Carlos Eduardo Uicab Viana

Expediente 1415/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1415/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
11/12/2019

Partes del expediente

  • Carlos Eduardo Uicab Viana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, once de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda este expediente, se acuerda: toda vez que por proveído de trece de noviembre pasado se tuvo por recibido el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, del cual se advierte por auto de veinte de septiembre del presente año, fijó las nueve horas con treinta minutos del diecinueve de noviembre siguiente para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de cinco días siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, informe si el diecinueve de noviembre pasado celebró la audiencia de ley, o bien, lo acordado en relación a la citada audiencia, debiendo remitir a este Juzgado copia certificada de las constancias conducentes, o en su caso, el impedimento que tiene para hacerlo. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el citado numeral 260, fracción IV, de la ley de la materia y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 17/97, del Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, del Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro número 199454, que dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Finalmente, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las doce horas con treinta minutos del treinta de diciembre de dos mil diecinueve, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: toda vez que de las constancias que obran en autos se desprende que no ha transcurrido el término de ocho días hábiles, con relación a la vista que se dio del informe justificado que se relaciona en el proveído de trece de noviembre del presente año. En mérito de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las diez horas con diez minutos del once de diciembre de dos mil diecinueve, para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191995, del IUS Intranet, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en un aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el informe justificado signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Ahora bien, en virtud de que por acuerdo de veinticuatro de octubre pasado, el suscrito juzgador se reservó acordar lo conducente en relación al emplazamiento de las personas morales terceras interesadas "***************, hasta en tanto obrara en autos el informe justificado de la autoridad responsable, lo cual ya aconteció. Sin embargo, toda vez que de una revisión de las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado se advierte que las aludidas personas morales aún no han sido emplazadas en el juicio laboral de origen, y por tanto, no se ha constituido una relación procesal entre las partes en dicho juicio. En mérito de lo anterior, se les desconoce el carácter de terceras interesadas a las personas morales "*****************, toda vez que no se ubican en los supuestos que establece el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 2ª/J.67/2009, con el número de registro 167,160, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 265 del tomo XXIX, de mayo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, que establece: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003). Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender." Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente el escrito signado por el quejoso Carlos Eduardo Uicab Viana, mediante el cual solicita se le autorice a sus autorizados Miguel Ángel Tenreiro Cámara y Esmiuler Antonio Dorantes Miranda, el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias y autos que obren en el presente asunto; al efecto, dígasele que deberá estarse a lo acordado en auto de catorce de octubre de dos mil diecinueve, en el que se autorizó la utilización de dichos medios. Notifíquese y cúmplase.

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