********************Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella.********************Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente:********************"CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal."****************************************De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen:********************"SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo."****************************************En el caso concreto, de las constancias que remitió el Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado, en apoyo a su informe justificado, se advierte que el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en autos de la carpeta de investigación G1/1043/2023, la Fiscal Investigadora Especializada en Delitos de Robo, ordenó la inmediata libertad del quejoso Erick Noé Rodríguez Monterroso.********************De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues si este se hizo consistir, esencialmente, en la detención y/o retención ilegal del directo quejoso; ello indudablemente actualiza la causal de improcedencia en comento.********************Se sostiene lo expuesto, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido al impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto, que era para que las autoridades señaladas como responsables lo pusieran en libertad, lo cual aconteció.********************Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma al peticionario en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción I, de la propia ley.********************Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos:********************"ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad."****************************************SEXTA. En cuanto al quejoso Carlos Efraín Fuentes, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 5º, fracción II, y 108, fracción III de la Ley de Amparo, con base en las razones que a continuación se exponen.********************En primer término, es menester señalar que los artículos antes invocados, disponen:******************** "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:.********************.XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley."********************"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:.********************.II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.."********************"Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:.********************.III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios."****************************************Ciertamente, de la interpretación en sentido contrario efectuada a los numerales transcritos, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se haga valer en contra de actos cuya autoridad emisora no es designada como responsable.********************De ahí que, si en el caso en estudio, de las constancias que integran el presente juicio constitucional se advierte que al aquí quejoso mediante acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, se le previno para que dentro del término previsto en los numerales 17 y 111 de la Ley de Amparo manifestara si ampliaba su demanda señalando como nueva autoridad al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán, con motivo de que fuera puesto a su disposición por parte de la Fiscalía General de la Entidad, según acuerdo ministerial de veinticinco de abril último, a fin de que resolviera su situación migratoria, dada su calidad de extranjero y sin que haya acreditado su legal estancia en el país.********************Sin embargo, el quejoso no dio cumplimiento al requerimiento de mérito, por lo que en auto de veintiocho de mayo del año en curso, se hizo efectivo el apercibimiento realizado y se tuvo por no señalada como autoridad responsable en este asunto al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán, ordenándose resolver el presente juicio de amparo, únicamente por cuanto a los actos y autoridades responsables señalados en el ocurso constitucional.********************De lo anterior, se sigue que jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de dicho acto reclamado, en virtud de que no se llamó a la autoridad en cita y, por ende, no fue oída en esta vía constitucional. ********************En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es decretar el sobreseimiento, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5º y 108, fracción III, del citado ordenamiento legal.********************Tiene aplicación la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación XLVII, página 1195, que establece:********************"AUTORIDAD RESPONSABLE OMISIÓN DE LA. Debe sobreseerse en el amparo cuando esté comprobado en autos que los actos que se reclaman proceden de una autoridad que no ha sido designada como responsable, ni llamada a juicio, ni oída en el procedimiento respectivo, pues es, jurídicamente, imposible examinar la constitucionalidad de esos actos, ya que ese examen tendría que hacerse necesariamente, en un procedimiento unilateral y a espaldas de la autoridad que verdaderamente tiene el carácter de responsable y, por tanto, el derecho de justificar la legalidad de sus procedimientos". ********************Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia VI.2o. J/205, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del Tomo II, del mes de Octubre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que se localiza en la página 468, que indica:********************"AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal."********************Y la tesis de Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, tomo XXXII, agosto de dos mil diez, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro electrónico 164185, visible en la página 2199, de rubro y contenido siguiente:********************"ACTO RECLAMADO EMITIDO CONJUNTAMENTE POR DIVERSAS AUTORIDADES. CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO NO SE SEÑALA COMO RESPONSABLE A ALGUNA DE ÉSTAS, EL JUICIO ES IMPROCEDENTE, AL SER IMPOSIBLE HACER UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE AQUÉL. De la interpretación de los artículos 116, fracción III y 11 de la Ley de Amparo, se colige que en la vía constitucional sólo deben estudiarse las actuaciones de los órganos del Estado que dictan, promulgan, publican, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar la ley o el acto reclamado, o bien se les finque un acto de omisión, siempre que en la demanda de garantías se les haya señalado como responsables. Así, tratándose de un acto reclamado emitido conjuntamente por diversas autoridades, la sanción por el incumplimiento del quejoso a dicha obligación, al no señalar como responsable a alguna de éstas a pesar de la prevención correspondiente, es que el juicio de garantías sea improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la señalada ley, en relación con los citados preceptos, toda vez que es imposible hacer un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de un acto emanado de una autoridad no designada como responsable, dado que no fue oída en la contienda en defensa de su actuación. Lo que se justifica con mayor razón, porque el resultado del eventual examen que se realizara al acto reclamado respecto de una sola de las autoridades -que sí fue llamada al proceso- en modo alguno podría hacerse extensivo a otra, dado que sería jurídicamente imposible ordenar a quien no intervino en la contienda constitucional, que dejara insubsistente su acto, cuando no fue parte formal dentro del procedimiento."********************Lo anterior, impide realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. ********************Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: ********************"SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio."********************SÉPTIMA. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales.********************Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares.********************Y además, acorde a lo que establece el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 18 de la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN".********************Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo.********************OCTAVA. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública.********************NOVENA. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo.********************Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73 al 77, 124 y 217 de Ley de Amparo, se:********************RESUELVE********************PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio promovido por Javier Neftalí Araujo Moguel a favor de Erick Noé Rodríguez Monterroso y Carlos Efraín Fuentes, contra los actos que reclamaron de las autoridades responsables, mismos que se precisan en la consideración tercera de este fallo, por los motivos expuestos en la misma.********************SEGUNDO. SE SOBRESEE en el presente juicio promovido por Javier Neftalí Araujo Moguel a favor de Erick Noé Rodríguez Monterroso, contra el acto consistente en la detención y/o retención que se reclama de las autoridades que se señalan en la consideración cuarta de esta sentencia, por las razones plasmadas en la quinta de las consideraciones de esta propia determinación.********************TERCERO. SE SOBRESEE en el presente juicio promovido por Javier Neftalí Araujo Moguel a favor de Carlos Efraín Fuentes, contra el acto consistente en la detención y/o retención que se reclama de las autoridades que se señalan en la consideración cuarta de esta sentencia, por los motivos expuestos en la sexta de las consideraciones de esta sentencia.********************CUARTO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración séptima de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma.********************QUINTO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración octava de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. ********************SEXTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia.********************Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de donde se desprende que el quejoso ********************, no dio cumplimiento al requerimiento que se le hizo en auto de veintisiete de abril del año en curso, dentro del término conferido, pues no manifestó si señala como nueva autoridad responsable al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido acuerdo, por lo que no se tiene dicha autoridad como responsable en el presente asunto y este juicio constitucional se resolverá únicamente por lo que respecta a los actos y autoridades señalados en la demanda de amparo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Toda vez que aún no transcurre el término concedido a la parte quejosa en auto de veinticuatro de abril del presente año, relacionado con la ampliación de la demanda de amparo; por tanto, se acuerda: Se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
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